“La lucha contra la trata nos expone a una mayor vulneración de derechos”
Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 23 junio, 2014
La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina presentó una investigación –realizada por las antropólogas Cecilia Varela y Débora Daich- en la que se analiza paso a paso cómo las políticas que combaten la trata de personas con fines de explotación sexual criminalizan la situación de las mujeres que ejercen la prostitución en forma autónoma, una situación que no está penada por la legislación de nuestro país. Una de las principales razones de esta criminalización, señalan, es que la “lógica del rescate en relación a la trata ha sido solidaria con una expansión del poder de policía”.
Por Mariana Fernández Camacho
COMUNICAR IGUALDAD– “Como mujeres y trabajadoras sexuales apoyamos la lucha contra la trata de personas, pero esa lucha no puede terminar discriminándonos y exponiéndonos a una mayor vulneración de derechos”, dijo Georgina Orellano, presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (Ammar), para dar comienzo a la charla “Cómo las políticas anti-trata criminalizan el trabajo sexual”, que el viernes 13 de junio colmó el Salón Montevideo de la Legislatura porteña.
Aunque al filo de la cornisa, el debate trató de hacer a un lado las calurientas posiciones teóricas e ideológicas sobre si la prostitución es un trabajo o no, para centrarse en la manera en que las nuevas leyes, decretos y disposiciones que creó la cruzada contra la trata con fines de explotación sexual están afectando en la actualidad los derechos humanos de las mujeres que ofrecen sexo comercial.
La prostitución no está prohibida en nuestro país, aunque tampoco está legalizada. Pero sí está penada la explotación sexual –por parte de terceras personas- y la trata con fines de explotación sexual.
En este contexto, AMMAR presentó una investigación etnográfica realizada por Cecilia Varela y Débora Daich, doctoras en Antropología e investigadoras del CONICET, que se basó en trabajo de campo, recopilación de documentación y entrevistas a mujeres mayores de edad de la ciudad de Buenos Aires, Rosario y La Plata que ejercen la prostitución por opción propia.
“Nuestro objetivo fue prestar atención a las prácticas de los operadores de justicia, policiales, asistenciales y municipales, en el marco de los procedimientos anti-trata, y las consecuencias de estas intervenciones. Y lo que surgió fue que las personas que manifiestan participar voluntariamente dentro del mercado del sexo se ven afectadas por una creciente ‘industria del rescate’ que se traduce en nuevas normativas y prácticas que vulneran sus derechos. Porque esta lógica del rescate ha sido solidaria con una expansión del poder de policía”, explicó Varela.
Lo que siguió, fue un listado de barbaridades que las mujeres denuncian vivir durante los allanamientos, con o sin orden judicial, a departamentos privados: robos y pérdidas de dinero y de objetos de valor; pago de coimas y de otros “negocios informales” de las fuerzas de seguridad; amenazas de cárcel y de procesamientos por delitos de trata; policías varones —especialmente de la Metropolitana— que irrumpen con extrema violencia (y a veces encapuchados) y apuntan sus armas sobre la cabeza, esposan, manosean y hasta las obligan a desnudarse; o inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC de la CABA) que tienen sexo en calidad de clientes para después permitir el ingreso de la policía; entre otras infracciones.
“Consideramos que el combate contra la trata de personas ha privilegiado el sistema penal como herramienta de intervención, descartando otro tipo de actuaciones a través del reconocimiento y ampliación de derechos sociales. Pero, más aún, en nombre de esas demandas de protección vehiculizadas privilegiadamente a través del sistema penal se abrió una zona de excepción en la cual los derechos humanos de las personas que ofrecen sexo comercial han sido suspendidos o, al menos, subordinados al de ser ‘rescatadas’”, señaló Daich.
Varela, agregó: “La posibilidad concreta de que los inspectores municipales ingresen a domicilios particulares ilustra el carácter de la zona de ‘excepción’ en la cual se mueven las trabajadoras sexuales. Suspensión de la norma —garantías como la inviolabilidad del domicilio—y despojo de los derechos políticos de manera tal que los delitos cometidos por esos funcionarios en ese mismo acto carecen de consecuencias jurídicas”.
Reino del revés
El Reino del Revés parecían tararear las investigadoras cuando describieron cómo una mujer puede ser rescatada de un delito mientras se la investiga como responsable penal y es sancionada por falta de habilitación comercial.Todo eso junto y en simultáneo.
Es que distintas agencias ─con sus lógicas profesionales y burocráticas también diferentes─ participan a veces en operativos conjuntos y entonces, en el curso de un allanamiento regular, la policía realiza actividades de investigación (como por ejemplo incautar cuadernos personales, celulares y dinero) al tiempo que las profesionales de rescate dialogan con las supuestas víctimas, y los inspectores municipales les labran actas por infracciones al código de edificación o por no tener permiso para operar como ‘casa de servicios personales directos‘.
Otro disparate se da cuando la AGC retira como evidencia los preservativos que el propio gobierno porteño entrega a través de sus programas de salud.
A coro, Varela y Daich concluyeron: “El proceso de los últimos años puede ser caracterizado como de inflación penal, a través de la puesta en marcha de normativa de diversa jerarquía. Y, por otro lado, se dio una creciente confusión. Es decir, en un contexto de fuerte pánico moral y sexual en torno a la prostitución cualquier forma de sexo comercial comenzó a ser identificada como un delito de trata de personas”.
