«La moralidad individual no permite trabajar políticas de Estado sobre aborto”

A dos años del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia que marcó un antes y un después en la jurisprudencia argentina en relación a la correcta interpretación del artículo 86 del Código Penal que regula los abortos no punibles, entrevistamos a Paola García Rey, abogada de Amnistía Internacional. Esta organización de la sociedad civil lleva adelante desde hace dos años a nivel global una potente campaña de derechos sexuales y reproductivos llamada “Mi cuerpo, mis derechos” que en Argentina implica el compromiso con la legalización del aborto.

Por Sandra Chaher

COMUNICAR IGUALDAD- El 12 de marzo del 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dio a conocer su posición en el caso F.A.L. –sobre una nena de 15 años que había quedado embarazada producto de la violación de su padrastro y había solicitado a la justicia, en Chubut, la realización de un aborto no punible acorde a las garantías previstas por el Código Penal- y con ello quitó el velo sobre un tema que llevaba años de debate entre especialistas: cuando una mujer es violada, ¿puede acceder a un aborto no punible? ¿O sólo puede acceder si es violada una mujer con discapacidad?

La Corte dijo que toda mujer violada tiene derecho a un aborto no punible y se acabó la discusión. No sólo eso, sino que dio indicaciones a los diferentes poderes del Estado sobre cómo debían comportarse frente a una mujer o niña que reclamara un aborto no punible, detallando los pasos necesarios para no victimizarla y darle acceso al derecho.

Sin embargo, el camino del texto a la práctica está resultando escabrosísimo, con jurisdicciones que adaptaron su normativa al fallo de la máxima instancia de justicia, otras que crearon normativa sobre el tema en la que obstaculizan el acceso y otras que hicieron como que el fallo no existe.

Un informe dado a conocer en diciembre del 2013 por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) –que viene monitoreando en forma sistemática desde el 2012 la implementación de normativa acorde al fallo F.A.L. en cada provincia- relevó que el panorama de cumplimiento normativo del fallo de la CSJN es aún bastante irregular. Y mucho más lo es la implementación efectiva de los abortos no punibles en cada provincia -más allá de lo que diga la normativa-, aspecto sobre el que no existe ningún monitoreo de parte del Estado ni de la sociedad civil.

Frente a esta situación, en febrero del 2014, cuatro organizaciones de la sociedad civil –la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Amnistía Internacional Argentina (AIAR), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- solicitaron a la CSJN  la realización de una audiencia pública sobre el tema, con el objetivo de que el tribunal se informara sobre el estado de situación de su fallo y, en el caso de hallar irregularidades, como constata la investigación de la ADC, accionara en consecuencia.

Sin embargo, la semana pasada la Corte rechazó el pedido de audiencia, argumentando que no hay razón para la misma ya que no hay actualmente un caso en trámite sobre el tema, pero se comprometió a seguir pronunciándose sobre la cuestión si llegaran a esa instancia nuevas causas sobre casos particulares, como sucedió en octubre del 2012 en la Ciudad de Buenos Aires con una mujer violada en situación de explotación sexual a la que una jueza impidió la realización del aborto no punible.

Para hablar de la implementación del fallo de la Corte, y de la posibilidad de avanzar en la justicia con la ampliación del restrictivo estatus jurídico actual del aborto, entrevistamos a Paola García Rey, abogada e integrante de Amnistía Internacional (AI), una de las organizaciones más potentes de la sociedad civil a nivel global, que lanzó hace un año y medio una campaña llamada “Mi cuerpo, mis derechos”, debido al reclamo de la sociedad civil global de que se abordara como tema prioritario la temática de derechos sexuales y reproductivos.

-¿Qué balance hacés de la implementación de los abortos no punibles luego del fallo F.A.L. en marzo del 2012?

-Qué difícil! Lo vemos problemático y eso fue lo que generó la idea de hacer un pedido de audiencia para ver si en el marco de este aniversario podíamos involucrar nuevamente al Poder Judicial en el tema. Sabemos que las decisiones de la Corte tienen un valor simbólico más que político. Nuestra mirada es que el Poder Judicial jugó un rol importante con la sentencia F.A.L. y que correspondía al Parlamento y al Poder Ejecutivo actuar en consecuencia, cosa que no hicieron. Por eso pensamos en apelar nuevamente a la Corte.

