Media sanción para un Código Civil sin consenso

Luego de haber obtenido dictamen en comisión el miércoles de la semana pasada, y a pesar de las críticas levantadas desde amplios sectores progresistas, el oficialismo dio media sanción en el Senado al proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo. El estatus que se le otorga a la iglesia católica y la interpretación sobre el comienzo de la vida, entre las principales objeciones. Las consecuencias de un proyecto cajoneado desde hace más de un año y de una segunda vuelta del debate “a las apuradas”.

Por Belén Spinetta

COMUNICAR IGUALDAD- Con poco tiempo para el debate, el oficialismo dio media sanción esta madrugada en el Senado al proyecto de reforma del Código Civil luego de que la semana pasada presentara un dictamen de mayoría que generó el rechazo de amplios sectores.  La votación obtuvo 39 votos a favor y uno en contra.

La nueva relación del gobierno con la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR), tras la asunción del papa argentino a principio de año, había puesto en cuestión la posibilidad de que haya una mayor injerencia de los sectores conservadores en temas claves como la reforma del Código Civil. Aunque el oficialismo lo negó en reiteradas oportunidades, los últimos cambios introducidos y finalmente aprobados dieron la razón a quienes habían alzado la voz de alarma. Asimismo, los últimos cambios en el gabinete, particularmente la asunción de Jorge Capitanich como Jefe de Gabinete, deja en evidencia el avance de los sectores del PJ más cercanos al conservadurismo católico.

Un guiño a los sectores conservadores

Vale mencionar que la iglesia católica cuestionó fundamentalmente los aspectos del proyecto de reforma vinculados a la ampliación de los derechos de género y familia. Entre ellos: que el divorcio podrá otorgarse con la decisión de una de las partes, que la infidelidad ya no se considerará una causal de separación o que los esposos no estarán obligados a compartir un mismo techo. Una de las principales objeciones la tuvieron con las técnicas de fertilización asistida y adopción ya que el nuevo código plantea darles los mismos derechos a las parejas heterosexuales como a las homosexuales. Se trata de aspectos que van al hueso de las concepciones conservadores que la iglesia sostiene en torno a la familia fundada en el matrimonio perdurable entre un varón y una mujer,  como «es el modo óptimo de crianza de los niños y de organización familiar y social«.

Frente a esto, el Frente para la Victoria cedió en un punto clave: el artículo 19 que refiere al comienzo de la existencia de la persona humana. El dictamen de la mayoría redujo el párrafo original “La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno”, a “La existencia de la persona humana comienza con la concepción”. Este cambio generó el rechazo de amplios sectores como la Coalición Argentina por un Estado Laico o la Campaña Nacional por el Derecho al aborto, y sacudió la base misma del kirchnerismo poniendo en una situación incómoda a algunos de sus representantes más progresistas, tal es el caso la diputada Juliana  Di Tullio, jefa de la bancada del FpV e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

Felicitas Rossi, directora de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), explica por qué es un retroceso la formulación aprobada. “En primer lugar cuestionamos que se mantenga una disposición redactada en el siglo pasado que refiere a un concepto vago, carente de un significado biológico exacto, que no recepta los estándares internacionales de derechos humanos y que puede tener un impacto regresivo en el debate por el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo”. La ADC señaló que este proyecto no recoge los avances científicos en la materia ni la jurisprudencia más reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Artavia Murillo”. Allí, la Corte Interamericana concluyó que el embrión no puede ser entendido como persona a los efectos del artículo 4.1 (derechos a la vida) de la Convención Americana de Derechos Humanos y que la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino que es gradual e incremental según su desarrollo.

