Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 18 mayo, 2013
Nuria Ocampo fue secuestrada en enero en las calles de San Salvador de Jujuy. Un auto frenó al lado de ella, la subieron, la pincharon inyectándole una sustancia que la dejó semidesvanecida y 12 horas después la liberaron en Libertador General San Martín, a dos horas de ruta. En ese tiempo, sus hermanas difundieron la desaparición por FB, un pariente periodista alertó a los medios y otro que trabaja en gendarmería logró rastrear su celular. Muchas personas creen que esta movilización la salvó de haber sido captada por una red de trata. Sin embargo, el fiscal interviniente acaba de desestimar su denuncia y pedir el archivo de la causa -negando para ello los informes de peritaje que él mismo pidió, además de la palabra de la víctima y sometiéndola a una situación de violencia institucional que desató la violencia simbólica de la sociedad jujeña-. Organizaciones de mujeres de la provincia alertan sobre la tendencia de las autoridades a subestimar posibles casos de trata y englobarlos como “fugas de hogar”. Nuria –que hace un mes vive en otra provincia por la presión social sobre su caso- dice: “Me arruinaron la vida. Perdí todo lo mío”.
COMUNICAR IGUALDAD- “Ese día me sentía mal, estaba yendo a la guardia del hospital. Mi novio me esperaba en la puerta. El auto se puso al lado mío, me pincharon con algo y me desvanecí. Doce horas después me dejaron en una ruta. No sé qué pasó en ese tiempo porque no estaba lúcida. Antes de eso llegué a avisarle a mi novio por celular y él avisó en mi casa. Creo que me salvó que me buscaran. Mi hermana me contó que a las dos horas de haber subido mi foto en FB ya tenía 3 mil compartidos y al día siguiente 10 mil” cuenta Nuria Ocampo desde algún lugar de Santa Fé. Hace un mes dejó Jujuy agobiada por el maltrato judicial, la falta de contención del Estado y las repercusiones del caso en la sociedad. “Tengo 27 años, una hija, tengo novio. Me faltan tres materias para recibirme en Comunicación Social, juego en las divisiones inferiores de hockey y trabajo hace tres años en un boliche. Después que pasó todo esto, traté de reintegrarme a esa vida, fui a lo de un psicólogo, pero no pude. Cada prueba que hacía el fiscal sobre mi causa la ponía en los medios y decía que todo lo que yo había dicho era mentira. Y la gente empezó a criticarme, a decir que había mentido, me insultaban y mi trabajo es muy expuesto, no aguanté. No encontraba mi lugar. Una tía me ofreció venirme y acá estoy con mi nena. Desde que llegué empecé a sentirme mejor, pero ahora me enteré de la desestimación de la denuncia y eso me volvió a tirar abajo.”
A comienzos de mayo, el fiscal de Investigaciones Nº 1, Jorge Zurueta -que depende del Ministerio Público Fiscal de la provincia-desestimó la denuncia presentada por Nuria Ocampo por falsa e inexistente. Algunos de sus argumentos fueron que las cámaras de seguridad que estaban en el lugar del secuestro no habían filmado el mismo, que no había manchas de sangre en la ropa de Nuria y que ella no había reconocido el lugar donde denunciaba haber sido liberada en Libertador General San Martin. Mariana Vargas –abogada de Ocampo- presentó una oposición para que la causa no sea archivada –que debe recibir en los próximos días la decisión del juez de control- en la que observa que en la causa “no se pretendió investigar un delito sino a la denunciante. Que a diferencia de otros delitos, se partió de que mi representada mentía”.
Sobre los argumentos utilizados por el fiscal para desestimar la denuncia, señala que la filmación de las cámaras de seguridad – tal como señala la Dirección de Telemática en un informe que consta en el expediente- graban en forma intermitente, con lo cual pueden no haber registrado el momento preciso del secuestro; que los informes técnicos de la Dirección Criminalística de la Policía de la Provincia de Jujuy presentes en el expediente señalan que la ropa de Ocampo estaba manchada con sangre; y que el estado de confusión debido a la droga inyectada –cuyos pinchazos fueron verificados por la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martin- le dificultó reconocer el lugar en que había sido liberada.
“El fiscal me dijo un día que tenía que ir sola a reconocer el lugar donde me habían soltado –relata Nuria-. Yo no quería, dije que sin mi mamá no iba. Eso lo aceptó. Pero después salió en un medio de comunicación a decir que no reconocí el lugar. No tuvo en cuenta el estado en que yo estaba, que la madrugada que me soltaron caminé sola durante horas, medio mareada por lo que me habían inyectado. ¿Cómo quería que reconociera el lugar?” “Las pruebas que hay hasta el momento no acreditan que el secuestro existió, pero tampoco se lo puede descartar” afirma Vargas.