Foto de izquierda a derecha: Maria Rachid y Georgina Orelllano
“La lucha contra la trata nos expone a una mayor vulneración de derechos”
La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina presentó una investigación –realizada por las antropólogas Cecilia Varela y Débora Daich- en la que se analiza paso a paso cómo las políticas que combaten la trata de personas con fines de explotación sexual criminalizan la situación de las mujeres que ejercen la prostitución en forma autónoma, una situación que no está penada por la legislación de nuestro país. Una de las principales razones de esta criminalización, señalan, es que la “lógica del rescate en relación a la trata ha sido solidaria con una expansión del poder de policía”.
Por Mariana Fernández Camacho
COMUNICAR IGUALDAD– “Como mujeres y trabajadoras sexuales apoyamos la lucha contra la trata de personas, pero esa lucha no puede terminar discriminándonos y exponiéndonos a una mayor vulneración de derechos”, dijo Georgina Orellano, presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (Ammar), para dar comienzo a la charla “Cómo las políticas anti-trata criminalizan el trabajo sexual”, que el viernes 13 de junio colmó el Salón Montevideo de la Legislatura porteña.
Aunque al filo de la cornisa, el debate trató de hacer a un lado las calurientas posiciones teóricas e ideológicas sobre si la prostitución es un trabajo o no, para centrarse en la manera en que las nuevas leyes, decretos y disposiciones que creó la cruzada contra la trata con fines de explotación sexual están afectando en la actualidad los derechos humanos de las mujeres que ofrecen sexo comercial.
La prostitución no está prohibida en nuestro país, aunque tampoco está legalizada. Pero sí está penada la explotación sexual –por parte de terceras personas- y la trata con fines de explotación sexual.
En este contexto, AMMAR presentó una investigación etnográfica realizada por Cecilia Varela y Débora Daich, doctoras en Antropología e investigadoras del CONICET, que se basó en trabajo de campo, recopilación de documentación y entrevistas a mujeres mayores de edad de la ciudad de Buenos Aires, Rosario y La Plata que ejercen la prostitución por opción propia.
“Nuestro objetivo fue prestar atención a las prácticas de los operadores de justicia, policiales, asistenciales y municipales, en el marco de los procedimientos anti-trata, y las consecuencias de estas intervenciones. Y lo que surgió fue que las personas que manifiestan participar voluntariamente dentro del mercado del sexo se ven afectadas por una creciente ‘industria del rescate’ que se traduce en nuevas normativas y prácticas que vulneran sus derechos. Porque esta lógica del rescate ha sido solidaria con una expansión del poder de policía”, explicó Varela.
Lo que siguió, fue un listado de barbaridades que las mujeres denuncian vivir durante los allanamientos, con o sin orden judicial, a departamentos privados: robos y pérdidas de dinero y de objetos de valor; pago de coimas y de otros “negocios informales” de las fuerzas de seguridad; amenazas de cárcel y de procesamientos por delitos de trata; policías varones —especialmente de la Metropolitana— que irrumpen con extrema violencia (y a veces encapuchados) y apuntan sus armas sobre la cabeza, esposan, manosean y hasta las obligan a desnudarse; o inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC de la CABA) que tienen sexo en calidad de clientes para después permitir el ingreso de la policía; entre otras infracciones.
“Consideramos que el combate contra la trata de personas ha privilegiado el sistema penal como herramienta de intervención, descartando otro tipo de actuaciones a través del reconocimiento y ampliación de derechos sociales. Pero, más aún, en nombre de esas demandas de protección vehiculizadas privilegiadamente a través del sistema penal se abrió una zona de excepción en la cual los derechos humanos de las personas que ofrecen sexo comercial han sido suspendidos o, al menos, subordinados al de ser ‘rescatadas’”, señaló Daich.
Varela, agregó: “La posibilidad concreta de que los inspectores municipales ingresen a domicilios particulares ilustra el carácter de la zona de ‘excepción’ en la cual se mueven las trabajadoras sexuales. Suspensión de la norma —garantías como la inviolabilidad del domicilio—y despojo de los derechos políticos de manera tal que los delitos cometidos por esos funcionarios en ese mismo acto carecen de consecuencias jurídicas”.
Reino del revés
El Reino del Revés parecían tararear las investigadoras cuando describieron cómo una mujer puede ser rescatada de un delito mientras se la investiga como responsable penal y es sancionada por falta de habilitación comercial. Todo eso junto y en simultáneo.
Es que distintas agencias ─con sus lógicas profesionales y burocráticas también diferentes─ participan a veces en operativos conjuntos y entonces, en el curso de un allanamiento regular, la policía realiza actividades de investigación (como por ejemplo incautar cuadernos personales, celulares y dinero) al tiempo que las profesionales de rescate dialogan con las supuestas víctimas, y los inspectores municipales les labran actas por infracciones al código de edificación o por no tener permiso para operar como ‘casa de servicios personales directos‘.
Otro disparate se da cuando la AGC retira como evidencia los preservativos que el propio gobierno porteño entrega a través de sus programas de salud.
A coro, Varela y Daich concluyeron: “El proceso de los últimos años puede ser caracterizado como de inflación penal, a través de la puesta en marcha de normativa de diversa jerarquía. Y, por otro lado, se dio una creciente confusión. Es decir, en un contexto de fuerte pánico moral y sexual en torno a la prostitución cualquier forma de sexo comercial comenzó a ser identificada como un delito de trata de personas”.
Foto de izquierda a derecha: Maria Rachid y Georgina Orelllano
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