Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 18 julio, 2012
Aníbal Faundes -médico ginecólogo chileno que hace décadas reside en Brasil- relató durante el encuentro convocado por FUSA la experiencia de ese país, y particularmente del Hospital de Clínicas de la Universidad de Campinas en el que trabaja, en la interrupción de abortos de embarazos producto de violaciones.
COMUNICAR IGUALDAD– En el Código Penal de Brasil, realizado en los años 40, está especificado claramente el derecho al aborto cuando el embarazo es producto de una violación. Pero en verdad, hasta 1984, sólo se hacía en caso de riesgo de vida de la mujer y muy excepcionalmente. A partir de ese año comenzaron a emitirse autorizaciones judiciales para casos de malformación fetal, una práctica que continua. En 1989, la alcaldesa de Río de Janeiro determinó que los hospitales municipales de ese estado comenzaran a practicarlo. Un año después hizo lo mismo el alcalde de San Pablo. Según explicó Aníbal Faundes, hasta 1996 hubo sólo 3 hospitales en el país que hacían abortos no punibles: uno en Río de Janeiro, uno en San Pablo, y el Hospital de Clínicas de la Universidad de Campinas (UNICAMP) en el que él trabaja.
En 1996, la Federación Brasileña de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FEBRASGO) comenzó a realizar foros sobre aborto. “Allí nos dimos cuenta que las mujeres que se embarazan por violación son apenas la punta del iceberg de todas las mujeres que son victimas de violencia sexual” observó Faundes. A partir de esos debates, el Ministerio de Salud de Brasil elaboró en 1998 una norma técnica para asistencia de abortos no punibles, similar a la elaborada por el Ministerio de Salud de Argentina. En la misma se describen las formas diversas en que puede practicarse el aborto y las técnicas sugeridas para hacerlo, como así también se especifica la necesidad de que la mujer no sea revictimizada obligándola a contar a diversos profesionales la situación de violación y que la realización del aborto no implicará consecuencias sobre las y los profesionales que lo practiquen. En esta primera norma se pedía que la mujer se presentara al hospital con una denuncia de violación realizada previamente ante la policía pero, a pedido del movimiento de mujeres, en el 2005 esto fue modificado y ahora solo se presenta una declaración firmada por mujer, tal como indica el fallo dela Corte Suprema de la Nación de Argentina.
Faundes relató que para implementar lo previsto en el Código, en Brasil se enfrentaron también a la objeción de conciencia y la sospecha de que las mujeres mintieran por parte de los equipos de salud. Esto fue resuelto realizando una entrevista con una psicóloga o asistencia social que evalua que el relato sea verdadero, considerando la compatibilidad entre la fecha de violación y el tiempo transcurrido de embarazo (cuando la distancia entre ambas fechas es grande, el aborto no se realiza) y dejando la decisión final en manos de un equipo de profesionales. “Si bien la OMS acaba de decir que estos equipos son una barrera para la implementación de los abortos, es muy difícil que los hospitales acepten que sea una sola persona la que defina, al menos solicitan dos. Esto es un problema del cual es difícil escaparse”. Una de las participantes del encuentro planteó a Faundes si la evaluación de la compatibilidad entre la fecha de violación y el tiempo transcurrido de embrazo no reinstalaba un mecanismo de control del sistema médico sobre las mujeres. El ginecólogo admitió que esto sucedía pero, como en el caso de la objeción de conciencia, advirtió que “es muy difícil cambiar la forma de pensar de los equipos médicos”.
El médico también citó una investigación realizada en el UNICAMP en la que se compararon las denuncias de violación con los abortos por violación efectivamente realizados cuyos resultados señalan que “no hay índices que permitan sospechar que las mujeres mienten para obtener un aborto legal”. También tienen documentado que si bien el 85% de las y los médicos creen que deben realizarse los abortos por violación, efectivamente practica el aborto quirúrgico sólo el 37% y medicamentoso el 15%.
En la actualidad no se sabe qué cantidad de abortos legales se realizan en Brasil ya que luego de una redada policial en el 2009 en una institución que realizaba abortos en la ciudad de Goiania, muchos dejaron de ejecutarlos y los que lo hacen no quieren dar a conocerlo. “Lo que sí podemos afirmar –señaló Faundes- es que no disminuyen sino que por el contrario van en aumento.”
La experiencia en abortos por violación de Brasil
Aníbal Faundes -médico ginecólogo chileno que hace décadas reside en Brasil- relató durante el encuentro convocado por FUSA la experiencia de ese país, y particularmente del Hospital de Clínicas de la Universidad de Campinas en el que trabaja, en la interrupción de abortos de embarazos producto de violaciones.
Por Sandra Chaher
COMUNICAR IGUALDAD– En el Código Penal de Brasil, realizado en los años 40, está especificado claramente el derecho al aborto cuando el embarazo es producto de una violación. Pero en verdad, hasta 1984, sólo se hacía en caso de riesgo de vida de la mujer y muy excepcionalmente. A partir de ese año comenzaron a emitirse autorizaciones judiciales para casos de malformación fetal, una práctica que continua. En 1989, la alcaldesa de Río de Janeiro determinó que los hospitales municipales de ese estado comenzaran a practicarlo. Un año después hizo lo mismo el alcalde de San Pablo. Según explicó Aníbal Faundes, hasta 1996 hubo sólo 3 hospitales en el país que hacían abortos no punibles: uno en Río de Janeiro, uno en San Pablo, y el Hospital de Clínicas dela Universidad de Campinas (UNICAMP) en el que él trabaja.
En 1996,la Federación Brasileñala Corte Supremala Nación de Argentina.
Faundes relató que para implementar lo previsto en el Código, en Brasil se enfrentaron también a la objeción de conciencia y la sospecha de que las mujeres mintieran por parte de los equipos de salud. Esto fue resuelto realizando una entrevista con una psicóloga o asistencia social que evalua que el relato sea verdadero, considerando la compatibilidad entre la fecha de violación y el tiempo transcurrido de embarazo (cuando la distancia entre ambas fechas es grande, el aborto no se realiza) y dejando la decisión final en manos de un equipo de profesionales. “Si bienla OMS acaba de decir que estos equipos son una barrera para la implementación de los abortos, es muy difícil que los hospitales acepten que sea una sola persona la que defina, al menos solicitan dos. Esto es un problema del cual es difícil escaparse”. Una de las participantes del encuentro planteó a Faundes si la evaluación de la compatibilidad entre la fecha de violación y el tiempo transcurrido de embrazo no reinstalaba un mecanismo de control del sistema médico sobre las mujeres. El ginecólogo admitió que esto sucedía pero, como en el caso de la objeción de conciencia, advirtió que “es muy difícil cambiar la forma de pensar de los equipos médicos”.
El médico también citó una investigación realizada en el UNICAMP en la que se compararon las denuncias de violación con los abortos por violación efectivamente realizados cuyos resultados señalan que “no hay índices que permitan sospechar que las mujeres mienten para obtener un aborto legal”. También tienen documentado que si bien el 85% de las y los médicos creen que deben realizarse los abortos por violación, efectivamente practica el aborto quirúrgico sólo el 37% y medicamentoso el 15%.
En la actualidad no se sabe qué cantidad de abortos legales se realizan en Brasil ya que luego de una redada policial en el 2009 en una institución que realizaba abortos en la ciudad de Goiania, muchos dejaron de ejecutarlos y los que lo hacen no quieren dar a conocerlo. “Lo que sí podemos afirmar –señaló Faundes- es que no disminuyen sino que por el contrario van en aumento.”