Avanzan algunas políticas para paliar la violencia hacia las mujeres
Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 22 noviembre, 2012
En los últimos meses del año fueron puestas en marcha por el Estado algunas iniciativas para abordar la inmensa problemática de la violencia de género. Está en proceso de elaboración un registro nacional de denuncias y ya fue asignada una línea telefónica de tres dígitos para atención de casos; fue abierta una oficina pública de patrocinio gratuito en la Ciudad de Buenos Aires; y se creó el Programa de Políticas de Género dentro del Ministerio Público Fiscal.
Por Mariana Fernández Camacho
COMUNICAR IGUALDAD–Si un hombre le pega a una mujer, eso es violencia. Las violaciones maritales son violencias. Cuando una mujer gana menos que un hombre por una misma tarea laboral, soporta violencia. La doble jornada femenina, es violencia. “La maté porque era mía”, es un acto violento. Ser acosada en la calle supone violencia.
Para visibilizar y denunciar todas y cada una de las manifestaciones violentas que sufrimos las mujeres, el 25 de noviembre el mundo grita a coro BASTA en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue elegida por organizaciones de América latina y consagrada en 1999 por la Asamblea General de Naciones Unidas, en conmemoración de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas dominicanas asesinadas durante la dictadura de Rafael Trujillo.
Foto: Pao Lin
Pero estos recordatorios también permiten “parar la pelota” y evaluar impactos reales de lo hecho en pos de dar luz y sacar a la violencia del ámbito de las relaciones interpersonales.
Haciendo a un lado si fue antes el huevo o la gallina, en Argentina la aprobación de legislación específica para denunciar judicialmente hechos de violencia y solicitar medidas de protección, la creación de oficinas especializadas para acompañar a las víctimas, y el rol de organismos internacionales y de redes especializadas de periodistas motivó una mayor preocupación por el tema en los medios de comunicación y en algunos sectores de la sociedad, que hoy hablan de la violencia contra las mujeres de un modo que no ocurría hace algunos años.
En esa línea, ciertas preocupaciones señaladas como urgentes por el feminismo y el movimiento de mujeres tienen mayor eco en el Estado. A modo de ejemplo, y en un contexto general de falta de datos y de registros administrativos para medir la violencia, el próximo mes de enero el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) pondrán en marcha el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer, que apunta a visualizar la problemática y definir cuáles son los tipos de violencia que padecen las mujeres en las distintas provincias con miras a mejorar las políticas de prevención y de asistencia a las víctimas.
El Registro Único se basará en información de la administración pública y centralizará las denuncias. La Lic. Ana María Edwin, directora del INDEC, explica el modus operandi del proyecto: «Vamos a recibir las bases de datos que se completan en cada una de las organizaciones que se dedican a temas de violencia contra la mujer. Luego, procesaremos esta información a partir de haber fijado parámetros homogéneos en torno al tratamiento de cada una de las variables y de cada uno de los tipos de violencia que estamos midiendo. Y a partir de ello llevaremos adelante otro procesamiento que nos permitirá incluir a todo el país y tener una estadística nacional sobre la violencia contra la mujer.»
Con el diseño de indicadores, conceptual y metodológicamente, armonizados a lo largo y ancho del territorio se estará dando respuesta también al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que en julio de 2010 reclamó al Estado argentino la producción de información de calidad sobre la violencia hacia las mujeres a nivel nacional.
El Comité señaló además la imperiosa necesidad de contar con mecanismos que garanticen la plena aplicación de la legislación vigente para así lograr el acceso a la justicia de toda la población. De este tirón de orejas se hizo cargo entre otras la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al reconocer la existencia de obstáculos —originados, algunos, en patrones socioculturales discriminatorios— que impiden a las mujeres víctimas de violencia contar con dispositivos judiciales eficaces y respetuosos de sus derechos.
Resolución mediante, entonces, el pasado 9 de noviembre Gils Carbó creó el Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de Género, enfocado en los siguientes ejes: investigación, sistematización de información y elaboración de estadísticas sobre violencia de género y derechos de las mujeres; asesoramiento y asistencia técnica a las fiscalías sobre cuestiones de género; difusión, sensibilización y capacitación sobre la temática de género y derechos de las mujeres; y articulación intra e interinstitucional con organismos encargados de asuntos pertinentes para la temática de género.