-¿Por qué creés que no dieron la audiencia pública?

-En la resolución en la que se nos informa que no la darán, la Corte basó el rechazo con el argumento de que su competencia  había quedado íntegramente agotada con el fallo F.A.L., no obstante lo cual puntualizó que, eventualmente, se pronunciaría sobre estas cuestiones en los casos que lleguen a su conocimiento. Pese a dejar esta posibilidad abierta, contábamos con que la Corte replicara lo que ya ha hecho en otras oportunidades, habilitando su competencia para monitorear el cumplimiento de su decisión (en los casos Riachuelo, en el caso Verbitsky sobre cárceles en la provincia de Buenos Aires, entre otros). Sabíamos que no era una decisión estrictamente jurídica, sino claramente política, y esperábamos que la CSJN no agotara su intervención en una única sentencia, sino que se comprometiera a dar seguimiento a su decisión de cara a los embates, trabas y resistencias interpuestas en varias jurisdicciones del país.

– ¿Creés que es una señal a la sociedad civil pero también a otros poderes del Estado sobre el rol que compete a cada uno en este tema?

-La señal desde la Corte sobre el rol que le cabe a los poderes fue clara y contundente en lo que fue su decisión dos años atrás. En el fallo F.A.L. la Corte fue ejemplar en la exhortación que hizo a las autoridades nacionales, provinciales y de CABA a implementar protocolos hospitalarios, a definir los criterios que debían seguirse para la atención de los abortos no punibles, para remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a este derecho. Así como intervino en función de la discordancia social e institucional imperante en nuestra sociedad, esperábamos que pudiera habilitar un espacio de debate y rendición de cuentas sobre el estado de situación a nivel nacional en materia de acceso al ANP y adoptara las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

-En diciembre, la Asociación por los Derechos Civiles -una de las organizaciones que pidió la audiencia- presentó un informe de monitoreo sobre el cumplimiento del fallo F.A.L. en relación a la aprobación o no por parte de las provincias de protocolos de implementación de los abortos no punibles. Allí se señala que 8 jurisdicciones tienen protocolos acordes al caso F.A.L, otras ocho tienen protocolos que agregan exigencias no presentes en el fallo y que podrían obstaculizar el acceso al derechos y otras 9 aún no hicieron nada en relación al tema. ¿Creés que éste es un escenario positivo, negativo, esperable?

-Es positivo que haya 8 jurisdicciones que cumplen cabalmente con el fallo y sabemos que, efectivamente, muchas mujeres y niñas pudieron acceder estos dos años a abortos no punibles en distintos lugares del país. También es positivo que la Corte, en un caso individual, haya exhortado de forma integral a todas las provincias a cumplir con determinados estándares de acceso al derecho. También nos parece positivo que los organismos internacionales estén dando indicaciones sobre la necesidad de descriminalizar el aborto, como sucedió en el Consenso de Montevideo que Argentina firmó. Sin embargo, es muchísimo lo que falta.

–El Poder Ejecutivo Nacional es uno de los grandes ausentes en la implementación del fallo: no dio indicaciones sobre el mismo ni transformó en resolución la Guía Técnica Integral de Atención de Abortos No Punibles. Sin embargo, en agosto del año pasado, durante el Consenso de Montevideo convocado por la CEPAL, la actitud de la delegación argentina fue muy positiva según el relato que luego hicieron las organizaciones presentes. Acompañó a Uruguay en el liderazgo de un acuerdo final que habla de descriminalizar el aborto, algo de lo que el gobierno no habla puertas adentro. ¿Cómo se interpretan estas actitudes?

