¿Por qué sancionar nuevas leyes si las que ya tenemos no se implementan?
Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 26 septiembre, 2013
El martes 24 de septiembre, mujeres referentes de una docena de organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer en el Salón Illia del Senado de la Nación sus reparos sobre el proyecto de ley contra la violencia y el abuso de poder familiar, presentado por la senadora Elena Corregido y el senador Aníbal Fernández. Aunque se reconoció la importancia de que la violencia siga siendo un tema de agenda, al unísono las expositoras pidieron a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que la propuesta se retire de la discusión a la par que se ratifique y acelere la implementación de las leyes vigentes.
Por Mariana Fernández Camacho
COMUNICAR IGUALDAD- “No es el momento ni son los términos. Celebramos la iniciativa y la idea de que tenemos que hacer algo con una situación que no estamos pudiendo manejar, pero no coincidimos con el camino ni los términos vertidos en esta ley”, dijo la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, Virginia Simari, y encendió la mecha.
En agosto de 2012, Corregido y Fernández, ambos del Frente para la Victoria, presentaron el proyecto que propone una Ley de Protección, Sanción y Erradicación de la Violencia y el Abuso de Poder en el ámbito del Grupo Familiar, con miras a complementar la normativa vigente. La idea original era acelerar su tratamiento en comisiones para que fuera sancionada antes de fin de año, pero la férrea negativa de algunas organizaciones sociales cambió los planes oficiales y al día de hoy se espera la convocatoria a una segunda reunión plenaria, ya expuestas todas las cartas sobre la mesa.
Entre los principales puntos, el proyecto, que cuenta con el apoyo del partido y el visto bueno de la Banca de la Mujer, permite que niños, niñas y adolescentes denuncien de manera verbal, escrita o a través de correo electrónico los hechos que los y las afectan ante cualquier instancia judicial, policial o administrativa de la Nación, de las provincias o de los municipios, pudiendo solicitar también la reserva de sus identidades. Además, se incorpora la figura de «denuncia solidaria» para que otras personas perjudicadas por situaciones de violencia puedan dejarlo asentado sin necesidad de presentar pruebas.
Asimismo, la norma contempla la prohibición de portación de armas para los denunciados, su exclusión del hogar y el refugio de la víctima en un domicilio a salvo de posibles futuras agresiones. Se propician también los programas de prevención en los medios de comunicación, la creación de un registro estadístico de denuncias y la inclusión de planes de atención y tratamiento en obras sociales y empresas de medicina prepaga. Por último, se imponen multas diarias y hasta penas de arresto a aquellos funcionarios públicos que omitieren actuar ante una denuncia por violencia familiar.
Desde su blog, Fernández apoyó la iniciativa: “Todas las leyes que se puedan hacer en este sentido son insuficientes, pero si se aprueba esta propuesta serán herramientas contundentes en la lucha contra la violencia familiar. Nuestro objetivo prioritario es proteger a la familia de aquel que comete este tipo de abuso de poder”.
Una ley más y van…
Convocadas por el senador Gerardo Morales y la senadora María Eugenia Estenssoro, las expertas de las organizaciones de la sociedad civil manifestaron durante más de dos horas sus objeciones al proyecto, considerado un retroceso que invisibiliza a las mujeres frente a la violencia de género.
“Manifestamos nuestro respaldo sobre el retroceso que significa volver una vez más a incluir la problemática de la violencia contra las mujeres en el colectivo de niños, niñas y adolescentes, ancianos y discapacitados cuando reconoce orígenes filosóficos, antropológicos, sociales, culturales y políticos de distinta índole”, expresó Julieta Bandirali, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
En la misma línea apuntó Cecilia Correa, de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM): “Nos costó muchos años de lucha que se reconociera la violencia contra mujeres y niñas que ocurre a diario en distintos ámbitos de la vida cotidiana y que implica muchas modalidades de violencia para ahora hacerla desaparecer, no sabemos por qué ni a beneficio de quién”.
