“En el banquillo de los acusados está sentado el Estado”
Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 22 noviembre, 2012
Culminó ayer la primera parte del juicio a María Ovando. El martes próximo se leerán los alegatos y probablemente María declarará. Antes de fines de la semana que viene se conocería la sentencia de un juicio injusto, a una mujer a la que el Estado acusa de haber asesinado a su hija en un contexto de extrema pobreza y precariedad social y cultural.
COMUNICAR IGUALDAD- En abril del 2010, María Ovando, una mujer misionera que vivía en precarias condiciones sociales y económicas en el paraje rural Colonia Mado, vio morir en sus brazos a Carolina, su hija de dos años. A la nena le dolía la panza, no era la primera vez. Recién después de un rato de dolor, un cuñado le prestó plata para ir hasta la ruta y llevarla a un hospital. No llegaron. Mientras esperaban al costado del camino la nena murió. María enterró el cuerpito en un pozo que hizo con sus manos y lo tapó. Unos días después, llevó a la policía hasta el lugar cuando el vecindario denunció la desaparición. Fue detenida y acusada por el juez de instrucción de abandono de persona agravado por la muerte y el vínculo, delito por cual podrían darle un mínimo de 7 y un máximo de 20 años de prisión.
El caso probablemente hubiera sido uno más de criminalización de la pobreza, con sesgo de género, sino hubiera sido porque algunas periodistas y organizaciones de la sociedad civil de Misiones se sensibilizaron y se apropiaron de la defensa de María a fines del 2011. Luego fue un reclamo coreado por miles de voces durante el Encuentro Nacional de Mujeres, que en octubre de este año se realizó en Posadas. Y a fines de ese mismo mes, el periodista Jorge Lanata dio cuenta del caso en su programa Periodismo para Todos, con lo cual el caso adquirió definitiva trascendencia nacional.
Sin embargo, ni siquiera después de esto, el Poder Judicial ni el Ejecutivo modificaron la actitud condenatoria hacia María. Tanto el juez como el fiscal interviniente acusaron desde el comienzo a María como irresponsable y abandónica y en la misma línea se manifestó en diversas oportunidades el secretario de Derechos Humanos de la provincia. Ninguno de los tres tuvo en cuenta tanto el contexto social y económico de María Ovando –de extrema pobreza y vulnerabilidad- ni su particular discriminación de género: a los 37 años tenía 12 hijas/os, dos nietas/os, no sabía leer ni escribir, no tenía oficio ni recibía planes sociales del Estado y era víctima de violencia de género.
Los poderes del Estado
Tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo de Misiones estuvieron de acuerdo frente al caso en que María Ovando había incurrido en abandono de persona. El fiscal interviniente, Federico Rodríguez, señaló que «no hay duda que María Ovando incurrió en abandono de su hija Carolina”, aunque a la nena no se le haya practicado una autopsia porque “el cuerpito no estaba en condiciones”. Según el fiscal, que de acuerdo a los medios de comunicación de Misiones tiene una denuncia en su contra por violencia sexista, la evidencia de que María Ovando quería ocultar el cuerpo de su hija es que «no la entierra en el fondo de la casa, la oculta lejos».
Roberto Saldaña, el juez de instrucción que acordó con la acusación del fiscal de abandono de persona, dio una entrevistahace pocas semanas a Misiones Cuatro en la que, entre otras cosas, dice que el analfabetismo de María Ovando “no está del todo probado” y que desde su punto de vista ella no sólo “era conciente de que no le estaba dando el tratamiento correspondiente a su hija, sino que hasta lo hacía de una forma intencional”. También explicó por qué las condiciones de exclusión social y económica en que vivía la mujer no debían ser consideradas un atenuante en la causa: “Pareciera ser que los pobres no tendrían valores morales y no pueden ser juzgados. Tenemos una cantidad de personas en esa condición (de pobreza, exclusión y analfabetismo) que no comete delitos. Los pobres tienen sus valores y cuidan muy bien a sus hijos.”
El ministro de Derechos Humanos de la provincia, Edmundo Soria Vieta, argumentó en la misma línea. “No quisiera que María Ovando reciba ninguna injusticia, pero se ponderó cómo fue que sucedió –observó el funcionario respaldando la actuación de la justicia-. La versión que tenemos de Colonia Delicia es que era una madre abandónica, ya se le había muerto otra nenita, si uno escucha a los parientes indica que María, era ‘abandónica’ de sus hijos, lo digo con mucho dolor”.
