¿No era que nunca más?

El municipio de San Miguel volvió a demostrar su intolerancia: el sábado 10, durante el Mesazo por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito de agosto intentó levantar la instalación desde donde organizaciones e independientes brindan a la comunidad información sobre interrupciones voluntarias y salud sexual y reproductiva. Así, la libertad de expresión quedó atropellada en plena democracia. Pensar diferente, ¿nos hace enemigas/os?

Por Jesica Farias

COMUNICAR IGUALDAD-“Esa no es mi ley, mi ley es la del municipio de San Miguel”, vocifera afilado uno de los inspectores de Control Urbano –bajo el mando del director Carlos Zocchi-. El sábado pasado, en una de las esquinas de la plaza principal del partido que supo ser reinado de Aldo Rico, se instalaron las/os integrantes de la Mesa Oeste por el Aborto legal, seguro y gratuito para hacer lo que cada segundo fin de semana del mes realizan: difundir información para empoderar a las mujeres que quieran interrumpir sus gestaciones no deseadas y dotar de herramientas que garanticen una plena salud sexual y reproductiva. La libre circulación de esos datos se ampara en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 13 del Pacto de San José de Costa Rica, también en la Constitución Nacional Argentina y en la de la provincia de Buenos Aires, entre otros instrumentos, pero esos derechos adquiridos fueron subestimados por los funcionarios municipales.

Sandra Hoyos, de la Escuela de Psicología Social de San Miguel (Epsisam) e integrante de la Mesa Oeste, evoca a COMUNICAR IGUALDAD la jornada, apenas pasadas las 24 horas del tercer intento municipal por acallar a la organización que batalla por la despenalización y legalización del aborto en la Campaña Nacional: “Fui una de las primeras que llegó a la plaza. Siempre están los de control de tránsito pero después, recordando, me di cuenta de que había dos personas en la esquina mirándonos mientras acomodábamos los materiales en el piso –porque a pesar de llamar Mesazo a la actividad y ante la prohibición de poder disponer de una mesa literal, ponemos todo sobre un paño en el suelo- pero al colocar una bandera blanca con la leyenda ´Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir´ se acercaron inspectores diciendo que era un pasacalle y que la ley municipal también lo impedía. Además, adujeron que estábamos violando la veda electoral a lo cual respondimos que no somos un partido político y que, sin ir más lejos, frente a nosotras había una gigantografía de Aldo Rico”.

Así, y mientras culminaba una misa, las integrantes de la pata sanmiguelina de la Mesa invocaron los artículos que las constituciones de la Nación y la bonaerense  tienen para consagrar la libertad de expresión. “Pero nos desoyeron y comenzaron a decir que iban a llamar a un móvil policial si no sacábamos la bandera y los materiales de la plaza hasta que ellos mismos manipularon la tela de tres o cuatro metros para retirarla”, detalla Sandra y agrega: “Finalmente, los inspectores se sinceraron y nos dijeron que ellos estaban ahí porque les molestaba la bandera y que estemos a favor del aborto”. Uno de los miembros de Control Urbano llego a decir que “si él tuviera una hija –que esté embarazada y quisiera abortar-, él mismo se haría cargo del producto de la gestación”. ¿Y la decisión de la mujer? ¿O acaso el deseo de ella quedaría supeditado a una “ley superior”? Los mandamientos del patriarcado son el padrenuestro en esas tierras conurbanas. Pero hay otras/os que rompen la dinámica, favoreciendo el pensamiento diverso, inclusivo.

La situación del sábado no fue la primera de este año, ni del anterior: En abril pasado, una semana antes del Mesazo, las trabas entorpecieron las acciones del grupo que también distribuye información sobre salud sexual y reproductiva, además de discutir sobre derechos. “Regularmente, solicitamos permiso al Área de Comunidad de la municipalidad a partir de una dificultad que tuvimos en 2012 cuando un grupo de Cuidados Comunitarios nos impidió armar la mesa informativa sobre educación sexual, así es que requerimos nuevamente el permiso. En primera instancia, después de haber dejado el pedido por escrito, nos llamaron desde el Área de Seguridad y nos informaron que necesitaban ver los materiales que íbamos a distribuir ese día porque al ser una campaña de salud sexual piensan que ‘hay que tener cuidado’ con lo que se informa”, detallaron hace unos meses.

Para garantizar la presencia, enviaron el material -que es el que sugiere y hace circular tanto el Ministerio de Salud como el de Educación-. Después de tres días y unos ocho llamados, las autoridades del gobierno liderado por el intendente Joaquín De la Torre dieron una respuesta: se denegó la actividad. Pero amparadas en las convenciones internacionales y nacionales, en el otoño pasado, los pañuelos verdes flamearon junto a la bandera, que esta vez no fue tolerada: “El Municipio apunta a una razón ideológica que se identifica con el Opus Dei, cuyo intendente que es un referente, y quien recientemente pasó del kirchnerismo al massismo, entonces ahora se siente más habilitado a ejecutar este tipo de conductas. Ya no les importa el cartel o la bandera, les importa que no estemos más en la plaza por la actividad que desarrollamos, por eso nos censuran y nos prohíben hacer uso de un espacio público porque no les gusta que hablemos de aborto en la calle”, indica Sandra.

Pero ni la mesa, ni las organizaciones, ni las/os independientes, no siquiera los verdes pañuelos pero menos aún la información dejarán de circular libremente por San Miguel: El sábado 17 de agosto, a las 11 de la mañana la organización del Oeste convoca a todas/os las/os deseen sumarse al repudio contra las autoridades del municipio de San Miguel y sus prácticas patoteriles: “Consideramos que nuestra lucha por decidir sobre nuestros cuerpos se ejerce visibilizando las estadísticas de mortalidad por abortos clandestinos, tomando posición respecto de mujeres y niñas abusadas y obligadas a parir sin posibilidad de saber/conocer el derecho a la interrupción voluntaria de su embarazo, por la denuncia a jueces que impiden abortos no punibles, a profesionales de la salud que ejercen su objeción de conciencia”, dicen desde el conurbano. Porque la información libera, y el trabajo colectivo, agita.