Las expertas coincidieron en remarcar el hito que significó la sanción de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Pero también pusieron fuerza en recordar, a más de cuatro años de su sanción, los artículos que no se aplican por no haberse desarrollado todavía las herramientas o instrumentos operativos.
“A mí me gustaría invitar a senadores, senadoras, a diputados y diputadas a que diéramos un paseo durante todo un día para conocer el circuito que tiene que hacer la mujer al momento de denunciar y después de hacer la denuncia. En la actualidad, el Estado carece de la asignación de un presupuesto acorde para generar más cantidad de refugios,más lugares que brinden asistencia integral a las víctimas y sostenida en el tiempo, con personal capacitado… Hoy tenemos ley, el problema está en el divorcio que existe con la práctica cotidiana que viven las mujeres. En esta temática, necesitamos que haya un presupuesto lo suficientemente importante para poder aplicar políticas públicas integrales”,dijo Fabiana Tuñez, coordinadora general de la asociación civil La Casa del Encuentro, dando vuelta el juego.
Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), recogió el guante: “Miremos qué pasa después de tanto instar a las mujeres a denunciar. Lo que pasa es la desatención de muchos organismos públicos, la descoordinación aun dentro del Poder Judicial donde el conflicto se fracciona en muchos ámbitos. Entonces, en el camino que hace la mujer después de denunciar vamos a ver los problemas reales sobre los que todavía nos falta mucho trabajar”.
Con los chicos (y las chicas), no
El proyecto de Corregido y Fernández tampoco dejó tranquilas a las organizaciones con largo trecho recorrido en las cuestiones de niñez, haciendo especial hincapié en no fomentar la proliferación de leyes mellizas. Así, lo manifestó Laura Musa, directora de la Fundación Sur Argentina, ONG especializada en la promoción y defensa de los derechos de niños y adolescentes: “La ley de protección integral de la infancia propone seguir un procedimiento, que en el texto de este proyecto de ley se ve superpuesto y alterado y puede producir confusiones en los operadores judiciales que aún no se han desprendido del viejo modelo de patronato.Este es un mecanismo que nos ha costado mucho colocar, que cuesta mucha capacitación en todo el país, pero lo estamos consiguiendo y hoy ningún niño está privado de acceder a la justicia. Dificultosamente, pero hoy los niños y adolescentes son sujetos de derecho, porque tenemos leyes vigentes y cada día se avanza en su pleno cumplimiento”.
Otro de los puntos objetados tiene que ver con el derecho de los niños y las niñas a ser oídos a partir de su defensa material, garantizada actualmente por la ley 26.061. En ese marco, para Sur Argentina hace ruido el artículo del proyecto de Fernández y Corregido que fija en 13 años la edad mínima para contar con un abogado. Asimismo, se agregarían restricciones que obligan a probar aptitud y capacidad. “En la actualidad, los niños no tienen que probar su capacidad, sino que pueden decir, a través de un profesional que va a decirlo jurídicamente, si están siendo víctimas o cuáles son sus deseos en un conflicto del que forman parte. Aquí, en cambio, se plantea una edad mágica a partir de la cual la Argentina empezaría a considerar que una persona es sujeto de derecho. La ley de protección de la infancia no puso límites. Es decir, el Congreso Nacional no puso límites, por eso esta nueva ley es claramente regresiva y solicitamos que se retire de la discusión”, finalizó Musa.
Durante la reunión, las organizaciones presentes acercaron a Fernandez la resolución recientemente aprobada por la Cámara Baja que rechaza la utilización por parte del Poder Judicial del falso síndrome de alienación parental (SAP). El senador podría impulsar que la Cámara Alta emitiera una resolución similar.
Con el calor que genera el encuentro de mujeres que llevan años unidas en la defensa de sus propios derechos y el de todas las demás, la jornada en el Senado dejó resonando fuerte el reclamo unánime de profundizar y garantizar lo conseguido para no caer en saco roto.