La historia de María
La periodista misionera Alicia Rivas Zelaya es una de las personas que más cerca estuvo estos últimos dos años de María Ovando. Poco después de su detención, la entrevistó para Radio Universidad de Misiones y a partir de entonces no dejó de visitarla. Poco después empezaron a acompañarla otras mujeres, se sumaron organizaciones y para cuando en octubre del 2012 se realizó en Posadas el Encuentro Nacional de Mujeres se nacionalizó el pedido por la revisión de su caso y su liberación.
“La entrevistamos en septiembre del 2011 porque su caso era muy similar al de Librada Figueredo –cuenta Alicia Rivas Zelaya a COMUNICAR IGUALDAD-. Después seguimos yéndola a ver a ella por un lado y a su familia por otro. Están a 190 kilómetros de Posadas. No tenía visitas ni contacto con la defensora oficial, ni tampoco información sobre sus hijos. Estaba muy sola. Tanto el juez como el fiscal decían que ella era una mala madre y por eso no promovían el contacto con sus hijos.”
A Librada Figueredo se le murieron dos de sus hijos en el año 2002 por desnutrición y ella pasó casi dos años en prisión hasta que la absolvió el mismo tribunal de El Dorado que el lunes empezará a juzgar a María Ovando. Pero a diferencia de ella, la fiscal que intervino en el caso de Librada desistió de acusarla, decisión que fue apoyada por los abogados defensores. Otra similitud que comparten ambos casos es la actuación del juez Roberto Saldaña, también de El Dorado, quien en aquel caso también acusó a Librada de abandono de persona.
Cuando María fue detenida, sus once hijos fueron distribuidos por la justicia entre los abuelos maternos y paternos –incluso una beba de dos meses a la que la mujer aún amamantaba-, a pesar de que María vivía con Demetrio Godoy, padre de dos de sus hijas. Godoy fue citado a declarar pero nunca responsabilizado por la muerte de Carolina, aunque era también un adulto que vivía en la casa. Poco después murió.
La distribución que hizo la justicia de los chicos no quedó registrada en el expediente y cuando quienes la ayudaban quisieron encontrar el paradero de los hijos más chicos, tuvieron que recurrir a la justicia civil. “Cuando ubicamos a los más chiquitos, comenzaron a hacerse visitas con María. A ella la llevaban a El Dorado, donde están los chicos con los abuelos, y los abuelos le llevaban a los chicos para que se vieran –cuenta Alicia-. Pero hubo veces que el servicio penitenciario la llevó y nadie había avisado a los abuelos, con lo cual no iban a verla. La crueldad para la gente que está en prisión es terrible. No hay un dejo de humanidad.”
Alicia fue a visitar a María a la prisión luego de los tres primeros días del juicio. “Ella está fuerte, con muchas expectativas de que la absuelvan y poder salir –cuenta Alicia desde un micro que la lleva desde la prisión en Lanús hasta Posadas-. Está pensando en quedarse a vivir en El Dorado y no volver a Colonia Mado donde está su familia. Estas últimas semanas hubo mucho hostigamiento hacia ellas y su mamá y su papá por parte de los medios de comunicación. Difundieron imágenes y testimonios de la madre sobre todo que complican la revinculación.Ella tenía muchas expectativas en restablecer el vínculo con su familia, sobre todo con el padre, pero los medios utilizaron las rencillas habituales de las familias de forma muy grosera.”
Criminalización de la pobreza femenina
“Este proceso, su encarcelamiento y el juicio que va a celebrarse próximamente son actos que reflejan el más sórdido poder estatal y por ello son una manifestación de violencia contra María Ramona, que siendo ejercida desde el Estado, se constituye como una forma de violencia institucional. (…) El Estado, que ha incumplido sus deberes primarios de garantía de los derechos básicos como son la salud, la vida y la integridad de la niña Carolina, pretende ahora hacerse presente para sancionar con el derecho penal a María Ramona, su madre, una mujer sumida en la más profunda pobreza y con mínimos recursos para poder cambiar el destino de su familia. Así, el Estado, se desresponsabiliza de su rol de garante de los derechos humanos, y pone toda la carga de sus faltas sobre una mujer, la aquí imputada, sin reparar en que ella no tuvo la oportunidad de contar con las herramientas para garantizar sus derechos y los de sus hijos. Frente a la muerte de una de las integrantes de la familia, el Estado interviene para endilgarle las fallas (de su propio sistema de protección) a la madre.” El fragmento pertenece al amicus curiae presentado por la Defensoría del Pueblo de la Nación en la causa.