“Como responsable, junto con el Poder Judicial de la Nación, de la prestación del servicio nacional de justicia, era un tema pendiente incorporar en el Ministerio Público Fiscal un área que visualice las temáticas de género. Ahora estamos abocados a la elaboración de un diagnóstico para conocer cuáles fueron las medidas que se tomaron y el abordaje de las fiscalías en las causas vinculadas con violencia de género. Con este diagnóstico y un relevamiento institucional, trabajaremos en instancias de capacitación, en la definición de criterios generales de actuación, en el mejoramiento de estadísticas que nos permitan contar con datos fehacientes sobre las causas que ingresan al Ministerio Fiscal sobre violencia de género, y en la articulación con otros organismos para lograr que las mujeres que denuncien violencia tengan un acceso seguro a la justicia”, señala la abogada Romina Pzellinsky, funcionaria responsable del Programa.
Pero la perspectiva parece haber calado hondo y hasta la organización interna del Ministerio Público Fiscal quedó bajo la lupa. En diálogo con COMUNICAR IGUALDAD, Pzellinsky adelanta cambios de timón: “También estamos armando un mapa de género para conocer cuántas mujeres y cuántos hombres trabajan dentro de la procuración y cuáles son las jerarquías y cargos que ocupan. En general se sabe que en la justicia está compartida la cantidad de mujeres y varones, pero que a los cargos más altos solo llegan los varones. Por eso, a partir del mapa nos ocuparemos de alcanzar una igualdad”.
Camino pedregoso
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la negación del acceso a la justicia por delitos de violencia contra la mujer constituye una violación del principio de igualdad ante la ley y exacerba las consecuencias de ese acto de violencia. En Argentina, la Ley 26.485 sancionada en marzo de 2009 recoge el guante al plantearse por objeto “promover y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia”. Sin embargo, la imposibilidad de contar con patrocinio jurídico gratuito afecta el real ejercicio de los derechos de estas mujeres y sus posibilidades de lograr toda la protección disponible en la legislación.
En su última publicación, Más allá de la denuncia. Los desafíos del acceso a la justicia, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) presenta los resultados de una investigación cualitativa realizada a partir de la revisión de expedientes iniciados por denuncias en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que continuaron su trámite ante la Justicia Nacional en lo Civil con competencia en temas de Familia de la ciudad de Buenos Aires. Tras la revisión salta a la luzque en solo dos de cada diez expedientes analizados, la parte denunciante contó con patrocinio jurídico gratuito.
“El patrocinio jurídico gratuito es importante porque el Poder Judicial, sus procesos, las distintas jurisdicciones (ciudad, nación) y competencias (civil, penal, contravencional) son vividas en gran medida como un laberinto. Particularmente en un momento de vulnerabilidad, es necesario contar con una abogada o abogado que pueda acompañar a transitar esos procesos y que impulse los mecanismos legales para que éstos brinden toda la ayuda posible”, explica Natalia Gherardi, directora de ELA.
Pero parece que el árbol no tapó el bosque y el 15 de octubre comenzó a funcionar, a través de un convenio entre el CNM y el Ministerio Público Fiscal, el Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género. Con una oficina en el centro porteño, el servicio abre sus puertas de lunes a viernes de 8 a 20 horas y cuenta con seis abogados y abogadas que recibieron capacitación de la Defensoría General de la Nación. Las denunciantes son recibidas de manera individual y reservada, mientras en otra sala los más chicos pueden entretenerse con juegos didácticos. A un mes de su lanzamiento, hasta la fecha fueron atendidas 244 consultas y se espera agrandar el equipo de profesionales prontamente.
La Dra. Silvina Zabala, Subsecretaria para la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las Mujeres del CNM, da cuenta de la nueva experiencia: “Desde que me hice cargo de la subsecretaria tuve en claro que el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia era una de las cuestiones de la que debíamos ocuparnos prioritariamente. Porque el acceso a la justicia debe ser gratuito, independientemente de la condición económica de las mujeres y sin que sea necesario alegar ni acreditar situación de pobreza”.
Hoy la oficina solo tiene jurisdicción en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, pero Zabala ya fue convocada a la Reunión del Consejo Federal de Defensorías a fin de poder replicar el proyecto en las provincias: “Este servicio asesora y patrocina sobre cualquier caso de violencia de género, no solo violencia familiar. De este modo cumplimos con los compromisos internacionales que hemos asumido como Estado argentino”.
Mientras tanto, esta semana la Secretaría de Comunicaciones asignó al CNM la línea telefónica gratuita 144 para la atención en todo el país de consultas de violencia de género, con el fin de dar contención, información y asesoramiento sobre los recursos existentes en materia de prevención y asistencia a las víctimas. La línea funcionará las 24 horas de todos los días del año.
Desconocer la complejidad que requiere abordar la violencia contra las mujeres de manera integral y atendiendo sus diversas dimensiones puede significar que los esfuerzos que se realizan no representen grandes cambios en la vida de las víctimas. Indudablemente, se lograron avances importantes. Vayamos por más.
