Buenas prácticas en la justicia de género

La pasada semana fue realizado en Buenos Aires el seminario Derechos humanos de las mujeres: Buenas prácticas en la justicia de género, organizado por la Corte Suprema de Justicia de Argentina y la Organización de los Estados Americanos, con el apoyo de la Embajada de Canadá. El evento de capacitación, que duró tres días, estuvo destinado a promover los derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género en operadores y operadores de justicia de la región y contó con invitadas/os de diversos países.

Por Sandra Chaher

COMUNICAR IGUALDAD- “Para la Comisión Interamericana de Mujeres la transversalización de la perspectiva de genero en la justicia de la región es una prioridad. Desde la OEA venimos observando los múltiples esfuerzos que se han hecho en cada país para implementar la Convención de Belém do Pará: en cada uno existen ejemplos de estas acciones. Sin embargo, a  pesar de estos avances y de los 20 años que casi lleva la Convención, la violencia contra las mujeres persiste” señaló Carmen Moreno –secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA)- durante la apertura del Seminario Derechos humanos de las Mujeres: Buenas prácticas en la Justicia de Género, organizado por la Corte Suprema de Justicia de Argentina y la OEA, con el apoyo de la Embajada de Canadá, la pasada semana en la ciudad de Buenos Aires.

“Este seminario, amén de haber significado una plataforma para introducir a representantes de todos los poderes judiciales de la región en las capacitaciones que dictamos desde la Oficina de la Mujer en género y trata, resulta verdaderamente novedoso, pues la política de género en la región fue llevada por la Cancillería. Esta es la primera vez que un seminario de esta naturaleza corre su escenario hacia el Poder Judicial. Con lo que, por un lado, la doctora Carmen Argibay es quien toma a su cargo el dar cumplimiento a las convenciones internacionales, generando una herramienta para capacitar  -conforme mandan CEDAW y  Belem do Pará-, y por otro, trae hacia el ámbito del Poder Judicial la relación con los otros poderes judiciales de la región. Esto también es dar cumplimiento a compromisos internacionales asumidos por los estados, como es la cooperación internacional” señala Gabriela Pastorino, integrante de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“La justicia de género es un tema central de discusión para todos los países de la OEA y para los ciudadanos de las Américas” observó la embajadora de Canadá Gwyneth Kutz. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, señaló en la misma línea: “La Corte institucionalmente esta muy orgullosa de impulsar este proyecto y seminario. Las sociedades van declinando cuando toleran la discriminación. Debemos hablar sobre las buenas prácticas y reflexionar sobre las inadecuadas como la violencia hacia las mujeres”. 

Campo Algodonero

Cecilia Medina, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA entre 2008 y 2009, se refirió a la sentencia de Campo Algodonero, que en 2009 sancionó a México por la violación de los derechos humanos de las mujeres en Campo Algodonero, Ciudad Juárez. “Lo que dijo la CIDH en Campo Algodonero lo tenía que haber dicho hace mucho tiempo. La CIDH dijo que todo lo que sabíamos sobre desapariciones durante los procesos dictatoriales en la región, servía para analizar la violencia hacia las mujeres. Aplicó a las mujeres los derechos humanos que estaban disponibles desde siempre para todas las personas. Esa es la gracia de esa sentencia, que desde 1986 teníamos derechos que no habían sido aplicados a las mujeres” señaló.

Al referirse a los derechos humanos de las mujeres, observó con ironía: “Resulta divertido hablar de los derechos de las mujeres cuando la formula es tan sencilla. Las mujeres son seres humanos, los seres humanos son titulares de derechos y esos derechos les deben ser garantizados. Sin embargo, una fórmula tan simple no se aplica fácilmente, porque hay un pequeño problema de discriminación”.

La ampliación de los derechos humanos

En una línea similar a la de Medina, Victor Abramovich -relator de Derechos Humanos de las Mujeres de la CIDH entre 2006 y 2007- se refirió a la inclusión de los derechos humanos de las mujeres dentro de la Corte Interamericana. “Así como en los primeros años la CIDH se concentró en las violaciones de los derechos humanos en contextos de dictaduras, en los últimos años comenzó a ver las violaciones de derechos humanos más estructurales, entre ellas la violencia hacia las mujeres, y Campo Algodonero es un ejemplo de esto. En los últimos años dentro de la CIDH se han vinculado problemas de igualdad estructural con otros de violencia y más recientemente de autonomía en salud sexual y reproductiva. Yo creo que esos tres temas deben ser centrales”.

Como otro aspecto innovador de la tarea de la CIDH, Abramovich se refirió a una ampliación de los deberes de los Estados. “El Estado tiene el deber de prevenir y evitar la violencia de acuerdo a Belém do Pará –observó-. Lo que se observa en los últimos años en la CIDH es una ampliación de la responsabilidad indirecta de los Estados y también se está empezando a penar ciertas formas de acción estatal, como la violencia institucional, como violaciones de derechos humanos”.

España y Europa

Soledad Murillo de la Vega, española e integrante del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer entre 2009 y 2012, se refirió a algunas inquietudes que se plantearon en España a partir de la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en diciembre del 2004.

“Hay un problema de aplicación de la justicia en relación a cómo se concibe la igualdad –observó-. Se la concibe como un asunto de mujeres y no como una regla de convivencia en democracias maduras. En la mayoría de los países las mujeres son la mayoría de la población. Entonces la primera pregunta que nos haría es por qué somos consideradas un colectivo y no como la mitad de la población. Si no somos consideradas como la mitad de la población, esto tiene impactos en todas las formas de discriminación y, como mujer maltratada, en la posibilidad por ejemplo de interponer una denuncia.”

“Otro problema –agregó- es que siempre se alude a los problemas de las mujeres y no a sus aportaciones. Las mujeres están sosteniendo en muchos países con sus aportes en remesas las economías nacionales. Luego también deberíamos preguntarnos  si la violencia es un delito privado o público, si se la persigue de parte o de oficio. Pocas veces la fiscalía actúa de oficio. ¿Qué pasa desde que se denuncia hasta que se completa el procedimiento? ¿Por qué suben y bajan las denuncias en función de la situación económica de las mujeres y qué recursos brinda el Estado a las mujeres para que esto no suceda?”

Marja Ruotanen, directora de Justicia y Dignidad Humana del Consejo de Europa, se refirió al Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convención de Estambul, un instrumento jurídico vinculante, adoptado por el Consejo de Europa en 2011 y que aún no entró en vigencia porque no se reunieron las 10 ratificaciones necesarias de los países integrantes de la Unión Europea.

“Estamos muy orgullosos de esta Convención pero tenemos muchos desafíos en relación a la implementación –observó-. Creemos que Europa debe seguir avanzando en dos líneas: por un lado necesitamos una agenda de género visible a nivel regional y nacional que implique recursos económicos y actores disponibles para implementarla. Por otra parte, necesitamos el reconocimiento dinámico de la igualdad de genero en la región.”

Protocolo de feminicidios

Carmen Rosa Villa –representante regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH)- se refirió a la implementación de un Protocolo regional para la investigación de las muertes violentas de mujeres por motivos de género.

A partir de una experiencia en El Salvador, uno de los países con más altos índices de feminicidios de la región, la OACDH junto a ONU Mujeres trabajó en el diseño de un Protocolo para ser utilizado por los sistemas de justicia durante los procesos de investigación en los que se contemple la perspectiva de género y el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres.

El evento continuó luego con mesas de debate especificas durante dos días y medio en los que expusieron integrantes de los sistemas de justicia de los diferentes países de la región compartiendo experiencias de buenas prácticas para la democratización de la justicia con perspectiva de género. .