El excelente informe, realizado por Cecilia Mage y Héctor Copello, integrantes de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación –y que se suma a otros dos amicus anteriores que también aportan en la misma línea: uno de la Asociación de Pensamiento Penal y otro del Movimiento Socialista de los Trabajadores-, da cuenta no sólo de la vulnerabilidad y exclusión social, cultural y económica de María Ovando y su familia, sino también de la particular discriminación de género, tanto en relación a sus condiciones de vida como a la forma en que fue tratada por la justicia. Y señala también el sexismo de la causa judicial, no sólo por el enfoque –puesto en probar su responsabilidad como “mujer/madre” en la muerte de la hija- sino por el descarte de algunas pruebas y el énfasis en otras, cuyo objetivo no era otro que evidenciar el abandono del que se la acusa. Entre otras pruebas descartadas, habría habido un posible abuso sexual de Carolina que quizá podría haber sido origen de las dolencias por las que, entre otras razones, murió.
“(…) en la persona de María Ramona se combinaban distintos factores que la colocaban en una situación de altísimo riesgo para su vida y también para las personas que se encontraban bajo su responsabilidad, puesto que contaba con escasas o nulas herramientas para salir de ese contexto o para buscar ayuda” dice en otro párrafo el informe. Y refiriéndose a la discriminazación de género: “(…) la investigación llevada a cabo hasta el momento denota la presencia de estereotipos de género, y una reacción punitiva hacia la conducta de María Ramona Ovando por haber sido lo que se considera una ‘mala madre’. Toda la investigación está orientada a calificar las cualidades maternas de la Sra. Ovando, en lugar de investigar el hecho endilgado o si había otras personas que pudieran tener comprometida su responsabilidad penal”. Y en relación con el sesgo de género, el informe alerta sobre la posibilidad de que el Estado argentino sea demandado en tribunales internacionales por la falta de cumplimiento de los tratados de derechos humanos comprometidos en el caso, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Belém do Pará).
“María es el paradigma de las deudas que tiene la democracia; cuando empezó la democracia había una idea de que con la democracia se curaba, se educaba –señaló durante el primer día del juicio Yolanda Urquiza, doctora, historiadora y especialista en historia reciente de las mujeres-. María es analfabeta, no podía mantener a sus hijos, trabajando en condiciones de explotación con una familia numerosa que tampoco fue parte de su propia decisión y con hijos que venían acarreando una desnutrición propia de un hogar con muchas carencias. Está revelando todas las deudas que todavía tiene el Estado hacia los sectores más vulnerados”.
Primera etapa del juicio
Eduardo Paredes es uno de los abogados -junto a Roxana Rivas, hermana de Alicia- que está defendiendo a María Ovando contratado por la red de mujeres que está ayudándola. “Estos primeros días de juicio se vio que no se sabe la causa de la muerte de la nena, por tanto no la condenarán por un delito agravado por el vínculo. Lo más probable es que haya sido una peritonitis causada por cualquier infección que se pueda haber agarrado en un contexto de falta de higiene. También se vió la ausencia del Estado. Es muy difícil comprender desde Buenos Aires, incluso desde Posadas, qué es el Estado en esa zona del país. La familia de María tenía una asistencia social muy eventual, las personas que la iban a ver tenían contratos de 600 pesos, estaban precarizadas, y tenían a su cargo 280 km de extensión. Tuvo una sola visita de un médico que al encontrar pediculosis en los chicos le dejó cuatro cremitas, cuando sabemos que lo mínimo es un tratamiento de un mes. Existe un subsidio por séptimo hijo que María podía haber cobrado pero no sabía que existía. Recibía sólo un bono de la Nación de 170 pesos mensuales.”
El martes de la próxima semana se retoma el juicio con la lectura de los alegatos y el testimonio de María. De estos primeros días, y en el marco de un proceso donde el Estado sólo culpabilizó a la víctima, Paredes rescata hasta ahora la labor del Tribunal: “No intervinieron ni molestaron a las partes, fueron más tolerantes incluso que otros tribunales en relación a las acciones que hubo el lunes en la puerta por parte de las mujeres que acompañaban a María. Pero hay que ver qué pasa de ahora en adelante, porque lo cierto es que, aunque no sea explícito, en el banquillo de los acusados en este juicio está de verdad sentado el Estado, entonces hay que ver qué hace el Tribunal con eso”.
