Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 12 diciembre, 2012
En todo el país se generó un rechazo unánime al fallo de los jueces tucumanos Eduardo Romero Lascano, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena que decidieron absolver a las trece personas imputadas por el secuestro y desaparición de María de los Angeles Verón hace más de diez años. Comunicados, manifestaciones y marchas dan cuenta del repudio a una de las expresiones más misóginas de la justicia de los últimos meses.
COMUNICAR IGUALDAD-De Jujuy a Tierra del Fuego fueron convocadas manifestaciones para rechazar el fallo de la Cámara Penal de Tucumán que absolvió a las 13 personas imputadas por el secuestro y desaparición de Marita Verón en el año 2002. Y desde la presidenta hacia abajo se manifestaron muchísimas instituciones y funcionarias/os contra un fallo que dijo que en los 10 años de investigación y 10 meses de juicio oral no se habían generado las pruebas suficientes como para que hubiera condenas.
«Vamos a poner en marcha una democratización del Poder Judicial» dijo la presidenta Cristina Fernández. “El combate contra la trata de personas y la protección de las víctimas de género es una decisión institucional muy clara y contundente de esta Corte… (…) sin perjuicio del respeto que merecen las decisiones de los magistrados tomadas en las causas judiciales, en el marco de la Política de Estado referida se encomienda a todos los jueces del país a seguir realizando los máximos esfuerzos para lograr terminar con ese delito” afirmaron los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La batalla debe darse desde los tres poderes del Estado, en todas sus instancias territoriales. Los avances alcanzados desde el año 2003 en materia de reconocimiento de derechos y de ampliación del criterio de ciudadanía deben ser acompañados por fallos judiciales comprometidos por los derechos humanos, y concientes de que el camino hacia una igualdad real y efectiva requiere de una justicia independiente y eficaz”dijo a su vez Pedro Mouratián, interventor del INADI. Desde la Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres manifestaron: “Le tocó a la justicia tucumana ser el centro de la vergüenza y la indignación nacional que alerta a todas las mujeres sobre la desprotección que proporciona un poder judicial que se niega a sensibilizarse a las asimetrías de poder propias de las problemáticas sociales que involucran a mujeres como víctimas”. También emitieron comunicados en la misma línea la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación y la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red-Por una comunicación no sexista), entre otras organizaciones e instituciones.
El fallo genera repudio por la impunidad para emitir una sentencia desoyendo los testimonios de más de 150 personas que atestiguaron, muchas de ellas mujeres víctimas de trata, a las cuales el Tribunal habría considerado como pruebas insuficientes (el fallo completo recién se conocerá el martes 18 de diciembre). Pero además, parece ser la gota que rebalsa el vaso de una justicia sexista y misógina. En su comunicado, la Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres recuerda otros casos similares recientes -el freno a la realización de un aborto no punible a una mujer víctima de trata por parte de una jueza de Ciudad de Buenos Aires, un juez de Córdoba que suspendió la aplicación del protocolo de aborto no punible y, también en Tucumán, el caso de la justicia de instrucción que intenta archivar el caso “María Magdalena” en el cual se investiga la violencia obstétrica, psicológica y física y violación de secreto médico en un hospital-; aún está fresca en las noticias la absolución por parte de un jury de enjuiciamiento del juez Carlos Flores de La Pampa, uno de los dos magistrados que en el 2011 liberaron a Marcelo Tomaselli por la figura del avenimiento, hecho que derivó en el feminicidio pocos dias después de Carla Figueroa; y en agosto de este año se realizó frente a los Tribunales Superiores de ciudades de todo el país una Vigilia Nacional por una Justicia con perspectiva de Género para reclamar justamente por la falta de perspectiva de género en los fallos judiciales.
El fallo
“Sabíamos que no darían las condenas que la querella esperaba, pero no imaginábamos una absolución completa –manifestó a COMUNICAR IGUALDAD la abogada Mariana Alvarez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados/as de Tucumán, sobre la expectativa que había en la provincia en relación al fallo de los jueces integrantes de la Cámara Penal-. Este fallo nos evidencia que las organizaciones de derechos humanos debemos pedir con urgencia la implementación de políticas públicas dentro del Poder Judicial, no sólo al Ejecutivo.”
“He quedado muy sorprendida con la absolución de estas 13 personas –dijo a su vez la abogada feminista tucumana Laura Casas-. Estoy esperando ver cómo ponderan las pruebas cuando el 18 se conozca el fallo completo, porque por lo que se dijo hasta ahora los jueces creen que no serían suficientes. En estos delitos, que son muy complejos, la ponderación de pruebas debe ser especial. La prueba testimonial debe leerse con otros indicios, y además debe tenerse en cuenta que muchos de los testimonios pertenecían a víctimas de trata. Es como en los casos de lesa humanidad, no hay fotos de las torturas, pero el fallo se basa en los testimonios. Sin embargo estos jueces los desecharon.”
