La violencia hacia las mujeres no se registra de manera oficial en Argentina y el presupuesto en políticas para su prevención, sanción y erradicación es mínimo. Las muertes maternas que podrían evitarse se sostienen desde hace 10 años y la situación es gravísima en las regiones con mayores desigualdades económicas. Las mujeres siguen siendo segregadas en distintos ámbitos del poder político, en especial en los sindicatos. Estos desafíos fueron expuestos por un grupo de organizaciones que evaluó el cumplimiento por parte de Argentina de la Plataforma de Acción de Beijing.
COMUNICAR IGUALDAD- Unas 18 organizaciones de diferentes puntos del país investigaron si Argentina ha avanzado en las metas establecidas en 1995 en la Plataforma de Acción de Beijing, cuando todas las naciones del mundo se comprometieron a alcanzar objetivos estratégicos en 20 años para lograr la igualdad entre mujeres y varones. El martes 21 en el Congreso nacional las lideresas Mabel Bianco de FEIM, Monique Atschul de MEI, Mariana Romero de CEDES y Natalia Gherardi de ELA presentaron los resultados. Señalaron avances en la sanción de normas, aunque existen retos importantes, en parte por la falta de implementación de dicha legislación. Consideraron urgente la reglamentación de la Ley 26.485 de violencia de género y el incremento de políticas de asistencia a las víctimas, incluyendo las familias de los 119 femicidios ocurridos entre enero y julio de este año, registrados por La Casa del Encuentro; el desarrollo de estadísticas oficiales sobre violencia de género es uno de los compromisos asumidos por el país hace 17 años. Calificaron de inmoral que el índice de mortalidad materna se mantenga desde 1990, y sobre la participación política y el acceso a cargos indicaron que todavía hay que alcanzar la paridad, principalmente en las administraciones provinciales y municipales, los sindicatos y los partidos políticos.
Estos avances y desafíos se describen en el informe Beijing+15. Igualdad de género: de las palabras a los hechos, cuya elaboración fue coordinada por FEIM con el apoyo de ONUMUJERES. Unas 18 organizaciones de mujeres de diferentes puntos del país participaron en la investigación que se desarrolló sobre violencia, salud y participación política, tres de los 12 capítulos de la Plataforma de Acción de Beijing. Esta participación visibilizó en primer término que la desigualdad que afecta a la mujer tiene una particular vinculación al lugar de residencia de las mismas, ya que la población femenina de las regiones del noroeste argentino (NOA) y noreste (NEA) tienen aún más limitadas las oportunidades de lograr la autonomía y garantía de sus derechos, puesto que son las regiones más empobrecidas del país.
“Hay mucha voluntad en algunas jurisdicciones, pero en otras no hay voluntad; estoy hablando de voluntad política. Es decir, existe la ley, pero el programa no se implementa ni se garantiza que las mujeres puedan acceder al mismo”, describió por otra parte Mabel Bianco.
De acuerdo al informe Beijing + 15, las municipalidades de Morón y Rosario son ejemplos de buenas prácticas en torno al desarrollo de políticas públicas con enfoque de género. No obstante a nivel del Estado nacional y los gobiernos provinciales y municipales las ongs constataron en las tres áreas de estudio una importante desarticulación en la implementación de ese tipo de políticas y la superposición de funciones y duplicación de gastos.
Monique Atschul brindó información sobre el Consejo Nacional de la Mujer, el mecanismo estatal responsable de implementar la Ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales, vigente desde el 2009. En lo que va de 2012 se ejecutó el 36 por ciento de la partida presupuestaria que el Estado invierte en mejorar la vida de las mujeres –13.842.000 pesos, que significan 0,0027% del presupuesto nacional–, es decir 5.040.000 pesos. No se conocen todavía las razones de esta baja ejecución presupuestaria, pero es una práctica que lleva cuatro años: en el 2008 se utilizó 59 por ciento de los 5 millones de pesos adjudicados, en el 2009 72 por ciento, en el 2010 61 por ciento y el año pasado se usó 68 por ciento.
