Alerta de violencia de género para las mexicanas

COMUNICAR IGUALDAD/SEMLAC- Entre 2006 y 2011, los años de la administración federal que terminará en diciembre próximo, la violencia contra las mujeres, en todas sus modalidades, creció exponencialmente, sin que leyes, jueces, normas, sociedad o instituciones fueran capaces de detenerla, al punto que solo en violencia familiar o conyugal hay 18 millones de mexicanas sin justicia.

Lo más grave es la situación de las mujeres privadas de su libertad; la ausencia de armonización entre leyes muy amplias y poco aplicables; disposiciones para prevención que no funcionan, como la Alerta de Violencia de Género, y fondos de hasta más de un millón de dólares sin utilizar. Mientras, la injusticia crece para ellas.

El mencionado sondeo, publicado la última semana, así como el estudio elaborado por la organización civil Equis Justicia para las Mujeres, establece que ni los nuevos modelos de justicia acusatoria, las leyes nacional y locales de acceso a una vida sin violencia, los programas locales y nacionales, ni una abultada inversión económica para estos han conseguido disminuir la situación.

Irma Saucedo, investigadora de El Colegio de México y experimentada capacitadora de funcionarios, policías y población en general, define esta situación como ‘perversa’ y que afecta la democracia, la estabilidad emocional de millones de mujeres y conspira contra la vida de la mitad de la población. Agrega que se trata de un problema de salud pública que según el Banco Mundial cobra 150 días saludables cada año a la población que la padece y tiene efectos en la productividad, la estabilidad familiar, el goce de sus derechos y certifica la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres.

La investigación informa que el problema de las mujeres privadas de su libertad no está incorporado a la agenda de derechos, ni es mencionado en los informes que el estado mexicano prepara para los organismos internacionales, ni aparece en las estadísticas de la violencia de género.

Según la Secretaría de Seguridad Pública, aproximadamente cinco por ciento de la población penitenciaria está constituida por mujeres. Sin embargo, de las 455 cárceles en México, 13, es decir el 2,8 por ciento, son exclusivamente femeniles y el resto, mixtas. De 91 reclusorios examinados, 22 por ciento asignan dormitorios para las mujeres en los mismos sitios que ocupan los hombres. En esos reclusorios hay un alto hacinamiento que afecta de manera directa a las mujeres. Pero lo más preocupante es que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha detectado el uso excesivo de la prisión preventiva. Eso significa que los expedientes no se mueven, no hay investigación ni juicios a tiempo.

Según la encuesta 2011, hay 10.623 mujeres privadas de su libertad en 266 instituciones penitenciarias analizadas. Otros estudios realizados en 21 de las 32 entidades del país, refieren que el 67 por ciento de las 7.301 mujeres recluidas, son jóvenes de 18 a 37 años, madres y muchas jefas de hogar. De ellas, 27 por ciento presenta algún tipo de adicción antidepresiva pero no cuenta con atención psicológica especializada, y 16 por ciento pertenece a lo que las autoridades denominan vulnerables, refiriéndose a indígenas o campesinas, captadas para transportar drogas.

El International Center for Prision Studies sostiene que 22 por ciento de los centros penitenciarios no tienen servicios de ginecología y obstetricia y llama la atención sobre la falta absoluta de información de la situación procesal de estas mujeres privadas de libertad.

La opacidad es también una forma de injusticia, porque el sistema no dispone o no publica datos relativos al número de mujeres procesadas, ni muestra información sobre la duración de la prisión preventiva. Es imposible saber cuántos años viven en esta situación absolutamente contraria a los derechos humanos.

Desde 2006, el Comité por los Derechos de los Niños recomendó a México buscar y poner en práctica alternativas a la detención preventiva y otras formas de detención, a fin de garantizar que la privación de la libertad se aplique efectivamente como medida de último recurso por el período más corto posible.

La doctora Elena Azaola ha mostrado, en diversos estudios e investigaciones, que muchas mujeres indígenas y campesinas fueron engañadas y enroladas en el crimen organizado, a veces sin poder siquiera hablar la lengua española, lo que dificulta los procesos y el ejercicio de la justicia.

Además, esas legislaciones consideradas en su momento como un “gran avance” son tan amplias en cuanto a las definiciones de violencia que carecen de mecanismos de exigibilidad; por el contrario, las normas penales contienen definiciones muy limitadas y son inoperantes, sostiene Equis en su pormenorizado informe entregado al comité de la CEDAW , que esta semana sesiona en las Naciones Unidas.

De 240 sentencias analizadas en 15 tribunales superiores de justicia, solo cuatro mencionan a las Leyes de Acceso (1,66 por ciento), lo que habla de un evidente divorcio y una distancia fenomenal, que impide actuar. Esta falta de vinculación contribuye muy poco al acceso de las mujeres a la justicia, tienen demasiadas palabras y pocas salidas judiciales, dice el estudio, y su impacto está reducido al establecimiento o mandato de establecer refugios, unidades de atención especializada y sistemas de prevención. La Ley fue hecha a imagen y semejanza de la legislación española, con realidades muy distintas.

Lo más grave es que esa ley prevé la Alerta de Violencia de Género, un novedoso procedimiento contra la violencia feminicida, como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia en un territorio determinado pero al solicitarla, en la mayoría de los casos, ha sido denegada, incluso por los Institutos de las Mujeres, debido a que no es entendida cabalmente. De 2006 a 2011 se han hecho solo tres solicitudes, todas denegadas, entre otros motivos por la inconsistencia de la ley y su reglamento. No existen hasta hoy reglas de operación para emitir la declaratoria de la Alerta , pese a que de 2008 a 2011 se otorgaron 19 millones de pesos (más de un millón de dólares) para un Fondo Nacional para la Declaración de la Alerta , de los cuales se ha ejecutado un millón 300.000 pesos (aproximadamente 100.000 dólares).

A esto el informe y las mujeres consultadas llaman “un escándalo”, mientras no existen recursos en las agencias especializadas para médicos legistas, investigación o persecución de los delitos.

Mientras, la espiral de violencia contra las mujeres sigue en aumento.