Santa Fe se moviliza por el derecho al aborto no punible

El movimiento de mujeres de Santa Fe se organiza para desarticular las barreras de acceso al aborto no punible impulsadas por sectores médicos y judiciales conservadores. Promueven un jury para que un juez pierda su investidura, lo denuncian penalmente por obstaculizar la aplicación del protocolo sobre aborto no punible en los hospitales, y acompañarán una apelación del gobierno santafesino a fin de visibilizar que se ha cercenado un derecho humano de la mujer.   

Por Alejandra Waigandt  

COMUNICAR IGUALDAD- La Multisectorial de Mujeres de Santa Fe impulsa un juicio político contra el juez Claudio Bermúdez por obstaculizar el derecho de la mujer a acceder al aborto no punible. Este magistrado dio lugar a la cautelar que venía pidiendo desde mayo el Partido Demócrata Cristiano (PDC) para lograr la suspensión de la resolución ministerial de 2007, sobre la atención del aborto no punible en los hospitales públicos, actualizada en abril de 2012 a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso F.A.L del 13 de marzo. Allí se aclara que no se debe judicializar la interrupción voluntaria de la gestación de una mujer víctima de violencia sexual. Esta postura institucional debió ser ratificada el viernes 12 de octubre  tras otro intento de frenar la realización de un aborto solicitado por una mujer violada y víctima de una red de trata en Buenos Aires. Debido al desconocimiento de esta jurisprudencia, el movimiento de mujeres santafesinas trabaja en el jury de enjuiciamiento y también en una denuncia penal por prevaricato, que se sumará a la acción promovida ayer por diputada/os provinciales. Asimismo, la Alianza de Abogadas por los derechos humanos de las mujeres presentará un amicus curiae (amigos de la Corte) para participar en la causa iniciada contra el gobierno santafesino, a cargo del socialista Antonio Bonfatti, que ya ha apelado la sentencia de Bermúdez.

Por su parte, el ministro de Salud Miguel Ángel Cappiello comunicó ayer que “el protocolo de abortos no punibles de Santa Fe se seguirá aplicando sin ninguna dificultad”, e informó que desde 2007 a la fecha se realizaron 14 interrupciones voluntarias a mujeres violadas, índice que desmiente que la vigencia plena del artículo 86 del Código Penal –esa legislación permite interrumpir el embarazo gestado en una violación y no impone requisitos como una autorización judicial– incrementa esta práctica médica, un prejuicio sostenido por sectores conservadores y religiosos.

Concretamente, la Multisectorial de Mujeres se organiza rápidamente para iniciar diversas acciones tendientes a proteger los derechos humanos de las mujeres: unas se preparan en la capital santafesina y otras se profundizan en la ciudad de Rosario. Lucila Puyol y Mirta Manzur (Santa Fe) y Susana Chiarotti (Rosario), informaron a COMUNICAR IGUALDAD el plan de acción de la Multisectorial de Mujeres: el próximo lunes 22 se presentará ante el Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe un pedido de juicio político contra el juez Claudio Bermúdez, puesto que falta reglamentar la legislación que manda realizar este tipo de procesos en el Consejo de la Magistratura, indicaron Puyol y Manzur. Este jury apunta a que Bermúdez pierda su investidura, pues ha lesionado un derecho humano y obstaculizado la implementación de un recurso legal, en este caso el protocolo para atender abortos no punibles en hospitales públicos. El magistrado tuvo en cuenta la cautelar promovida por la abogada Gabriela Cuadri, en representación del PDC  “Las militantes de la Multisectorial conocimos a Cuadri en una jornada en 2010 en el Congreso Nacional organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, donde insultó a las compañeras y luego en una conferencia de prensa se victimizó  consiguiendo una declaración en su apoyo del Colegio de Abogados de Rosario”, recordó Puyol.

El PDC presentó esta misma medida en Rosario, donde fue rechaza, sin embargo Bermúdez desconoció dicha resolución, tal como sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, donde la jueza Myriam Rustán de Estrada fue denunciada penalmente por desechar instancias judiciales previas y evidenciar desconocimiento del fallo de a Corte Suprema de Justicia. Más precisamente, la falta de consideración de este fallo en las sentencias de Bermúdez y Rustán de Estrada fundamentan las denuncias penales por prevaricato que impulsaron el movimiento de mujeres y legisladora/es nacionales y provinciales.

