Después de 30 años de democracia ¿el Congreso debatirá el aborto en el 2013?
Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 30 noviembre, 2012
Con el cierre legislativo en puerta, ayer se realizó en la Cámara de Diputados/as una jornada pública en apoyo al tratamiento en 2013 del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A sala llena, las numerosas organizaciones civiles y diputadas y diputados nacionales convocantes sellaron un nuevo compromiso de lucha. En ese marco, Amnistía Internacional lanzó una campaña de recolección de firmas para pedirle al Congreso que discuta de manera seria y democrática la despenalización del aborto.
Por Mariana Fernández Camacho
COMUNICAR IGUALDAD- Desde bien temprano los pañuelos verdes comenzaron a multiplicarse en el segundo piso de Riobamba 25, y durante casi cuatro horas representantes de organizaciones de derechos humanos, académicas, sindicales, religiosas, de la salud y el derecho de todo el país fueron compartiendo argumentos a favor de terminar con el dilema “maternidad o cárcel” y así saldar la histórica deuda de la democracia con los derechos humanos de las mujeres.
“En la Asociación por los Derechos Civiles creemos que el modelo de regulación del aborto que tenemos en Argentina desde 1921 ha demostrado su fracaso. En primer lugar, porque no garantiza la prohibición adecuada de abortos seguros a aquellas mujeres que se encuentran contempladas en los supuestos de abortos no punibles. En segundo lugar, el modelo fracasa porque no disuade a las mujeres de practicarse abortos. Además, la criminalización es responsable de gran parte de la morbilidad y mortalidad materna que registra el país, dado que un importante número de los abortos clandestinos son practicados en condiciones de riesgo. El modelo de regulación también fracasa porque la criminalización del aborto dificulta en ocasiones la efectiva implementación de otras políticas públicas tendientes a evitar los abortos provocados, como la prohibición de anticoncepción de emergencia y la educación sexual integral. Finalmente, la criminalización del aborto instrumentaliza el cuerpo de las mujeres con fines reproductivos, degradando su dignidad”, enumeró Mercedes Cavallo, Directora del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ADC.
Por su parte, Paola García Rey, Coordinadora de Protección y Promoción de DDHH de Amnistía Internacional, se ocupó de los datos duros: “Investigaciones de Amnistía demostraron que en países con legislaciones más restrictivas las tasas de aborto no disminuyen, sino que aumentan. Por ejemplo, hay tasas de aborto de 29 cada 1000 mujeres en África y 32 cada 1000 mujeres en América latina, regiones donde la mayoría de los países tienen leyes que prohíben el aborto o los autorizan en casos excepcionales. La tasa, en cambio, es de 12 cada 1000 en Europa Occidental, que cuenta con países que permiten el aborto en gran medida”.
Dando cuenta de artículos, normas y tratados internacionales, Nelly Minyersky, investigadora, especialista en derecho de familia y niñez y profesora consulta de la UBA, dejó en claro la constitucionalidad de la despenalización y legalización del aborto: “Se suele decir que el Pacto de San José de Costa Rica plantea que se es persona desde el mismo momento de la concepción, olvidándose que el mismo Pacto agrega la terminología ‘en general‘ y que debe ser interpretado tomando en cuenta sus antecedentes. Es decir que el Pacto de San José de Costa Rica no solo no nos impide el aborto sino que, por el contrario, lo autoriza a través de estos términos y de su historia. No se puede obligar a nadie a ser madre, por eso los operadores jurídicos tenemos que insistir en la difusión de lo que realmente dicen y cómo deben ser interpretados nuestros tratados de derechos humanos, para reafirmar la constitucionalidad de la despenalización y legalización del aborto”.
El respaldo también vino de la mano de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), la Federación Argentina LGBT, Las Fulanas, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES), entre otras entidades, y la presencia de 19 diputadas y diputados nacionales firmantes de la Ley IVE.