Avanzan algunas políticas para paliar la violencia hacia las mujeres
En los últimos meses del año fueron puestas en marcha por el Estado algunas iniciativas para abordar la inmensa problemática de la violencia de género. Está en proceso de elaboración un registro nacional de denuncias y ya fue asignada una línea telefónica de tres dígitos para atención de casos; fue abierta una oficina pública de patrocinio gratuito en la Ciudad de Buenos Aires; y se creó el Programa de Políticas de Género dentro del Ministerio Público Fiscal.
Por Mariana Fernández Camacho
COMUNICAR IGUALDAD– Si un hombre le pega a una mujer, eso es violencia. Las violaciones maritales son violencias. Cuando una mujer gana menos que un hombre por una misma tarea laboral, soporta violencia. La doble jornada femenina, es violencia. “La maté porque era mía”, es un acto violento. Ser acosada en la calle supone violencia.
Para visibilizar y denunciar todas y cada una de las manifestaciones violentas que sufrimos las mujeres, el 25 de noviembre el mundo grita a coro BASTA en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue elegida por organizaciones de América latina y consagrada en 1999 por la Asamblea General de Naciones Unidas, en conmemoración de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas dominicanas asesinadas durante la dictadura de Rafael Trujillo.
Foto: Pao Lin
Pero estos recordatorios también permiten “parar la pelota” y evaluar impactos reales de lo hecho en pos de dar luz y sacar a la violencia del ámbito de las relaciones interpersonales.
Haciendo a un lado si fue antes el huevo o la gallina, en Argentina la aprobación de legislación específica para denunciar judicialmente hechos de violencia y solicitar medidas de protección, la creación de oficinas especializadas para acompañar a las víctimas, y el rol de organismos internacionales y de redes especializadas de periodistas motivó una mayor preocupación por el tema en los medios de comunicación y en algunos sectores de la sociedad, que hoy hablan de la violencia contra las mujeres de un modo que no ocurría hace algunos años.
En esa línea, ciertas preocupaciones señaladas como urgentes por el feminismo y el movimiento de mujeres tienen mayor eco en el Estado. A modo de ejemplo, y en un contexto general de falta de datos y de registros administrativos para medir la violencia, el próximo mes de enero el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) pondrán en marcha el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer, que apunta a visualizar la problemática y definir cuáles son los tipos de violencia que padecen las mujeres en las distintas provincias con miras a mejorar las políticas de prevención y de asistencia a las víctimas.
El Registro Único se basará en información de la administración pública y centralizará las denuncias. La Lic. Ana María Edwin, directora del INDEC, explica el modus operandi del proyecto: «Vamos a recibir las bases de datos que se completan en cada una de las organizaciones que se dedican a temas de violencia contra la mujer. Luego, procesaremos esta información a partir de haber fijado parámetros homogéneos en torno al tratamiento de cada una de las variables y de cada uno de los tipos de violencia que estamos midiendo. Y a partir de ello llevaremos adelante otro procesamiento que nos permitirá incluir a todo el país y tener una estadística nacional sobre la violencia contra la mujer.»
Con el diseño de indicadores, conceptual y metodológicamente, armonizados a lo largo y ancho del territorio se estará dando respuesta también al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que en julio de 2010 reclamó al Estado argentino la producción de información de calidad sobre la violencia hacia las mujeres a nivel nacional.
El Comité señaló además la imperiosa necesidad de contar con mecanismos que garanticen la plena aplicación de la legislación vigente para así lograr el acceso a la justicia de toda la población. De este tirón de orejas se hizo cargo entre otras la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al reconocer la existencia de obstáculos —originados, algunos, en patrones socioculturales discriminatorios— que impiden a las mujeres víctimas de violencia contar con dispositivos judiciales eficaces y respetuosos de sus derechos.
Resolución mediante, entonces, el pasado 9 de noviembre Gils Carbó creó el Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de Género, enfocado en los siguientes ejes: investigación, sistematización de información y elaboración de estadísticas sobre violencia de género y derechos de las mujeres; asesoramiento y asistencia técnica a las fiscalías sobre cuestiones de género; difusión, sensibilización y capacitación sobre la temática de género y derechos de las mujeres; y articulación intra e interinstitucional con organismos encargados de asuntos pertinentes para la temática de género.
