Filipinas se suma al paso dado por Uruguay a principios de 2012, cuando ratificó el nuevo convenio de trabajo de la OIT sobre el sector doméstico. El Parlamento argentino en cambio frena este avance. Las organizaciones observan que las diferencias de clase están trabando al Congreso y cuestionan que continue la discriminación de las y los trabajadores de hogar.
Por Alejandra Waigandt
COMUNICAR IGUALDAD– Filipinas ratificó el 7 de agosto el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para las y los empleados de casas particulares, aprobado el 16 de junio de 2011 por la mayoría de las naciones en Ginebra, Suiza. Es el segundo país del mundo en ratificar este instrumento. Primero lo hizo Uruguay el 16 de abril de este año. La Confederación Sindical Internacional (CSI) espera que otros 81 países ratifiquen este Convenio, entre ellos Argentina, ya que busca equiparar la situación laboral de los y las trabajadoras de hogar a la del resto de las personas asalariadas del planeta.
El gobierno de Argentina acompañó la aprobación del Convenio 189 en Ginebra y envió al Parlamento nacional un proyecto de ley que sustituye el régimen decretado en 1956 por el gobierno militar de Pedro Aramburu, el cual establece estándares laborales menores que los que rigen para el conjunto de las y los trabajadores amparados por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). El nuevo estatuto garantiza el derecho a un salario mínimo mensual y aguinaldo, el acceso a la seguridad social, un día de descanso semanal, la regulación de las horas de trabajo y los días de vacaciones y varias licencias e indemnizaciones.
La iniciativa del Ejecutivo fue modificada y aprobada por la Cámara de Diputados/as el año pasado, pero no consiguió prosperar en el Senado, de modo que la tolerancia de Argentina de un estatuto ‘vergonzante’ lleva unas 5 décadas, tal como cuestiona la Unión Personal de Casa Particulares. Hasta el año pasado dos de las categorías de trabajadores y trabajadoras, la agraria y la de casas particulares, se encontraban excluidas de la LCT, lo cual significa una discriminación jurídica, pero quienes trabajan en el campo obtuvieron un nuevo estatuto en diciembre de 2011. En cambio, las personas que trabajan en casas particulares, un sector compuesto mayoritariamente por mujeres, no consiguen terminar con dicha discriminación.
El apoderado de UPCP, Carlos Brassesco, había señalado a COMUNICAR IGUALDAD que la Cámara Alta objeta el reconocimiento de una serie de derechos como la indemnización por despido o la licencia por maternidad. La filósofa Dora Barrancos profundizó explicando que la nueva legislación es resistida porque impone deberes y obligaciones para los hogares de ingresos medios y de ingresos medios altos, puesto que el servicio doméstico es una alternativa para la conciliación de la vida laboral y familiar. En los pasillos del Senado circula otra versión: Habría una pulseada entre el oficialismo y la oposición por ‘el rédito político’ que se obtendría al sancionar una legislación capaz de beneficiar a un millón de personas.
Según datos divulgados por el Ministerio de Economía en base a la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec, las mujeres constituyen más del 95 por ciento del personal empleado en casas particulares y significan 17 por ciento de la población económicamente activa femenina.
No obstante, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner el tema en agenda a través del subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo Álvaro Ruiz, quien señaló a los medios de comunicación que la iniciativa del Ejecutivo ‘es revolucionaria’ en cuanto al reconocimiento de derechos laborales. El funcionario explicó que el Senado sigue sin resolver si acompaña el proyecto de Diputados, retoma el del Ejecutivo o sanciona una legislación alternativa. Dijo también que la situación es escandalosa, ya que la protección y dignificación del trabajo doméstico fue excluido de las reformas constitucionales de 1957 y 1994. “El estatuto propuesto por una dictadura militar no pasa un examen de constitucionalidad, las trabajadoras se encuentran en una situación perjudicial en términos de trabajo”, opinó.
La experta Norma Sanchís, de la Asociación Civil Lola Mora, dijo a COMUNICAR IGUALDAD que “el Parlamento muestra actualmente una composición más progresista que en etapas anteriores y está frente a una oportunidad histórica de poner fin a la discriminación con que se ha tratado al sector de las y los trabajadores de casa particulares”. Sanchis coincide con Barrancos en que el freno hay que ubicarlo en “un problema de clase social”.
Justamente la característica sobresaliente del empleo en el hogar es su bajo nivel de protección y pobres condiciones laborales. Sanchis reconoció que “este tema no estuvo nunca en la agenda del movimiento de mujeres”, intentando explicar esta persistente desigualdad que afecta a las trabajadoras de hogar. “En Argentina la sindicalización del sector es débil. En otros países como Costa Rica el gremio de las y los domésticos tiene mucha fuerza”, agregó.
El trabajo doméstico es una de las principales opciones de inserción laboral para las mujeres de hogares pobres, jefas de hogar, con bajo nivel educativo y débiles trayectorias ocupacionales. El 41,3 por ciento de las trabajadoras es migrante, un 28,7% proviene de otra provincia y un 12,6% proviene de otro país, de acuerdo a la investigación que desarrollan Sanchis y la economista del Conicet Corina Enriquez Martínez, mediante la cual pudieron establecer que el 83 por ciento de las trabajadoras del servicio doméstico se desempeñan en relaciones de trabajo no formalizadas.
