Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 30 enero, 2013
En diciembre, el Parlamento de Mendoza –liderado por el oficialismo- rechazó la posibilidad de adherir a la Guía Nacional. En Corrientes del tema ni se habla. En ambas provincias, se hicieron escuchar durante el 2012 los reclamos de las organizaciones de mujeres y derechos humanos.
COMUNICAR IGUALDAD
Corrientes
Las autoridades provinciales no adhirieron a la Guía Nacional, no elaboraron un protocolo propio ni dijeron cómo manejarían el tema. El movimiento de mujeres de la provincia reclamó en diversas oportunidades al Ejecutivo cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sin respuesta. Sólo en una reunión mantenida el 9 de noviembre del 2012 con legisladoras integrantes de la Banca de la Mujer, éstas manifestaron que no sería “necesario dictar una resolución porque la provincia cuenta con programas de Salud Sexual”, no estableciendo diferencia entre los programas preventivos y el fallo que intenta resolver situaciones consumadas. La provincia fue declarada “pro-vida” por decreto del gobernador Ricardo Colombí en diciembre del 2011
Mendoza
En diciembre del 2012, el Senado provincial rechazó adoptar la Guía Nacional, un proyecto que había sido promovido desde la Cámara Baja. La definición legislativa dio un cierre parcial al debate que sobre el tema atravesó a la provincia durante todo el 2012. Hasta el gobierno provincial está dividido entre acatar y rechazar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN): mientras el gobernador y el ministerio de Salud hicieron declaraciones tendientes a minimizar los alcances del fallo y la responsabilidad de Mendoza en su adopción, desde el Ministerio de Desarrollo Social se insistió- antes y después de la sanción del Senado- en la vigencia del mismo.
En relación a la implementación, sectores del Ejecutivo garantizan que si apareciera un caso se realizará acorde al fallo y, en el Hospital Diego Paroissien de Maipú, las autoridades decidieron realizar abortos no punibles (ANP) apoyándose en la Guía Nacional.
San Luis
A los pocos días de conocerse el fallo de la CSJN, la ministra de Salud Pública –Teresa Nigra-, el gobernador de la provincia -Claudio Poggi- y la ex-presidenta del Superior Tribunal de Justicia Lilia Novillo- se manifestaron en contra del cumplimiento del mismo. Luego fueron presentados dos proyectos en la Legislatura para normatizar el tema: uno que desconoce al aborto no punible y no acepta el fallo de la CSJN y otro acorde a ese fallo, y se inició un proceso de audiencias públicas en el que expusieron representantes de todos los sectores comprometidos con el tema. Sin embargo, hasta la fecha no se registraron avances.
A fines de noviembre, la Asociación por los Derechos de la Mujer (ADEM) y otras organizaciones solicitaron tanto a la ministra de Salud de la provincia como a la presidenta de la Cámara de Diputados, que les diera una audiencia para explicarles el accionar del Ejecutivo y Legislativo en relación al tema, pero aún no recibieron respuesta.
Corrientes, Mendoza y San Luis: donde más cuesta
En diciembre, el Parlamento de Mendoza –liderado por el oficialismo- rechazó la posibilidad de adherir a la Guía Nacional. En Corrientes del tema ni se habla. En ambas provincias, se hicieron escuchar durante el 2012 los reclamos de las organizaciones de mujeres y derechos humanos.
COMUNICAR IGUALDAD
Corrientes
Las autoridades provinciales no adhirieron a la Guía Nacional, no elaboraron un protocolo propio ni dijeron cómo manejarían el tema. El movimiento de mujeres de la provincia reclamó en diversas oportunidades al Ejecutivo cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sin respuesta. Sólo en una reunión mantenida el 9 de noviembre del 2012 con legisladoras integrantes de la Banca de la Mujer, éstas manifestaron que no sería “necesario dictar una resolución porque la provincia cuenta con programas de Salud Sexual”, no estableciendo diferencia entre los programas preventivos y el fallo que intenta resolver situaciones consumadas. La provincia fue declarada “pro-vida” por decreto del gobernador Ricardo Colombí en diciembre del 2011
Mendoza
En diciembre del 2012, el Senado provincial rechazó adoptar la Guía Nacional, un proyecto que había sido promovido desde la Cámara Baja. La definición legislativa dio un cierre parcial al debate que sobre el tema atravesó a la provincia durante todo el 2012. Hasta el gobierno provincial está dividido entre acatar y rechazar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN): mientras el gobernador y el ministerio de Salud hicieron declaraciones tendientes a minimizar los alcances del fallo y la responsabilidad de Mendoza en su adopción, desde el Ministerio de Desarrollo Social se insistió- antes y después de la sanción del Senado- en la vigencia del mismo.
En relación a la implementación, sectores del Ejecutivo garantizan que si apareciera un caso se realizará acorde al fallo y, en el Hospital Diego Paroissien de Maipú, las autoridades decidieron realizar abortos no punibles (ANP) apoyándose en la Guía Nacional.
San Luis
A los pocos días de conocerse el fallo de la CSJN, la ministra de Salud Pública –Teresa Nigra-, el gobernador de la provincia -Claudio Poggi- y la ex-presidenta del Superior Tribunal de Justicia Lilia Novillo- se manifestaron en contra del cumplimiento del mismo. Luego fueron presentados dos proyectos en la Legislatura para normatizar el tema: uno que desconoce al aborto no punible y no acepta el fallo de la CSJN y otro acorde a ese fallo, y se inició un proceso de audiencias públicas en el que expusieron representantes de todos los sectores comprometidos con el tema. Sin embargo, hasta la fecha no se registraron avances.
A fines de noviembre, la Asociación por los Derechos de la Mujer (ADEM) y otras organizaciones solicitaron tanto a la ministra de Salud de la provincia como a la presidenta de la Cámara de Diputados, que les diera una audiencia para explicarles el accionar del Ejecutivo y Legislativo en relación al tema, pero aún no recibieron respuesta.
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