Existe la figura jurídica de violencia obstétrica, ¿pero cuánto se hace para detenerla?
Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 17 noviembre, 2014
En agosto, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó al Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires a modificar rutinas que agreden a las mujeres y sus procesos reproductivos. La medida fue tomada luego de recibir la denuncia de una mujer que no fue respetada por el personal médico de la institución durante el parto. La violencia obstétrica fue definida por la Ley de Protección Integral de la Violencia (2009) como una modalidad de violencia hacia las mujeres en base a la amplia descripción que se hace de la misma en la Ley de Parto Humanizado (2004), aun no reglamentada. Sin embargo, hasta la fecha, no está claro dónde se puede denunciar, y las pocas herramientas que hay para hacerlo resultan insuficientes.
Por Jésica Farías
COMUNICAR IGUALDAD – Deolinda García iba a parir a su cuarto hijo. Con contracciones cada vez más aceleradas, se acercó al porteño Sanatorio Güemes -prestador de la Obra Social de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Osuthgra)- desde el partido de San Miguel, en el conurbano bonaerense. Adolorida, se presentó en la guardia el viernes 25 de octubre de 2013 con una orden de internación pero la enviaron de regreso a su casa. Volvió al mediodía porque los espasmos persistían. Y recién a las 3 de la tarde dispusieron que se quede allí, ante el posible parto.
“El sábado por la mañana no me llevaron el desayuno y cuando fueron a consultar el motivo de ello, personal de enfermería informó que no sabían que estaba internada. Por el cambio de guardia me asistió una nueva partera que desconocía que estaba internada en ese sanatorio desde el día anterior, ya que habían extraviado los papeles de internación, por lo tanto tampoco sabía qué medicamentos me habían suministrado el día viernes”, señaló García en su descargo. Destrato, ninguneo y la negativa de la comida – ¿acaso para poder inducir un parto sin contratiempos?- son algunas de las violencias que las mujeres sufren en el pre parto, parto y post parto.
Agresiones que se invisibilizan hasta naturalizarse, que son omitidas deliberadamente por el “sistema médico hegemónico” pero “legitimados en el plano concreto por una práctica médica que, sistemáticamente, prioriza `la prevención mediante la intervención´ por sobre el respeto por la fisiología y los procesos naturales del cuerpo”, según las conclusiones de las y los participantes y organizadoras –Por el derecho a decidir como parir y la Asociación Argentina de Parteras Independientes (AAPI)- de lasI Jornadas de participación ciudadanapara la definición de la violencia obstétrica. Precisarla es necesario para identificarla, pero sobre todo para erradicarla.
Y así, en tan solo algunas horas, en el sanatorio violaron la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales y la Ley 26529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud.
La Ley 26485 define a la violencia obstétrica como una de sus modalidades, acorde a lo establecido por la “Ley 25.929 de Parto Humanizado, que aún no está reglamentada a nivel nacional por lo que queda a gusto de lo que la clínica quiere”, indicó a esta agencia Marcia Cortese, integrante de la agrupación Por el Derecho a elegir cómo parir. “Desde hace 10 años se está peleando por su reglamentación. Es justamente esa carencia uno de los motivos por los cuales la violencia obstétrica está institucionalizada y no se sanciona: como no se sabe qué es, persiste”, agregó en referencia a la normativa que debería proteger los derechos de las madres, los padres y sus hijos o hijas en el momento del parto y el nacimiento.
En cuanto al alumbramiento, y para visibilizar la violencia, García expuso en la denuncia presentada a la clínica y a la Defensoría del Pueblo de la Nación -que también fue enviada al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi)– que su hijo fue parido mientras ella se desplazaba por la habitación. “Llegó la partera y con mi acompañante me llevaron a la cama, en ese trayecto estaba dando a luz pero la partera decía que no, que era la bolsa y mi acompañante le informa que era la cabeza del bebé. En ese momento me acuestan en la cama y el bebé nace, lo envolvieron con las sábanas que yo había estado usando hasta ese momento porque no llegaron a preparar lo necesario para el nacimiento”, denunció la mujer que realizó la acusación para que “esos malos tratos no vuelvan a suceder con otras personas”.