En el caso de Bermúdez, hay una denuncia penal presentada por diputada/os del Frente Progresista, el Partido del Progreso Social y el Partido 100% Santafesino. Por su parte, la Multisectorial de Mujeres realizará una nueva presentación este lunes 22. Susana Charotti, de CLADEM, explicó que “este juez estaría desconociendo los tratados internacionales incorporados a la Constitución (reforma de 1994), el artículo 86 del Código Penal y la jurisprudencia de la Corte”.

“No queremos que esta incitación a la desobediencia civil quede impune”, dijo la activista sobre la denuncia por prevaricato, para detallar que varias organizaciones, entre las que destacan ADC, CLADEM, INSGENAR (Instituto de Género y Desarrollo de Rosario) y ELA, presentarán un amicus curiae, acompañando la apelación del Ministerio de Salud de la provincia y la Fiscalía. De este modo las organizaciones podrán opinar en la causa iniciada por el PDC contra el Ejecutivo santafesino.

-¿Qué condiciones hacen posible que jueca/es desconozcan abiertamente el fallo de la Corte?

-Diría que ya no debería suceder (la judicialización del aborto no punible). Hasta el 13 de marzo, a pesar de que existieran fallos en este sentido, se seguía tolerando que algún juez tuviera una opinión diferente, pero una vez que la Corte marca un camino y armoniza jurisprudencia, los jueces que dictan cautelares en alianza con sectores conservadores estarían en desacato. Debido a lo que ocurrió en Buenos Aires, el movimiento se encuentra sensibilizado y en alerta y reaccionó fuertemente frente a la sentencia de este juez (Bermúdez). Estos sectores subestimaron la capacidad de respuesta del movimiento de mujeres y de la masa crítica que se ha construido en este tema.

-¿Qué es preciso hacer para que este tipo de violencia institucional sea erradicada?

Se necesitan políticas públicas claras sobre aborto. Debería existir una ley que despenalice el aborto. La ilegalidad de la figura principal sostiene las condiciones que alimentan a los objetores de conciencia, los jueces que desconocen la jurisprudencia abiertamente y los sectores que aprovechan estas circunstancias para entorpecer el acceso de las mujeres al aborto no punible, que se encuentra regulado desde 1921. Es decir, se necesita una ley que garantice a las mujeres el derecho a una autonomía física y a decidir sobre su propio cuerpo, de manera de cumplir lo que dice la Cedaw en el artículo 12, sobre que el Estado tiene que garantizar el derecho a regular la fecundidad y planificar el número y espaciamiento de hijos.

En Santa Fe, Leandro Busatto, diputado por Jóvenes para la Victoria, presentó hoy un proyecto para que el Protocolo de atención del aborto no punible tenga fuerza de ley, según declaraciones a la radio local FM SOL 91.5. “Estamos tratando un proyecto que establezca una ley que termine con cualquier duda y que estos protocolos no queden a la libre interpretación de algunos. El fallo de la corte establece cuestiones que casi no habilitan a la interpretación. Es un fallo claro que establece aplicar los protocolos rápidos, accesibles y de manera segura. No deben existir obstáculos médicos, legales o burocráticos. Es una obligación del estado garantizar que en estos casos los abortos se realicen sin obstáculos”, explicó el legislador kirchnerista.

Esta acción cuenta con el apoyo de la Multisectorial de Mujeres, según señaló Lucila Puyol, porque es necesario salir del ‘oscurantismo’ que impacta en la vida de las mujeres y fue visible en la tragedia de Ana María Acevedo, que falleció de cáncer en 2007 porque se negó el derecho al aborto no punible. Ese mismo año el Gobierno de Santa Fe adhirió a la Guía técnica para la atención integral de abortos no punibles elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación.

A nivel nacional el senador kirchenrista y presidente del bloque en el Senado, Miguel Ángel Pichetto anticipó que se presentará un proyecto de ley nacional para regular el acceso al aborto no punible y acabar con los impedimentos al procedimiento. Parte del movimiento feminista celebró la decisión del FPV nacional de enviar un proyecto de aborto no punible ya que se cree permitiría acabar con los desacatos que actualmente impiden implementar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero al mismo tiempo reclamaron una legislación para que la mujer pueda tomar la decisión de interrumpir los embarazos durante las 12 primeras semanas según su conciencia.

En Argentina se realizan en promedio 500 mil abortos clandestinos por año; el 37 por ciento de los embarazos terminan en abortos y estos son la mayor causa de mortalidad materna.