Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 12 mayo, 2014
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género realizó una investigación sobre la organización social del cuidado de niños y niñas en la que hallaron que en la Ciudad de Buenos Aires, casi el 60% del total del tiempo de cuidado de niños, niñas y adolescentes es garantizado por mujeres (mayoritariamente las madres, pero también personas allegadas a la familia) y que hasta los dos años de edad el entorno de las criaturas es exclusivamente femenino. La ausencia de los varones en el cuidado dentro de los hogares, y del Estado en el reparto social de esta tarea, deja en situación más vulnerable a las mujeres de sectores populares que no disponen de recursos para delegar la crianza de hijas e hijos cuando necesitan o desean insertarse en el mercado laboral.
Por Mariana Fernández Camacho
COMUNICAR IGUALDAD- Yo cuido, tú cuidas, ¿él cuida? Nosotras cuidamos, vosotras cuidáis, ¿ellos cuidan? Según la Real Academia Española, conjugar un verbo tiene que ver con enunciar sus diferentes modos, tiempos, números y personas. Sin embargo, los primeros resultados del documento La organización social del cuidado de niños y niñas. Elementos para la construcción de una agenda de cuidados en Argentina parecen demostrar que en el caso del verbo “cuidar” esos modos, tiempos, números y personas recargan sólo a las mujeres.
A modo de ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires el 60% del total del tiempo de cuidado de niños, niñas y adolescentes es garantizado por mamás y un 16% por otras mujeres —que residen o no en el hogar—. Los padres aportan en un 20%y del 4% restante se hacen cargo otros varones. Además, hasta los dos años de edad el entorno de las criaturas es exclusivamente femenino: madres, niñeras, abuelas, tías o vecinas dan una mano en la tarea.
La investigación se enmarca en el proyecto “El cuidado en la agenda pública”, desarrollado de manera conjunta por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp) —con el apoyo financiero de la Unión Europea—, y tiene como objetivo brindar elementos que permitan generar estrategias adecuadas para incorporar el cuidado en la agenda pública. Pavada de meta si se tiene en cuenta que poner la cuestión del cuidado en la agenda significa poner en el centro de la preocupación de la política pública la sostenibilidad de la vida.
Laura Pautassi, investigadora del Conicet y socia de ELA, cuenta cómo surgió la investigación: “Las organizaciones que integramos el proyecto veníamos trabajando sobre la falta de incorporación en la agenda de una problemática no sólo de suma urgencia sino también desde la necesidad de que se reconozca la injusta organización social del cuidado, signada en la actualidad por una inequitativa división sexual del trabajo donde la mayor carga está puesta sobre las mujeres sin ninguna instancia de discusión, tanto a nivel de los arreglos familiares como sociales; y por otra parte, la necesidad de promover el reconocimiento del cuidado como un derecho. Esto significa el reconocimiento del derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse (autocuidado) como derecho humano, independientemente de la relación laboral o de otro tipo de situaciones. El proyecto se concentra en las demandas de cuidado de los niños, niñas y adolescentes y las formas en que, desde una perspectiva de derechos, debe satisfacerse”.
Zonas (des)cuidadas
La noción de cuidado refiere a las actividades que resultan indispensables para satisfacer las necesidades básicas de existencia y reproducción de las personas. La organización social para producir y distribuir ese cuidado involucra las interrelaciones entre familias, Estado, mercado y organizaciones comunitarias.
A pesar de la falta de información estadística oficial, los datos que existen demuestran que —tanto en América latina en general como en Argentina en particular— las responsabilidades de cuidado se encuentran desigualmente distribuidas en dos niveles: por un lado este trabajo es asumido mayormente por los hogares, y dentro de las casas por las mujeres. Para colmo, según el lugar de residencia, la inserción laboral y el nivel socio-económico, las personas tienen más o menos opciones para satisfacer su derecho al cuidado.
