Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 5 noviembre, 2012
Salta vuelve a dar la noticia en materia de sexismo institucional. En julio, el Superior Tribunal de Justicia impidió que una mujer fuera nombrada como asesora de la única jueza de la Corte, acusándola de parcialidad por su vínculo matrimonial; y el jueves 1 de noviembre el Parlamento aprobó los pliegos de una fiscal y un fiscal acusados, por diferentes razones, de discriminación y sexismo en el ejercicio profesional.
COMUNICAR IGUALDAD- Los derechos humanos de las mujeres salteñas no están siendo protegidos en los ámbitos institucionales de la provincia. Este año ya se sumaron tres hechos que ponen en evidencia el fuerte sexismo de las autoridades de los tres poderes del Estado provincial. El más reciente fue la aprobación, el pasado jueves 1, por amplia mayoría por parte del Senado (antes lo había hecho la Cámara Baja), de los pliegos de Facundo Troyano y Gabriela Buabse para ocupar cargos como fiscales penales. Ambos fueron cuestionados en las pasadas semanas por diferentes situaciones sexistas incompatibles con el cargo.
La pasada semana fue difundido por el diario El Tribuno de Salta un informe del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) de esa provincia, en el que una nena de 9 años era calificada como un sujeto activo en la provocación de una situación de abuso sexual.
Gabriela Buabse
El informe –elaborado para ser incluido en una causa por abuso iniciada por las personas responsables de las nenas que acusan al chofer de un micro escolar de haber abusado de ellas- señala refiriéndose a una de las nenas, de 9 años, que “no se muestra como niña, sino que se ubica más bien en un lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo”, que ambas “presentan una contextura más desarrollada” que otras de su edad y que una de ellas “relata los hechos sin mostrar signos de angustia”.
Además de la gravedad del informe, que desconoce las leyes nacionales y los tratados internacionales de protección de derechos de niñas y niños, además de las nociones básicas del enfoque de género y la violencia de género, otro componente que empeoró la situación es que el mismo está firmado por Gabriela Buabse, directora del CIF y desde el pasado jueves fiscal penal.
La difusión del informe fue realizada por el diario –opositor a la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey- en el momento en que el Senado debatía el pliego de Buabse y de otros tres candidatos a fiscales enviados por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la bancada oficialista no dudó en apoyar a Buabse y también a Facundo Troyano, ministro de Seguridad hasta marzo del 2012 cuando debió renunciar por las discriminatorias declaraciones que hizo sobre los ataques sexuales sufridos por turistas en la provincia.
«La situación que se planteó con el informe del CIF se da en el contexto de una puja política y económica entre el actual gobernador Urtubey y el ex gobernador Romero, con causas judiciales radicadas justamente en el Ministerio Público Fiscal, pero eso no quita la gravedad del mismo -señala Violeta Carrique, integrante de la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta y directora de la Especialización en Estudios de Género de la Facultad de Humanidades de esa institución-. Hay una enorme falta de perspectiva de género en el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Los fallos son en general terriblemente sexistas.»
Rechazos
El informe del CIF fue rechazado por sexista y discriminatorio por amplios sectores sociales. El interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación y el Sexismo (INADI), Pedro Mouratian, señaló en un comunicado: “Nos preocupa el agravio que el informe supone a la figura de la mujer y la vulneración flagrante que esto configura en los derechos de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que la Argentina ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y que, tal instrumento internacional, ostenta jerarquía constitucional. (…) Afirmaciones (de este tipo) no hacen más que reproducir estas relaciones de poder intentando justificar la conducta de un abusador e invirtiendo, con fundamentos irrisorios, la responsabilidad objetiva de quien comete un delito en quien es víctima indiscutida del mismo”.