El lunes 20 de agosto La Casa del Encuentro informó que una mujer fue asesinada por violencia de género cada día y medio durante el primer semestre de 2012, en base al registro que esta organización lleva adelante sobre el delito de femicidio. El año pasado este índice fatal fue de 282 femicidios y en 2010 las víctimas llegaron a 275. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia atendió casi 28 mil denuncias entre septiembre de 2008 y mayo de 2012 en el ámbito de Buenos Aires. Sólo en mayo recibió 833 casos. Estas cifras exponen el horror de la violencia de género y fundamentan los cuestionamientos del movimiento de mujeres al CNM, cuya presidenta Mariana Gras Buscetto fue convocada por los y las diputados/as de la oposición Gustavo Ferrari, Virginia Linares y María Luisa Storani para que explique de manera urgente ante Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia las razones por las cuales no se gasta totalmente el presupuesto, según el proyecto de resolución que presentaron los y las parlamentario/as.
“Es gravísimo que el CNM que se encarga del tema de la violencia de género tenga un presupuesto tan bajo y que además lo subejecute”, denunció Atschul.
Debido al crecimiento de la violencia la Cámara de Diputados recibió un pedido para declarar la emergencia nacional por los hechos de violencia hacia las mujeres, lo que posibilitaría asignar presupuesto adecuado para instrumentar la Ley26.485 y desarrollar políticas públicas de asistencia integral para las mujeres, prevención y erradicación de la violencia machista. La iniciativa ha obtenido apoyo a lo largo y ancho del país, este viernes 24 de agosto organizaciones de mujeres y activistas sociales protagonizarán la Jornada Nacional por la Emergencia Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
En tanto en la Cámara de Senadores, Aníbal Fernández y Elena Corregido del Frete para la Victoria impulsaronproyecto para habilitar la denuncia solidaria, que insta a denunciar los hechos de violencia de género por parte de los servicios asistenciales, obras sociales, establecimientos educativos, maestros y funcionarios, entre otros sectores de la ciudadanía. Las referentes de las ongs que elaboraron el informe Beijing + 15 celebran las iniciativas, aunque sobre el rol de las y los parlamentarios en este tema instaron a que formulen propuestas para la optimización de las partidas presupuestarias existentes y su incremento y el cumplimiento de la legislación vigente.
Otro reto en el tema de la violencia es garantizar el acceso a la justicia de las mujeres a través de patrocinio jurídico gratuito. La OVD no lo aporta, aunque el informe de las ongs destaca su tarea de asistencia y acompañamiento y elaboración de estadísticas. Según Atschul la administración de justicia es clave en la prevención y sanción de la violencia, sin embargo en Argentina hay mucho por hacer. “Las medidas cautelares son inútiles, no se sostienen, como máximo la exclusión del hogar tiene una vigencia de 90 días, en muchos casos no llegan a ser notificadas a los agresores”, ejemplificó.
Por otra parte, medidas como el Plan de Descentralización de Justicia en la Provincia de Buenos Aires pueden generar retrocesos como ha ocurrid en el tema de la atención de las mujeres que se animan a denunciar hechos de violencia. “Estas denuncias eran atendidas por juezas idóneas en juzgados de Familia, ahora intervienen los juzgados de Paz. En San Isidro por ejemplo están exigiendo a las mujeres que se presenten con testigos que no sean familiares directos y muestras de sangre”, denunció la dirigente de MEI, asegurando que esta discriminación y revictimización de la mujer demuestra “la discrecionalidad machista de jueces y juezas”.
Muerte materna
En la investigación desarrollada en el área de la salud, el informe de cuanta de numerosos avances y también importantes falencias. Mariana Romero, del CEDES, se detuvo en los índices de mortalidad materna puesto que también revelan una situación de emergencia. Según la experta la cantidad de mujeres que mueren por abortos inseguros y otras causas que pueden reducirse mediante políticas de prevención se mantiene desde 1990; en 2009 410 mujeres murieron de muerte materna, siendo 87 aquellas que perdieron la vida por complicaciones de abortos.
