“Deberíamos tener un sistema nacional de cuidados como Uruguay o Costa Rica”
Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 12 mayo, 2014
Por Mariana Fernández Camacho
COMUNICAR IGUALDAD- Lucia Martelotte es responsable del área política del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y coordinadora del proyecto “El cuidado en la agenda pública”, desarrollado junto con la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp), y con apoyo financiero de la Unión Europea.
-¿Con qué acciones/políticas concretas cree que, desde el Estado, podría revertirse que el cuidado recaiga exclusivamente sobre las mujeres?
-Existe un amplio abanico de medidas que el Estado como proveedor y regulador de los servicios de cuidados podría implementar con el objetivo de revertir la actual e injusta organización social del trabajo. Estas van desde intervenciones muy puntuales, hasta otras de carácter integral.
Algunas posibles medidas serían: ampliar los regímenes de licencias más allá del nacimiento y el primer año de vida de los niños y niñas, y que su aplicación alcance a todas las personas independientemente de su situación laboral —actualmente sólo están vigentes para trabajadoras/es formales y no se aplica para autónomos y monotributistas; ampliar la oferta de servicios de cuidado —incluyendo centros de cuidado infantil, centros de día para personas mayores, hospitales ambulatorios para personas con enfermedades crónicas, centros de atención para personas con discapacidad—; extender la jornada escolar para compatibilizarla con el horario laboral; impulsar políticas de corresponsabilidad en el marco de las familias; generar campañas de sensibilización acerca de la importancia del cuidado como un derecho cuya satisfacción es responsabilidad de los diferentes actores sociales —familias, mercado, comunidad y Estado—; generar información periódica sobre la distribución de las tareas del cuidado y uso del tiempo; y realizar evaluaciones de las políticas públicas existentes. A nivel más general, sería importante que el Estado trabajara en la creación de un sistema nacional de cuidados. Uruguay y Costa Rica son dos ejemplos de países de la región que han avanzado en el proceso de debate, diseño y definición de las características de un sistema de este tipo.
-¿Y cuál es el rol del sector privado?
-El sector privado cumple un papel fundamental, ya que actúa como proveedor de trabajo para un importante sector de la población. Junto con el Estado, la comunidad y las familias, tiene responsabilidad en el efectivo cumplimiento del derecho al cuidado. Lo que observamos a través del relevamiento es que el tema del cuidado se está incorporando en la agenda empresarial, aunque de modo incipiente y en diferentes niveles según los tipos de empresas y los sectores. En términos generales en las empresas multinacionales encontramos un mayor nivel de trabajo que en las PYMEs, principalmente por su estructura y por los recursos disponibles. Es por ello que consideramos importante poder trabajar con estas pequeñas y medianas empresas, para que puedan pensar en estrategias y acciones posibles para lograr un mayor grado de conciliación familia-trabajo, así como para desnaturalizar el rol de las mujeres como las principales proveedoras de cuidado. Por otra parte,dentro de las empresas que cuentan con políticas de cuidado, suelen ser los sectores administrativos y de servicios quienes se benefician de estas medidas. Un desafío pendiente es poder, entonces, extender estas políticas a quienes trabajan en sectores productivos. En cuanto al tipo de medidas, las más comunes suelen ser: extensión de las licencias por maternidad y paternidad por encima de la Ley de Contrato de Trabajo; subsidio por guardería para trabajadoras; y medidas relativas a la flexibilización horaria (flextime) y geográfica (home-office).
“Deberíamos tener un sistema nacional de cuidados como Uruguay o Costa Rica”
Por Mariana Fernández Camacho
COMUNICAR IGUALDAD- Lucia Martelotte es responsable del área política del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y coordinadora del proyecto “El cuidado en la agenda pública”, desarrollado junto con la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp), y con apoyo financiero de la Unión Europea.
-¿Con qué acciones/políticas concretas cree que, desde el Estado, podría revertirse que el cuidado recaiga exclusivamente sobre las mujeres?
-Existe un amplio abanico de medidas que el Estado como proveedor y regulador de los servicios de cuidados podría implementar con el objetivo de revertir la actual e injusta organización social del trabajo. Estas van desde intervenciones muy puntuales, hasta otras de carácter integral.
Algunas posibles medidas serían: ampliar los regímenes de licencias más allá del nacimiento y el primer año de vida de los niños y niñas, y que su aplicación alcance a todas las personas independientemente de su situación laboral —actualmente sólo están vigentes para trabajadoras/es formales y no se aplica para autónomos y monotributistas; ampliar la oferta de servicios de cuidado —incluyendo centros de cuidado infantil, centros de día para personas mayores, hospitales ambulatorios para personas con enfermedades crónicas, centros de atención para personas con discapacidad—; extender la jornada escolar para compatibilizarla con el horario laboral; impulsar políticas de corresponsabilidad en el marco de las familias; generar campañas de sensibilización acerca de la importancia del cuidado como un derecho cuya satisfacción es responsabilidad de los diferentes actores sociales —familias, mercado, comunidad y Estado—; generar información periódica sobre la distribución de las tareas del cuidado y uso del tiempo; y realizar evaluaciones de las políticas públicas existentes. A nivel más general, sería importante que el Estado trabajara en la creación de un sistema nacional de cuidados. Uruguay y Costa Rica son dos ejemplos de países de la región que han avanzado en el proceso de debate, diseño y definición de las características de un sistema de este tipo.
-¿Y cuál es el rol del sector privado?
-El sector privado cumple un papel fundamental, ya que actúa como proveedor de trabajo para un importante sector de la población. Junto con el Estado, la comunidad y las familias, tiene responsabilidad en el efectivo cumplimiento del derecho al cuidado. Lo que observamos a través del relevamiento es que el tema del cuidado se está incorporando en la agenda empresarial, aunque de modo incipiente y en diferentes niveles según los tipos de empresas y los sectores. En términos generales en las empresas multinacionales encontramos un mayor nivel de trabajo que en las PYMEs, principalmente por su estructura y por los recursos disponibles. Es por ello que consideramos importante poder trabajar con estas pequeñas y medianas empresas, para que puedan pensar en estrategias y acciones posibles para lograr un mayor grado de conciliación familia-trabajo, así como para desnaturalizar el rol de las mujeres como las principales proveedoras de cuidado. Por otra parte, dentro de las empresas que cuentan con políticas de cuidado, suelen ser los sectores administrativos y de servicios quienes se benefician de estas medidas. Un desafío pendiente es poder, entonces, extender estas políticas a quienes trabajan en sectores productivos. En cuanto al tipo de medidas, las más comunes suelen ser: extensión de las licencias por maternidad y paternidad por encima de la Ley de Contrato de Trabajo; subsidio por guardería para trabajadoras; y medidas relativas a la flexibilización horaria (flextime) y geográfica (home-office).
Nota central:
El cuidado aún no es un tema de todxs