Basta mencionar que la cobertura educativa de niños y niñas de tres años alcanza el 40% a nivel nacional pero es inferior al 20% en las provincias del norte. Las asimetrías también aparecen entre las mujeres que se encuentran ocupadas en empleos formales —y entonces pueden hacer uso de normativas que cubren principalmente el embarazo, nacimiento y lactancia— y aquellas en condiciones de informalidad o precariedad laboral. Es decir, la actual organización social del cuidado resuelve estratificadamente en perjuicio de las mujeres pobres y de los sectores medios bajos que cuentan con menos recursos para derivar responsabilidades de cuidado, en un contexto de muy débil participación estatal.
En diálogo con COMUNICAR IGUALDAD, Lucía Martelotte, coordinadora del proyecto “El cuidado en la agenda pública”, se planta frente a la disparidad: “Uno de los resultados a destacar de la investigación es la gran disparidad que existe respecto al efectivo cumplimiento del derecho al cuidado. Y esto no debería ser de este modo ya queel cuidado es un derecho universal, y por ende el Estado debería ejercer sus obligaciones para garantizarlo por igual. En este sentido, es necesario trabajar para homogeneizar los servicios y políticas de cuidado a lo largo de todo el territorio e independientemente de las situaciones personales; y terminar así con la ‘lotería’ que existe actualmente, en la que el derecho al cuidado depende de la suerte con la que cuenta cada individuo”.
To be or not to be
No es posible desestimar las iniciativas estatales de cuidado que surgieron a nivel nacional en los últimos años, a partir del Programa Sumar, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, entre otros. Sin embargo, estas prestaciones sostienen la lógica instalada del “binomio mamá-hijo/hija” sin incluir a los progenitores varones en las prácticas de cuidado y reforzando el exclusivo rol cuidador de las mujeres madres. En sintonía resuenan los ridículos únicos dos días de licencia por paternidad que tienen quienes trabajan en el Poder Judicial y Legislativo de la Nación.
Y entonces ahí nos metemos en un brete, porque al tiempo que se sanciona una ley contra la violencia que tiene entre sus objetos garantizar la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen las desigualdades de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, se desarrollan también programas que fomentan la construcción social que dota a esas mismas mujeres de capacidades superiores para el cuidado de los demás.
Esta bajada de línea calza perfecto con el vanagloriado eslogan masculino yo ayudo en casa. “La frase no es más que un claro reflejo de la naturalización que existe en nuestras sociedades acerca de que las mujeres son las principales responsables de las tareas de cuidado. Para poder desterrar esta idea errónea es importante que se impulsen políticas públicas de corresponsabilidad, promoviendo modelos familiares paritarios. Esto supone un cambio cultural, que debe involucrar tanto a varones como a mujeres. Asimismo es importante la generación de campañas de sensibilización, en las que se ponga de manifiesto que el cuidado no es un tema privado y de las mujeres, sino por el contrario, una cuestión social, en el cual todos los actores tienen su cuota de responsabilidad: familia, mercado, comunidad, y especialmente el Estado”, señala Martelotte.
Futuro propositivo
El documento que armaron ELA junto con ADC y CIEPP detalla entre las conclusiones áreas prioritarias de acción, en pos de promover procesos de cambio que permitan que la organización social del cuidado ingrese a la agenda pública.
En primer lugar, se menciona como imprescindible y urgente atender el déficit en la producción y acceso de información. Martelotte hace hincapié en este punto: “La dificultad de acceder a información pública sobre las políticas y servicios de cuidado así como la ausencia de acciones de monitoreo y evaluación por parte del Estado, obstaculizan la realización de diagnósticos exhaustivos que reconozcan las principales debilidades y fortalezas de los programas existentes”.
Aparece como importante además tomar en consideración la brecha que existe entre la normativa y su efectiva puesta en práctica, y la integración de los servicios educativos y de cuidado. Éstos, a su vez, debieran garantizar el acceso, la calidad y su adaptabilidad. Finalmente, se propone la ampliación de licencias parentales y paternales, e incorporar la cuestión de la conciliación entre vida laboral y familiar en el ámbito de las empresas y los sindicatos.