Sabor amargo
La férrea confirmación del compromiso de tan amplio abanico de sectores se festejó con abrazos y el recuerdo de anécdotas de un pasado reciente todavía más difícil. Sin embargo, en voz baja retumbaba el sinsabor: “No nos merecíamos no avanzar ni un chiquitín”, “hay que aumentar la presión externa” y “si no logramos que se trate a principios del año próximo tenemos que reconocer que fracasamos”, fueron algunos de los comentarios que se repetían off de record.
Es que este año el aborto desapareció de la agenda legislativa, frenando un debate que entre 2010 y 2011 contó con cuatro audiencias especiales en la Cámara de Diputados/as y la participación de representantes de organismos internacionales que expusieron sus argumentos a favor de la legalización.
“Todo el año estuvimos pidiéndole al presidente de la Comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu, que hiciéramos una audiencia de este tipo. Nos dijo que sería en noviembre y al final no la hizo, por lo cual el saldo legislativo de este año con respecto a este tema es malo. El aborto se silenció. Y que la Comisión nos prometa una audiencia y después no la haga es grave. El impulso ahora lo tenemos que dar desde adentro en marzo, cuando se haga la apertura de las sesiones ordinarias”, señaló la diputada nacional por la Unión Cívica Radial (UCR) María Luisa Storani, en diálogo con COMUNICAR IGUALDAD.
La mezcla de sensaciones moldeó el discurso de la legisladora por la ciudad del Frente para la Victoria (FPV), María José Lubertino: “Comparto la alegría de poder hacer esta actividad como cierre de un año que nos tuvo a todas militando a lo largo y ancho del país con mucha fuerza y energía. Pero creo que la sociedad está pasos adelante de sus propios representantes y de las instituciones en esta temática, y por eso también es frustrante ver que se acumulan 30 años de democracia sin que el aborto sea puesto en la agenda. Cada diputada y diputado tiene que hacerse cargo de su misión. No hay obediencias de vida, no hay mandatos. Quienes hoy son diputados nacionales son responsables de dar su testimonio y su posición sobre la despenalización del aborto”.
En la misma línea, Victoria Donda, diputada del Frente Amplio Progresista (FAP), dio cuenta de una realidad que encuentra desalentadora: “Que lleguemos a fin de año y esta sea la primera audiencia pública es una vergüenza y un llamado de atención, no puede ser un motivo de festejo. Esta audiencia no fue convocada por las comisiones y el proyecto debe ser tratado en el recinto, más allá de que el próximo sea un año electoral”, dijo y estallaron los aplausos.
A su turno, la diputada kirchnerista María Elena Chieno, presidenta de la Comisión de Salud, recogió el guante y reconoció la falta: “La despenalización del aborto es una tarea y una responsabilidad pendiente para los legisladores. Para mí, además, es un objetivo. Tengo 35 años de médica asistiendo y luchando contra la muerte para rescatar a las mujeres de la mesa del quirófano. Tenemos que sacarnos la careta y dejar de ser hipócritas. Despenalizar el aborto salva vidas”.
Próximo destino: 2013
El fantasma de las elecciones de renovación legislativa sobrevoló la Sala 1 del Anexo de Diputados/as, abriendo un interrogante sobre cuán posible será meter en la agenda 2013 del Congreso el tratamiento del proyecto de despenalización del aborto.
“En años electorales la discusión de temas como el que estamos hablando no suelen ponerse en la agenda pública. Pero este año tampoco hemos visto un verdadero compromiso llevado a la práctica de legisladores y legisladoras del oficialismo para el tratamiento del aborto en el Parlamento”, observó Virginia Linares, diputada nacional del GEN-FAP. “Es bueno aclarar que contamos con legisladoras del FPV que siempre están dispuestas a la discusión del proyecto de interrupción del embarazo, pero no se avanza en la decisión política de ponerlo en agenda”, dijo Linares a COMUNICAR IGUALDAD.
Para Marta Alanís, activista de Católicas por el Derecho a Decidir Córdoba, y uno de los motores de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, los malos presagios no deben embarrar la cancha: “Es un año electoral, es cierto, pero en siete años no se evaluó ningún momento como propicio. Ahora dirán algunos que no conviene por las elecciones pero no es así, es una reivindicación muy popular. Las mujeres sabemos de qué se trata y hoy contamos con un apoyo muy grande de la sociedad civil y de la opinión pública”.
