Chaco limita la atención a las víctimas de violencia
Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 5 agosto, 2014
En agosto del 2012, la zona del Gran Resistencia en Chaco inauguró una versión local del Programa Nacional Las Víctimas contra las Violencias, que dirige Eva Giberti en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se trató de una experiencia pionera en la réplica a nivel provincial de la experiencia que se realiza en CABA desde el año 2006 y que contó con el apoyo de ese organismo. Sin embargo, en junio de este año, el programa nacional retiró su apoyo porque consideran que no están dadas las condiciones para seguir colaborando. Personal del programa provincial se suma al planteo denunciando la falta de inversión del gobierno provincial en un programa vital para preservar la vida de las mujeres chaqueñas. Según las estadísticas que lleva el Observatorio Marisel Zambrano, Chaco fue la cuarta provincia del país en cantidad de feminicidios durante el 2013 y, en lo que va de este año, ya fueron asesinadas 10 mujeres por razones de género.
Por Belén Spinetta
COMUNICAR IGUALDAD-13 son las mujeres que fueron asesinadas en Chaco durante el año 2013 a causa de la violencia de género. La provincia se ubicó cuarta en el triste ranking que elabora año a año el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. En lo que va del 2014, 10 mujeres murieron a manos de sus parejas o ex parejas. Los números revelan una situación de emergencia que atraviesa una de las provincias más empobrecidas del país.
Como respuesta a la demanda de las organizaciones de la sociedad civil que vienen reclamando medidas para enfrentar este flagelo, se creó en agosto del 2012 el programa “Chaco Dice NO a las Violencias”, a través de La Línea Telefónica 137. En junio de este año, trabajadoras del programa llamaron la atención sobre la falta de recursos que el gobierno provincial destina al sostenimiento de una política pública vital para las chaqueñas.
El Programa “Chaco Dice No a las Violencias” se implementó hace dos años a través de la Dirección de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Actúa en la zona conocida como Gran Resistencia, que abarca las localidades de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana. Se puso en funcionamiento por el decreto 322/12 firmado por el entonces Gobernador Jorge Milton Capitanich, efectivizándose por medio de la firma de un Convenio Marco entre los Ministerios de Desarrollo Social, de Gobierno, Justicia y Seguridad y el Programa “Las Víctimas Contra las Violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, representado por la Dra. Eva Giberti, el cual aportó en la formación y capacitación de las/os profesionales.
COMUNICAR IGUALDAD dialogó con Mariel Soler, María Machado, y Sofía Benítez, quienes coordinan la línea 137. Las profesionales destacan que actualmente cuentan con guardias de psicólogxs, trabajadoras sociales, operadorxs en psicología social, operadoras telefónicas y abogadas, y se ha convertido en herramienta para las mujeres que sufren abusos o maltratos. Brindan orientación y atención inmediata a víctimas de violencia familiar y sexual en un ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos.
A pesar de todo, Machado resalta que “si bien el programa se desarrolla como una respuesta del Estado a las obligaciones asumidas frente a los Tratados y Convenciones Internacionales que ha suscripto en materia de Abordaje y Erradicación de la Violencia de Genero, en lo cotidiano se observa desinterés y falta de apoyo por parte de los/as funcionarios/as en lo ateniente a esta materia”. Las trabajadoras denuncian fundamentalmente que la provincia no destina los recursos económicos necesarios para sostener el asesoramiento técnico.
En junio de este año, el Programa “Las Victimas Contra las Violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, coordinado por la Dra. Eva Giberti, decidió retirar su apoyo considerando que no estaban dadas las condiciones para el funcionamiento en el área metropolitana chaqueña. Según las profesionales, “el programa nacional brindaba el respaldo para garantizar la calidad de las intervenciones, la formación y el entrenamiento y el apoyo a la Línea 137”. Enfatizan que al ser un trabajo en riesgo y al estar en contacto permanente con situaciones de violencias es necesario que el staff profesional esté correctamente remunerado, que estén inscriptas/os como trabajadoras/es, con un contrato laboral que incluya seguro de vida, obra social, y demás beneficios; desnudando de esta manera la situación de precariedad en que se encuentran.
Poner fin a la “política del parche”
“La existencia del programa impuso nuevas prácticas que minimizan la revictimización y exigen a cada una de las instituciones intervinientes -como comisarias, hospitales y centros de salud, juzgados de familia y faltas, fiscalías, etc.- ajustar sus procedimientos a la legislación vigente en lo que refiere al abordaje, acompañamiento y atención a víctimas de violencia familiar y sexual, en este sentido el avance ha sido significativo”, enfatizan las profesionales de la línea 137. Desde su implementación, llevan atendidos más de 5100 casos. Sin embargo, a pesar de los importantes pasos que se han dado, queda mucho por hacer.
