Pobre, analfabeta, víctima de violencia y… culpable

Empieza el lunes en Misiones el juicio oral a María Ovando, una mujer que en un contexto de vulnerabilidad social, económica y de género  vio hace dos años cómo se le moría en brazos una hija de las/os doce que tiene y a quien el Estado provincial, tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo, consideraron responsable de esa muerte y la acusaron por abandono de persona. En la causa se presentaron varios amicus curiae, entre ellos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que refieren la violencia institucional del estado misionero en el caso. La causa podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.

Por Sandra Chaher

COMUNICAR IGUALDAD- En abril del 2010, María Ovando, una mujer misionera que vivía en precarias condiciones sociales y económicas en el paraje rural Colonia Mado, vio morir en sus brazos a Carolina, su hija de dos años. A la nena le dolía la panza, no era la primera vez. Recién después de un rato de dolor, un cuñado le prestó plata para ir hasta la ruta y llevarla a un hospital. No llegaron. Mientras esperaban al costado del camino la nena murió. María enterró el cuerpito en un pozo que hizo con sus manos y lo tapó. Unos días después, llevó a la policía hasta el lugar cuando el vecindario denunció la desaparición. Fue detenida y acusada por el juez de instrucción de abandono de persona agravado por la muerte y el vínculo, delito por cual podrían darle un mínimo de 7 y un máximo de 20 años de prisión.

El caso probablemente hubiera sido uno más de criminalización de la pobreza, con sesgo de género, sino hubiera sido porque algunas periodistas y organizaciones de la sociedad civil de Misiones se sensibilizaron y se apropiaron de la defensa de María a fines del 2011. Luego fue un reclamo coreado por miles de voces durante el  Encuentro Nacional de Mujeres, que en octubre de este año se realizó en Posadas. Y a fines de ese mismo mes, el periodista Jorge Lanata dio cuenta del caso en su programa Periodismo para Todos, con lo cual el caso adquirió definitiva trascendencia nacional.

María Ovando

Sin embargo, ni siquiera después de esto, el Poder Judicial ni el Ejecutivo modificaron la actitud condenatoria hacia María. Tanto el juez como el fiscal interviniente acusaron desde el comienzo a María como irresponsable y abandónica y en la misma línea se manifestó en diversas oportunidades el secretario de Derechos Humanos de la provincia. Ninguno de los tres tuvo en cuenta tanto el contexto social y económico de María Ovando –de extrema pobreza y vulnerabilidad- ni su particular discriminación de género: a los 37 años tenía 12 hijas/os, dos nietas/os, no sabía leer ni escribir, no tenía oficio ni recibía planes sociales del Estado y era víctima de violencia de género.

Lo que sí cambió luego del programa de Lanata, al menos, fue le premura por resolver el caso. El juicio oral, que en principio había sido pautado para mediados del 2013, comienza el lunes en Misiones.

Los poderes del Estado

Tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo de Misiones estuvieron de acuerdo frente al caso en que María Ovando había incurrido en abandono de persona. El fiscal interviniente, Federico Rodríguez, señaló que «no hay duda que María Ovando incurrió en abandono de su hija Carolina”, aunque a la nena no se le haya practicado una autopsia porque “el cuerpito no estaba en condiciones”. Según el fiscal, que de acuerdo a los medios de comunicación de Misiones tiene una denuncia en su contra por violencia sexista, la evidencia de que María Ovando quería ocultar el cuerpo de su hija es que «no la entierra en el fondo de la casa, la oculta lejos».

Roberto Saldaña, el juez de instrucción que acordó con la acusación del fiscal de abandono de persona, dio una entrevista hace pocas semanas en la que, entre otras cosas, dice que el analfabetismo de María Ovando “no está del todo probado” y que desde su punto de vista ella no sólo “era conciente de que no le estaba dando el tratamiento correspondiente a su hija, sino que hasta lo hacía de una forma intencional”. También explicó por qué las condiciones de exclusión social y económica en que vivía la mujer no debían ser consideradas un atenuante en la causa: “Pareciera ser que los pobres no tendrían valores morales y no pueden ser juzgados. Tenemos una cantidad de personas en esa condición (de pobreza, exclusión y analfabetismo) que no comete delitos. Los pobres tienen sus valores y cuidan muy bien a sus hijos.”