“En el banquillo de los acusados está sentado el Estado”
Culminó ayer la primera parte del juicio a María Ovando. El martes próximo se leerán los alegatos y probablemente María declarará. Antes de fines de la semana que viene se conocería la sentencia de un juicio injusto, a una mujer a la que el Estado acusa de haber asesinado a su hija en un contexto de extrema pobreza y precariedad social y cultural.
COMUNICAR IGUALDAD- En abril del 2010, María Ovando, una mujer misionera que vivía en precarias condiciones sociales y económicas en el paraje rural Colonia Mado, vio morir en sus brazos a Carolina, su hija de dos años. A la nena le dolía la panza, no era la primera vez. Recién después de un rato de dolor, un cuñado le prestó plata para ir hasta la ruta y llevarla a un hospital. No llegaron. Mientras esperaban al costado del camino la nena murió. María enterró el cuerpito en un pozo que hizo con sus manos y lo tapó. Unos días después, llevó a la policía hasta el lugar cuando el vecindario denunció la desaparición. Fue detenida y acusada por el juez de instrucción de abandono de persona agravado por la muerte y el vínculo, delito por cual podrían darle un mínimo de 7 y un máximo de 20 años de prisión.
El caso probablemente hubiera sido uno más de criminalización de la pobreza, con sesgo de género, sino hubiera sido porque algunas periodistas y organizaciones de la sociedad civil de Misiones se sensibilizaron y se apropiaron de la defensa de María a fines del 2011. Luego fue un reclamo coreado por miles de voces durante el Encuentro Nacional de Mujeres, que en octubre de este año se realizó en Posadas. Y a fines de ese mismo mes, el periodista Jorge Lanata dio cuenta del caso en su programa Periodismo para Todos, con lo cual el caso adquirió definitiva trascendencia nacional.
Sin embargo, ni siquiera después de esto, el Poder Judicial ni el Ejecutivo modificaron la actitud condenatoria hacia María. Tanto el juez como el fiscal interviniente acusaron desde el comienzo a María como irresponsable y abandónica y en la misma línea se manifestó en diversas oportunidades el secretario de Derechos Humanos de la provincia. Ninguno de los tres tuvo en cuenta tanto el contexto social y económico de María Ovando –de extrema pobreza y vulnerabilidad- ni su particular discriminación de género: a los 37 años tenía 12 hijas/os, dos nietas/os, no sabía leer ni escribir, no tenía oficio ni recibía planes sociales del Estado y era víctima de violencia de género.
Los poderes del Estado
Tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo de Misiones estuvieron de acuerdo frente al caso en que María Ovando había incurrido en abandono de persona. El fiscal interviniente, Federico Rodríguez, señaló que «no hay duda que María Ovando incurrió en abandono de su hija Carolina”, aunque a la nena no se le haya practicado una autopsia porque “el cuerpito no estaba en condiciones”. Según el fiscal, que de acuerdo a los medios de comunicación de Misiones tiene una denuncia en su contra por violencia sexista, la evidencia de que María Ovando quería ocultar el cuerpo de su hija es que «no la entierra en el fondo de la casa, la oculta lejos».
Roberto Saldaña, el juez de instrucción que acordó con la acusación del fiscal de abandono de persona, dio una entrevista hace pocas semanas a Misiones Cuatro en la que, entre otras cosas, dice que el analfabetismo de María Ovando “no está del todo probado” y que desde su punto de vista ella no sólo “era conciente de que no le estaba dando el tratamiento correspondiente a su hija, sino que hasta lo hacía de una forma intencional”. También explicó por qué las condiciones de exclusión social y económica en que vivía la mujer no debían ser consideradas un atenuante en la causa: “Pareciera ser que los pobres no tendrían valores morales y no pueden ser juzgados. Tenemos una cantidad de personas en esa condición (de pobreza, exclusión y analfabetismo) que no comete delitos. Los pobres tienen sus valores y cuidan muy bien a sus hijos.”
El ministro de Derechos Humanos de la provincia, Edmundo Soria Vieta, argumentó en la misma línea. “No quisiera que María Ovando reciba ninguna injusticia, pero se ponderó cómo fue que sucedió –observó el funcionario respaldando la actuación de la justicia-. La versión que tenemos de Colonia Delicia es que era una madre abandónica, ya se le había muerto otra nenita, si uno escucha a los parientes indica que María, era ‘abandónica’ de sus hijos, lo digo con mucho dolor”.