Remarcan que, por ejemplo, cuando la persona decide judicializar la violencia, en busca de reparación, “la consecución de medidas preventivas urgentes que protejan a las víctimas, pueden tardar hasta 3 meses y la sanción para las personas violentas puede no llegar, con escasas excepciones”. Agregan que, en gran cantidad de casos, la mujer es la que debe retirarse, casi siempre con sus hijos/as, del domicilio que compartían con el maltratador por resguardo de su integridad psicofísica; esto la expone “en los casos donde los hijos son varones o mayores de 6 años, a ser separada de sus hijos/as y a ser alojada en un Hogar de Transito del Estado, donde las problemáticas son variadas y no reciben el sostén necesario, empujando a la víctima a volver al entorno violento, en otros casos son recibidas por alguna persona de su confianza, donde no siempre está garantizada la satisfacción de las necesidades básicas”.
Las profesionales señalan que otra de las grandes dificultades, es que en la mayoría de las intervenciones que realizan las Brigadas Móviles (Psicóloga y Asistente Social) no cuentan con el acompañamiento de personal policial desde el inicio de la intervención, careciendo del apoyo de las personas expertas en seguridad que podrían velar por la consecución de una intervención que resguarde la vida de la víctima y del equipo. Ante esto reclaman un mayor involucramiento del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Machado resalta que, si se mira la situación de las mujeres de la provincia “vemos que existe legislación de avanzada que debiera garantizar el pleno disfrute de sus derechos, pero esto no sucede, no existen sistemas de protección para las víctimas ni sanciones para los victimarios y el número de femicidios crece”.
Remarcando la importante de la implementación de “Chaco dice no a las violencias”, los pasos que se vienen dando y la relevancia del apoyo que hasta junio dio el programa nacional, desde la línea 137 provincial renuevan su compromiso, exigiendo que la provincia se comprometa más firmemente, destine los recursos económicos y técnicos necesarios para poner fin a la lógica de la “política pública del parche” en materia de violencia de género.
Chaco limita la atención a las víctimas de violencia
En agosto del 2012, la zona del Gran Resistencia en Chaco inauguró una versión local del Programa Nacional Las Víctimas contra las Violencias, que dirige Eva Giberti en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se trató de una experiencia pionera en la réplica a nivel provincial de la experiencia que se realiza en CABA desde el año 2006 y que contó con el apoyo de ese organismo. Sin embargo, en junio de este año, el programa nacional retiró su apoyo porque consideran que no están dadas las condiciones para seguir colaborando. Personal del programa provincial se suma al planteo denunciando la falta de inversión del gobierno provincial en un programa vital para preservar la vida de las mujeres chaqueñas. Según las estadísticas que lleva el Observatorio Marisel Zambrano, Chaco fue la cuarta provincia del país en cantidad de feminicidios durante el 2013 y, en lo que va de este año, ya fueron asesinadas 10 mujeres por razones de género.
COMUNICAR IGUALDAD- 13 son las mujeres que fueron asesinadas en Chaco durante el año 2013 a causa de la violencia de género. La provincia se ubicó cuarta en el triste ranking que elabora año a año el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. En lo que va del 2014, 10 mujeres murieron a manos de sus parejas o ex parejas. Los números revelan una situación de emergencia que atraviesa una de las provincias más empobrecidas del país.
Como respuesta a la demanda de las organizaciones de la sociedad civil que vienen reclamando medidas para enfrentar este flagelo, se creó en agosto del 2012 el programa “Chaco Dice NO a las Violencias”, a través de La Línea Telefónica 137. En junio de este año, trabajadoras del programa llamaron la atención sobre la falta de recursos que el gobierno provincial destina al sostenimiento de una política pública vital para las chaqueñas.
El Programa “Chaco Dice No a las Violencias” se implementó hace dos años a través de la Dirección de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Actúa en la zona conocida como Gran Resistencia, que abarca las localidades de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana. Se puso en funcionamiento por el decreto 322/12 firmado por el entonces Gobernador Jorge Milton Capitanich, efectivizándose por medio de la firma de un Convenio Marco entre los Ministerios de Desarrollo Social, de Gobierno, Justicia y Seguridad y el Programa “Las Víctimas Contra las Violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, representado por la Dra. Eva Giberti, el cual aportó en la formación y capacitación de las/os profesionales.
