“El Estado incurre en violencia institucional en relación al aborto”

“Estamos en una década de avances en términos de derechos civiles y sociales en Argentina y, en este sentido, la discusión sobre el aborto debe trasladarse desde el debate sobre la criminalización hacia el impacto social de la penalización. Y el fallo de la Corte Suprema va en esta línea” señaló el especialista en derechos humanos Víctor Abramovich durante una actividad organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto para promover el tratamiento legislativo del acceso al aborto legal. Varias legisladoras presentes se comprometieron a que la Cámara Baja llamará a una audiencia pública antes de fin de año para debatirlo.

Por Sandra Chaher

COMUNICAR IGUALDAD- En marzo del 2012 fue presentado nuevamente en el Parlamento Nacional el proyecto de legalización del aborto elaborado por las personas y organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, cientos de personas y más de 300 organizaciones de todo el país. El proyecto cuenta con el apoyo de casi 60 legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos; sin embargo, en lo que va del año aún no fue abordado por las comisiones parlamentarias.

“Esta actividad la pensamos en conjunto con diputadas y diputados firmantes del proyecto de la Campaña –dijo Marta Alanis, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir en la apertura de la conferencia Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Implicancias jurídicas y de salud. Relación con el nuevo Código Civil  convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto-. Estamos esta semana conmemorando el 28 septiembre, Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe y pensamos este encuentro para llamar la atención sobre que el debate está pendiente. Creemos que estamos transitando un momento de oportunidades en el país para los derechos humanos de las mujeres y no queremos que el derecho al aborto sea relegado.”

La propuesta del encuentro era abordar tanto el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de marzo de este año -.sobre aborto no punible en caso de violación- como el proyecto de reforma del Código Civil que está tratando el Congreso, desde el punto de vista del acceso al aborto y vincularlos al tratamiento en el recinto del proyecto de legalización presentado por la Campaña. Para ello fueron convocados el abogado Víctor Abramovich, miembro Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; la abogada  Nelly Minyersky, especialista en derechos de las mujeres, niñez y familia; y Germán Pablo Cardoso, integrante del Movimiento de Médicos por el Derecho a Decidir.

El primero en tomar la palabra fue Víctor Abramocivh, quien se refirió a las posibilidades de interpretación jurídica que abrió el fallo de la Corte Suprema sobre el caso F.A.L, en marzo del 2012: “El fallo es central porque si bien se limita a abortos no punibles, toma muchos de los argumentos jurídicos que son usados por los sectores conservadores para justificar prohibición y los debilita y, a la vez, esboza los argumentos necesarios para avanzar hacia la despenalización. El fallo sirve para salir de la discusión sobre los grados de penalización y empezar a referirnos al aborto como derecho, que es lo que plantea la Campaña en su proyecto”.

Sobre los argumentos de los sectores conservadores que el fallo de la Corte derrumba, observó Abramovich: “Por un lado da por tierra la argumentación restrictiva que invoca el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional referido a la seguridad social, pero lo más importante es la interpretación que se hace del artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla de la vida desde el momento de la concepción. La Corte dice que la lectura de la Convención debe hacerse de acuerdo no sólo a su texto sino a los organismos que la interpretan y según toda esta jurisprudencia, el artículo 4 no establece la protección absoluta desde la concepción, sino que fue un artículo que dejó margen a los estados para legislar en materia de aborto. Y esto fue lo que pasó hasta mediados de la década del ’90: los organismos internacionales se abstuvieron de intervenir en la legislación interna sobre aborto. A partir de ese momento, quizá como consecuencia de la Conferencia de Población de El Cairo, los organismos internacionales comenzaron a plantear límites a la criminalización del aborto que se hacía en cada país señalando que la misma afecta otros derechos de las mujeres”. El no aval de la Convención Interamericana de Derechos Humanos a la penalización del aborto fue claramente planteada en Argentina en julio del 2011 por Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando visitó el país invitada por el Congreso Nacional para participar de una audiencia pública en el marco del debate parlamentario por el derecho al aborto.

En relación a la argumentación del fallo de la Corte que puede ser útil para promover la despenalización del mismo y su legalización, Abramovich observó que “el fallo avanza en mostrar cómo ciertas formas de la criminalización del aborto afectan derechos consagrados en tratados internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o la Convención de los Derechos del Niño: son afectaciones de la seguridad física, se piden acciones heroicas y desproporcionadas de las mujeres exigiéndoles que sigan con sus embarazos. Otro tema central es que la Corte hace un análisis de la validez del artículo 86 del Código Penal no limitándose a su adecuación formal con otras normas, sino que se refiere al impacto social del mismo; dice que hay una ambigüedad en la descripción de aborto punible que se hace en el Código y esto facilitó que los operadores de la salud, con complicidad política y del Poder Judicial, obligaran a judicializar los casos y esto constituyó una práctica institucional de violencia institucional, a la luz de lo señalado en la Convención de Belém do Pará. Es decir que a la violencia sexual de la violación siguió la violencia del Estado. Esto es una definición de mucho peso político y jurídico, en tanto implica responsabilizar al Estado por lo que hace y por lo que no hace. Si el Estado mantiene la incertidumbre sobre el alcance de la  norma y no establece protocolos de atención de los abortos no punibles, se expone a la responsabilidad internacional pero también a la responsabilidad administrativa interna, porque Belém do Pará tiene en nuestro sistema jurídico rango superior a las leyes”.

