El juicio equivocado

Cerca de las 9 del lunes 19 de noviembre, comenzó el juicio oral a María Ovando, una mujer misionera de 36 años que hace más de 20 meses que permanece privada de su libertad en el penal de Villa Lanús de Posadas, acusada por haber abandonado a su hija Carolina, una de sus 12 hijos, que murió desnutrida en Colonia Mado. Un juicio que la acusa de “abandono de persona agravado por el resultado de la muerte y por el vínculo”, pero ya en el primer día, quedó demostrado que el Estado ausente, se acuerda de una mujer -pobre, que nunca recibió la Asignación Universal por Hijos, con niños indocumentados- para castigarla o penalizarla.

Por Ana Espinoza, desde Misiones

COMUNICAR IGUALDAD– Con esposas en las manos, María ingresa al recinto, se sienta cerca de su abogado defensor y mira los flashes que disparan frente a su rostro. “Vamos María, fuerza María”, se escucha a las mujeres que llegaron para acompañarla desde distintos puntos del país. Los policías le quitan las esposas y ella acomoda su pelo negro que se desliza sobre sus hombros. Se la ve tranquila, pero en su mirada también ser perciben los nervios, la angustia, la preocupación.

El juicio comenzó con la lectura de las imputaciones del fiscal Federico Rodríguez, luego hicieron algunas preguntas a María y ella decidió no hablar, se abstuvo a dar declaraciones y prefirió no presenciar el debate en la sala del Tribunal Penal Uno de Eldorado presidido por Atilio León y secundado por la jueza Eligia Gallardo y el subrogante del fuero Civil, Juan Carlos Sosa.

El primer testigo que declaró fue el director del Hospital de Colonia Mado-Delicia y también ex intendente, Julio Cesar Benítez, quien contó que en noviembre de 2010 –época en la que se iniciaba el plan provincial Hambre Cero- fue alertado por las promotoras que la familia de María estaba en riesgo. Aseguró que conoció la vivienda, donde se observaba una indigencia extrema, la casa era pequeña, no tenía letrina, tampoco energía eléctrica,  ni servicio de agua potable y sus hijos padecían una desnutrición crónica. Contó que en el Caps no tenían registro de que María haya concurrido, pero luego detalló que la sala de salud más cercana quedaba a 12 kilómetros de la vivienda. Luego el abogado defensor, Eduardo Paredes comenzó a realizar las preguntas. “¿Ustedes tienen protocolos de aplicación en estos casos o para los casos del programa Hambre Cero?”, la respuesta fue negativa: “Cuatro hijos de la mujer padecían un cuadro de desnutrición extremo… el protocolo de intervención en estos casos no impone actuar compulsivamente, no hay un protocolo escrito para este tipo de casos”, sostuvo Benítez y agregó: “La pobreza es la señal número uno de la desnutrición” y el objetivo del programa Hambre Cero es “suplementar no nutrir”.

Más adelante, Benítez agregó que “los niños (de Ovando) estaban con piojos, con una infección en el cuero cabelludo como una especie de casco”. Al expresar esta descripción,  recibió el rechazo del público presente, “no tenés vergüenza”, le decían y de inmediato  el presidente del Tribunal, Atilio Léon, pidió silencio.

Luego, le tocó el turno al pediatra Julio Rodríguez, quien brindó detalles sobre la desnutrición y una reseña de los diagnósticos médicos de los niños: “Cuanto más pobre, menos formación, cuando la persona no sabe leer ni escribir, es más propensa a que sus hijos sufran de desnutrición. Está comprobado científicamente, porque no conocen la dimensión de los actos”. La exposición del médico fue aplaudida por el público.

También declaró el médico forense Milton Rubén Rodríguez y manifestó que no pudo determinar la causa de muerte de Carolina por el alto grado de descomposición del cuerpo ya que tenía más de 15 días de deceso cuando tuvo contacto con el mismo.