La historia de María
La periodista misionera Alicia Rivas Zelaya es una de las personas que más cerca estuvo estos últimos dos años de María Ovando. Poco después de su detención, la entrevistó para Radio Universidad de Misiones y a partir de entonces no dejó de visitarla. Poco después empezaron a acompañarla otras mujeres, se sumaron organizaciones y para cuando en octubre del 2012 se realizó en Posadas el Encuentro Nacional de Mujeres se nacionalizó el pedido por la revisión de su caso y su liberación.
“La entrevistamos en septiembre del 2011 porque su caso era muy similar al de Librada Figueredo –cuenta Alicia Rivas Zelaya a COMUNICAR IGUALDAD-. Después seguimos yéndola a ver a ella por un lado y a su familia por otro. Están a 190 kilómetros de Posadas. No tenía visitas ni contacto con la defensora oficial, ni tampoco información sobre sus hijos. Estaba muy sola. Tanto el juez como el fiscal decían que ella era una mala madre y por eso no promovían el contacto con sus hijos.”
A Librada Figueredo se le murieron dos de sus hijos en el año 2002 por desnutrición y ella pasó casi dos años en prisión hasta que la absolvió el mismo tribunal de El Dorado que el lunes empezará a juzgar a María Ovando. Pero a diferencia de ella, la fiscal que intervino en el caso de Librada desistió de acusarla, decisión que fue apoyada por los abogados defensores. Otra similitud que comparten ambos casos es la actuación del juez Roberto Saldaña, también de El Dorado, quien en aquel caso también acusó a Librada de abandono de persona.
Cuando María fue detenida, sus once hijos fueron distribuidos por la justicia entre los abuelos maternos y paternos –incluso una beba de dos meses a la que la mujer aún amamantaba-, a pesar de que María vivía con Demetrio Godoy, padre de dos de sus hijas. Godoy fue citado a declarar pero nunca responsabilizado por la muerte de Carolina, aunque era también un adulto que vivía en la casa. Poco después murió.
La distribución que hizo la justicia de los chicos no quedó registrada en el expediente y cuando quienes la ayudaban quisieron encontrar el paradero de los hijos más chicos, tuvieron que recurrir a la justicia civil. “Cuando ubicamos a los más chiquitos, comenzaron a hacerse visitas con María. A ella la llevaban a El Dorado, donde están los chicos con los abuelos, y los abuelos le llevaban a los chicos para que se vieran –cuenta Alicia-. Pero hubo veces que el servicio penitenciario la llevó y nadie había avisado a los abuelos, con lo cual no iban a verla. La crueldad para la gente que está en prisión es terrible. No hay un dejo de humanidad.”
Alicia fue a visitar a María a la prisión luego de los tres primeros días del juicio. “Ella está fuerte, con muchas expectativas de que la absuelvan y poder salir –cuenta Alicia desde un micro que la lleva desde la prisión en Lanús hasta Posadas-. Está pensando en quedarse a vivir en El Dorado y no volver a Colonia Mado donde está su familia. Estas últimas semanas hubo mucho hostigamiento hacia ellas y su mamá y su papá por parte de los medios de comunicación. Difundieron imágenes y testimonios de la madre sobre todo que complican la revinculación. Ella tenía muchas expectativas en restablecer el vínculo con su familia, sobre todo con el padre, pero los medios utilizaron las rencillas habituales de las familias de forma muy grosera.”
Criminalización de la pobreza femenina
“Este proceso, su encarcelamiento y el juicio que va a celebrarse próximamente son actos que reflejan el más sórdido poder estatal y por ello son una manifestación de violencia contra María Ramona, que siendo ejercida desde el Estado, se constituye como una forma de violencia institucional. (…) El Estado, que ha incumplido sus deberes primarios de garantía de los derechos básicos como son la salud, la vida y la integridad de la niña Carolina, pretende ahora hacerse presente para sancionar con el derecho penal a María Ramona, su madre, una mujer sumida en la más profunda pobreza y con mínimos recursos para poder cambiar el destino de su familia. Así, el Estado, se desresponsabiliza de su rol de garante de los derechos humanos, y pone toda la carga de sus faltas sobre una mujer, la aquí imputada, sin reparar en que ella no tuvo la oportunidad de contar con las herramientas para garantizar sus derechos y los de sus hijos. Frente a la muerte de una de las integrantes de la familia, el Estado interviene para endilgarle las fallas (de su propio sistema de protección) a la madre.” El fragmento pertenece al amicus curiae presentado por la Defensoría del Pueblo de la Nación en la causa.