La Multisectorial de Mujeres de Salta difundió también un comunicado en el que señala: ”Este año la ciudadanía salteña ha sido testigo de expresiones por parte de funcionarios u organismos del Estado que evidencian el prejuicio machista en la consideración de la violencia contra las mujeres, al insistir en que las mujeres tienen algún tipo de responsabilidad en los delitos contra su integridad sexual: ‘algo hizo esa mujer para ser abusada o violada’, es la afirmación que subyace”, y luego refiriéndose al informe del CIF:“Lo que es una mirada adulta cargada de prejuicio machista; que desplaza la responsabilidad hacia la propietaria del cuerpo que generaría deseo y no en el varón que comete un delito; del mismo modo, son preocupantes las afirmaciones en torno a si la presunta víctima es extrovertida o no; o si existe un sentimiento de culpa por parte de la niña; pues en ningún caso el cuerpo o la actitud de una mujer, sea cual sea su edad, es excusa para abusar de ella. Más aún en el caso de las niñas, la responsabilidad adulta no puede ni debe soslayarse”.
La defensora oficial civil Natalia Buira, a su vez, publicó un artículo en el diario El Tribunoapoyado por la Alianza Nacional de Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres, en el que se califica al informe como un hecho de violencia institucional hacia las mujeres: “Este irresponsable, falto de profesionalismo y vulneratorio de derechos, informe del Ministerio Público es demostrativo de un alto grado de violencia institucional porque las niñas víctimas sufren una revictimización o victimización de segundo grado con este informe”y luego: “(…) el ‘lugar de mujer’ es algo a lo que no se accede por tener un `cuerpo de mujer’. En segundo lugar, las irresponsables afirmaciones del informe indican que para el CIF el cuerpo de mujer es objeto de deseo y con ello se cosifica a la mujer y se la sostiene en un lugar de objeto y no de sujeto. Parece desconocer el CIF que el turismo sexual que se mueve en torno a niños y niñas, la trata de menores de edad, la pornografía infantil en internet y todo este deplorable comercio sexual mundial tiene lugar precisamente no por detentar las niñas ‘un cuerpo de mujer’ sino por detentar un cuerpo de niñas”.
Troyano
Facundo Troyano
Entre los 4 pliegos aprobados por el Senado el jueves 1 de noviembre, también está el de Facundo Troyano para el cargo de fiscal penal. Su designación fue la primera en ser cuestionada cuando Urtubey envió las candidaturas al Parlamento por haber obtenido el menor puntaje en el examen realizado por el Consejo de la Magistratura y por sus discriminatorias declaraciones en marzo del 2012.
En ese momento Troyano, que era ministro de Seguridad, refiriéndose al abuso sexual que un guía cometió en Cafayate sobre una turista japonesa a la cual había sugerido desvestirse como parte de costumbres culturales de la zona, dijo que eso había sucedido porque la joven había tenido un «exceso de confianza» en el hombre. «Si voy a Japón y me dicen que para escalar el volcán de ahí me tengo que poner desnudo, optaré por hacerlo o no. Son cuestiones en las que por ahí la gente tiene un poquito de exceso de confianza cuando va a un país distinto –justificó- http://www.clarin.com/policiales/Indignacion-ministro-turista-violaron-culpa_0_656334599.html.” «Si viajo a Estados Unidos y voy al famoso barrio Bronx (en Nueva York, conocido por sus altos índices de criminalidad) a las tres de la mañana es probable que me pase algo malo también. Es parte de uno informarse sobre en que lugares uno puede tener algún tipo de inconveniente». También minimizó otros ataques sufridos el último verano por turistas en la provincia: sobre una mujer que denunció una violación luego de salir de un boliche salteño, dijo que no había signos de que hubiera sido violada; sobre otras dos turistas que denunciaron haber sido atacadas a la salida de una peña, las responsabilizó diciendo que habían transitado por vías del tren a las 3 de la madrugada http://www.eltribuno.info/salta/134112-Urtubey-echo-a-Troyano.note.aspx.
De todos los casos dijo que se trataba de hechos aislados y no marcaban una tendencia. Todo esto en una provincia en la que en julio del 2011 fueron halladas asesinadas dos turistas francesas. La gravedad de las declaraciones no consiste sólo en la negación de los hechos sino, fundamentalmente, en que esta negación es la que actúa como paraguas de impunidad para los agresores.
