“Lo primero que debería crearse es una oficina de atención a la víctima de prostitución”
Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 29 octubre, 2014
Lohana Berkins es activista, responsable de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT).
COMUNICAR IGUALDAD- En Argentina la prostitución no es ilegal, si lo fuera estaríamos contradiciendo uno de los principios del abolicionismo, marco en el que se ubica nuestro país. ¿Entonces por qué la estamos ilegalizando?
Ahora bien ¿cuáles son los derechos de las trabajadoras sexuales que se están vulnerando? Es que todavía en muchas provincias se sigue criminalizando y usando como modo de control los códigos de convivencia o códigos contravencionales. Sin ir más lejos, existe en la Ciudad de Buenos Aires, pese a que en este momento el jefe de gobierno no lo está aplicando por sus aspiraciones presidenciales. Muchas organizaciones e incluso algunos jueces ya han señalado la ilegalidad de los códigos de convivencia.
Entonces está cuestión hay que ponerla clara porque si no generamos un falso debate. La vulneración de los derechos de las personas en situación de prostitución se da con la policía y con la justicia. Hay todo un sistema de corrupción que avala la persecución de las personas en prostitución… el mayor nudo de vulneración de derechos está ahí.
Por otra parte, yo haría una división bien tajante: una cosa es la realidad de las mujeres que tiene que ver con la desigualdad misma y la opresión que viven y muchas de las cuales están incluidas en los planes sociales y pueden acceder a la asignación universal por hijo, y otra cosa es la situación de las travestis. Somos el sector más vulnerabilizado, en primer lugar porque la sociedad ha normalizado esta idea de que nosotras solo podemos servir para la prostitución.
Lo principal es que el Estado genere políticas públicas clara para las personas en situación de prostitución y para eso no necesita un marco regulatorio. Tanto el Ministerio de Salud como el Desarrollo social tienen su buena partida de dinero, entonces hay que sentarse y generar una política pública con perspectiva de género. En el tema de salud por ejemplo sería concientizar, sensibilizar a los agentes de salud en el tema de que tratar a una mujer en situación de prostitución tiene determinadas características porque “trabaja” con su cuerpo; que cuando se haga un plan de viviendas la mujer pueda decir que está en situación de prostitución y que el Estado proteja, o eso sea un plus, para que puedan acceder a una vivienda digna. Para eso no necesitan tener ningún carnet, ni someterse a una situación regulatoria higienista como se plantea. Formar una cooperativa se puede formar ahora, ser autónoma se puede ser ahora.
Y otra cosa que no dejamos de reclamar es que todavía no se ha reglamentado la parte de políticas públicas. La oficina que dirige Checha Merchán debería avanzar en eso. Empezaría por ahí. Y después exigir a las provincias acciones que el propio abolicionismo señala: que el Estado debe generar políticas públicas para desalentar el consumo de la prostitución y garantizar la supervivencia en términos económicos de las compañeras que estén en situación de prostitución.
Además hay una tolerancia social hacia la prostitución muy grande. Se han creado una gran cantidad de oficinas para la trata y no se discute lo medular como es la prostitución. No hay una oficina de asistencia a la víctima de prostitución, debería crearse en primer lugar: sea esta víctima travesti, varón, mujer. Hay una hipocresía muy grande, por ejemplo nunca escuché a la Iglesia condenar a la prostitución, sin embargo sí condena la trata…
Insisto: lo primero que debería crearse es una oficina de atención a la víctima de prostitución y que no fuera sólo de asistencia psicológica sino que sea también de asistencia económica, compleja global de todo lo que implica esta situación. A miles de nosotras nos ha pasado que hemos decidido salir de la situación de prostitución y no hay un solo lugar al que podamos pedir ayuda. No hubo una sola oficina donde hubiéramos podido recurrir para desandar el camino de violencia que veníamos atravesando.