El ministro de Derechos Humanos de la provincia, Edmundo Soria Vieta, argumentó en la misma línea. “No quisiera que María Ovando reciba ninguna injusticia, pero se ponderó cómo fue que sucedió –observó el funcionario respaldando la actuación de la justicia-. La versión que tenemos de Colonia Delicia es que era una madre abandónica, ya se le había muerto otra nenita, si uno escucha a los parientes indica que María, era ‘abandónica’ de sus hijos, lo digo con mucho dolor”.

La historia de María

El reclamo por María Ovando durante el Encuentro Nacional de Mujeres de octubre del 2012.

La periodista misionera Alicia Rivas Zelaya es una de las personas que más cerca estuvo estos últimos dos años de María Ovando. Poco después de su detención, la entrevistó para Radio Universidad de Misiones y a partir de entonces no dejó de visitarla. Poco después empezaron a acompañarla otras mujeres, se sumaron organizaciones y para cuando en octubre del 2012 se realizó en Posadas el Encuentro Nacional de Mujeres se nacionalizó el pedido por la revisión de su caso y su liberación.

“La entrevistamos en septiembre del 2011 porque su caso era muy similar al de Librada Figueredo –cuenta Alicia Rivas Zelaya a COMUNICAR IGUALDAD-. Después seguimos yéndola a ver a ella por un lado y a su familia por otro. Están a 190 kilómetros de Posadas. No tenía visitas ni contacto con la defensora oficial, ni tampoco información sobre sus hijos. Estaba muy sola. Tanto el juez como el fiscal decían que ella era una mala madre y por eso no promovían el contacto con sus hijos.”

A Librada Figueredo se le murieron dos de sus hijos en el año 2002 por desnutrición y ella pasó casi dos años en prisión hasta que la absolvió el mismo tribunal de El Dorado que el lunes empezará a juzgar a María Ovando.  Pero a diferencia de ella, la fiscal que intervino en el caso de Librada desistió de acusarla, decisión que fue apoyada por los abogados defensores. Otra similitud que comparten ambos casos es la actuación del juez Roberto Saldaña, también de El Dorado, quien en aquel caso también acusó a Librada de abandono de persona.

Cuando María fue detenida, sus once hijos fueron distribuidos por la justicia entre los abuelos maternos y paternos –incluso una beba de dos meses a la que la mujer aún amamantaba-, a pesar de que María vivía con Demetrio Godoy, padre de dos de sus hijas. Godoy fue citado a declarar pero nunca responsabilizado por la muerte de Carolina, aunque era también un adulto que vivía en la casa. Poco después murió.

La distribución que hizo la justicia de los chicos no quedó registrada en el expediente  y cuando quienes la ayudaban quisieron encontrar el paradero de los hijos más chicos, tuvieron que recurrir a la justicia civil. “Cuando ubicamos a los más chiquitos, comenzaron a hacerse visitas con María. A ella la llevaban a El Dorado, donde están los chicos con los abuelos, y los abuelos le llevaban a los chicos para que se vieran –cuenta Alicia-. Pero hubo veces que el servicio penitenciario la llevó y nadie había avisado a los abuelos, con lo cual no iban a verla. La crueldad para la gente que está en prisión es terrible. No hay un dejo de humanidad.”

– ¿Cómo está María ahora?

– Ahora está bien. Logramos que la fuera a ver un psiquiatra y eso la mejoró. Ella tenía que haber sido atendida desde abril del 2011 por la situación de shock en la que quedó cuando murió Carolina, pero nunca lo hicieron hasta hace pocos meses. Y luego, hace poco, quisieron obligarla a que se declare culpable y firme un juicio abreviado, lo que le habría quitado responsabilidades al Estado. Ella no firmó. Ahora está más tranquila.

– ¿Qué expectativas pueden tenerse con este tribunal en relación al juicio oral?

Si todo se ajustara a derecho, como dicen los abogados, la tendrían que absolver, porque no hay argumentos para sostener los delitos que se imputan. Pero aún asi, se animaron a tenerla presa todo este tiempo. Por otra parte, este tribunal hace un año que tiene la causa y resolvió negativamente el pedido de excarcelación que se le hizo. Y habían fijado fecha de juicio para mediados del 2013, la adelantaron recién luego del programa de Lanata.