En marzo, el gobernador Urtubey pidió la renuncia de Moyano pero ocho meses después acaba de premiarlo con una fiscalía.
El máximo Tribunal de Justicia
El olé a la discriminación de género y el sexismo no parece venir en Salta sólo del Poder Ejecutivo y el Legislativo. En julio de este año,cinco integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la provincia impidieron a la jueza Susana Kauffman, también “miembra” de esa Corte, designar a una asesora de su confianza en una acción caratulada como “violencia institucional” por la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG).
Kauffman había sido designada en marzo del 2012 como integrante del Superior Tribunal de Justicia de Salta y unos meses después decidió nombrar como asesora letrada a María Victoria Mossman, una abogada con trayectoria en el Poder Judicial y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Sus colegas le negaron ese derecho manifestando a la jueza en una reunión privada de la que no quedaron registros, que rechazaban la designación de Mossman por ser la esposa de Sebastián Lloret, un abogado que en el 2008 había firmado un amparo judicial –junto a cientos de personas más- oponiéndose a la designación de uno de los jueces supremos (Gustavo Ferraris) para el cargo, ya que consideraban que no tenía méritos suficientes para el mismo.
Si bien la jueza Kauffman presentó denuncias en ese momento a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Cámara Baja de su provincia, y resolvió la adhesión de numerosas persona y organismos, el tema nunca fue resuelto y Mossman no pudo asumir.
«La situación de los poderes del Estado en Salta no es diferente a la de otras provincias -concluye Carrique-: en cada ámbito hay personas más o menos permeables a los temas de género. Sin embargo, por decirlo con palabras suaves, yo creo que el actual gobernador Urtubey es demasiado respetuoso de las indicaciones de la iglesia. Los ministros de Seguridad y Educación son practicantes de la iglesia y tenemos grupos católicos que militan en todos los ámbitos en contra de la palabra género, no ya de que se incorpore la perspectiva de género, sino de la sola mención de la palabra.»
No hay derechos para las salteñas
Salta vuelve a dar la noticia en materia de sexismo institucional. En julio, el Superior Tribunal de Justicia impidió que una mujer fuera nombrada como asesora de la única jueza de la Corte, acusándola de parcialidad por su vínculo matrimonial; y el jueves 1 de noviembre el Parlamento aprobó los pliegos de una fiscal y un fiscal acusados, por diferentes razones, de discriminación y sexismo en el ejercicio profesional.
COMUNICAR IGUALDAD- Los derechos humanos de las mujeres salteñas no están siendo protegidos en los ámbitos institucionales de la provincia. Este año ya se sumaron tres hechos que ponen en evidencia el fuerte sexismo de las autoridades de los tres poderes del Estado provincial. El más reciente fue la aprobación, el pasado jueves 1, por amplia mayoría por parte del Senado (antes lo había hecho la Cámara Baja), de los pliegos de Facundo Troyano y Gabriela Buabse para ocupar cargos como fiscales penales. Ambos fueron cuestionados en las pasadas semanas por diferentes situaciones sexistas incompatibles con el cargo.
La pasada semana fue difundido por el diario El Tribuno de Salta un informe del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) de esa provincia, en el que una nena de 9 años era calificada como un sujeto activo en la provocación de una situación de abuso sexual.
Gabriela Buabse
El informe –elaborado para ser incluido en una causa por abuso iniciada por las personas responsables de las nenas que acusan al chofer de un micro escolar de haber abusado de ellas- señala refiriéndose a una de las nenas, de 9 años, que “no se muestra como niña, sino que se ubica más bien en un lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo”, que ambas “presentan una contextura más desarrollada” que otras de su edad y que una de ellas “relata los hechos sin mostrar signos de angustia”.
Además de la gravedad del informe, que desconoce las leyes nacionales y los tratados internacionales de protección de derechos de niñas y niños, además de las nociones básicas del enfoque de género y la violencia de género, otro componente que empeoró la situación es que el mismo está firmado por Gabriela Buabse, directora del CIF y desde el pasado jueves fiscal penal.