En segundo lugar, señala Rossi, “cuestionamos que el dictamen de la mayoría haya eliminado la referencia al comienzo de la vida cuando se trata de técnicas de reproducción asistidas… en el proyecto original decía que en el caso de técnicas de reproducción asistida la vida comienza con la implantación del embrión en la mujer”. La especialista enfatizó que de esta manera estos métodos quedarán sin la debida protección, generando un vacío legal que no podrá ser suplido por la eventual sanción de una ley especial, lo que significa un grave retroceso que pone en riesgo derechos elementales de las mujeres y de las personas con identidades de género diversas de nuestro país.

La reformulación del artículo 19 fue una concesión  a la senadora puntana Negre de Alonso, reconocida militante antiderechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. El apoyo de los senadores puntanos era clave para obtener la mayoría buscada por el oficialismo. Con este cambio es posible interpretar que el embrión no implantado es persona y, por lo tanto, puede judicializarse la reproducción asistida. Asimismo se ponen en riesgo muchos derechos sexuales y reproductivos que pueden ser eliminados.

Cristina Zurutuza, referente del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) Argentina e integrante de la Campaña Por el Derecho al Aborto, opina que se debe legislar no en términos de posicionamientos filosóficos, sino de acuerdo al bien común que favorezca a la mayoría de las personas. “Esta legislación nos parece restrictiva porque en aras de opiniones ideológicas se va a perjudicar los derechos, la vida y el bienestar de cientos de miles de mujeres que se ven obligadas a abortar en la clandestinidad, así como los derechos de muchas parejas que buscan fertilización asistidas porque tienen problemas de esterilidad”. Zurutuza enfatiza que “esta fue una incidencia de la iglesia católica y creemos que el Estado no debe responder, ni aceptar presiones de ninguna iglesia porque debe legislar para todas las personas más allá de sus creencias o convicciones religiosas. Nos parece un retroceso incluso respecto al código civil anterior”.

Discrepancias desde el oficialismo

Como dijimos más adelante el dictamen que finalmente fue aprobado, generó también el desacuerdo de amplios sectores del kirchnerismo. En este sentido, sorprendió el apoyo crítico que dio anoche el jefe de la bancada del FpV, Miguel Pichetto. “No comparto este código pero voy a votarlo porque tengo obligaciones políticas”, señaló el senador por Río Negro. «El artículo 19 tampoco me satisface. Tengo un pensamiento laico. Las cosas que son del Estado son del Estado. Y las que son de Dios, son de Dios. Me hubiera gustado más el texto completo”, remarcó y agregó que el artículo “quedó mal redactado, no tiene concurrencia ni coherencia con la ley de fertilización asistida que aprobamos en este Congreso”. Luego de esto, quedan aún más dudas sobre la validez del proyecto aprobado y crecen las sospechas acerca del interés del gobierno por acelerar un debate que venía cajoneado desde hace más de un año.

Estela Díaz, secretaria de género de la CTA oficialista encabezada por Hugo Yaski –alineada políticamente con el gobierno-, también hizo conocer su desacuerdo respecto a los últimos cambios introducidos en el texto aprobado y reconoció que se cedió a las presiones de la iglesia católica. En un comunicado firmado por ambos dirigentes gremiales, consideraron inadmisible equiparar al embrión con la persona humana. “No acordamos con la redacción original, tal cual ya lo hemos señalado en las audiencias públicas, pero mucho menos con la última redacción propuesta. Ya que da por tierra  con una de las últimas legislaciones como la de fertilización asistida, que quedará ahora en manos de arbitrarias e interminables interpretaciones judicializables. La definición de la ‘persona humana desde la concepción’ es una postura religiosa confesional, que no se corresponde con los conceptos científicos ni las definiciones jurídicas”.

En diálogo con COMUNICAR IGUALDAD, Díaz afirmó que la postergación para el 2014 de la aprobación en Diputados ya es una señal de escucha ante los reclamos surgidos con fuerza la última semana. “La disconformidad no es sólo de la oposición,  sino que también lo es de buena parte de las fuerzas del oficialismo (…) la base del propio kirchnerismo no se siente para nada conforme con estas modificaciones y es allí donde hay un gran descontento” remarcó.