“La tasa de mortalidad materna (TMM) muestra una tendencia amesetada y un estancamiento es su descenso. Las complicaciones de abortos inseguros siguen siendo la primera causa de muerte obstétrica, significan 20 o 30 por ciento de los fallecimientos según el año que se observe en el período 1990-2010”, describió Romero. Si continúa esta tendencia la TMM en 2015 triplicará el índice que Argentina debería lograr para ese año. “Probablemente este es el único objetivo estratégico que el país no alcance por muchísimo. Los últimos estimaciones realizadas por UNICEF, el PNUD y la OMS, Argentina se ubica en el grupo de países que va a requerir otros 20 años para llegar a un descenso de la mortalidad materna considerable”.
El Programa de Mejoramiento de la Atención Postaborto, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y vigente desde 2005 tiene una implementación dispar en el territorio argentino, de acuerdo al informe Beijing + 15, incluso se sigue administrando el legrado quirúrgico que es una práctica médica resistida por la comunidad obstétrica. Incluso se ha denunciado al hospital de la Municipalidad de San Miguel por la realización de legrados sin anestesia y la crueldad en el tratamiento de mujeres ingresadas por abortos incompletos. Al mismo tiempo, son escasas las instancias de asesoramiento y acceso a los métodos anticonceptivos en todo el territorio.
Otro aspecto lo constituyen las inequidades geográficas, ya que impactan la TMM. Por ejemplo el índice de muerte de mujeres en Formosa en 2010 (16,5) fue 18 veces más alta que la de la Ciudad de Buenos Aires y triplicó la TMM nacional. Al mismo tiempo 6 de cada 10 instituciones públicas que atienden nacimientos en el país incumplen las condiciones obstétricas y neonatales esenciales necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres y sus hijos e hijas, esto quiere decir que 20 por ciento de estas mujeres no acceden a estos estándares mínimos.
El sistema de atención primaria de la salud también da cuenta de la disparidad de oportunidades según la provincia en la que se habite, ya que hay comunidades como las de la provincia de Santiago del Estero, donde no hay centros de atención primaria, siendo el hospital regional ubicado en la capital el único en brindar atención obstétrica de calidad.
El informe de las ongs revela asimismo que las mujeres están muriendo debido cánceres del sistema reproductivo, siendo el cáncer de cuello de útero la segunda causa de muerte por cánceres entre mujeres de 35 a 64 años. Nuevamente las provincias del NEA y el NOA duplican la tasa de mortalidad por esta afección a nivel nacional. La enfermedad del VIH/sida también causa la desaparición de mujeres, la relación varón/mujer con sida pasó de 84,1 varones por cada mujer en 1984 a 2 varones por cada mujer en 2010, existiendo una feminización del VIH en el país.
Participación política
Las mujeres tienen una mayor presencia en cargos de decisión en los ámbitos políticos, reconoció Natalia Gherardi, y señaló que en la elección presidencial de 2007 el 70 por ciento de la población votó a candidatas mujeres, puesto que ese año se postularon Cristina Fernández de Kirchner y Elisa Carrio, y cuando CFK fue reelegida en 2011 la votó un 50 por ciento del electorado. Sin embargo el informe demuestra que hay mucho por hacer a nivel de los Ejecutivo provinciales y municipales; en la actualidad sólo 2 de las 24 provincias que conforman el territorio nacional son gobernadas por mujeres –Fabiana Ríos en Tierra del Fuego y Lucía Corpacci en Catamarca– y si bien se ha incrementado la incorporación de mujeres en los Ejecutivos municipales, de 2218 municipios sólo 218 (9,8%) están siendo administrados por mujeres ( 81, 1% de dichas intendencias tienen menos de 5000 habitantes).
El Poder Legislativo en cambio es una referencia internacional, ya que desde que se aprobó la Ley de Cupo Femenino en 1998, obligando a las fuerzas políticas a incluir mujeres en las listas electorales en lugares que efectivamente garanticen el acceso a los cargos, las parlamentarias han superado la masa crítica (30%) reconocida necesaria para fomentar la igualdad de género. Gherardi advierte en este sentido que este piso “se convirtió en el techo”, y recordó que recién el año pasado todas las provincias quedaban adheridas a la legislación sobre cuotas, siendo Entre Ríos y Jujuy las últimas en incorporarse; en el primer caso no se logró que el parlamento provincial incorpora la paridad de 50% de representación femenina invocada como necesaria en la constitución provincial, y en Jujuy las legisladoras debieron recurrir a la justicia para incorporar el cupo de 30%.