La difusión del informe fue realizada por el diario –opositor a la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey- en el momento en que el Senado debatía el pliego de Buabse y de otros tres candidatos a fiscales enviados por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la bancada oficialista no dudó en apoyar a Buabse y también a Facundo Troyano, ministro de Seguridad hasta marzo del 2012 cuando debió renunciar por las discriminatorias declaraciones que hizo sobre los ataques sexuales sufridos por turistas en la provincia.
«La situación que se planteó con el informe del CIF se da en el contexto de una puja política y económica entre el actual gobernador Urtubey y el ex gobernador Romero, con causas judiciales radicadas justamente en el Ministerio Público Fiscal, pero eso no quita la gravedad del mismo -señala Violeta Carrique, integrante de la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta y directora de la Especialización en Estudios de Género de la Facultad de Humanidades de esa institución-. Hay una enorme falta de perspectiva de género en el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Los fallos son en general terriblemente sexistas.»
Rechazos
El informe del CIF fue rechazado por sexista y discriminatorio por amplios sectores sociales. El interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación y el Sexismo (INADI), Pedro Mouratian, señaló en un comunicado: “Nos preocupa el agravio que el informe supone a la figura de la mujer y la vulneración flagrante que esto configura en los derechos de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que la Argentina ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y que, tal instrumento internacional, ostenta jerarquía constitucional. (…) Afirmaciones (de este tipo) no hacen más que reproducir estas relaciones de poder intentando justificar la conducta de un abusador e invirtiendo, con fundamentos irrisorios, la responsabilidad objetiva de quien comete un delito en quien es víctima indiscutida del mismo”.
La Multisectorial de Mujeres de Salta difundió también un comunicado en el que señala: ”Este año la ciudadanía salteña ha sido testigo de expresiones por parte de funcionarios u organismos del Estado que evidencian el prejuicio machista en la consideración de la violencia contra las mujeres, al insistir en que las mujeres tienen algún tipo de responsabilidad en los delitos contra su integridad sexual: ‘algo hizo esa mujer para ser abusada o violada’, es la afirmación que subyace”, y luego refiriéndose al informe del CIF: “Lo que es una mirada adulta cargada de prejuicio machista; que desplaza la responsabilidad hacia la propietaria del cuerpo que generaría deseo y no en el varón que comete un delito; del mismo modo, son preocupantes las afirmaciones en torno a si la presunta víctima es extrovertida o no; o si existe un sentimiento de culpa por parte de la niña; pues en ningún caso el cuerpo o la actitud de una mujer, sea cual sea su edad, es excusa para abusar de ella. Más aún en el caso de las niñas, la responsabilidad adulta no puede ni debe soslayarse”.
La defensora oficial civil Natalia Buira, a su vez, publicó un artículo en el diario El Tribuno apoyado por la Alianza Nacional de Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres, en el que se califica al informe como un hecho de violencia institucional hacia las mujeres: “Este irresponsable, falto de profesionalismo y vulneratorio de derechos, informe del Ministerio Público es demostrativo de un alto grado de violencia institucional porque las niñas víctimas sufren una revictimización o victimización de segundo grado con este informe” y luego: “(…) el ‘lugar de mujer’ es algo a lo que no se accede por tener un `cuerpo de mujer’. En segundo lugar, las irresponsables afirmaciones del informe indican que para el CIF el cuerpo de mujer es objeto de deseo y con ello se cosifica a la mujer y se la sostiene en un lugar de objeto y no de sujeto. Parece desconocer el CIF que el turismo sexual que se mueve en torno a niños y niñas, la trata de menores de edad, la pornografía infantil en internet y todo este deplorable comercio sexual mundial tiene lugar precisamente no por detentar las niñas ‘un cuerpo de mujer’ sino por detentar un cuerpo de niñas”.