Eduardo Romero Lascano, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena, los tres jueces de la Cámara Penal que emitieron el fallo no tienen, que se sepa en el ambiente jurídico de Tucumán, formación en género para abordar una causa que, como señala Casas, tiene la complejidad de la problemática específica de la trata de personas. Pero además, rechazaron tomar las capacitaciones sobre género y trata dictadas desde la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia y que se realizaron en Tucumán poco antes de que empezara el juicio. Argumentaron que no querían hacerlas para “no verse condicionados”. Cuesta entender cómo los habría condicionado negativamente un enfoque que les permitiría haber tenido una mirada más sensible, compleja y completa de la situación.
“Sabíamos que María Jesús Rivero no sería condenada porque es muy difícil probar la autoría intelectual, y porque además tiene muchos vínculos con el poder, pero los jueces dijeron que no tienen certeza del secuestro ni de que haya estado en los prostíbulos, y hay muchísimos testimonios que afirman esto, personas que declararon en el juicio –afirma la abogada tucumana Soledad Deza-. Pero no fueron tenidos en cuenta. Siempre que el caso trata de una red delictiva se sabe que es muy difícil la recolección de pruebas porque se trata de circuitos que involucran a muchas personas y circunstancias, entonces deben tenerse en cuenta otros indicios.”
Por esta discriminación en la evaluación de los testimonios, mayormente de mujeres, es muy probable que el fallo sea apelado por Susana Trimarco, pero además ya adelantó que pedirá el juicio político para la Cámara. En relación a quienes integran el jury de enjuiciamiento, no hay ninguna certeza en Tucumán de cómo podrían fallar. Sin embargo, si hubiera una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, se especula que, por fallos anteriores que tuvo, podría tomar estándares amplios de interpretación de la causa, acordes tanto a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y revisar la prueba que la Cámara descartó o incluso solicitar nuevas pruebas.
«Este fallo demuestra que el Poder Judicial de Tucumán necesita capacitarse sobre las inequidades de género y las asimetrías de poder en todas las cuestiones litigiosas en las que entienda –concluye Deza-. La valoración de las pruebas en materia de procesos penales que tienen como víctimas a mujeres maltratadas o explotadas, requiere de un enfoque de género que visibilice la situación de subordinación endémica que padece un gran número de ellas, para evitar revictimizarlas una vez mas, a manos del propio Estado que las juzga.”
La Justicia al banquillo
En todo el país se generó un rechazo unánime al fallo de los jueces tucumanos Eduardo Romero Lascano, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena que decidieron absolver a las trece personas imputadas por el secuestro y desaparición de María de los Angeles Verón hace más de diez años. Comunicados, manifestaciones y marchas dan cuenta del repudio a una de las expresiones más misóginas de la justicia de los últimos meses.
COMUNICAR IGUALDAD- De Jujuy a Tierra del Fuego fueron convocadas manifestaciones para rechazar el fallo de la Cámara Penal de Tucumán que absolvió a las 13 personas imputadas por el secuestro y desaparición de Marita Verón en el año 2002. Y desde la presidenta hacia abajo se manifestaron muchísimas instituciones y funcionarias/os contra un fallo que dijo que en los 10 años de investigación y 10 meses de juicio oral no se habían generado las pruebas suficientes como para que hubiera condenas.
«Vamos a poner en marcha una democratización del Poder Judicial» dijo la presidenta Cristina Fernández. “El combate contra la trata de personas y la protección de las víctimas de género es una decisión institucional muy clara y contundente de esta Corte… (…) sin perjuicio del respeto que merecen las decisiones de los magistrados tomadas en las causas judiciales, en el marco de la Política de Estado referida se encomienda a todos los jueces del país a seguir realizando los máximos esfuerzos para lograr terminar con ese delito” afirmaron los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La batalla debe darse desde los tres poderes del Estado, en todas sus instancias territoriales. Los avances alcanzados desde el año 2003 en materia de reconocimiento de derechos y de ampliación del criterio de ciudadanía deben ser acompañados por fallos judiciales comprometidos por los derechos humanos, y concientes de que el camino hacia una igualdad real y efectiva requiere de una justicia independiente y eficaz” dijo a su vez Pedro Mouratián, interventor del INADI. Desde la Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres manifestaron: “Le tocó a la justicia tucumana ser el centro de la vergüenza y la indignación nacional que alerta a todas las mujeres sobre la desprotección que proporciona un poder judicial que se niega a sensibilizarse a las asimetrías de poder propias de las problemáticas sociales que involucran a mujeres como víctimas”. También emitieron comunicados en la misma línea la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación y la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red-Por una comunicación no sexista), entre otras organizaciones e instituciones.