-Vemos estas esquizofrenias bastante seguidas por parte de los Estados. Yo creo que lo que debe valorarse es que Argentina en general mantiene cierta coherencia entre su política interna y los foros internacionales. Claro que hay grises y una querría que Argentina peleara hacia adentro lo que se peleó en Montevideo, pero lo cierto es que Argentina puertas afuera no dijo mucho más que lo que hace puertas adentro: se comprometió, a mediano y largo plazo, a revisar leyes que criminalizan el aborto. Instancias como la de Montevideo sirven para volver a presionar a los Estados fronteras adentro.

-¿Hubo efectos “positivos” por parte del gobierno luego del Consenso de Montevideo?  

-Se generó un diálogo interesante de la sociedad civil con algunos organismos del Estado presentes durante esa conferencia. Por otra parte, el Consenso de Montevideo es parte de un proceso que culmina este año de revisión de la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo. Y desde el Estado se sostiene que Argentina llevará, a la reunión final que es en abril, esta misma mirada que mantuvo en Montevideo. Se trata de una mirada compartida por toda la región y que no se condice con otros acuerdos regionales más conservadores como los de Asia y Africa. Después de Montevideo, se generó una expectativa internacional sobre cómo se comportará nuestra región.

-¿Por qué?

– América Latina está llevando a la ONU en abril la mirada más cercana a lo que se acordó en 1994 en El Cairo e incluso superadora de esta conferencia. El problema hoy por hoy es que no se sabe qué tipo de negociación se va a dar en abril. Si la discusión se da párrafo por párrafo, se teme que los países más conservadores se abroquelen y traben las discusiones. Y si el tratado final se aprueba en términos generales, es probable que los países se la apropien muchísimo menos que cuando se trata de un texto discutido y negociado.

Parlamento

-¿Cómo ves el año en Argentina en relación a la posibilidad de debatir la despenalización y/o la legalización del aborto en el Parlamento?

-Creo que la cancha va a estar muy marcada por los debates que se den en el Congreso por la reforma del Código Civil y del Código Penal, esto es lo que abre el escenario. Creo que no tenemos que apostar a un año de ley de legalización o descriminalización, sino a evaluar qué resultados nos van a dejar las reformas de los códigos. En estos primeros tres meses hay que poner mucho esfuerzo en la cuestión del artículo 19 en la reforma del Código Civil y en la regulación del aborto en la reforma del Código Penal, que clarifica en relación al artículo 86, sobre el que falló la Corte en el caso F.A.L., pero incluye artículos penales regresivos, como el de lesiones al feto. Si bien se dice que la justificación de esta propuesta en la reforma del CP tiene que ver con las salideras bancarias y el caso Píparo, lo cierto es que va a tener implicancias sobre los médicos que deben brindar los abortos no punibles. Hay que ser cuidadosos en observar que son necesarias las reformas de ambos códigos, pero sin resignar la lucha de las mujeres y esperando que el debate se dé con seriedad y rigurosidad.

-¿Qué análisis hacés del debate parlamentario en torno al aborto?

-Una de las cuestiones que más nos costó trabajar en el marco del Congreso es el aborto en términos partidarios. Como los partidos no tienen una posición sobre el tema, sino que lo dejan librado al criterio individual, no se pueden establecer diálogos con ellos. Además del enorme trabajo de abordar una a una a estas personas, no hay una bajada lógica de derechos porque todo pasa por la creencia de la persona, por la moralidad individual y eso no permite trabajar en políticas de Estado, lo cual es muy problemático. En relación con esto, vamos a lanzar este año una encuesta de opinión para todos los legisladores recabando la opinión individual que tienen sobre el tema. La sola existencia de la objeción de conciencia evidencia que el aborto toca la intimidad de cada persona.

-¿Qué buscan encontrar con esta encuesta?

– Queremos mostrar que las decisiones que tomen las y los legisladores sobre el aborto no debería pasar por opiniones personales. Y también les preguntamos qué opinan sobre el tema en situaciones diversas, tanto en ámbitos personales como cuando lo hacen como legisladores, ya que en otros países estas preguntas muestran respuestas diversas. Y también vamos a hacer una encuesta de opinión pública para ver qué apoyo social hay a la legalización, en parte para desmitificar el tema porque muchos legisladores creen que el aborto es piantavotos.

Foto: Gisela Castro

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