Sin embargo, Estela Diaz manifestó su desacuerdo con las posiciones que aseguran que las modificaciones en el artículo 19 podrían trabar la discusión sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. “Me parece que no nos ayuda ir por esa línea argumental, no creo que sea así ya que el Código Civil regula propiedad y relaciones entre los privados; nada tiene que ver con la penalización o despenalización con el aborto”, opinó.  “Estos cambios no quitan que siga teniendo rango constitucional para nosotros el Pacto de San José de Costa Rica y la interpretación que acaba de hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos que plantea que un embrión no es una persona;  tenemos un fallo de la CIDH que aclara cómo se puede convivir con definiciones de la vida desde la concepción y con despenalizaciones del aborto incluso más amplias”, explicó. “Además no le vamos a regalar a la derecha que ése es un fundamento válido para que no se despenalice y porque además no es así, tenemos una cantidad de normas en la  Constitución, en los tratados de Derechos Humanos y en los fallos de la Corte que son favorables a que avancemos en la despenalización de aborto”, sentenció.

Los privilegios de la iglesia católica

Tanto el proyecto original, cómo el dictamen aprobado en el Senado mantienen los privilegios de la iglesia católica en cuanto a que la definen como una “persona pública”. Este fue el segundo aspecto ampliamente cuestionado. Respecto a este tema señala Zurutuza que “el Estado debe legislar para todos los habitantes; darle un estatus de persona pública significa otorgarle un privilegio que no corresponde ni en relación a los otros credos, ni en relación a lo que debe ser un Estado moderno y democrático pluralista”. Y agrega que si bien se ha  avanzado mucho en otros temas como matrimonio igualitario, identidad de género, “siempre hay un lugar donde termina colándose una visión mucho más conservadora”.

Felicitas Rossi explica que el estatus que se le otorga a la iglesia católica implica que es completamente autónoma y no tiene que ajustar su organización y funcionamiento a ninguna norma del Estado. Sus norma internas quedan regidas al derecho canónico. “Es un estatus privilegiado que vulnera primero el principio de laicidad estatal y luego el principio de igualdad y no discriminación por motivos religiosos en cuanto no se reconoce el mismo privilegio a otros cultos”, remarca Rossi. Asimismo, la especialista enfatiza que de esta manera “se legitima el mensaje de que las concepciones y acciones de la iglesia católica poseen un interés público que prevalecen sobre otros sistemas de creencias cuando todos sabemos que sus concepciones siempre obstaculizaron el avance y reconocimiento de derechos fundamentales”.

Estela Díaz afirma además que a la reforma del Código Civil le falta mayor laicidad desde su nacimiento y apuesta al tiempo de discusión que se abre desde ahora.

Tiempo para el debate… y los cambios

El proyecto de unificación del Código Civil y Comercial que se debate desde el año pasado cuenta con 2671 artículos y recibió al menos 140 objeciones surgidas del trabajo en comisión y de las distintas audiencias públicas que se realizaron. El oficialismo trabajó en un dictamen propio, aprobado en la madrugada de hoy, que desconoció la mayoría de esas objeciones y dio lugar, con la reformulación del artículo, 19 a uno de los reclamos principales de la iglesia católica.

El debate dejó en evidencia el acercamiento entre gobierno nacional y la ICAR, acercamiento que, como advierten las organizaciones de la sociedad civil, podría incidir negativamente en el avance de algunos de los derechos  vinculados a la igualdad de género. La prueba de fuego quizás sea el texto final del nuevo Código Civil que se aprobará en 2014 en la Cámara Baja. La expectativa está en que no se haga oídos sordos a las quejas de los sectores progresistas y el peso que estos tienen en una base importante del propio oficialismo. En principio quedó claro que se sacudieron los cimientos y que el gobierno tuvo que dar un paso atrás en su intención de aprobar la reforma este año en ambas cámaras. 

Fotos: Laura Salomé Canteros

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