Ese reclamo, que se basó en un modelo de denuncia y un instructivo dispuestos por la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG), llevó a la Defensoría a investigar al establecimiento y a concluir que en ese caso hubo violencia obstétrica. “Hubo una demora admisible entrela orden de internación y el momento de internación que, en sí misma evidencia un trato deshumanizado y una desconsideración por el tiempo y las necesidades de la mujer”, indicó laResolución Nº 00021/2014 del 29 de agosto pasado.
El Defensor incitó al Sanatorio Güemes “a modificar ciertas rutinas que tiene y que están produciendo violencia obstétrica en las mujeres que asisten a ese servicio”, tal como señaló a COMUNICAR IGUALDAD el jefe de despacho de la CONSAVIG, Jorge Mosquera.
La CONSAVIG se creó en febrero de 2011 para formular sanciones a la violencia de género establecidas por la Ley Nº 26.485 en conjunto con organismos nacionales, provinciales y municipales, al tiempo que articula acciones con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, y la sociedad civil.Por otro lado, la resolución indicó a la Superintendencia de Servicios de Salud “que adopte las medidas del caso para supervisar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas”.
Las herramientas disponibles: ¿Sirven? ¿Alcanzan?
El instructivo para saber Cómo realizar una denuncia si fuiste víctima de maltrato en el proceso del pre-parto, parto o post-parto fue elaborado el año pasado por la CONSAVIG. “En 2013 comenzamos a estudiar la manera de encarar las sanciones a la violencia obstétrica que es muy cotidiana, difundida pero también invisibilizada y naturalizada, tanto por el personal de salud como por las mujeres en general. Una de las primeras acciones fue elaborar el manual para que las mujeres puedan ejercer su derecho a denunciar, en principio, mediante un trámite administrativo pero también si lo desean, y con el patrocinio de una abogada o abogado, puedan iniciar una demanda judicial o ambas cosas a la vez”, condensó Mosquera.
COMUNICAR IGUALDAD consultó sobre la utilidad de esos instrumentos a mujeres que batallan contra los tratos deshumanizados, la sobremedicalización y la patologización del proceso natural reproductivo. Sus respuestas se asemejaron: “Son engorrosos para la mujer que quiere denunciar”, simplificó la coordinadora en Argentina de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento (Relacahupan), María José Bernasconi, sobre el instructivo y el modelo de denuncia. En tanto que Cortese comentó que “terminan siendo una pérdida de tiempo y dinero. Son acciones no vinculantes y bastante malas en la experiencia de algunas compañeras que denunciaron la violencia obstétrica”.
Según indica la CONSAVIG, el reclamo administrativo es gratuito y sólo se necesita la presentación -personalmente o enviándola por correo- de una nota relatando lo sucedido. Parece simple pero “es difícil sentarte a escribir sobre lo que te pasó, revivirlo. A mí me hizo muy mal”, evocó Renée Mohr, quien sufrió la violencia durante su primer parto. “Implica un costo emocional. Hay que pensar que quien la hace es una mujer puérpera, porque debe hacerse en el plazo de los dos años de ocurrido el hecho. Entonces hay que buscar el espacio para sentarse a escribir y llorar. Pero también implica un costo económico: Yo tuve que sacar muchísimas fotocopias; hacer otras tantas impresiones; enviar las cartas por correo, aunque en el instructivo dice que si no lo llevas personalmente no te dan la constancia de recibido; ver en donde dejar a mi hijo mientras hacia los trámites”, enumeró y completó, exhalando: “Teniendo en cuenta todo ese panorama deberían simplificarlo y tendríamos que poder hacer las denuncias por mail”.
En primera persona: Un ataque, varias denuncias, ninguna respuesta concreta
Mohr hizo su denuncia en julio de 2013 basándose en las herramientas propuestas por la CONSAVIG. No fue fácil desde un principio. Aún no tuvo respuestas concretas sobre su caso que ni bien comenzó, le implicó recibir como réplica una carta documento de las autoridades de la clínica en donde fue violentada. “A las 72 horas de haberla enviado recibí una de la institución que fue sumamente agresiva”. Y en ese sentido, remarcó que el instructivo, en pos de resolver el reclamo, recomienda asistir a una reunión con autoridades del nosocomio para dialogar sobre la situación violenta. “¿Te imaginás lo que es para una mujer puérpera esa situación?”, preguntó indignada. “Es volver a ese lugar, a verme con todo el equipo médico que estuvo presente durante el parto, a enfrentarme con ellos en un terreno que no es el mío”, añadió.
