La difícil tarea de democratizar al sector privado

La Comisión Europea decidió dar plazo hasta el 2020 a las empresas privadas, y hasta el 2018 a las públicas, que tengan más de 250 personas empleadas para que su consejo de administración esté integrado por, al menos, un 40% de personas del “sexo subrepresentado”, actualmente las mujeres. Se trata de una indicación que no tiene sanciones, a menos que las hagan efectivas los gobiernos nacionales. La propuesta original era mucho más ambiciosa, pero debió ser morigerada para que fuera aprobada en medio del debate entre quienes apoyan la discriminación positiva como estrategia para el logro de la igualdad de género y quienes, en cambio, creen que la autorregulación empresarial logrará transformaciones, cosa que hasta ahora no sucedió en los países que la implementaron.

COMUNICAR IGUALDAD- Viviene Reding -comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales de la Comisión Europea, y reconocida defensora de los derechos de las mujeres-, viene bregando hace años para que las empresas europeas democraticen sus espacios directivos incluyendo a mujeres, y ya en el 2011 les había dado el ultimátum de que tenían un año para lograrlo.

La medida que acaba de ser aprobada por la Comisión Europea(CE), y que luego deberá pasar por el Parlamento Europeo, es un intento de revertir la

Viviene Reding

enorme desigualdad en el acceso de mujeres y varones a los cargos directivos de las empresas. A principios del año 2012 eran sólo 13,7% las mujeres presentes en los consejos de administración de las mismas; sin embargo eran el 60% de las personas que habían obtenido una licenciatura. Aunque aumenta la presencia de mujeres en estos espacios, a este paso se lograría la igualdad recién dentro de 30 ó 40 años. 

El proyecto original de Reding proponía sanciones para las empresas que no cumplieran con la adecuación, pero fue rechazado por gran parte del comisariado de la CE y por el servicio jurídico comunitario. En su lugar, el proyecto aprobado en noviembre propone que cuando haya varias personas candidateadas para el mismo puesto con igual cualificación, se deberá elegir a la del sexo infrarrepresentado, y será cada país el que decida si castigará a quienes infrinjan la norma. La norma, que entrará en vigencia a partir del 2018 para empresas públicas, y del 2020 para las privadas,  afectará a las que tengan más de 250 personas empleadas y coticen en mercados bursátiles.

El proyecto debe aún ser aprobado aún por el Parlamento Europeo, el cual si bien se manifestó en diversas ocasiones por la necesidad de establecer regulaciones en este tema, hay ya nueve países que en septiembre rechazaron imposiciones desde la UE y podrían sumárseles más. Reino Unido, Holanda, Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría y Malta fueron los primeros y luego de la aprobación de la CE manifestó también su rechazo la ministra sueca de Igualdad de Oportunidades y la canciller alemana Angela Merkel, aunque en este último caso hay opiniones divididas entre el funcionariado que la acompaña.

Si bien en algunos de estos países reconocen el problema de paridad que se presenta en las empresas, apuestan a resolverlo a través de la autorregulación. Reino Unido, por ejemplo, podría introducir cuotas en el futuro, pero hoy considera satisfactoriamente el plan fijado para alcanzar voluntariamente en el 2015 que el 25% de los consejos de las cien mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Londres sean mujeres. En España, la Ley de Igualdad del 2007 dio un plazo de ocho años para que las empresas incluyan de forma voluntaria en sus consejos de administración un número de mujeres suficientes para alcanzar el equilibrio. Cinco años después, las empresas trazaron planes de igualdad, conciliación, y manuales de buenas prácticas, pero sólo una de cada diez personas consejeras de las empresas del IBEX 35 son mujeres.

Otros, en cambio, ya optaron por la regulación desde el Estado. En Noruega, fue sancionada en el 2003 una ley que impone a las empresas que tengan al menos un 40% de representación femenina en sus consejos de administración. Si bien generó resistencias iniciales, la norma logró que la representación femenina en los consejos directivos pase del 22% en 2004 al 42% en 2009.

A su vez, la ciudadanía se manifiesta contraria a la regulación. Según encuestas realizadas por el Eurobarómetro en marzo del 2011, si bien el 75% de las personas cree que es en las empresas donde se dan mayores situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, solo el 19% cree que debería imponerse por ley una mayor participación femenina. La mayor parte (44%) cree que para lograr la igualdad sería mejor que las empresas se autorregulasen y el 30% considera que para lograr el equilibrio lo mejor es que se instauren medidas de apoyo y formación. A la vez, con las sanciones para las empresas que no tengan una representación equilibrada en sus cargos jerárquicos, estaba de acuerdo sólo el 15% de los hombres y el 19% de las mujeres.

Foto: Consejo de Administración de Bankia.