“Como responsable, junto con el Poder Judicial de la Nación, de la prestación del servicio nacional de justicia, era un tema pendiente incorporar en el Ministerio Público Fiscal un área que visualice las temáticas de género. Ahora estamos abocados a la elaboración de un diagnóstico para conocer cuáles fueron las medidas que se tomaron y el abordaje de las fiscalías en las causas vinculadas con violencia de género. Con este diagnóstico y un relevamiento institucional, trabajaremos en instancias de capacitación, en la definición de criterios generales de actuación, en el mejoramiento de estadísticas que nos permitan contar con datos fehacientes sobre las causas que ingresan al Ministerio Fiscal sobre violencia de género, y en la articulación con otros organismos para lograr que las mujeres que denuncien violencia tengan un acceso seguro a la justicia”, señala la abogada Romina Pzellinsky, funcionaria responsable del Programa.
Pero la perspectiva parece haber calado hondo y hasta la organización interna del Ministerio Público Fiscal quedó bajo la lupa. En diálogo con COMUNICAR IGUALDAD, Pzellinsky adelanta cambios de timón: “También estamos armando un mapa de género para conocer cuántas mujeres y cuántos hombres trabajan dentro de la procuración y cuáles son las jerarquías y cargos que ocupan. En general se sabe que en la justicia está compartida la cantidad de mujeres y varones, pero que a los cargos más altos solo llegan los varones. Por eso, a partir del mapa nos ocuparemos de alcanzar una igualdad”.
Camino pedregoso
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la negación del acceso a la justicia por delitos de violencia contra la mujer constituye una violación del principio de igualdad ante la ley y exacerba las consecuencias de ese acto de violencia. En Argentina, la Ley 26.485 sancionada en marzo de 2009 recoge el guante al plantearse por objeto “promover y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia”. Sin embargo, la imposibilidad de contar con patrocinio jurídico gratuito afecta el real ejercicio de los derechos de estas mujeres y sus posibilidades de lograr toda la protección disponible en la legislación.
En su última publicación, Más allá de la denuncia. Los desafíos del acceso a la justicia, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) presenta los resultados de una investigación cualitativa realizada a partir de la revisión de expedientes iniciados por denuncias en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que continuaron su trámite ante la Justicia Nacional en lo Civil con competencia en temas de Familia de la ciudad de Buenos Aires. Tras la revisión salta a la luz que en solo dos de cada diez expedientes analizados, la parte denunciante contó con patrocinio jurídico gratuito.
“El patrocinio jurídico gratuito es importante porque el Poder Judicial, sus procesos, las distintas jurisdicciones (ciudad, nación) y competencias (civil, penal, contravencional) son vividas en gran medida como un laberinto. Particularmente en un momento de vulnerabilidad, es necesario contar con una abogada o abogado que pueda acompañar a transitar esos procesos y que impulse los mecanismos legales para que éstos brinden toda la ayuda posible”, explica Natalia Gherardi, directora de ELA.
Pero parece que el árbol no tapó el bosque y el 15 de octubre comenzó a funcionar, a través de un convenio entre el CNM y el Ministerio Público Fiscal, el Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género. Con una oficina en el centro porteño, el servicio abre sus puertas de lunes a viernes de 8 a 20 horas y cuenta con seis abogados y abogadas que recibieron capacitación de la Defensoría General de la Nación. Las denunciantes son recibidas de manera individual y reservada, mientras en otra sala los más chicos pueden entretenerse con juegos didácticos. A un mes de su lanzamiento, hasta la fecha fueron atendidas 244 consultas y se espera agrandar el equipo de profesionales prontamente.
La Dra. Silvina Zabala, Subsecretaria para la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las Mujeres del CNM, da cuenta de la nueva experiencia: “Desde que me hice cargo de la subsecretaria tuve en claro que el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia era una de las cuestiones de la que debíamos ocuparnos prioritariamente. Porque el acceso a la justicia debe ser gratuito, independientemente de la condición económica de las mujeres y sin que sea necesario alegar ni acreditar situación de pobreza”.
Hoy la oficina solo tiene jurisdicción en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, pero Zabala ya fue convocada a la Reunión del Consejo Federal de Defensorías a fin de poder replicar el proyecto en las provincias: “Este servicio asesora y patrocina sobre cualquier caso de violencia de género, no solo violencia familiar. De este modo cumplimos con los compromisos internacionales que hemos asumido como Estado argentino”.
Mientras tanto, esta semana la Secretaría de Comunicaciones asignó al CNM la línea telefónica gratuita 144 para la atención en todo el país de consultas de violencia de género, con el fin de dar contención, información y asesoramiento sobre los recursos existentes en materia de prevención y asistencia a las víctimas. La línea funcionará las 24 horas de todos los días del año.
Desconocer la complejidad que requiere abordar la violencia contra las mujeres de manera integral y atendiendo sus diversas dimensiones puede significar que los esfuerzos que se realizan no representen grandes cambios en la vida de las víctimas. Indudablemente, se lograron avances importantes. Vayamos por más.