Las palabras de Estela Díaz, Secretaria de Género de CTA, también alientan a no bajar los brazos: “Nosotras siempre somos optimistas y tenemos expectativas, por eso militamos, porque tenemos la convicción del cambio. Seguiremos haciendo nuestros esfuerzos para generar la consciencia y la necesidad de que es un debate que el Congreso no puede seguir obviando”.
Amnistía se suma
El programa de la jornada pública comenzó con la presentación por parte de Amnistía Internacional de una campaña de recolección de firmas, que se extenderá a todo el país, para pedirle al Congreso que discuta la despenalización del aborto. La juntada de firmas se hará en la calle, en espacios públicos y eventos artísticos y a través de internety de las redes sociales, para ser presentadas en la apertura de las sesiones legislativas de 2013.
Mariela Belski es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina y espera que la campaña ayude a que el año que viene no ocurra lo mismo que en 2012, esto es que el Congreso ignore por completo la discusión sobre la despenalización del aborto: “Las firmas y posterior envío a los funcionarios es una de las técnicas de acción básica de Amnistía Internacional. Es una forma de presión directa sobre autoridades que por acción o por omisión violan derechos constitucionales o compromisos internacionales asumidos en materia de DDHH. Es preciso que el Congreso incorpore en la agenda legislativa de 2013 un debate participativo y democrático sobre el aborto”.
Aunque la discusión de la despenalización del aborto siga excluida de la agenda política, las mujeres de nuestro país vienen interrumpiendo voluntariamente sus embarazos desde la transición demográfica a principios del siglo pasado, con cifras que hoy superan los 480 mil abortos por año. Además, un centenar de mujeres muere todos los años por causa de abortos inseguros. Sobre todo entre las más pobres, quienes no sobreviven a intervenciones clandestinas que, de realizarse en condiciones seguras, casi no tendrían riesgos.
Un centenar de mujeres con nombre, apellido y proyectos que quedaron truncos… mientras nuestros/as representantes siguen mirando para otro lado.
Después de 30 años de democracia ¿el Congreso debatirá el aborto en el 2013?
Con el cierre legislativo en puerta, ayer se realizó en la Cámara de Diputados/as una jornada pública en apoyo al tratamiento en 2013 del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A sala llena, las numerosas organizaciones civiles y diputadas y diputados nacionales convocantes sellaron un nuevo compromiso de lucha. En ese marco, Amnistía Internacional lanzó una campaña de recolección de firmas para pedirle al Congreso que discuta de manera seria y democrática la despenalización del aborto.
Por Mariana Fernández Camacho
COMUNICAR IGUALDAD- Desde bien temprano los pañuelos verdes comenzaron a multiplicarse en el segundo piso de Riobamba 25, y durante casi cuatro horas representantes de organizaciones de derechos humanos, académicas, sindicales, religiosas, de la salud y el derecho de todo el país fueron compartiendo argumentos a favor de terminar con el dilema “maternidad o cárcel” y así saldar la histórica deuda de la democracia con los derechos humanos de las mujeres.
“En la Asociación por los Derechos Civiles creemos que el modelo de regulación del aborto que tenemos en Argentina desde 1921 ha demostrado su fracaso. En primer lugar, porque no garantiza la prohibición adecuada de abortos seguros a aquellas mujeres que se encuentran contempladas en los supuestos de abortos no punibles. En segundo lugar, el modelo fracasa porque no disuade a las mujeres de practicarse abortos. Además, la criminalización es responsable de gran parte de la morbilidad y mortalidad materna que registra el país, dado que un importante número de los abortos clandestinos son practicados en condiciones de riesgo. El modelo de regulación también fracasa porque la criminalización del aborto dificulta en ocasiones la efectiva implementación de otras políticas públicas tendientes a evitar los abortos provocados, como la prohibición de anticoncepción de emergencia y la educación sexual integral. Finalmente, la criminalización del aborto instrumentaliza el cuerpo de las mujeres con fines reproductivos, degradando su dignidad”, enumeró Mercedes Cavallo, Directora del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ADC.