El cuidado aún no es un tema de todxs
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género realizó una investigación sobre la organización social del cuidado de niños y niñas en la que hallaron que en la Ciudad de Buenos Aires, casi el 60% del total del tiempo de cuidado de niños, niñas y adolescentes es garantizado por mujeres (mayoritariamente las madres, pero también personas allegadas a la familia) y que hasta los dos años de edad el entorno de las criaturas es exclusivamente femenino. La ausencia de los varones en el cuidado dentro de los hogares, y del Estado en el reparto social de esta tarea, deja en situación más vulnerable a las mujeres de sectores populares que no disponen de recursos para delegar la crianza de hijas e hijos cuando necesitan o desean insertarse en el mercado laboral.
Por Mariana Fernández Camacho
COMUNICAR IGUALDAD- Yo cuido, tú cuidas, ¿él cuida? Nosotras cuidamos, vosotras cuidáis, ¿ellos cuidan? Según la Real Academia Española, conjugar un verbo tiene que ver con enunciar sus diferentes modos, tiempos, números y personas. Sin embargo, los primeros resultados del documento La organización social del cuidado de niños y niñas. Elementos para la construcción de una agenda de cuidados en Argentina parecen demostrar que en el caso del verbo “cuidar” esos modos, tiempos, números y personas recargan sólo a las mujeres.
A modo de ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires el 60% del total del tiempo de cuidado de niños, niñas y adolescentes es garantizado por mamás y un 16% por otras mujeres —que residen o no en el hogar—. Los padres aportan en un 20%y del 4% restante se hacen cargo otros varones. Además, hasta los dos años de edad el entorno de las criaturas es exclusivamente femenino: madres, niñeras, abuelas, tías o vecinas dan una mano en la tarea.
La investigación se enmarca en el proyecto “El cuidado en la agenda pública”, desarrollado de manera conjunta por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp) —con el apoyo financiero de la Unión Europea—, y tiene como objetivo brindar elementos que permitan generar estrategias adecuadas para incorporar el cuidado en la agenda pública. Pavada de meta si se tiene en cuenta que poner la cuestión del cuidado en la agenda significa poner en el centro de la preocupación de la política pública la sostenibilidad de la vida.
Laura Pautassi, investigadora del Conicet y socia de ELA, cuenta cómo surgió la investigación: “Las organizaciones que integramos el proyecto veníamos trabajando sobre la falta de incorporación en la agenda de una problemática no sólo de suma urgencia sino también desde la necesidad de que se reconozca la injusta organización social del cuidado, signada en la actualidad por una inequitativa división sexual del trabajo donde la mayor carga está puesta sobre las mujeres sin ninguna instancia de discusión, tanto a nivel de los arreglos familiares como sociales; y por otra parte, la necesidad de promover el reconocimiento del cuidado como un derecho. Esto significa el reconocimiento del derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse (autocuidado) como derecho humano, independientemente de la relación laboral o de otro tipo de situaciones. El proyecto se concentra en las demandas de cuidado de los niños, niñas y adolescentes y las formas en que, desde una perspectiva de derechos, debe satisfacerse”.
Zonas (des)cuidadas
La noción de cuidado refiere a las actividades que resultan indispensables para satisfacer las necesidades básicas de existencia y reproducción de las personas. La organización social para producir y distribuir ese cuidado involucra las interrelaciones entre familias, Estado, mercado y organizaciones comunitarias.
A pesar de la falta de información estadística oficial, los datos que existen demuestran que —tanto en América latina en general como en Argentina en particular— las responsabilidades de cuidado se encuentran desigualmente distribuidas en dos niveles: por un lado este trabajo es asumido mayormente por los hogares, y dentro de las casas por las mujeres. Para colmo, según el lugar de residencia, la inserción laboral y el nivel socio-económico, las personas tienen más o menos opciones para satisfacer su derecho al cuidado.
