Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 17 marzo, 2014
Por Mariana Fernández Camacho
COMUNICAR IGUALDAD- Otro de los puntos a tener en cuenta en estos tejes y manejes judiciales alrededor del SAP es el enorme desfasaje que existe entre las defensas, porque suele pasar que mientras los denunciados de incesto y violencia contratan los altos cachet de importantes estudios de abogados, las mamás protectoras sobrellevan un tiempo de defensas particulares —hasta que el proceso se desmadra y ya no pueden sostener los costos— o terminan directamente con defensores oficiales.
Para la jueza de paz Graciela Jofre el tema no es menor: “Los adultos sin posibilidades económicas que protegen a las criaturas víctimas de estos delitos tienen que conformarse con defensas oficiales y con suerte caen en personas capacitadas y con sensibilidad humana. Muchas veces como no hay dinero no hay interés. Además, el Estado tendría que hacerse cargo de que todas las personas puedan recurrir hasta la Corte Suprema o a la Corte Interamericana”.
Hoy el pago para poder acceder a la Corte Provincial en queja por denegación de recurso extraordinario es de 15 mil pesos. A eso deben sumarse los honorarios profesionales. Cuando la falta de dinero impide anteponer ese recurso, las sentencias quedan firmes y solo resta rogar en Tribunales poder volver a ver a los niñas y niñas que la Justicia secuestró.
Por plata bailan las personas letradas
Por Mariana Fernández Camacho
COMUNICAR IGUALDAD- Otro de los puntos a tener en cuenta en estos tejes y manejes judiciales alrededor del SAP es el enorme desfasaje que existe entre las defensas, porque suele pasar que mientras los denunciados de incesto y violencia contratan los altos cachet de importantes estudios de abogados, las mamás protectoras sobrellevan un tiempo de defensas particulares —hasta que el proceso se desmadra y ya no pueden sostener los costos— o terminan directamente con defensores oficiales.
Para la jueza de paz Graciela Jofre el tema no es menor: “Los adultos sin posibilidades económicas que protegen a las criaturas víctimas de estos delitos tienen que conformarse con defensas oficiales y con suerte caen en personas capacitadas y con sensibilidad humana. Muchas veces como no hay dinero no hay interés. Además, el Estado tendría que hacerse cargo de que todas las personas puedan recurrir hasta la Corte Suprema o a la Corte Interamericana”.
Hoy el pago para poder acceder a la Corte Provincial en queja por denegación de recurso extraordinario es de 15 mil pesos. A eso deben sumarse los honorarios profesionales. Cuando la falta de dinero impide anteponer ese recurso, las sentencias quedan firmes y solo resta rogar en Tribunales poder volver a ver a los niñas y niñas que la Justicia secuestró.
Nota central
El SAP no existe