En su periplo, que aun no termina, la mujer propuso enviar la misma denuncia a la CONSAVIG “para que ahí sepan cuantas denuncias tienen pero, de manera indirecta, me llegó una respuesta desde la comisión sobre su imposibilidad de seguir los casos. Es decir, hacen un instructivo y nada más”, comentó Mohr. Y en ese marco, en enero pasado, envió el caso al Observatorio de la Violencia de la Provincia de Buenos Aires mientras recibía la respuesta del Inadi –la mujer remitió una carta de denuncia, al tiempo en que la emitió a la clínica, a ese instituto y a la Defensoría, tal como indica la herramienta de la CONSAVIG-.
“En el Inadi me preguntaron a mí de qué manera podían ayudarme”, comentó con indignación. Y sigue: “Seis meses después, en julio, me llega una carta de ese organismo indicándome que tengo que presentarme con los testigos para una declaración testimonial a la ciudad de La Plata desde Tigre. Eso implicó que mi testigo, que es mi marido, no fuera a trabajar y que toda la familia se movilice hasta allá. Eso implicó mucho dinero, y la contraparte, la institución, ni se presentó”.
“Upa, upa”, se escucha entre sollozos. Es tarde y el retoño de Mohr quiere irse a dormir, pero antes le pide a la madre por sus brazos. Casi 24 meses atrás, nacía. “Entré a las 8 de la mañana a la clínica y le pregunté al médico si podía desayunar pero me dice que no, que necesito ocho horas de ayuno para operarme. Sí, para intervenirme directamente. Después me enteré que me podrían haber hecho la inducción de otra manera”, recordó con pesar. Y es explicita a la hora de detallar la violencia obstétrica: “La siento cuando retuvieron a mi hijo en neo durante tres horas porque sí, sin motivos. Ahí, ante mi insistencia, respondieron `que iban a repartir a los nenes cuando terminen de arreglarlos a todos´”. Sus palabras demuestran cuan amplia es esa modalidad detallada por la Ley 26485, que va más allá de la mala praxis –como muchísimxs reducen-. Mientras las agresiones deshumanizan, se extienden pero también encuentran resistencias; los días pasan y las contestaciones, restan.
Existe la figura jurídica de violencia obstétrica, ¿pero cuánto se hace para detenerla?
En agosto, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó al Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires a modificar rutinas que agreden a las mujeres y sus procesos reproductivos. La medida fue tomada luego de recibir la denuncia de una mujer que no fue respetada por el personal médico de la institución durante el parto. La violencia obstétrica fue definida por la Ley de Protección Integral de la Violencia (2009) como una modalidad de violencia hacia las mujeres en base a la amplia descripción que se hace de la misma en la Ley de Parto Humanizado (2004), aun no reglamentada. Sin embargo, hasta la fecha, no está claro dónde se puede denunciar, y las pocas herramientas que hay para hacerlo resultan insuficientes.
Por Jésica Farías
COMUNICAR IGUALDAD – Deolinda García iba a parir a su cuarto hijo. Con contracciones cada vez más aceleradas, se acercó al porteño Sanatorio Güemes -prestador de la Obra Social de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Osuthgra)- desde el partido de San Miguel, en el conurbano bonaerense. Adolorida, se presentó en la guardia el viernes 25 de octubre de 2013 con una orden de internación pero la enviaron de regreso a su casa. Volvió al mediodía porque los espasmos persistían. Y recién a las 3 de la tarde dispusieron que se quede allí, ante el posible parto.
“El sábado por la mañana no me llevaron el desayuno y cuando fueron a consultar el motivo de ello, personal de enfermería informó que no sabían que estaba internada. Por el cambio de guardia me asistió una nueva partera que desconocía que estaba internada en ese sanatorio desde el día anterior, ya que habían extraviado los papeles de internación, por lo tanto tampoco sabía qué medicamentos me habían suministrado el día viernes”, señaló García en su descargo. Destrato, ninguneo y la negativa de la comida – ¿acaso para poder inducir un parto sin contratiempos?- son algunas de las violencias que las mujeres sufren en el pre parto, parto y post parto.