Según la CIT, en el mundo hay entre 50 y 100 millones de trabajadores y trabajadoras del hogar, es por eso que la ampliación de derechos fundamentales de trabajo para este sector representa ‘un hito fundamental en la lucha contra la discriminación y los abusos’. Esta organización internacional, integrada por sindicatos de todo el mundo, lleva adelante la campaña ‘12 para 12’, con el objetivo de conseguir 12 ratificaciones del Convenio 189 en 2012 y de consolidar los sindicatos de trabajadoras y trabajadores del hogar.
Hay que aclarar que para que este instrumento internacional entre en vigor, es decir para que los países estén legalmente vinculados al Convenio 189, el mismo debe ser ratificados por dos naciones, y si bien Uruguay y Filipinas lo hicieron, deben pasar 12 meses después de que los gobiernos respectivos cumplan con las presentaciones de las ratificaciones ante la OIT en Ginebra. Es decir que el Convenio 189 entrará en vigor durante el segundo semestre de 2013.
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El gobierno de Argentina acompañó la aprobación del Convenio 189 en Ginebra y envió al Parlamento nacional un proyecto de ley que sustituye el régimen decretado en 1956 por el gobierno militar de Pedro Aramburu, el cual establece estándares laborales menores que los que rigen para el conjunto de las y los trabajadores amparados por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). El nuevo estatuto garantiza el derecho a un salario mínimo mensual y aguinaldo, el acceso a la seguridad social, un día de descanso semanal, la regulación de las horas de trabajo y los días de vacaciones y varias licencias e indemnizaciones.
La iniciativa del Ejecutivo fue modificada y aprobada por la Cámara de Diputados/as el año pasado, pero no consiguió prosperar en el Senado, de modo que la tolerancia de Argentina de un estatuto ‘vergonzante’ lleva unas 5 décadas, tal como cuestiona la Unión Personal de Casa Particulares. Hasta el año pasado dos de las categorías de trabajadores y trabajadoras, la agraria y la de casas particulares, se encontraban excluidas de la LCT, lo cual significa una discriminación jurídica, pero quienes trabajan en el campo obtuvieron un nuevo estatuto en diciembre de 2011. En cambio, las personas que trabajan en casas particulares, un sector compuesto mayoritariamente por mujeres, no consiguen terminar con dicha discriminación.
El apoderado de UPCP, Carlos Brassesco, había señalado a COMUNICAR IGUALDAD que la Cámara Alta objeta el reconocimiento de una serie de derechos como la indemnización por despido o la licencia por maternidad. La filósofa Dora Barrancos profundizó explicando que la nueva legislación es resistida porque impone deberes y obligaciones para los hogares de ingresos medios y de ingresos medios altos, puesto que el servicio doméstico es una alternativa para la conciliación de la vida laboral y familiar. En los pasillos del Senado circula otra versión: Habría una pulseada entre el oficialismo y la oposición por ‘el rédito político’ que se obtendría al sancionar una legislación capaz de beneficiar a un millón de personas.
Según datos divulgados por el Ministerio de Economía en base a la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec, las mujeres constituyen más del 95 por ciento del personal empleado en casas particulares y significan 17 por ciento de la población económicamente activa femenina.
No obstante, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner el tema en agenda a través del subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo Álvaro Ruiz, quien señaló a los medios de comunicación que la iniciativa del Ejecutivo ‘es revolucionaria’ en cuanto al reconocimiento de derechos laborales. El funcionario explicó que el Senado sigue sin resolver si acompaña el proyecto de Diputados, retoma el del Ejecutivo o sanciona una legislación alternativa. Dijo también que la situación es escandalosa, ya que la protección y dignificación del trabajo doméstico fue excluido de las reformas constitucionales de 1957 y 1994. “El estatuto propuesto por una dictadura militar no pasa un examen de constitucionalidad, las trabajadoras se encuentran en una situación perjudicial en términos de trabajo”, opinó.
La experta Norma Sanchís, de la Asociación Civil Lola Mora, dijo a COMUNICAR IGUALDAD que “el Parlamento muestra actualmente una composición más progresista que en etapas anteriores y está frente a una oportunidad histórica de poner fin a la discriminación con que se ha tratado al sector de las y los trabajadores de casa particulares”. Sanchis coincide con Barrancos en que el freno hay que ubicarlo en “un problema de clase social”.
Justamente la característica sobresaliente del empleo en el hogar es su bajo nivel de protección y pobres condiciones laborales. Sanchis reconoció que “este tema no estuvo nunca en la agenda del movimiento de mujeres”, intentando explicar esta persistente desigualdad que afecta a las trabajadoras de hogar. “En Argentina la sindicalización del sector es débil. En otros países como Costa Rica el gremio de las y los domésticos tiene mucha fuerza”, agregó.
El trabajo doméstico es una de las principales opciones de inserción laboral para las mujeres de hogares pobres, jefas de hogar, con bajo nivel educativo y débiles trayectorias ocupacionales. El 41,3 por ciento de las trabajadoras es migrante, un 28,7% proviene de otra provincia y un 12,6% proviene de otro país, de acuerdo a la investigación que desarrollan Sanchis y la economista del Conicet Corina Enriquez Martínez, mediante la cual pudieron establecer que el 83 por ciento de las trabajadoras del servicio doméstico se desempeñan en relaciones de trabajo no formalizadas.
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