¿Por qué sancionar nuevas leyes si las que ya tenemos no se implementan?
El martes 24 de septiembre, mujeres referentes de una docena de organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer en el Salón Illia del Senado de la Nación sus reparos sobre el proyecto de ley contra la violencia y el abuso de poder familiar, presentado por la senadora Elena Corregido y el senador Aníbal Fernández. Aunque se reconoció la importancia de que la violencia siga siendo un tema de agenda, al unísono las expositoras pidieron a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que la propuesta se retire de la discusión a la par que se ratifique y acelere la implementación de las leyes vigentes.
COMUNICAR IGUALDAD- “No es el momento ni son los términos. Celebramos la iniciativa y la idea de que tenemos que hacer algo con una situación que no estamos pudiendo manejar, pero no coincidimos con el camino ni los términos vertidos en esta ley”, dijo la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, Virginia Simari, y encendió la mecha.
En agosto de 2012, Corregido y Fernández, ambos del Frente para la Victoria, presentaron el proyecto que propone una Ley de Protección, Sanción y Erradicación de la Violencia y el Abuso de Poder en el ámbito del Grupo Familiar, con miras a complementar la normativa vigente. La idea original era acelerar su tratamiento en comisiones para que fuera sancionada antes de fin de año, pero la férrea negativa de algunas organizaciones sociales cambió los planes oficiales y al día de hoy se espera la convocatoria a una segunda reunión plenaria, ya expuestas todas las cartas sobre la mesa.
Entre los principales puntos, el proyecto, que cuenta con el apoyo del partido y el visto bueno de la Banca de la Mujer, permite que niños, niñas y adolescentes denuncien de manera verbal, escrita o a través de correo electrónico los hechos que los y las afectan ante cualquier instancia judicial, policial o administrativa de la Nación, de las provincias o de los municipios, pudiendo solicitar también la reserva de sus identidades. Además, se incorpora la figura de «denuncia solidaria» para que otras personas perjudicadas por situaciones de violencia puedan dejarlo asentado sin necesidad de presentar pruebas.
Asimismo, la norma contempla la prohibición de portación de armas para los denunciados, su exclusión del hogar y el refugio de la víctima en un domicilio a salvo de posibles futuras agresiones. Se propician también los programas de prevención en los medios de comunicación, la creación de un registro estadístico de denuncias y la inclusión de planes de atención y tratamiento en obras sociales y empresas de medicina prepaga. Por último, se imponen multas diarias y hasta penas de arresto a aquellos funcionarios públicos que omitieren actuar ante una denuncia por violencia familiar.
Desde su blog, Fernández apoyó la iniciativa: “Todas las leyes que se puedan hacer en este sentido son insuficientes, pero si se aprueba esta propuesta serán herramientas contundentes en la lucha contra la violencia familiar. Nuestro objetivo prioritario es proteger a la familia de aquel que comete este tipo de abuso de poder”.
Una ley más y van…
Convocadas por el senador Gerardo Morales y la senadora María Eugenia Estenssoro, las expertas de las organizaciones de la sociedad civil manifestaron durante más de dos horas sus objeciones al proyecto, considerado un retroceso que invisibiliza a las mujeres frente a la violencia de género.
“Manifestamos nuestro respaldo sobre el retroceso que significa volver una vez más a incluir la problemática de la violencia contra las mujeres en el colectivo de niños, niñas y adolescentes, ancianos y discapacitados cuando reconoce orígenes filosóficos, antropológicos, sociales, culturales y políticos de distinta índole”, expresó Julieta Bandirali, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
En la misma línea apuntó Cecilia Correa, de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM): “Nos costó muchos años de lucha que se reconociera la violencia contra mujeres y niñas que ocurre a diario en distintos ámbitos de la vida cotidiana y que implica muchas modalidades de violencia para ahora hacerla desaparecer, no sabemos por qué ni a beneficio de quién”.