Finalmente, declaró Eguarta Godoy, la suegra de María que actualmente tiene al cuidado a dos de sus hijos. Con dificultad, titubeo y un guarañol casi inentendible, la señora pudo contar su versión de los hechos pero siempre a partir de declaraciones de terceros. En reiteradas ocasiones nombró al municipio, por la asistencia que hoy reciben y pidió que “María no salga de la cárcel, porque ella se va a llevar a la nena (de 20 meses), y capaz que la mate también”. Contó que los niños que están a su cuidado “están muy bien, la Municipalidad nos brinda todo tipo de ayuda”.

En la calle también

Mientras tanto, en la calle María estaba acompañada por un grupo de tareferas, y familiares que pedían justicia por ella y por sus propias causas: la madre de Lieni Itatí Piñeiro y también los padres de Hernán Cespedes.

Liliana Rodríguez, delegada del sindicato de tareferos de Montecarlo, una de las tareferas que trabajó cerca de María, expresó: “Me duele escuchar que ella está detrás de las rejas por culpa de un gobierno o un Estado problemático que trae pobreza,  no atiende la necesidad de nosotros los pobres, porque donde ella vivía a cualquiera le puede pasar lo mismo no solo a ella. Hoy le pasó a ella, mañana le puede pasar a cualquiera de nosotros, como pasó en Montecarlo con muchas criaturas desnutridas y si pasa le van a meter presa a la mamá”.

También Fermina Benítez de la recientemente constituida Asociación de Mujeres Tareferas Ñande Sy, manifestó: “Muchas de nosotras nos sentimos identificadas con María, porque todos los días vivimos esa necesidad, todos los problemas que ella tuvo probablemente lo tengamos nosotras, la diferencia es que a ella le encerraron y en cualquier momento, cualquiera de nosotras puede estar en ese lugar. Vivo en un barrio que se llama Malvinas y la mayoría de las mujeres tienen numerosas familias, con cinco o seis niños, y tenemos que estar a las tres de la madrugada haciendo cola, y no hay atención médica, muchos de nuestros niños son desnutridos, de 120 personas solo 3 tenían trabajo asegurado, las mamás tienen que venir con los niños en sus brazos, le agarra una neumonía, o una convulsión y el chico puede morir en sus brazos antes de llegar a un hospital porque no hay medios para salir en horarios nocturnos”.

Una mirada sobre la criminalización

El caso de María Ovando tomó estado público y fueron varias las personas de distintos ámbitos que se acercaron hasta el tribunal.

Yolanda Urquiza, doctora, historiadora y especialista en historia reciente de las mujeres, habló sobre el proceso de criminalización de la pobreza y la ausencia del estado para atender a la familia previamente y la paradoja de un estado que aparece para penalizar. “Detrás de esto hay muchas Marías que están detenidas sin proceso. María es el paradigma de las deudas que tiene la democracia; cuando empezó la democracia había una idea de que con la democracia se curaba, se educaba, María es analfabeta, no podía mantener a sus hijos, trabajando en condiciones de explotación con una familia numerosa que tampoco fue parte de su propia decisión y con hijos que venían acarreando una desnutrición propia de un hogar con muchas carencias. Está revelando todas las deudas que todavía tiene el Estado hacia los sectores más vulnerados”.

A todo esto, Urquiza le sumó la característica de una Justicia “absolutamente patriarcal donde ser pobre y además ser mujer, también la pone en una situación de mayor exposición y vulnerabilidad. La justicia es fundamentalmente una justicia de orden machista. La penada es la madre y el padre estuvo ausente siempre y no hay una atención acerca de la responsabilidad de lo que significa. La maternidad no es un hecho natural es una construcción, social y cultural. Y ese punto es donde nosotros sentimos que María está doblemente penada… Si el médico sabía sobre la situación de desnutrición de los niños, si los promotores daban cuenta de esto, ¿qué hicieron ellos desde su niveles de responsabilidad y qué hicieron para seguir conteniendo a los niños?”.

Elia Espen, de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayor, también estuvo presente durante todo el juicio llevando el cartel de su hijo desaparecido: “Derechos humanos no son solamente nuestros desaparecidos, derechos humanos es tener una buena salud, es tener un buen trabajo, entonces pienso que yo como madre de desaparecido tengo que estar. Porque María no es una madre abandónica, es un Estado abandónico porque María hay muchas”.