Por su parte, Paola García Rey, Coordinadora de Protección y Promoción de DDHH de Amnistía Internacional, se ocupó de los datos duros: “Investigaciones de Amnistía demostraron que en países con legislaciones más restrictivas las tasas de aborto no disminuyen, sino que aumentan. Por ejemplo, hay tasas de aborto de 29 cada 1000 mujeres en África y 32 cada 1000 mujeres en América latina, regiones donde la mayoría de los países tienen leyes que prohíben el aborto o los autorizan en casos excepcionales. La tasa, en cambio, es de 12 cada 1000 en Europa Occidental, que cuenta con países que permiten el aborto en gran medida”.
Dando cuenta de artículos, normas y tratados internacionales, Nelly Minyersky, investigadora, especialista en derecho de familia y niñez y profesora consulta de la UBA, dejó en claro la constitucionalidad de la despenalización y legalización del aborto: “Se suele decir que el Pacto de San José de Costa Rica plantea que se es persona desde el mismo momento de la concepción, olvidándose que el mismo Pacto agrega la terminología ‘en general‘ y que debe ser interpretado tomando en cuenta sus antecedentes. Es decir que el Pacto de San José de Costa Rica no solo no nos impide el aborto sino que, por el contrario, lo autoriza a través de estos términos y de su historia. No se puede obligar a nadie a ser madre, por eso los operadores jurídicos tenemos que insistir en la difusión de lo que realmente dicen y cómo deben ser interpretados nuestros tratados de derechos humanos, para reafirmar la constitucionalidad de la despenalización y legalización del aborto”.
El respaldo también vino de la mano de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), la Federación Argentina LGBT, Las Fulanas, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES), entre otras entidades, y la presencia de 19 diputadas y diputados nacionales firmantes de la Ley IVE.
Sabor amargo
La férrea confirmación del compromiso de tan amplio abanico de sectores se festejó con abrazos y el recuerdo de anécdotas de un pasado reciente todavía más difícil. Sin embargo, en voz baja retumbaba el sinsabor: “No nos merecíamos no avanzar ni un chiquitín”, “hay que aumentar la presión externa” y “si no logramos que se trate a principios del año próximo tenemos que reconocer que fracasamos”, fueron algunos de los comentarios que se repetían off de record.
Es que este año el aborto desapareció de la agenda legislativa, frenando un debate que entre 2010 y 2011 contó con cuatro audiencias especiales en la Cámara de Diputados/as y la participación de representantes de organismos internacionales que expusieron sus argumentos a favor de la legalización.
“Todo el año estuvimos pidiéndole al presidente de la Comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu, que hiciéramos una audiencia de este tipo. Nos dijo que sería en noviembre y al final no la hizo, por lo cual el saldo legislativo de este año con respecto a este tema es malo. El aborto se silenció. Y que la Comisión nos prometa una audiencia y después no la haga es grave. El impulso ahora lo tenemos que dar desde adentro en marzo, cuando se haga la apertura de las sesiones ordinarias”, señaló la diputada nacional por la Unión Cívica Radial (UCR) María Luisa Storani, en diálogo con COMUNICAR IGUALDAD.
La mezcla de sensaciones moldeó el discurso de la legisladora por la ciudad del Frente para la Victoria (FPV), María José Lubertino: “Comparto la alegría de poder hacer esta actividad como cierre de un año que nos tuvo a todas militando a lo largo y ancho del país con mucha fuerza y energía. Pero creo que la sociedad está pasos adelante de sus propios representantes y de las instituciones en esta temática, y por eso también es frustrante ver que se acumulan 30 años de democracia sin que el aborto sea puesto en la agenda. Cada diputada y diputado tiene que hacerse cargo de su misión. No hay obediencias de vida, no hay mandatos. Quienes hoy son diputados nacionales son responsables de dar su testimonio y su posición sobre la despenalización del aborto”.
