Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 10 agosto, 2012
Por Soledad Deza*
COMUNICAR IGUALDAD- En el día de ayer, en Tucumán, estaba prevista desde el Ministerio de Salud, una capacitación del equipo médico de la Maternidad de Nuestra Señora de las Mercedes. Dato aclaratorio y relevante si los hay: esta Maternidad es la que más nacimientos recibe al año en América Latina, lo cual evidencia que allí se concreta el acceso a la salud pública de un sector considerable de mujeres de la población.
Esta capacitación tenía como objetivo la actualización en salud sexual y reproductiva mediante la difusión del “Protocolo de Atención a la Víctima de Violencia y Abuso Sexual” y la profundización sobre la “Guía Nacional sobre Aborto No Punible”, a lo cual sólo cabe agregar que hasta la fecha se carece en la provincia de un protocolo de tales características. Además, dentro del temario se abordarían cuestiones neurálgicas para la atención sanitaria puntual de mujeres víctima como son el deber de secreto profesional y el ejercicio de la objeción de conciencia.
Sin embargo, la jornada de construcción de conocimiento se vió entorpecida desde su apertura, con la presencia de un grupo de manifestantes autodenominados “pro vida” y liderados por los legisladores José Paez (Demócrata Cristiano) y Juan José Casagnas (U.C.R) y los concejales Claudio Viña (Fuerza Republicana) y Dora Bianco (Bloque Yerba Buena) quienes se acercaron al lugar con ansias de repudiar lo que consideran un “protocolo de la muerte” según indicaban sus pancartas.
La libertad de expresión avala en nuestro país la protesta como manifestación de una idea si se quiere contrapuesta a la de otros, pero entiendo que la misma sólo fortalece el debate público cuando está destinada al diálogo franco que permita articular las diferentes posturas, ideologías y cosmovisiones existentes. Sólo un canal de conversación pacífico y el poder de la palabra que fluya por el mismo, serán idóneos para propiciar la construcción de una sociedad plural en la cual las ideas de un sector no se impongan a otro por la fuerza; y sólo el respeto, entendido no como simple tolerancia de la existencia ajena, sino como consideración verdadera y respetuosa de las convicciones diferentes, nos conducirá a comprender que los derechos consagrados como fundamentales deben estar ahí para todos y todas las conciencias que viven en el seno de este Estado laico y democrático.
Pero no fue una protesta pacífica la de los grupos pro vida, fue una protesta que yo llamaría violentamente “sonora”. Una protesta que incluyó insultos a viva voz de “genocidas” proferidos médicos y médicas mientras se acreditaban para participar, golpes mecánicos y oradadores a los vidrios de las ventanas de la sala donde se llevaba a cabo la disertación y una sirena de megáfono que era “pegada” literalmente a la puerta de acceso con la única intención de evitar la disertación. O lo que es peor de obliterar cualquier diálogo y de minar por su base cualquier posibilidad de construcción de conocimiento.
Esta situación de violencia “sonora” se extendió por espacio de aproximadamente tres horas y fue ininterrumpida para la desgracia auditiva de toda la concurrencia. Y dicho sea de paso, ese ruido enloquecedor que dificultaba enormemente que médicos y médicas se capacitaran para cumplir sus obligaciones de ley y prestar así un mejor servicio de salud a quienes fueran víctimas de violencia y abuso sexual, sólo cesaba de vez en cuando, al tomar la palabra alguna de las mujeres manifestantes quienes habían sido autorizadas de buena fé a participar de la charla, ante su insistencia en “conocer” aquello de lo que se hablaba.
La protesta pro-vida terminó por dar muerte a la actualización del conocimiento médico. El ruido pro-vida dejó a solas a los médicos y médicas con sus obligaciones legales. El poder del ruido sobre la palabra, del grito sobre las razones y del insulto sobre los argumentos determinaron que, desde la cartera de salud provincial, se resolviera la suspensión de la Jornada. El grito pro-vida trajo finalmente silencio.