Basta mencionar que la cobertura educativa de niños y niñas de tres años alcanza el 40% a nivel nacional pero es inferior al 20% en las provincias del norte. Las asimetrías también aparecen entre las mujeres que se encuentran ocupadas en empleos formales —y entonces pueden hacer uso de normativas que cubren principalmente el embarazo, nacimiento y lactancia— y aquellas en condiciones de informalidad o precariedad laboral. Es decir, la actual organización social del cuidado resuelve estratificadamente en perjuicio de las mujeres pobres y de los sectores medios bajos que cuentan con menos recursos para derivar responsabilidades de cuidado, en un contexto de muy débil participación estatal.
En diálogo con COMUNICAR IGUALDAD, Lucía Martelotte, coordinadora del proyecto “El cuidado en la agenda pública”, se planta frente a la disparidad: “Uno de los resultados a destacar de la investigación es la gran disparidad que existe respecto al efectivo cumplimiento del derecho al cuidado. Y esto no debería ser de este modo ya que el cuidado es un derecho universal, y por ende el Estado debería ejercer sus obligaciones para garantizarlo por igual. En este sentido, es necesario trabajar para homogeneizar los servicios y políticas de cuidado a lo largo de todo el territorio e independientemente de las situaciones personales; y terminar así con la ‘lotería’ que existe actualmente, en la que el derecho al cuidado depende de la suerte con la que cuenta cada individuo”.
No es posible desestimar las iniciativas estatales de cuidado que surgieron a nivel nacional en los últimos años, a partir del Programa Sumar, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, entre otros. Sin embargo, estas prestaciones sostienen la lógica instalada del “binomio mamá-hijo/hija” sin incluir a los progenitores varones en las prácticas de cuidado y reforzando el exclusivo rol cuidador de las mujeres madres. En sintonía resuenan los ridículos únicos dos días de licencia por paternidad que tienen quienes trabajan en el Poder Judicial y Legislativo de la Nación.
Y entonces ahí nos metemos en un brete, porque al tiempo que se sanciona una ley contra la violencia que tiene entre sus objetos garantizar la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen las desigualdades de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, se desarrollan también programas que fomentan la construcción social que dota a esas mismas mujeres de capacidades superiores para el cuidado de los demás.
Esta bajada de línea calza perfecto con el vanagloriado eslogan masculino yo ayudo en casa. “La frase no es más que un claro reflejo de la naturalización que existe en nuestras sociedades acerca de que las mujeres son las principales responsables de las tareas de cuidado. Para poder desterrar esta idea errónea es importante que se impulsen políticas públicas de corresponsabilidad, promoviendo modelos familiares paritarios. Esto supone un cambio cultural, que debe involucrar tanto a varones como a mujeres. Asimismo es importante la generación de campañas de sensibilización, en las que se ponga de manifiesto que el cuidado no es un tema privado y de las mujeres, sino por el contrario, una cuestión social, en el cual todos los actores tienen su cuota de responsabilidad: familia, mercado, comunidad, y especialmente el Estado”, señala Martelotte.
Futuro propositivo
El documento que armaron ELA junto con ADC y CIEPP detalla entre las conclusiones áreas prioritarias de acción, en pos de promover procesos de cambio que permitan que la organización social del cuidado ingrese a la agenda pública.
En primer lugar, se menciona como imprescindible y urgente atender el déficit en la producción y acceso de información. Martelotte hace hincapié en este punto: “La dificultad de acceder a información pública sobre las políticas y servicios de cuidado así como la ausencia de acciones de monitoreo y evaluación por parte del Estado, obstaculizan la realización de diagnósticos exhaustivos que reconozcan las principales debilidades y fortalezas de los programas existentes”.
Aparece como importante además tomar en consideración la brecha que existe entre la normativa y su efectiva puesta en práctica, y la integración de los servicios educativos y de cuidado. Éstos, a su vez, debieran garantizar el acceso, la calidad y su adaptabilidad. Finalmente, se propone la ampliación de licencias parentales y paternales, e incorporar la cuestión de la conciliación entre vida laboral y familiar en el ámbito de las empresas y los sindicatos.
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