¿Hay trata en Jujuy?
El secuestro de Nuria Ocampo se sumó en la provincia a desapariciones de otras personas en los últimos meses -la mayoría menores de edad y mujeres- que en algunos casos estuvieron en manos de redes de trata de personas y en otros no.
Un mes después del secuestro de Nuria, desapareció de su casa Constanza Cernuchi, de 15 años. Apareció al día siguiente por sus propios medios en casa de una familiar. La denuncia de secuestro realizada por el padre fue desestimada dos meses después por la Fiscalía de Investigación Nº 3. El 4 de abril desapareció de su casa Yamila Durán y apareció dos semanas después en Buenos Aires. Con posterioridad a esta aparición, la jueza de menores de la provincia Pilar Medina realizó una conferencia de prensa en la que afirmó que “desde que yo estoy en el Juzgado de Menores, hasta el momento, no se produjo ningún secuestro en la provincia, sólo trabajamos con búsqueda de personas o simples fugas de hogar”.
También en mayo de este año era publicada en los medios de comunicación –mucho más en los de Bolivia que de Jujuy- la noticia de dos hermanas de 13 y 18 años explotadas laboral y sexualmente en una casa de la zona de El bananal, cercana a Yuto. Las habían llevado por engaño y a la fuerza desde su barrio. Una de ellas pudo escapar y llegó hasta San Pedro de Jujuy donde denunció los abusos que soportaron durante dos meses. Por el hecho fueron detenidos cuatro hombres bolivianos y uno argentino. La otra hermana aún es buscada.
Y siguen presentes en la memoria algunos casos del año pasado. Una joven secuestrada en San Pedro de Jujuy, a plena luz del día en la puerta de Tribunales, que luego fue llevada a Salta donde la explotaron sexualmente, y de ahí a Mendoza, donde la explotación fue laboral; logró escapar y el explotador de Mendoza está detenido.
En diciembre fueron encontradas en Bolivia Gloria Mendoza y Antonella Ramos, de 17 y 15 años, que habían desaparecido de su casa en La Quiaca en septiembre. No está aclarado aún si estuvieron en manos de una red de trata de personas. Y el caso más antiguo, y el único de un varón –que a su vez es el único que las autoridades de la provincia reconocen como no resuelto- es el de Ariel Llampa, un joven de 17 años de La Quiaca a quien se vio por última vez en diciembre del 2011 en Bolivia, apenas cruzada la frontera, en los festejos del Día de la Virgen.
“En Jujuy hay poca intención de investigar estos casos y hay escasas e inadecuadas políticas públicas sobre violencia de género y trata de personas. Tenemos sólo dos elevaciones a juicio por trata y no se tuvieron en cuenta varias denuncias que probablemente debían haberse seguido” señala María José Alvarez Carreras, integrante de la organización gubernamental Juanita Moro –que participa de la Red Alto al Tráfico, Trata de Niñas, Niños y Adolescentes (RATT)- que viene realizando anualmente investigaciones sobre la trata en la provincia apoyados en información que logran componer en base a investigaciones propias ya que en la provincia no hay datos oficiales sobre el tema.
Según el informe 2010 de la ex Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) –actualmente Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX)- Jujuy se encuentra entre las provincias del norte del país donde más se captan mujeres para la prostitución, junto a Salta, Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa. A la vez, Jujuy está entre las provincia de la región que menos casos en la justicia tenían el momento del informe (9%) junto con Formosa (4%) y Corrientes (3%). El 64% de las investigaciones era por casos de explotación sexual y sólo 5% por explotación laboral. Según el informe que realiza la Juanita Moro, las denuncias de desapariciones en la zona son realizadas por familiares como fugas de hogar y, según los informes diarios de la policía recabados en el 2010, prácticamente un niño y una niña se ausentaban de su hogar cada 3 días. Jujuy no sólo sería proclive a captar menores –se señala en el informe- sino que también es una provincia de paso de menores y mujeres para la trata de personas.
“Lo que a mi me preocupa mucho es una idea que da vueltas en la sociedad de Jujuy a partir del caso de Coty (Constanza Cernuchi), cuando luego de su aparición mucha gente se sintió defraudada porque había participado en una marcha en la que se la consideraba posible víctima de una red de trata, que es que ‘las familias no están cuidando a sus hijas’ -esto fue posteado en redes sociales y en los comentarios de los medios-, lo cual es una minimización de la peligrosidad de las situaciones en las que las chicas se pierden. ” señala Alvarez Carreras. “Hace poco una funcionaria nacional dijo en un medio de comunicación de Jujuy que el 70% de las personas que se van de sus hogares son mujeres y que la causa podría ser la violencia familiar. Quizá la reflexión es correcta, pero no puede usarse para minimizar los casos.Cuando alguien se pierde hay que buscarla, después vemos qué pasó. Pero hay un peligro en levantar la agenda de la fuga del hogar, cuando Jujuy sigue siendo una provincia de origen de trata de personas.”