La lideresa de ELA calificó de interesantes avances en el Poder Judicial como las capacitaciones con enfoque de género y la creación de la OVD, lo cual vinculó a la presencia de dos mujeres en cargos máximos, Elena Highton de Nolasco en la vicepresidencia del Superior Tribunal de Justicia y la ministra de este mismo cuerpo Carmen Argibay. Sin embargo la segregación de las mujeres persiste a nivel horizontal y vertical, tal como demuestra el mapa de género de la justicia argentina que lleva adelante al Oficina de la Mujer.
Con todo, en los sindicatos las desigualdades en el reparto del poder son mayores. La participación de la mujer en estos ámbitos es de 10% y según un relevamiento de ELA este porcentaje desciende a 6% en abierta violación a la Ley 25.674, vigente desde el 2000, que estableció el cupo sindical femenino.
Acceso a la información
El difícil acceso a la información fue constante en la labor que desarrollaron las 18 ongs que se unieron para realizar este estudio. Hay una carencia de datos principalmente en torno a la violencia de género, concluyeron las referentes de la sociedad civil, que denunciaron que prácticamente no existen estadísticas diferencias por género. Frente al crecimiento de la violencia hacia las mujeres, instaron al Ejecutivo nacional a implementar de forma urgente y sistemática campañas para desnaturalizar este tipo de violencia y propusieron que las mismas sean emitidas durante los partidos de Fútbol Para Todos, entre otros espacios, para llegar a la mayor parte de la población.
Según Luz Aquilante, de ONUMUJERES, “Argentina tiene un largo camino por recorrer de la igualdad formal hasta lograr la igualdad real”.
Importantes retos en el avance a la igualdad de género
La violencia hacia las mujeres no se registra de manera oficial en Argentina y el presupuesto en políticas para su prevención, sanción y erradicación es mínimo. Las muertes maternas que podrían evitarse se sostienen desde hace 10 años y la situación es gravísima en las regiones con mayores desigualdades económicas. Las mujeres siguen siendo segregadas en distintos ámbitos del poder político, en especial en los sindicatos. Estos desafíos fueron expuestos por un grupo de organizaciones que evaluó el cumplimiento por parte de Argentina de la Plataforma de Acción de Beijing.
Por Alejandra Waigandt
COMUNICAR IGUALDAD- Unas 18 organizaciones de diferentes puntos del país investigaron si Argentina ha avanzado en las metas establecidas en 1995 en la Plataforma de Acción de Beijing, cuando todas las naciones del mundo se comprometieron a alcanzar objetivos estratégicos en 20 años para lograr la igualdad entre mujeres y varones. El martes 21 en el Congreso nacional las lideresas Mabel Bianco de FEIM, Monique Atschul de MEI, Mariana Romero de CEDES y Natalia Gherardi de ELA presentaron los resultados. Señalaron avances en la sanción de normas, aunque existen retos importantes, en parte por la falta de implementación de dicha legislación. Consideraron urgente la reglamentación de la Ley 26.485 de violencia de género y el incremento de políticas de asistencia a las víctimas, incluyendo las familias de los 119 femicidios ocurridos entre enero y julio de este año, registrados por La Casa del Encuentro; el desarrollo de estadísticas oficiales sobre violencia de género es uno de los compromisos asumidos por el país hace 17 años. Calificaron de inmoral que el índice de mortalidad materna se mantenga desde 1990, y sobre la participación política y el acceso a cargos indicaron que todavía hay que alcanzar la paridad, principalmente en las administraciones provinciales y municipales, los sindicatos y los partidos políticos.