Las expertas coincidieron en remarcar el hito que significó la sanción de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Pero también pusieron fuerza en recordar, a más de cuatro años de su sanción, los artículos que no se aplican por no haberse desarrollado todavía las herramientas o instrumentos operativos.
“A mí me gustaría invitar a senadores, senadoras, a diputados y diputadas a que diéramos un paseo durante todo un día para conocer el circuito que tiene que hacer la mujer al momento de denunciar y después de hacer la denuncia. En la actualidad, el Estado carece de la asignación de un presupuesto acorde para generar más cantidad de refugios,más lugares que brinden asistencia integral a las víctimas y sostenida en el tiempo, con personal capacitado… Hoy tenemos ley, el problema está en el divorcio que existe con la práctica cotidiana que viven las mujeres. En esta temática, necesitamos que haya un presupuesto lo suficientemente importante para poder aplicar políticas públicas integrales”, dijo Fabiana Tuñez, coordinadora general de la asociación civil La Casa del Encuentro, dando vuelta el juego.
Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), recogió el guante: “Miremos qué pasa después de tanto instar a las mujeres a denunciar. Lo que pasa es la desatención de muchos organismos públicos, la descoordinación aun dentro del Poder Judicial donde el conflicto se fracciona en muchos ámbitos. Entonces, en el camino que hace la mujer después de denunciar vamos a ver los problemas reales sobre los que todavía nos falta mucho trabajar”.
El proyecto de Corregido y Fernández tampoco dejó tranquilas a las organizaciones con largo trecho recorrido en las cuestiones de niñez, haciendo especial hincapié en no fomentar la proliferación de leyes mellizas. Así, lo manifestó Laura Musa, directora de la Fundación Sur Argentina, ONG especializada en la promoción y defensa de los derechos de niños y adolescentes: “La ley de protección integral de la infancia propone seguir un procedimiento, que en el texto de este proyecto de ley se ve superpuesto y alterado y puede producir confusiones en los operadores judiciales que aún no se han desprendido del viejo modelo de patronato. Este es un mecanismo que nos ha costado mucho colocar, que cuesta mucha capacitación en todo el país, pero lo estamos consiguiendo y hoy ningún niño está privado de acceder a la justicia. Dificultosamente, pero hoy los niños y adolescentes son sujetos de derecho, porque tenemos leyes vigentes y cada día se avanza en su pleno cumplimiento”.
Otro de los puntos objetados tiene que ver con el derecho de los niños y las niñas a ser oídos a partir de su defensa material, garantizada actualmente por la ley 26.061. En ese marco, para Sur Argentina hace ruido el artículo del proyecto de Fernández y Corregido que fija en 13 años la edad mínima para contar con un abogado. Asimismo, se agregarían restricciones que obligan a probar aptitud y capacidad. “En la actualidad, los niños no tienen que probar su capacidad, sino que pueden decir, a través de un profesional que va a decirlo jurídicamente, si están siendo víctimas o cuáles son sus deseos en un conflicto del que forman parte. Aquí, en cambio, se plantea una edad mágica a partir de la cual la Argentina empezaría a considerar que una persona es sujeto de derecho. La ley de protección de la infancia no puso límites. Es decir, el Congreso Nacional no puso límites, por eso esta nueva ley es claramente regresiva y solicitamos que se retire de la discusión”, finalizó Musa.
Durante la reunión, las organizaciones presentes acercaron a Fernandez la resolución recientemente aprobada por la Cámara Baja que rechaza la utilización por parte del Poder Judicial del falso síndrome de alienación parental (SAP). El senador podría impulsar que la Cámara Alta emitiera una resolución similar.
Con el calor que genera el encuentro de mujeres que llevan años unidas en la defensa de sus propios derechos y el de todas las demás, la jornada en el Senado dejó resonando fuerte el reclamo unánime de profundizar y garantizar lo conseguido para no caer en saco roto.
Continuará…