En la misma línea opina María Inés Zigarán –periodista especializada en temas de género e integrante de la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red/Por una comunicación no sexista)-: “Los funcionarios están diciendo que las víctimas deciden irse de sus casas y las responsabilizan por eso. Puede ser que haya casos que sean fugas de hogar, pero esto mismo habla de hechos complejos que se producen para que suceda: violencia familiar, violencia de género, control sobre la vida de las mujeres, una fuerte cultura patriarcal de nuestra provincia. Y, por otra parte, asumir esa posición minimiza el riesgo que irse del hogar tiene para las mujeres: en la mayoría de los casos son menores de edad, sin recursos, sin trabajo, que pueden ser víctimas tanto de explotación laboral como sexual”.
Jujuy: ¿Fugas del hogar o trata de personas?
Nuria Ocampo fue secuestrada en enero en las calles de San Salvador de Jujuy. Un auto frenó al lado de ella, la subieron, la pincharon inyectándole una sustancia que la dejó semidesvanecida y 12 horas después la liberaron en Libertador General San Martín, a dos horas de ruta. En ese tiempo, sus hermanas difundieron la desaparición por FB, un pariente periodista alertó a los medios y otro que trabaja en gendarmería logró rastrear su celular. Muchas personas creen que esta movilización la salvó de haber sido captada por una red de trata. Sin embargo, el fiscal interviniente acaba de desestimar su denuncia y pedir el archivo de la causa -negando para ello los informes de peritaje que él mismo pidió, además de la palabra de la víctima y sometiéndola a una situación de violencia institucional que desató la violencia simbólica de la sociedad jujeña-. Organizaciones de mujeres de la provincia alertan sobre la tendencia de las autoridades a subestimar posibles casos de trata y englobarlos como “fugas de hogar”. Nuria –que hace un mes vive en otra provincia por la presión social sobre su caso- dice: “Me arruinaron la vida. Perdí todo lo mío”.
A comienzos de mayo, el fiscal de Investigaciones Nº 1, Jorge Zurueta -que depende del Ministerio Público Fiscal de la provincia- desestimó la denuncia presentada por Nuria Ocampo por falsa e inexistente. Algunos de sus argumentos fueron que las cámaras de seguridad que estaban en el lugar del secuestro no habían filmado el mismo, que no había manchas de sangre en la ropa de Nuria y que ella no había reconocido el lugar donde denunciaba haber sido liberada en Libertador General San Martin. Mariana Vargas –abogada de Ocampo- presentó una oposición para que la causa no sea archivada –que debe recibir en los próximos días la decisión del juez de control- en la que observa que en la causa “no se pretendió investigar un delito sino a la denunciante. Que a diferencia de otros delitos, se partió de que mi representada mentía”.
Sobre los argumentos utilizados por el fiscal para desestimar la denuncia, señala que la filmación de las cámaras de seguridad – tal como señala la Dirección de Telemática en un informe que consta en el expediente- graban en forma intermitente, con lo cual pueden no haber registrado el momento preciso del secuestro; que los informes técnicos de la Dirección Criminalística de la Policía de la Provincia de Jujuy presentes en el expediente señalan que la ropa de Ocampo estaba manchada con sangre; y que el estado de confusión debido a la droga inyectada –cuyos pinchazos fueron verificados por la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martin- le dificultó reconocer el lugar en que había sido liberada.
“El fiscal me dijo un día que tenía que ir sola a reconocer el lugar donde me habían soltado –relata Nuria-. Yo no quería, dije que sin mi mamá no iba. Eso
lo aceptó. Pero después salió en un medio de comunicación a decir que no reconocí el lugar. No tuvo en cuenta el estado en que yo estaba, que la madrugada que me soltaron caminé sola durante horas, medio mareada por lo que me habían inyectado. ¿Cómo quería que reconociera el lugar?” “Las pruebas que hay hasta el momento no acreditan que el secuestro existió, pero tampoco se lo puede descartar” afirma Vargas.
¿Hay trata en Jujuy?
El secuestro de Nuria Ocampo se sumó en la provincia a desapariciones de otras personas en los últimos meses -la mayoría menores de edad y mujeres- que en algunos casos estuvieron en manos de redes de trata de personas y en otros no.