Estos avances y desafíos se describen en el informe Beijing+15. Igualdad de género: de las palabras a los hechos, cuya elaboración fue coordinada por FEIM con el apoyo de ONUMUJERES. Unas 18 organizaciones de mujeres de diferentes puntos del país participaron en la investigación que se desarrolló sobre violencia, salud y participación política, tres de los 12 capítulos de la Plataforma de Acción de Beijing. Esta participación visibilizó en primer término que la desigualdad que afecta a la mujer tiene una particular vinculación al lugar de residencia de las mismas, ya que la población femenina de las regiones del noroeste argentino (NOA) y noreste (NEA) tienen aún más limitadas las oportunidades de lograr la autonomía y garantía de sus derechos, puesto que son las regiones más empobrecidas del país.
“Hay mucha voluntad en algunas jurisdicciones, pero en otras no hay voluntad; estoy hablando de voluntad política. Es decir, existe la ley, pero el programa no se implementa ni se garantiza que las mujeres puedan acceder al mismo”, describió por otra parte Mabel Bianco.
De acuerdo al informe Beijing + 15, las municipalidades de Morón y Rosario son ejemplos de buenas prácticas en torno al desarrollo de políticas públicas con enfoque de género. No obstante a nivel del Estado nacional y los gobiernos provinciales y municipales las ongs constataron en las tres áreas de estudio una importante desarticulación en la implementación de ese tipo de políticas y la superposición de funciones y duplicación de gastos.
Monique Atschul brindó información sobre el Consejo Nacional de la Mujer, el mecanismo estatal responsable de implementar la Ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales, vigente desde el 2009. En lo que va de 2012 se ejecutó el 36 por ciento de la partida presupuestaria que el Estado invierte en mejorar la vida de las mujeres –13.842.000 pesos, que significan 0,0027% del presupuesto nacional–, es decir 5.040.000 pesos. No se conocen todavía las razones de esta baja ejecución presupuestaria, pero es una práctica que lleva cuatro años: en el 2008 se utilizó 59 por ciento de los 5 millones de pesos adjudicados, en el 2009 72 por ciento, en el 2010 61 por ciento y el año pasado se usó 68 por ciento.
El lunes 20 de agosto La Casa del Encuentro informó que una mujer fue asesinada por violencia de género cada día y medio durante el primer semestre de 2012, en base al registro que esta organización lleva adelante sobre el delito de femicidio. El año pasado este índice fatal fue de 282 femicidios y en 2010 las víctimas llegaron a 275. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia atendió casi 28 mil denuncias entre septiembre de 2008 y mayo de 2012 en el ámbito de Buenos Aires. Sólo en mayo recibió 833 casos. Estas cifras exponen el horror de la violencia de género y fundamentan los cuestionamientos del movimiento de mujeres al CNM, cuya presidenta Mariana Gras Buscetto fue convocada por los y las diputados/as de la oposición Gustavo Ferrari, Virginia Linares y María Luisa Storani para que explique de manera urgente ante Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia las razones por las cuales no se gasta totalmente el presupuesto, según el proyecto de resolución que presentaron los y las parlamentario/as.
“Es gravísimo que el CNM que se encarga del tema de la violencia de género tenga un presupuesto tan bajo y que además lo subejecute”, denunció Atschul.
Debido al crecimiento de la violencia la Cámara de Diputados recibió un pedido para declarar la emergencia nacional por los hechos de violencia hacia las mujeres, lo que posibilitaría asignar presupuesto adecuado para instrumentar la Ley26.485 y desarrollar políticas públicas de asistencia integral para las mujeres, prevención y erradicación de la violencia machista. La iniciativa ha obtenido apoyo a lo largo y ancho del país, este viernes 24 de agosto organizaciones de mujeres y activistas sociales protagonizarán la Jornada Nacional por la Emergencia Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
En tanto en la Cámara de Senadores, Aníbal Fernández y Elena Corregido del Frete para la Victoria impulsaron proyecto para habilitar la denuncia solidaria, que insta a denunciar los hechos de violencia de género por parte de los servicios asistenciales, obras sociales, establecimientos educativos, maestros y funcionarios, entre otros sectores de la ciudadanía. Las referentes de las ongs que elaboraron el informe Beijing + 15 celebran las iniciativas, aunque sobre el rol de las y los parlamentarios en este tema instaron a que formulen propuestas para la optimización de las partidas presupuestarias existentes y su incremento y el cumplimiento de la legislación vigente.