El fallo genera repudio por la impunidad para emitir una sentencia desoyendo los testimonios de más de 150 personas que atestiguaron, muchas de ellas mujeres víctimas de trata, a las cuales el Tribunal habría considerado como pruebas insuficientes (el fallo completo recién se conocerá el martes 18 de diciembre). Pero además, parece ser la gota que rebalsa el vaso de una justicia sexista y misógina. En su comunicado, la Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres recuerda otros casos similares recientes -el freno a la realización de un aborto no punible a una mujer víctima de trata por parte de una jueza de Ciudad de Buenos Aires, un juez de Córdoba que suspendió la aplicación del protocolo de aborto no punible y, también en Tucumán, el caso de la justicia de instrucción que intenta archivar el caso “María Magdalena” en el cual se investiga la violencia obstétrica, psicológica y física y violación de secreto médico en un hospital-; aún está fresca en las noticias la absolución por parte de un jury de enjuiciamiento del juez Carlos Flores de La Pampa, uno de los dos magistrados que en el 2011 liberaron a Marcelo Tomaselli por la figura del avenimiento, hecho que derivó en el feminicidio pocos dias después de Carla Figueroa; y en agosto de este año se realizó frente a los Tribunales Superiores de ciudades de todo el país una Vigilia Nacional por una Justicia con perspectiva de Género para reclamar justamente por la falta de perspectiva de género en los fallos judiciales.
El fallo
“Sabíamos que no darían las condenas que la querella esperaba, pero no imaginábamos una absolución completa –manifestó a COMUNICAR IGUALDAD la abogada Mariana Alvarez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados/as de Tucumán, sobre la expectativa que había en la provincia en relación al fallo de los jueces integrantes de la Cámara Penal-. Este fallo nos evidencia que las organizaciones de derechos humanos debemos pedir con urgencia la implementación de políticas públicas dentro del Poder Judicial, no sólo al Ejecutivo.”
“He quedado muy sorprendida con la absolución de estas 13 personas –dijo a su vez la abogada feminista tucumana Laura Casas-. Estoy esperando ver cómo ponderan las pruebas cuando el 18 se conozca el fallo completo, porque por lo que se dijo hasta ahora los jueces creen que no serían suficientes. En estos delitos, que son muy complejos, la ponderación de pruebas debe ser especial. La prueba testimonial debe leerse con otros indicios, y además debe tenerse en cuenta que muchos de los testimonios pertenecían a víctimas de trata. Es como en los casos de lesa humanidad, no hay fotos de las torturas, pero el fallo se basa en los testimonios. Sin embargo estos jueces los desecharon.”
Eduardo Romero Lascano, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena, los tres jueces de la Cámara Penal que emitieron el fallo no tienen, que se sepa en el ambiente jurídico de Tucumán, formación en género para abordar una causa que, como señala Casas, tiene la complejidad de la problemática específica de la trata de personas. Pero además, rechazaron tomar las capacitaciones sobre género y trata dictadas desde la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia y que se realizaron en Tucumán poco antes de que empezara el juicio. Argumentaron que no querían hacerlas para “no verse condicionados”. Cuesta entender cómo los habría condicionado negativamente un enfoque que les permitiría haber tenido una mirada más sensible, compleja y completa de la situación.
“Sabíamos que María Jesús Rivero no sería condenada porque es muy difícil probar la autoría intelectual, y porque además tiene muchos vínculos con el poder, pero los jueces dijeron que no tienen certeza del secuestro ni de que haya estado en los prostíbulos, y hay muchísimos testimonios que afirman esto, personas que declararon en el juicio –afirma la abogada tucumana Soledad Deza-. Pero no fueron tenidos en cuenta. Siempre que el caso trata de una red delictiva se sabe que es muy difícil la recolección de pruebas porque se trata de circuitos que involucran a muchas personas y circunstancias, entonces deben tenerse en cuenta otros indicios.”
Por esta discriminación en la evaluación de los testimonios, mayormente de mujeres, es muy probable que el fallo sea apelado por Susana Trimarco, pero además ya adelantó que pedirá el juicio político para la Cámara. En relación a quienes integran el jury de enjuiciamiento, no hay ninguna certeza en Tucumán de cómo podrían fallar. Sin embargo, si hubiera una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, se especula que, por fallos anteriores que tuvo, podría tomar estándares amplios de interpretación de la causa, acordes tanto a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y revisar la prueba que la Cámara descartó o incluso solicitar nuevas pruebas.
«Este fallo demuestra que el Poder Judicial de Tucumán necesita capacitarse sobre las inequidades de género y las asimetrías de poder en todas las cuestiones litigiosas en las que entienda –concluye Deza-. La valoración de las pruebas en materia de procesos penales que tienen como víctimas a mujeres maltratadas o explotadas, requiere de un enfoque de género que visibilice la situación de subordinación endémica que padece un gran número de ellas, para evitar revictimizarlas una vez mas, a manos del propio Estado que las juzga.”
Foto destacada: El Diario Noticias