COMUNICAR IGUALDAD dialogó con Mariel Soler, María Machado, y Sofía Benítez, quienes coordinan la línea 137. Las profesionales destacan que actualmente cuentan con
guardias de psicólogxs, trabajadoras sociales, operadorxs en psicología social, operadoras telefónicas y abogadas, y se ha convertido en herramienta para las mujeres que sufren abusos o maltratos. Brindan orientación y atención inmediata a víctimas de violencia familiar y sexual en un ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos.
A pesar de todo, Machado resalta que “si bien el programa se desarrolla como una respuesta del Estado a las obligaciones asumidas frente a los Tratados y Convenciones Internacionales que ha suscripto en materia de Abordaje y Erradicación de la Violencia de Genero, en lo cotidiano se observa desinterés y falta de apoyo por parte de los/as funcionarios/as en lo ateniente a esta materia”. Las trabajadoras denuncian fundamentalmente que la provincia no destina los recursos económicos necesarios para sostener el asesoramiento técnico.
En junio de este año, el Programa “Las Victimas Contra las Violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, coordinado por la Dra. Eva Giberti, decidió retirar su apoyo considerando que no estaban dadas las condiciones para el funcionamiento en el área metropolitana chaqueña. Según las profesionales, “el programa nacional brindaba el respaldo para garantizar la calidad de las intervenciones, la formación y el entrenamiento y el apoyo a la Línea 137”. Enfatizan que al ser un trabajo en riesgo y al estar en contacto permanente con situaciones de violencias es necesario que el staff profesional esté correctamente remunerado, que estén inscriptas/os como trabajadoras/es, con un contrato laboral que incluya seguro de vida, obra social, y demás beneficios; desnudando de esta manera la situación de precariedad en que se encuentran.
“La existencia del programa impuso nuevas prácticas que minimizan la revictimización y exigen a cada una de las instituciones intervinientes -como comisarias, hospitales y centros de salud, juzgados de familia y faltas, fiscalías, etc.- ajustar sus procedimientos a la legislación vigente en lo que refiere al abordaje, acompañamiento y atención a víctimas de violencia familiar y sexual, en este sentido el avance ha sido significativo”, enfatizan las profesionales de la línea 137. Desde su implementación, llevan atendidos más de 5100 casos. Sin embargo, a pesar de los importantes pasos que se han dado, queda mucho por hacer.
Remarcan que, por ejemplo, cuando la persona decide judicializar la violencia, en busca de reparación, “la consecución de medidas preventivas urgentes que protejan a las víctimas, pueden tardar hasta 3 meses y la sanción para las personas violentas puede no llegar, con escasas excepciones”. Agregan que, en gran cantidad de casos, la mujer es la que debe retirarse, casi siempre con sus hijos/as, del domicilio que compartían con el maltratador por resguardo de su integridad psicofísica; esto la expone “en los casos donde los hijos son varones o mayores de 6 años, a ser separada de sus hijos/as y a ser alojada en un Hogar de Transito del Estado, donde las problemáticas son variadas y no reciben el sostén necesario, empujando a la víctima a volver al entorno violento, en otros casos son recibidas por alguna persona de su confianza, donde no siempre está garantizada la satisfacción de las necesidades básicas”.
Las profesionales señalan que otra de las grandes dificultades, es que en la mayoría de las intervenciones que realizan las Brigadas Móviles (Psicóloga y Asistente Social) no cuentan con el acompañamiento de personal policial desde el inicio de la intervención, careciendo del apoyo de las personas expertas en seguridad que podrían velar por la consecución de una intervención que resguarde la vida de la víctima y del equipo. Ante esto reclaman un mayor involucramiento del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Machado resalta que, si se mira la situación de las mujeres de la provincia “vemos que existe legislación de avanzada que debiera garantizar el pleno disfrute de sus derechos, pero esto no sucede, no existen sistemas de protección para las víctimas ni sanciones para los victimarios y el número de femicidios crece”.
Remarcando la importante de la implementación de “Chaco dice no a las violencias”, los pasos que se vienen dando y la relevancia del apoyo que hasta junio dio el programa nacional, desde la línea 137 provincial renuevan su compromiso, exigiendo que la provincia se comprometa más firmemente, destine los recursos económicos y técnicos necesarios para poner fin a la lógica de la “política pública del parche” en materia de violencia de género.
Notas relacionadas:
Las estadísticas del Programa “Las Víctimas contra las Violencias” en CABA
Por una política pública nacional