Otro reto en el tema de la violencia es garantizar el acceso a la justicia de las mujeres a través de patrocinio jurídico gratuito. La OVD no lo aporta, aunque el informe de las ongs destaca su tarea de asistencia y acompañamiento y elaboración de estadísticas. Según Atschul la administración de justicia es clave en la prevención y sanción de la violencia, sin embargo en Argentina hay mucho por hacer. “Las medidas cautelares son inútiles, no se sostienen, como máximo la exclusión del hogar tiene una vigencia de 90 días, en muchos casos no llegan a ser notificadas a los agresores”, ejemplificó.
Por otra parte, medidas como el Plan de Descentralización de Justicia en la Provincia de Buenos Aires pueden generar retrocesos como ha ocurrid en el tema de la atención de las mujeres que se animan a denunciar hechos de violencia. “Estas denuncias eran atendidas por juezas idóneas en juzgados de Familia, ahora intervienen los juzgados de Paz. En San Isidro por ejemplo están exigiendo a las mujeres que se presenten con testigos que no sean familiares directos y muestras de sangre”, denunció la dirigente de MEI, asegurando que esta discriminación y revictimización de la mujer demuestra “la discrecionalidad machista de jueces y juezas”.
Muerte materna
En la investigación desarrollada en el área de la salud, el informe de cuanta de numerosos avances y también importantes falencias. Mariana Romero, del CEDES, se detuvo en los índices de mortalidad materna puesto que también revelan una situación de emergencia. Según la experta la cantidad de mujeres que mueren por abortos inseguros y otras causas que pueden reducirse mediante políticas de prevención se mantiene desde 1990; en 2009 410 mujeres murieron de muerte materna, siendo 87 aquellas que perdieron la vida por complicaciones de abortos.
“La tasa de mortalidad materna (TMM) muestra una tendencia amesetada y un estancamiento es su descenso. Las complicaciones de abortos inseguros siguen siendo la primera causa de muerte obstétrica, significan 20 o 30 por ciento de los fallecimientos según el año que se observe en el período 1990-2010”, describió Romero. Si continúa esta tendencia la TMM en 2015 triplicará el índice que Argentina debería lograr para ese año. “Probablemente este es el único objetivo estratégico que el país no alcance por muchísimo. Los últimos estimaciones realizadas por UNICEF, el PNUD y la OMS, Argentina se ubica en el grupo de países que va a requerir otros 20 años para llegar a un descenso de la mortalidad materna considerable”.
El Programa de Mejoramiento de la Atención Postaborto, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y vigente desde 2005 tiene una implementación dispar en el territorio argentino, de acuerdo al informe Beijing + 15, incluso se sigue administrando el legrado quirúrgico que es una práctica médica resistida por la comunidad obstétrica. Incluso se ha denunciado al hospital de la Municipalidad de San Miguel por la realización de legrados sin anestesia y la crueldad en el tratamiento de mujeres ingresadas por abortos incompletos. Al mismo tiempo, son escasas las instancias de asesoramiento y acceso a los métodos anticonceptivos en todo el territorio.
Otro aspecto lo constituyen las inequidades geográficas, ya que impactan la TMM. Por ejemplo el índice de muerte de mujeres en Formosa en 2010 (16,5) fue 18 veces más alta que la de la Ciudad de Buenos Aires y triplicó la TMM nacional. Al mismo tiempo 6 de cada 10 instituciones públicas que atienden nacimientos en el país incumplen las condiciones obstétricas y neonatales esenciales necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres y sus hijos e hijas, esto quiere decir que 20 por ciento de estas mujeres no acceden a estos estándares mínimos.
El sistema de atención primaria de la salud también da cuenta de la disparidad de oportunidades según la provincia en la que se habite, ya que hay comunidades como las de la provincia de Santiago del Estero, donde no hay centros de atención primaria, siendo el hospital regional ubicado en la capital el único en brindar atención obstétrica de calidad.