Y así, en tan solo algunas horas, en el sanatorio violaron la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales y la Ley 26529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud.
La Ley 26485 define a la violencia obstétrica como una de sus modalidades, acorde a lo establecido por la “Ley 25.929 de Parto Humanizado, que aún no está reglamentada a nivel nacional por lo que queda a gusto de lo que la clínica quiere”, indicó a esta agencia Marcia Cortese, integrante de la agrupación Por el Derecho a elegir cómo parir. “Desde hace 10 años se está peleando por su reglamentación. Es justamente esa carencia uno de los motivos por los cuales la violencia obstétrica está institucionalizada y no se sanciona: como no se sabe qué es, persiste”, agregó en referencia a la normativa que debería proteger los derechos de las madres, los padres y sus hijos o hijas en el momento del parto y el nacimiento.
En cuanto al alumbramiento, y para visibilizar la violencia, García expuso en la denuncia presentada a la clínica y a la Defensoría del Pueblo de la Nación -que también fue enviada al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi)– que su hijo fue parido mientras ella se desplazaba por la habitación. “Llegó la partera y con mi acompañante me llevaron a la cama, en ese trayecto estaba dando a luz pero la partera decía que no, que era la bolsa y mi acompañante le informa que era la cabeza del bebé. En ese momento me acuestan en la cama y el bebé nace, lo envolvieron con las sábanas que yo había estado usando hasta ese momento porque no llegaron a preparar lo necesario para el nacimiento”, denunció la mujer que realizó la acusación para que “esos malos tratos no vuelvan a suceder con otras personas”.
Ese reclamo, que se basó en un modelo de denuncia y un instructivo dispuestos por la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG), llevó a la Defensoría a investigar al establecimiento y a concluir que en ese caso hubo violencia obstétrica. “Hubo una demora admisible entre la orden de internación y el momento de internación que, en sí misma evidencia un trato deshumanizado y una desconsideración por el tiempo y las necesidades de la mujer”, indicó la Resolución Nº 00021/2014 del 29 de agosto pasado.
El Defensor incitó al Sanatorio Güemes “a modificar ciertas rutinas que tiene y que están produciendo violencia obstétrica en las mujeres que asisten a ese servicio”, tal como señaló a COMUNICAR IGUALDAD el jefe de despacho de la CONSAVIG, Jorge Mosquera.
La CONSAVIG se creó en febrero de 2011 para formular sanciones a la violencia de género establecidas por la Ley Nº 26.485 en conjunto con organismos nacionales, provinciales y municipales, al tiempo que articula acciones con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, y la sociedad civil. Por otro lado, la resolución indicó a la Superintendencia de Servicios de Salud “que adopte las medidas del caso para supervisar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas”.
Las herramientas disponibles: ¿Sirven? ¿Alcanzan?
El instructivo para saber Cómo realizar una denuncia si fuiste víctima de maltrato en el proceso del pre-parto, parto o post-parto fue elaborado el año pasado por la CONSAVIG. “En 2013 comenzamos a estudiar la manera de encarar las sanciones a la violencia obstétrica que es muy cotidiana, difundida pero también invisibilizada y naturalizada, tanto por el personal de salud como por las mujeres en general. Una de las primeras acciones fue elaborar el manual para que las mujeres puedan ejercer su derecho a denunciar, en principio, mediante un trámite administrativo pero también si lo desean, y con el patrocinio de una abogada o abogado, puedan iniciar una demanda judicial o ambas cosas a la vez”, condensó Mosquera.
COMUNICAR IGUALDAD consultó sobre la utilidad de esos instrumentos a mujeres que batallan contra los tratos deshumanizados, la sobremedicalización y la patologización del proceso natural reproductivo. Sus respuestas se asemejaron: “Son engorrosos para la mujer que quiere denunciar”, simplificó la coordinadora en Argentina de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento (Relacahupan), María José Bernasconi, sobre el instructivo y el modelo de denuncia. En tanto que Cortese comentó que “terminan siendo una pérdida de tiempo y dinero. Son acciones no vinculantes y bastante malas en la experiencia de algunas compañeras que denunciaron la violencia obstétrica”.