Criminalización de la pobreza femenina

“Este proceso, su encarcelamiento y el juicio que va a celebrarse próximamente son actos que reflejan el más sórdido poder estatal y por ello son una manifestación de violencia contra María Ramona, que siendo ejercida desde el Estado, se constituye como una forma de violencia institucional. (…) El Estado, que ha incumplido sus deberes primarios de garantía de los derechos básicos como son la salud, la vida y la integridad de la niña Carolina, pretende ahora hacerse presente para sancionar con el derecho penal a María Ramona, su madre, una mujer sumida en la más profunda pobreza y con mínimos recursos para poder cambiar el destino de su familia. Así, el Estado, se desresponsabiliza de su rol de garante de los derechos humanos, y pone toda la carga de sus faltas sobre una mujer, la aquí imputada, sin reparar en que ella no tuvo la oportunidad de contar con las herramientas para garantizar sus derechos y los de sus hijos. Frente a la muerte de una de las integrantes de la familia, el Estado interviene para endilgarle las fallas (de su propio sistema de protección) a la madre.” El fragmento pertenece al amicus curiae presentado  por la Defensoría del Pueblo de la Nación en la causa.

El excelente informe, realizado por Cecilia Mage y Héctor Copello, integrantes de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación –y que se suma a otros dos amicus anteriores que también aportan en la misma línea: uno de la Asociación de Pensamiento Penal, otro del Movimiento Socialista de los Trabajadores y un tercero de la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas-,  da cuenta no sólo de la vulnerabilidad y exclusión social, cultural y económica de María Ovando y su familia, sino también de la particular discriminación de género, tanto en relación a sus condiciones de vida como a la forma en que fue tratada por la justicia. Y señala también el sexismo de la causa judicial, no sólo por el enfoque –puesto en probar su responsabilidad como “mujer/madre” en la muerte de la hija- sino por el descarte de algunas pruebas y el énfasis en otras, cuyo objetivo no era otro que evidenciar el abandono del que se la acusa. Entre otras pruebas descartadas, habría habido un posible abuso sexual de Carolina que quizá podría haber sido origen de las dolencias por las que, entre otras razones, murió.

“(…) en la persona de María Ramona se combinaban distintos factores que la colocaban en una situación de altísimo riesgo para su vida y también para las personas que se encontraban bajo su responsabilidad, puesto que contaba con escasas o nulas herramientas para salir de ese contexto o para buscar ayuda” dice en otro párrafo el informe. Y refiriéndose a la discriminazación de género: “(…) la investigación llevada a cabo hasta el momento denota la presencia de estereotipos de género, y una reacción punitiva hacia la conducta de María Ramona Ovando por haber sido lo que se considera una ‘mala madre’. Toda la investigación está orientada a calificar las cualidades maternas de la Sra. Ovando, en lugar de investigar el hecho endilgado o si había otras personas que pudieran tener comprometida su responsabilidad penal”. Y en relación con el sesgo de género, el informe alerta sobre la posibilidad de que el Estado argentino sea demandado en tribunales internacionales por la falta de cumplimiento de los tratados de derechos humanos comprometidos en el caso, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Belém do Pará).

“Este no debió haber sido nunca un tema encuadrado en la justicia penal, sino abordado como una problemática social –analiza Eduardo Paredes, reconocido abogado penalista de Posadas que defenderá, junto a Roxana Rivas, hermana de Alicia, a María Ovando en el juicio que empieza el lunes-. La forma de abordarlo por el Estado en la provincia encubrió la cuestión social. Sino hubiera sido por todas estas mujeres que la están cuidando y defendiendo, no sé qué hubiera sido de ella. Nuestro objetivo es que quede libre sin condena, que la absuelvan. Si le dan alguna pena, aunque sea mínima, llevaremos el tema hasta la Corte Suprema. Porque asi como tenemos actuaciones como la de la justicia local, otra cosa que debemos decir también es que actualmente tenemos una excelente Corte Nacional de Justicia. Y sería muy bueno que esta Corte se expidiera sobre un caso como éste, sentando jurisprudencia.”