Estoy convencida además que no se necesitarían partidas presupuestarias extras. Todos los mecanismos que ya tiene el Estado podrían ponerse, con una perspectiva de género, en función de garantizar el acceso a derechos de las personas en situación de prostitución.
“Lo primero que debería crearse es una oficina de atención a la víctima de prostitución”
Lohana Berkins es activista, responsable de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT).
COMUNICAR IGUALDAD- En Argentina la prostitución no es ilegal, si lo fuera estaríamos contradiciendo uno de los principios del abolicionismo, marco en el que se ubica nuestro país. ¿Entonces por qué la estamos ilegalizando?
Ahora bien ¿cuáles son los derechos de las trabajadoras sexuales que se están vulnerando? Es que todavía en muchas provincias se sigue criminalizando y usando como modo de control los códigos de convivencia o códigos contravencionales. Sin ir más lejos, existe en la Ciudad de Buenos Aires, pese a que en este momento el jefe de gobierno no lo está aplicando por sus aspiraciones presidenciales. Muchas organizaciones e incluso algunos jueces ya han señalado la ilegalidad de los códigos de convivencia.
Entonces está cuestión hay que ponerla clara porque si no generamos un falso debate. La vulneración de los derechos de las personas en situación de prostitución se da con la policía y con la justicia. Hay todo un sistema de corrupción que avala la persecución de las personas en prostitución… el mayor nudo de vulneración de derechos está ahí.
Por otra parte, yo haría una división bien tajante: una cosa es la realidad de las mujeres que tiene que ver con la desigualdad misma y la opresión que viven y muchas de las cuales están incluidas en los planes sociales y pueden acceder a la asignación universal por hijo, y otra cosa es la situación de las travestis. Somos el sector más vulnerabilizado, en primer lugar porque la sociedad ha normalizado esta idea de que nosotras solo podemos servir para la prostitución.
Lo principal es que el Estado genere políticas públicas clara para las personas en situación de prostitución y para eso no necesita un marco regulatorio. Tanto el Ministerio de Salud como el Desarrollo social tienen su buena partida de dinero, entonces hay que sentarse y generar una política pública con perspectiva de género. En el tema de salud por ejemplo sería concientizar, sensibilizar a los agentes de salud en el tema de que tratar a una mujer en situación de prostitución tiene determinadas características porque “trabaja” con su cuerpo; que cuando se haga un plan de viviendas la mujer pueda decir que está en situación de prostitución y que el Estado proteja, o eso sea un plus, para que puedan acceder a una vivienda digna. Para eso no necesitan tener ningún carnet, ni someterse a una situación regulatoria higienista como se plantea. Formar una cooperativa se puede formar ahora, ser autónoma se puede ser ahora.
Además hay una tolerancia social hacia la prostitución muy grande. Se han creado una gran cantidad de oficinas para la trata y no se discute lo medular como es la prostitución. No hay una oficina de asistencia a la víctima de prostitución, debería crearse en primer lugar: sea esta víctima travesti, varón, mujer. Hay una hipocresía muy grande, por ejemplo nunca escuché a la Iglesia condenar a la prostitución, sin embargo sí condena la trata…
Insisto: lo primero que debería crearse es una oficina de atención a la víctima de prostitución y que no fuera sólo de asistencia psicológica sino que sea también de asistencia económica,
compleja global de todo lo que implica esta situación. A miles de nosotras nos ha pasado que hemos decidido salir de la situación de prostitución y no hay un solo lugar al que podamos pedir ayuda. No hubo una sola oficina donde hubiéramos podido recurrir para desandar el camino de violencia que veníamos atravesando.
Estoy convencida además que no se necesitarían partidas presupuestarias extras. Todos los mecanismos que ya tiene el Estado podrían ponerse, con una perspectiva de género, en función de garantizar el acceso a derechos de las personas en situación de prostitución.
Nota central:
¿Qué derechos debe reconocer un estado abolicionista a las personas prostitutas?