Un mes después del secuestro de Nuria, desapareció de su casa Constanza Cernuchi, de 15 años. Apareció al día siguiente por sus propios medios en casa de una familiar. La denuncia de secuestro realizada por el padre fue desestimada dos meses después por la Fiscalía de Investigación Nº 3. El 4 de abril desapareció de su casa Yamila Durán y apareció dos semanas después en Buenos Aires. Con posterioridad a esta aparición, la jueza de menores de la provincia Pilar Medina realizó una conferencia de prensa en la que afirmó que “desde que yo estoy en el Juzgado de Menores, hasta el momento, no se produjo ningún secuestro en la provincia, sólo trabajamos con búsqueda de personas o simples fugas de hogar”.
También en mayo de este año era publicada en los medios de comunicación –mucho más en los de Bolivia que de Jujuy- la noticia de dos hermanas de 13 y 18 años explotadas laboral y sexualmente en una casa de la zona de El bananal, cercana a Yuto. Las habían llevado por engaño y a la fuerza desde su barrio. Una de ellas pudo escapar y llegó hasta San Pedro de Jujuy donde denunció los abusos que soportaron durante dos meses. Por el hecho fueron detenidos cuatro hombres bolivianos y uno argentino. La otra hermana aún es buscada.
Y siguen presentes en la memoria algunos casos del año pasado. Una joven secuestrada en San Pedro de Jujuy, a plena luz del día en la puerta de Tribunales, que luego fue llevada a Salta donde la explotaron sexualmente, y de ahí a Mendoza, donde la explotación fue laboral; logró escapar y el explotador de Mendoza está detenido.
“En Jujuy hay poca intención de investigar estos casos y hay escasas e inadecuadas políticas públicas sobre violencia de género y trata de personas. Tenemos sólo dos elevaciones a juicio por trata y no se tuvieron en cuenta varias denuncias que probablemente debían haberse seguido” señala María José Alvarez Carreras, integrante de la organización gubernamental Juanita Moro –que participa de la Red Alto al Tráfico, Trata de Niñas, Niños y Adolescentes (RATT)- que viene realizando anualmente investigaciones sobre la trata en la provincia apoyados en información que logran componer en base a investigaciones propias ya que en la provincia no hay datos oficiales sobre el tema.
Según el informe 2010 de la ex Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) –actualmente Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX)- Jujuy se encuentra entre las provincias del norte del país donde más se captan mujeres para la prostitución, junto a Salta, Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa. A la vez, Jujuy está entre las provincia de la región que menos casos en la justicia tenían el momento del informe (9%) junto con Formosa (4%) y Corrientes (3%). El 64% de las investigaciones era por casos de explotación sexual y sólo 5% por explotación laboral. Según el informe que realiza la Juanita Moro, las denuncias de desapariciones en la zona son realizadas por familiares como fugas de hogar y, según los informes diarios de la policía recabados en el 2010, prácticamente un niño y una niña se ausentaban de su hogar cada 3 días. Jujuy no sólo sería proclive a captar menores –se señala en el informe- sino que también es una provincia de paso de menores y mujeres para la trata de personas.
“Lo que a mi me preocupa mucho es una idea que da vueltas en la sociedad de Jujuy a partir del caso de Coty (Constanza Cernuchi), cuando luego de su
aparición mucha gente se sintió defraudada porque había participado en una marcha en la que se la consideraba posible víctima de una red de trata, que es que ‘las familias no están cuidando a sus hijas’ -esto fue posteado en redes sociales y en los comentarios de los medios-, lo cual es una minimización de la peligrosidad de las situaciones en las que las chicas se pierden. ” señala Alvarez Carreras. “Hace poco una funcionaria nacional dijo en un medio de comunicación de Jujuy que el 70% de las personas que se van de sus hogares son mujeres y que la causa podría ser la violencia familiar. Quizá la reflexión es correcta, pero no puede usarse para minimizar los casos. Cuando alguien se pierde hay que buscarla, después vemos qué pasó. Pero hay un peligro en levantar la agenda de la fuga del hogar, cuando Jujuy sigue siendo una provincia de origen de trata de personas.”
En la misma línea opina María Inés Zigarán –periodista especializada en temas de género e integrante de la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red/Por una comunicación no sexista)-: “Los funcionarios están diciendo que las víctimas deciden irse de sus casas y las responsabilizan por eso. Puede ser que haya casos que sean fugas de hogar, pero esto mismo habla de hechos complejos que se producen para que suceda: violencia familiar, violencia de género, control sobre la vida de las mujeres, una fuerte cultura patriarcal de nuestra provincia. Y, por otra parte, asumir esa posición minimiza el riesgo que irse del hogar tiene para las mujeres: en la mayoría de los casos son menores de edad, sin recursos, sin trabajo, que pueden ser víctimas tanto de explotación laboral como sexual”.