Según indica la CONSAVIG, el reclamo administrativo es gratuito y sólo se necesita la presentación -personalmente o enviándola por correo- de una nota relatando lo sucedido. Parece simple pero “es difícil sentarte a escribir sobre lo que te pasó, revivirlo. A mí me hizo muy mal”, evocó Renée Mohr, quien sufrió la violencia durante su primer parto. “Implica un costo emocional. Hay que pensar que quien la hace es una mujer puérpera, porque debe hacerse en el plazo de los dos años de ocurrido el hecho. Entonces hay que buscar el espacio para sentarse a escribir y llorar. Pero también implica un costo económico: Yo tuve que sacar muchísimas fotocopias; hacer otras tantas impresiones; enviar las cartas por correo, aunque en el instructivo dice que si no lo llevas personalmente no te dan la constancia de recibido; ver en donde dejar a mi hijo mientras hacia los trámites”, enumeró y completó, exhalando: “Teniendo en cuenta todo ese panorama deberían simplificarlo y tendríamos que poder hacer las denuncias por mail”.
En primera persona: Un ataque, varias denuncias, ninguna respuesta concreta
Mohr hizo su denuncia en julio de 2013 basándose en las herramientas propuestas por la CONSAVIG. No fue fácil desde un principio. Aún no tuvo respuestas concretas sobre su caso que ni bien comenzó, le implicó recibir como réplica una carta documento de las autoridades de la clínica en donde fue violentada. “A las 72 horas de haberla enviado recibí una de la institución que fue sumamente agresiva”. Y en ese sentido, remarcó que el instructivo, en pos de resolver el reclamo, recomienda asistir a una reunión con autoridades del nosocomio para dialogar sobre la situación violenta. “¿Te imaginás lo que es para una mujer puérpera esa situación?”, preguntó indignada. “Es volver a ese lugar, a verme con todo el equipo médico que estuvo presente durante el parto, a enfrentarme con ellos en un terreno que no es el mío”, añadió.
En su periplo, que aun no termina, la mujer propuso enviar la misma denuncia a la CONSAVIG “para que ahí sepan cuantas denuncias tienen pero, de manera indirecta, me llegó una respuesta desde la comisión sobre su imposibilidad de seguir los casos. Es decir, hacen un instructivo y nada más”, comentó Mohr. Y en ese marco, en enero pasado, envió el caso al Observatorio de la Violencia de la Provincia de Buenos Aires mientras recibía la respuesta del Inadi –la mujer remitió una carta de denuncia, al tiempo en que la emitió a la clínica, a ese instituto y a la Defensoría, tal como indica la herramienta de la CONSAVIG-.
“En el Inadi me preguntaron a mí de qué manera podían ayudarme”, comentó con indignación. Y sigue: “Seis meses después, en julio, me llega una carta de ese organismo indicándome que tengo que presentarme con los testigos para una declaración testimonial a la ciudad de La Plata desde Tigre. Eso implicó que mi testigo, que es mi marido, no fuera a trabajar y que toda la familia se movilice hasta allá. Eso implicó mucho dinero, y la contraparte, la institución, ni se presentó”.
“Upa, upa”, se escucha entre sollozos. Es tarde y el retoño de Mohr quiere irse a dormir, pero antes le pide a la madre por sus brazos. Casi 24 meses atrás, nacía. “Entré a las 8 de la mañana a la clínica y le pregunté al médico si podía desayunar pero me dice que no, que necesito ocho horas de ayuno para operarme. Sí, para intervenirme directamente. Después me enteré que me podrían haber hecho la inducción de otra manera”, recordó con pesar. Y es explicita a la hora de detallar la violencia obstétrica: “La siento cuando retuvieron a mi hijo en neo durante tres horas porque sí, sin motivos. Ahí, ante mi insistencia, respondieron `que iban a repartir a los nenes cuando terminen de arreglarlos a todos´”. Sus palabras demuestran cuan amplia es esa modalidad detallada por la Ley 26485, que va más allá de la mala praxis –como muchísimxs reducen-. Mientras las agresiones deshumanizan, se extienden pero también encuentran resistencias; los días pasan y las contestaciones, restan.
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