También Graciela Franzen, “acá se comprueba realmente el abandono de persona en el cual el estado deja a toda la familia, acá nos damos cuenta que el hambre cero no existe que hay una indiferencia total, acá hay violaciones a los derechos humanos por todos lados, ¿qué pasa que en ese barrio no hay agua potable? ¿no es abandono de parte del Estado?”

Víctima crónica de violencia

Con una mirada desde la psicología, Fanny Friedl, integrante del equipo técnico que entrevista a María para evaluar su situación emocional, explicó: “María ha sido una víctima crónica de violencia, familiar, estructural, no recibió la educación que merece todo ser humano, ni ella ni sus hermanos, ella repite la historia a lo largo de su vida. Se judicializó su caso, pero ella claramente fue víctima y lo que padece es un estrés postraumático crónico. Ha sumado una serie de traumas y necesita ser asistida, no condenada. Es un ser humano y cómo nos ocupamos de estos casos ¿condenando? ¿Separándola de los hijos? Estamos en democracia pero hay muchas imperfecciones, esta es otra victimización para María y para sus hijos. Me parece un caso paradigmático para que se pueda hacer un cambio estructural”.

Contó que María hizo su primera amiga en la cárcel porque toda su vida vivió en “un aislamiento total”. Hace algunos días, aprendió a escribir su nombre completo porque “hay gente que la ayuda desde el amor no desde la condena”, dijo Friedl y manifestó su deseo de que “María salga libre, que se reconecte con sus hijos y hacer un trabajo y  asistencia con los chicos, porque no se hizo un trabajo profesional, conciente y responsable, se decidió con mucho riesgo y ahora tienen que dar explicación y justificación de decisiones que no fueron correctamente tomadas”.

Los Amicus y las firmas

Con fuertes críticas a la investigación penal, la Comisión sobre temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación se pronunció a favor de María Ovando reclamando su absolución. Distintas organizaciones ya presentaron tres amicus curiae que denuncian la vulnerabilidad extrema de Ovando, la criminalización de la pobreza y la omisión del Estado en toda la situación.

La primera defensa surgió de la ex diputada nacional del MST Vilma Ripoll, quien viajó hasta el Tribunal de Eldorado y trajo consigo 26 mil firmas para los amicus curiae. “Queremos que se sientan que la población de todo el país está siguiendo el juicio; que haya una señal a partir de este juicio, que no se puede alegremente criminalizar la pobreza, abandonar a una mujer, la responsabilidad que tiene el Estado es brutal. Queremos Justicia, que a María le den el sobreseimiento y que la provincia deje de hacer maniobras de cuarta dándole casas y otras preventas a la madre de María cuando lo que tienen que hacer es construir una casa a María y ayudarla a revincularla con sus hijos. Porque hasta el hijo que estaba amantando le sacaron a su madre y el padre nunca estuvo cuestionado”, denunció Ripoll en diálogo con Revista Superficie.

Y más adelante sostuvo: “Queremos pedir que le saquen la matricula al director del hospital, no tiene vergüenza. Porque es un irresponsable, un inconsciente, si él dice que la nena estaba en las condiciones que acaba de declarar y no la internó, es responsable”.

Juicio al Estado

Avergonzado por la participación de los primeros testigos, Eduardo Paredes brindó unas declaraciones sobre el primer día de juicio: “El último testimonio no se puede tener en cuenta, porque victimiza a la mujer que vino. Esto demuestra lo que es el Estado, el primer médico dice que no tienen protocolo, que hacen lo que pueden, el segundo dijo que se murió por desnutrida porque mueren así, el tercer médico dice que no sabe de qué murió, y una señora dice que se quiere quedar con los nietos, que María le pegaba y no lo puede verificar. En esto no hace falta ser abogado, es sentido común, es el Estado inexistente que tiene efectores de salud inexistentes”.

Paredes sostuvo que “el tema de María Ovando, no es María, es la exclusión, acá el que está en juicio es el Estado, y no se puede armar un juicio con estos testimonios, es una vergüenza. Espero el llamado de los psicólogos porque creo serán definitivos”.