El informe de las ongs revela asimismo que las mujeres están muriendo debido cánceres del sistema reproductivo, siendo el cáncer de cuello de útero la segunda causa de muerte por cánceres entre mujeres de 35 a 64 años. Nuevamente las provincias del NEA y el NOA duplican la tasa de mortalidad por esta afección a nivel nacional. La enfermedad del VIH/sida también causa la desaparición de mujeres, la relación varón/mujer con sida pasó de 84,1 varones por cada mujer en 1984 a 2 varones por cada mujer en 2010, existiendo una feminización del VIH en el país.
Participación política
Las mujeres tienen una mayor presencia en cargos de decisión en los ámbitos políticos, reconoció Natalia Gherardi, y señaló que en la elección presidencial de 2007 el 70 por ciento de la población votó a candidatas mujeres, puesto que ese año se postularon Cristina Fernández de Kirchner y Elisa Carrio, y cuando CFK fue reelegida en 2011 la votó un 50 por ciento del electorado. Sin embargo el informe demuestra que hay mucho por hacer a nivel de los Ejecutivo provinciales y municipales; en la actualidad sólo 2 de las 24 provincias que conforman el territorio nacional son gobernadas por mujeres –Fabiana Ríos en Tierra del Fuego y Lucía Corpacci en Catamarca– y si bien se ha incrementado la incorporación de mujeres en los Ejecutivos municipales, de 2218 municipios sólo 218 (9,8%) están siendo administrados por mujeres ( 81, 1% de dichas intendencias tienen menos de 5000 habitantes).
El Poder Legislativo en cambio es una referencia internacional, ya que desde que se aprobó la Ley de Cupo Femenino en 1998, obligando a las fuerzas políticas a incluir mujeres en las listas electorales en lugares que efectivamente garanticen el acceso a los cargos, las parlamentarias han superado la masa crítica (30%) reconocida necesaria para fomentar la igualdad de género. Gherardi advierte en este sentido que este piso “se convirtió en el techo”, y recordó que recién el año pasado todas las provincias quedaban adheridas a la legislación sobre cuotas, siendo Entre Ríos y Jujuy las últimas en incorporarse; en el primer caso no se logró que el parlamento provincial incorpora la paridad de 50% de representación femenina invocada como necesaria en la constitución provincial, y en Jujuy las legisladoras debieron recurrir a la justicia para incorporar el cupo de 30%.
La lideresa de ELA calificó de interesantes avances en el Poder Judicial como las capacitaciones con enfoque de género y la creación de la OVD, lo cual vinculó a la presencia de dos mujeres en cargos máximos, Elena Highton de Nolasco en la vicepresidencia del Superior Tribunal de Justicia y la ministra de este mismo cuerpo Carmen Argibay. Sin embargo la segregación de las mujeres persiste a nivel horizontal y vertical, tal como demuestra el mapa de género de la justicia argentina que lleva adelante al Oficina de la Mujer.
Con todo, en los sindicatos las desigualdades en el reparto del poder son mayores. La participación de la mujer en estos ámbitos es de 10% y según un relevamiento de ELA este porcentaje desciende a 6% en abierta violación a la Ley 25.674, vigente desde el 2000, que estableció el cupo sindical femenino.
Acceso a la información
El difícil acceso a la información fue constante en la labor que desarrollaron las 18 ongs que se unieron para realizar este estudio. Hay una carencia de datos principalmente en torno a la violencia de género, concluyeron las referentes de la sociedad civil, que denunciaron que prácticamente no existen estadísticas diferencias por género. Frente al crecimiento de la violencia hacia las mujeres, instaron al Ejecutivo nacional a implementar de forma urgente y sistemática campañas para desnaturalizar este tipo de violencia y propusieron que las mismas sean emitidas durante los partidos de Fútbol Para Todos, entre otros espacios, para llegar a la mayor parte de la población.
Según Luz Aquilante, de ONUMUJERES, “Argentina tiene un largo camino por recorrer de la igualdad formal hasta lograr la igualdad real”.
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