El excelente informe, realizado por Cecilia Mage y Héctor Copello, integrantes de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación –y que se suma a otros dos amicus anteriores que también aportan en la misma línea: uno de la Asociación de Pensamiento Penal y otro del Movimiento Socialista de los Trabajadores-, da cuenta no sólo de la vulnerabilidad y exclusión social, cultural y económica de María Ovando y su familia, sino también de la particular discriminación de género, tanto en relación a sus condiciones de vida como a la forma en que fue tratada por la justicia. Y señala también el sexismo de la causa judicial, no sólo por el enfoque –puesto en probar su responsabilidad como “mujer/madre” en la muerte de la hija- sino por el descarte de algunas pruebas y el énfasis en otras, cuyo objetivo no era otro que evidenciar el abandono del que se la acusa. Entre otras pruebas descartadas, habría habido un posible abuso sexual de Carolina que quizá podría haber sido origen de las dolencias por las que, entre otras razones, murió.
“(…) en la persona de María Ramona se combinaban distintos factores que la colocaban en una situación de altísimo riesgo para su vida y también para las personas que se encontraban bajo su responsabilidad, puesto que contaba con escasas o nulas herramientas para salir de ese contexto o para buscar ayuda” dice en otro párrafo el informe. Y refiriéndose a la discriminazación de género: “(…) la investigación llevada a cabo hasta el momento denota la presencia de estereotipos de género, y una reacción punitiva hacia la conducta de María Ramona Ovando por haber sido lo que se considera una ‘mala madre’. Toda la investigación está orientada a calificar las cualidades maternas de la Sra. Ovando, en lugar de investigar el hecho endilgado o si había otras personas que pudieran tener comprometida su responsabilidad penal”. Y en relación con el sesgo de género, el informe alerta sobre la posibilidad de que el Estado argentino sea demandado en tribunales internacionales por la falta de cumplimiento de los tratados de derechos humanos comprometidos en el caso, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Belém do Pará).
“María es el paradigma de las deudas que tiene la democracia; cuando empezó la democracia había una idea de que con la democracia se curaba, se educaba –señaló durante el primer día del juicio Yolanda Urquiza, doctora, historiadora y especialista en historia reciente de las mujeres-. María es analfabeta, no podía mantener a sus hijos, trabajando en condiciones de explotación con una familia numerosa que tampoco fue parte de su propia decisión y con hijos que venían acarreando una desnutrición propia de un hogar con muchas carencias. Está revelando todas las deudas que todavía tiene el Estado hacia los sectores más vulnerados”.
Primera etapa del juicio
Eduardo Paredes es uno de los abogados -junto a Roxana Rivas, hermana de Alicia- que está defendiendo a María Ovando contratado por la red de mujeres que está ayudándola. “Estos primeros días de juicio se vio que no se sabe la causa de la muerte de la nena, por tanto no la condenarán por un delito agravado por el vínculo. Lo más probable es que haya sido una peritonitis causada por cualquier infección que se pueda haber agarrado en un contexto de falta de higiene. También se vió la ausencia del Estado. Es muy difícil comprender desde Buenos Aires, incluso desde Posadas, qué es el Estado en esa zona del país. La familia de María tenía una asistencia social muy eventual, las personas que la iban a ver tenían contratos de 600 pesos, estaban precarizadas, y tenían a su cargo 280 km de extensión. Tuvo una sola visita de un médico que al encontrar pediculosis en los chicos le dejó cuatro cremitas, cuando sabemos que lo mínimo es un tratamiento de un mes. Existe un subsidio por séptimo hijo que María podía haber cobrado pero no sabía que existía. Recibía sólo un bono de la Nación de 170 pesos mensuales.”
El martes de la próxima semana se retoma el juicio con la lectura de los alegatos y el testimonio de María. De estos primeros días, y en el marco de un proceso donde el Estado sólo culpabilizó a la víctima, Paredes rescata hasta ahora la labor del Tribunal: “No intervinieron ni molestaron a las partes, fueron más tolerantes incluso que otros tribunales en relación a las acciones que hubo el lunes en la puerta por parte de las mujeres que acompañaban a María. Pero hay que ver qué pasa de ahora en adelante, porque lo cierto es que, aunque no sea explícito, en el banquillo de los acusados en este juicio está de verdad sentado el Estado, entonces hay que ver qué hace el Tribunal con eso”.
Fotos: Ana Espinoza