“Por último anticipo un punto más importante todavía del fallo –concluyó Abramovich-: la Corte está generando una forma de análisis de los casos y la jurisprudencia que gradualmente empieza a incorporar el impacto social de ciertas normas, y esto es fundamental para los debates sobre la igualdad. Porque hoy no tenemos debates sobre normas que discriminan directamente, son normas más sofisticadas que terminan teniendo efectos discriminatorios. Y esto sirve para el debate jurídico sobre el aborto, donde debe ser incorporado el dato social: la tasa de mortalidad materna, la situación de violencia por sometimiento a burocracias médicas, la clandestinidad. Se trata de un punto clave en términos de igualdad de género pero también de igualdad social, porque hay un impacto diferenciado en el acceso al aborto de las mujeres de sectores populares. En una década de  avances en términos de derechos civiles y sociales, la discusión debe moverse desde el derecho penal hacia el impacto social que genera la prohibición del aborto.”

Diputadas nacionales Segarra, Di Tullio, Linares y Storani.

Reforma del Código Civil

La abogada Nelly Minyersky abordó el tema desde el proyecto de reforma del Código Civil y particularmente desde las propuestas de modificación del artículo 19, referido al comienzo de la existencia.

“El proyecto de reforma del Código Civil en algunas cosas avanza y en otras retrocede –señaló-. El artículo 19 deberíamos tratar de modificarlo, y sino seguir usando las argumentaciones que tenemos hoy” señala la abogada en referencia a los argumentos que se utilizan en la actualidad para enfrentar a los sectores conservadores cuando dicen que el Código Civil actual habla de la existencia de las personas “desde la concepción en el seno materno”. El proyecto de reforma mantiene este argumento pero luego agrega, acorde a los avances científicos, que en el caso de las técnicas de reproducción humana asistida la existencia “comienza con la implantación del embrión en la mujer”, es decir que niega entidad de persona al embrión durante la etapa de fecundación in vitro. Por eso, este artículo de la reforma es cuestionado tanto por los sectores progresistas, ya que mantiene la traba a la legalización del aborto, como ahora por los sectores conservadores por la inclusión de la referencia al estatus jurídico del embrión fuera del vientre materno. “Algunas personas hablan de eliminar este artículo. No es tan sencillo quitarlo porque se cae toda la estantería, los articulados de la reforma tiene relación unos con otros –señala Minyersky-, pero sí habría que tratar de incorporar en el artículo la referencia a la restricción del mismo a los efectos civiles, como se señala en la fundamentación. Y seguiremos tomando la nota al pie de Velez Sarsfield que dice en el actual Código que va a ser persona cuando salga del vientre materno.”

El médico Germán Cardozo, integrante de la Asociación Médicos por el Derecho a Decidir, se refirió a la penalización del aborto como un problema de inequidad social y reclamó al Estado la deuda que tiene con las mujeres de los sectores más desfavorecidos por esta prohibición.

Cuando terminó la ronda de disertaciones se invitó a las legisladoras que se habían ido sumando al encuentro a exponer su mirada sobre el retraso del tratamiento parlamentario del proyecto. Tanto María Luisa Storani como Virginia Linares –legisladoras de la Unión Cívica Radical y de Generación para un Encuentro Nacional, respectivamente- plantearon su disconformidad con la falta de tratamiento del proyecto durante el presente año y lamentaron las promesas incumplidas de realización de audiencias públicas para activar el tema. Las legisladoras oficialistas –Juliana Di Tullio y Adela Segarra- evitaron en cambio referirse a esta demora y llamaron a militar el proyecto en las ciudades a las que cada una pertenece y a tratar de incidir en la reforma del Código Civil para que no prime el criterio conservador en cuanto a la definición de persona.

Si bien el encuentro terminó con una promesa pública conjunta de todas las diputadas presentes para activar el tratamiento del proyecto de legalización del aborto de la Campaña antes de fin de año, al menos con el llamado a una audiencia pública, es muy fuerte en el Parlamento el rumor de que el Frente para la Victoria tiene la orden presidencial de no tratarlo.