Troyano
Facundo Troyano
Entre los 4 pliegos aprobados por el Senado el jueves 1 de noviembre, también está el de Facundo Troyano para el cargo de fiscal penal. Su designación fue la primera en ser cuestionada cuando Urtubey envió las candidaturas al Parlamento por haber obtenido el menor puntaje en el examen realizado por el Consejo de la Magistratura y por sus discriminatorias declaraciones en marzo del 2012.
En ese momento Troyano, que era ministro de Seguridad, refiriéndose al abuso sexual que un guía cometió en Cafayate sobre una turista japonesa a la cual había sugerido desvestirse como parte de costumbres culturales de la zona, dijo que eso había sucedido porque la joven había tenido un «exceso de confianza» en el hombre. «Si voy a Japón y me dicen que para escalar el volcán de ahí me tengo que poner desnudo, optaré por hacerlo o no. Son cuestiones en las que por ahí la gente tiene un poquito de exceso de confianza cuando va a un país distinto –justificó- http://www.clarin.com/policiales/Indignacion-ministro-turista-violaron-culpa_0_656334599.html.” «Si viajo a Estados Unidos y voy al famoso barrio Bronx (en Nueva York, conocido por sus altos índices de criminalidad) a las tres de la mañana es probable que me pase algo malo también. Es parte de uno informarse sobre en que lugares uno puede tener algún tipo de inconveniente». También minimizó otros ataques sufridos el último verano por turistas en la provincia: sobre una mujer que denunció una violación luego de salir de un boliche salteño, dijo que no había signos de que hubiera sido violada; sobre otras dos turistas que denunciaron haber sido atacadas a la salida de una peña, las responsabilizó diciendo que habían transitado por vías del tren a las 3 de la madrugada http://www.eltribuno.info/salta/134112-Urtubey-echo-a-Troyano.note.aspx.
De todos los casos dijo que se trataba de hechos aislados y no marcaban una tendencia. Todo esto en una provincia en la que en julio del 2011 fueron halladas asesinadas dos turistas francesas. La gravedad de las declaraciones no consiste sólo en la negación de los hechos sino, fundamentalmente, en que esta negación es la que actúa como paraguas de impunidad para los agresores.
En marzo, el gobernador Urtubey pidió la renuncia de Moyano pero ocho meses después acaba de premiarlo con una fiscalía.
El máximo Tribunal de Justicia
El olé a la discriminación de género y el sexismo no parece venir en Salta sólo del Poder Ejecutivo y el Legislativo. En julio de este año, cinco integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la provincia impidieron a la jueza Susana Kauffman, también “miembra” de esa Corte, designar a una asesora de su confianza en una acción caratulada como “violencia institucional” por la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG).
Kauffman había sido designada en marzo del 2012 como integrante del Superior Tribunal de Justicia de Salta y unos meses después decidió nombrar como asesora letrada a María Victoria Mossman, una abogada con trayectoria en el Poder Judicial y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Sus colegas le negaron ese derecho manifestando a la jueza en una reunión privada de la que no quedaron registros, que rechazaban la designación de Mossman por ser la esposa de Sebastián Lloret, un abogado que en el 2008 había firmado un amparo judicial –junto a cientos de personas más- oponiéndose a la designación de uno de los jueces supremos (Gustavo Ferraris) para el cargo, ya que consideraban que no tenía méritos suficientes para el mismo.
Si bien la jueza Kauffman presentó denuncias en ese momento a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Cámara Baja de su provincia, y resolvió la adhesión de numerosas persona y organismos, el tema nunca fue resuelto y Mossman no pudo asumir.
«La situación de los poderes del Estado en Salta no es diferente a la de otras provincias -concluye Carrique-: en cada ámbito hay personas más o menos permeables a los temas de género. Sin embargo, por decirlo con palabras suaves, yo creo que el actual gobernador Urtubey es demasiado respetuoso de las indicaciones de la iglesia. Los ministros de Seguridad y Educación son practicantes de la iglesia y tenemos grupos católicos que militan en todos los ámbitos en contra de la palabra género, no ya de que se incorpore la perspectiva de género, sino de la sola mención de la palabra.»