Trabajadoras sexuales- mujeres en situación de prostitución: el intento de lograr un consenso

Fue realizada el 6 y 7 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires la Mesa de Diálogo: Políticas Públicas y Prostitución, convocada por la Defensoría General de CABA. En el encuentro se sentaron a debatir todos los sectores de la sociedad civil vinculados al tema con posiciones divergentes: abolicionistas y quienes reclaman que la situación de prostitución sea considerada un trabajo sexual de libre elección. Si bien el balance es diferente desde cada organización, está previsto continuar charlando a partir de febrero para consensuar una propuesta de política pública para exigir al Estado. Hubo acuerdo en exigir la derogación del artículo 81 del Código Contravencional de la ciudad, que penaliza la oferta y demanda de “servicios de carácter sexual”; y en la necesidad de capacitación para el Poder Judicial y la Policía sobre el tratamiento adecuado para el sector.

Por Sandra Chaher

COMUNICAR IGUALDAD- Sentadas en una de las mesas de apertura Graciela Collantes, de la Asociación de Mujeres Argentina por los Derechos Humanos (AMMAR Capital); Lohana Berkins, de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT); Elena Reynaga, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (AMMAR Nacional); Marcela Romero, de la Asociación Travestis, Transexuales, Transgénero de la Argentina (ATTTA); y Claudia Brizuela, de la Secretaría de Género de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), todo daba para suponer que habría un fuerte debate. Incluso ellas mismas se rieron de estas expectativas durante sus presentaciones e intentaron disiparlas apelando a los años de historia y militancia que las unen más de lo que las separan sus posiciones ideológicas sobre el tema. Bettina Castorino, secretaria de Derechos Humanos de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires y anfitriona del evento, tuvo también mucho que ver en el logro de un espacio de debate armónico que permitiera trascender las diferencias para visualizar, si era posible, un horizonte de acuerdos en vistas a unificar los reclamos hacia el Estado para el diseño de una política pública para el sector.

Las diferencias fundamentales que dividen las aguas tienen que ver con la posición abolicionista por un lado y, por otro, el reclamo por la regularización de la situación de prostitución por parte del Estado. Mientras algunas consideran que las situaciones de prostitución nunca son elegidas, que quienes están en ellas lo hacen porque no tuvieron otra opción social, económica y laboral, y que siempre la prostitución está mediada por la explotación sexual; otras consideran que es posible ser autónomas y no depender de proxenetas que regenteen el negocio, por lo cual reclaman al Estado que les brinde la seguridad necesaria para el ejercicio de lo que ellas consideran un trabajo digno. Las aguas están divididas de esta forma en Argentina y el resto del mundo, con gran parte del movimiento feminista apoyando la segunda opción pero a la vez con una fuerte inserción de la primera en los organismos internacionales. Argentina, a su vez, tiene una tradición normativa considerada abolicionista debida a la Ley 12.331 De Profiláxis (1937), que prohíbe la existencia de whiskerías y cabarets en los que se ejerza la prostitución; por haber firmado la Convención contra la Trata de personas y la Explotación de la prostitución ajena (1949), en la que se establece que el delito del tratante se configura aunque la víctima haya dado consentimiento; y haber dado rango constitucional a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia hacia la Mujer (CEDAW).

Evaluaciones

“Considero que el objetivo que nos propusimos desde la Defensoría se ha cumplido exitosamente, en tanto se logró articular el diálogo entre las diferentes organizaciones y comunidades vinculadas a la temática, rescatando y destacando los puntos de acuerdo, de modo tal de sortear el entrampamiento que supone remarcar las diferencias en las posiciones asumidas al respecto, entrampamiento que ha permitido y/o alimentado el estancamiento de las acciones positivas en la materia” afirma Bettina Castorino luego de dos días de debates y mesas de trabajo en los que fueron abordados los temas que preocupan a todos los sectores: la violencia institucional; los estereotipos y prejuicios sobre la prostitución y el trabajo sexual; la ignorancia y resistencia del Estado acerca de la problemática; el artículo 81 de Código Contravencional que criminaliza la prostitución y la oferta de servicios sexuales; las dificultades en el acceso a la salud, la educación y  la vivienda; el mal uso de la Ley 12.331 que deviene en allanamientos a domicilios particulares en los que se realiza trabajo sexual; la falta de información entre las personas en situación de prostitución sobre seguros sociales, inscripciones en monotributo, accesos a cajas de ahorro y créditos.

Basándose en este diagnóstico, los grupos de trabajo definieron cuatro temas sobre los que seguir trabajando en encuentros que se realizarán a partir de febrero coordinados también por la Defensoría: elaboración de un proyecto de ley para la derogación del artículo 81 del Código Contravencional; diseño e implementación de un plan de capacitación y sensibilización sobre el adecuado tratamiento del sector para integrantes del Poder Judicial de CABA y de la Policía Metropolitana; diseño de un programa de acompañamiento a personas en prostitución y trabajadoras sexuales que las asista en trámites de tipo judicial y administrativo, coordinado por la Secretaría General de Derechos Humanos de la Defensoría General de la CABA; y conformación de una mesa de trabajo intersectorial que hará efectivas las propuestas.

“Nosotras hacemos una evaluación muy positiva del encuentro –destaca Georgina Orellano, integrante de AMMAR Nacional, la organización que lidera la posición de considerar a la prostitución como trabajo sexual-.  Al principio fue un River-Boca pero luego pudimos consensuar. Porque más allá de que en algún momento se logre la sanción de una ley que reconozca el trabajo sexual, podemos ir trabajando en el mientras tanto.” Para Lohana Berkins: “La convocatoria fue sumamente oportuna. Es muy importante que una oficina de la justicia empiece a articular acciones concretas en este tema. Justamente la justicia que debe ser proba y ciega y que no lo es en estos casos. Pero también hay que seguir debatiendo el tema profundo y que no se abordó en este encuentro, que no pasa por si la prostitución es o no un trabajo sino qué se compra, qué se vende, y si se vende algo ¿por qué pasa? Se debe ir también al meollo de los mecanismos del Estado que fallan para que una compañera sienta de debe vender su propio cuerpo para sobrevivir. La ciudad de Buenos Aires es una de las más ricas del país y con más prostitución, ¿por qué pasa esto? La ciudad retrocedió en relación al tema prostitución desde que logró su autonomía. No hay por parte del Estado políticas para el sector ni diálogo”.

Graciela Collantes admite que “fue muy duro llegar a un consenso” durante los dos días de debate. “Todas acordábamos con la inconstitucionalidad y derogación del artículo 81, pero cuando se trata de pensar políticas públicas las propuestas son muy diferentes. Mientras ellas piden la legalización de la prostitución y que existan cooperativas de trabajo sexual, nosotras queremos que el Estado genere políticas públicas amparadas en el abolicionismo. Queremos que las mujeres víctimas de explotación sexual accedamos a educación, salud y formación laboral; que haya prevención; que se aborde la problemática de las niñas víctimas de explotación sexual que no pueden elegir. Estos encuentros fueron fuertes para nuestra organización, el punto en común que queríamos encontrar es la desnaturalización del sistema de prostitución, pero es muy difícil consensuar con miradas tan opuestas.”

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