En la misma línea, Victoria Donda, diputada del Frente Amplio Progresista (FAP), dio cuenta de una realidad que encuentra desalentadora: “Que lleguemos a fin de año y esta sea la primera audiencia pública es una vergüenza y un llamado de atención, no puede ser un motivo de festejo. Esta audiencia no fue convocada por las comisiones y el proyecto debe ser tratado en el recinto, más allá de que el próximo sea un año electoral”, dijo y estallaron los aplausos.
A su turno, la diputada kirchnerista María Elena Chieno, presidenta de la Comisión de Salud, recogió el guante y reconoció la falta: “La despenalización del aborto es una tarea y una responsabilidad pendiente para los legisladores. Para mí, además, es un objetivo. Tengo 35 años de médica asistiendo y luchando contra la muerte para rescatar a las mujeres de la mesa del quirófano. Tenemos que sacarnos la careta y dejar de ser hipócritas. Despenalizar el aborto salva vidas”.
Próximo destino: 2013
El fantasma de las elecciones de renovación legislativa sobrevoló la Sala 1 del Anexo de Diputados/as, abriendo un interrogante sobre cuán posible será meter en la agenda 2013 del Congreso el tratamiento del proyecto de despenalización del aborto.
“En años electorales la discusión de temas como el que estamos hablando no suelen ponerse en la agenda pública. Pero este año tampoco hemos visto un verdadero compromiso llevado a la práctica de legisladores y legisladoras del oficialismo para el tratamiento del aborto en el Parlamento”, observó Virginia Linares, diputada nacional del GEN-FAP. “Es bueno aclarar que contamos con legisladoras del FPV que siempre están dispuestas a la discusión del proyecto de interrupción del embarazo, pero no se avanza en la decisión política de ponerlo en agenda”, dijo Linares a COMUNICAR IGUALDAD.
Para Marta Alanís, activista de Católicas por el Derecho a Decidir Córdoba, y uno de los motores de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, los malos presagios no deben embarrar la cancha: “Es un año electoral, es cierto, pero en siete años no se evaluó ningún momento como propicio. Ahora dirán algunos que no conviene por las elecciones pero no es así, es una reivindicación muy popular. Las mujeres sabemos de qué se trata y hoy contamos con un apoyo muy grande de la sociedad civil y de la opinión pública”.
Las palabras de Estela Díaz, Secretaria de Género de CTA, también alientan a no bajar los brazos: “Nosotras siempre somos optimistas y tenemos expectativas, por eso militamos, porque tenemos la convicción del cambio. Seguiremos haciendo nuestros esfuerzos para generar la consciencia y la necesidad de que es un debate que el Congreso no puede seguir obviando”.
Amnistía se suma
El programa de la jornada pública comenzó con la presentación por parte de Amnistía Internacional de una campaña de recolección de firmas, que se extenderá a todo el país, para pedirle al Congreso que discuta la despenalización del aborto. La juntada de firmas se hará en la calle, en espacios públicos y eventos artísticos y a través de internet y de las redes sociales, para ser presentadas en la apertura de las sesiones legislativas de 2013.
Mariela Belski es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina y espera que la campaña ayude a que el año que viene no ocurra lo mismo que en 2012, esto es que el Congreso ignore por completo la discusión sobre la despenalización del aborto: “Las firmas y posterior envío a los funcionarios es una de las técnicas de acción básica de Amnistía Internacional. Es una forma de presión directa sobre autoridades que por acción o por omisión violan derechos constitucionales o compromisos internacionales asumidos en materia de DDHH. Es preciso que el Congreso incorpore en la agenda legislativa de 2013 un debate participativo y democrático sobre el aborto”.
Aunque la discusión de la despenalización del aborto siga excluida de la agenda política, las mujeres de nuestro país vienen interrumpiendo voluntariamente sus embarazos desde la transición demográfica a principios del siglo pasado, con cifras que hoy superan los 480 mil abortos por año. Además, un centenar de mujeres muere todos los años por causa de abortos inseguros. Sobre todo entre las más pobres, quienes no sobreviven a intervenciones clandestinas que, de realizarse en condiciones seguras, casi no tendrían riesgos.
Un centenar de mujeres con nombre, apellido y proyectos que quedaron truncos… mientras nuestros/as representantes siguen mirando para otro lado.
Foto destacada: Pao Lin