Pero más allá de lo lamentable que resulta en cualquier democracia el silencio que se impone a modo de status quo para evitar se hable de aquello que no resulta del agrado de algunos sectores en general conservadores o impermeable a la diversidad de opiniones, quizás lo mas grave de toda esta situación es que la violencia sexual ejercida sobre las mujeres es un flagelo que se perpetúa en el silencio y también se intenta a menudo silenciar. La violencia y el abuso sexual contra niñas y mujeres está fuertemente arraigada en nuestra realidad a consecuencia de estereotipos culturales que abonan una asimetría de poder basada en la superioridad del hombre y construida simbólicamente en base a acciones silenciadas.
También es una realidad en nuestro país que desde 1922 las mujeres que han sido y son víctimas de violencia sexual tienen derecho a interrumpir el embarazo que fuera fruto de ese terrible episodio. Y este derecho no es cualquier derecho, es un derecho humano que como derecho fundamental que es, obliga al Estado a garantizar su accesibilidad en el ámbito de la salud pública que es donde habrá de concurrir el sector más vulnerable de víctimas.
Por la ineludibilidad del derecho a reclamar un aborto no punible en los casos permitidos por la ley, es que capacitar a los operadores de salud pública para que cumplan con tal obligación se presenta como construcción de ciudadanía ya que no sólo habría de otorgar herramientas formadoras (y tranquilizadoras ) a los médicos y médicas que se ven a diario cuestionados por sectores conservadores en lo que al ejercicio de estas prácticas legales se refiere; sino que además habría de empoderar a las mujeres pobres que son las que precisan del sistema sanitario público para el goce de este derecho que implica nada más ni nada menos, no ser revictimizada con una maternidad impuesta por la fuerza y como producto de una conducta delictiva que ha tomado su cuerpo, su integridad y su honor desvastando todo atisbo de autonomía.
Impedir con gritos y violencia sonora la construcción de conocimiento implica nada más y nada menos que impedir la palabra. Impedir la palabra en materia de aborto no punible y violencia sexual equivale a legitimar la clandestinidad y las muertes del silencio. Y sobre los silencios, se tejen las peores historias.
Aborto no punible en Tucumán: gritos y silencios
Por Soledad Deza*
COMUNICAR IGUALDAD- En el día de ayer, en Tucumán, estaba prevista desde el Ministerio de Salud, una capacitación del equipo médico de la Maternidad de Nuestra Señora de las Mercedes. Dato aclaratorio y relevante si los hay: esta Maternidad es la que más nacimientos recibe al año en América Latina, lo cual evidencia que allí se concreta el acceso a la salud pública de un sector considerable de mujeres de la población.
Esta capacitación tenía como objetivo la actualización en salud sexual y reproductiva mediante la difusión del “Protocolo de Atención a la Víctima de Violencia y Abuso Sexual” y la profundización sobre la “Guía Nacional sobre Aborto No Punible”, a lo cual sólo cabe agregar que hasta la fecha se carece en la provincia de un protocolo de tales características. Además, dentro del temario se abordarían cuestiones neurálgicas para la atención sanitaria puntual de mujeres víctima como son el deber de secreto profesional y el ejercicio de la objeción de conciencia.
Sin embargo, la jornada de construcción de conocimiento se vió entorpecida desde su apertura, con la presencia de un grupo de manifestantes autodenominados “pro vida” y liderados por los legisladores José Paez (Demócrata Cristiano) y Juan José Casagnas (U.C.R) y los concejales Claudio Viña (Fuerza Republicana) y Dora Bianco (Bloque Yerba Buena) quienes se acercaron al lugar con ansias de repudiar lo que consideran un “protocolo de la muerte” según indicaban sus pancartas.
La libertad de expresión avala en nuestro país la protesta como manifestación de una idea si se quiere contrapuesta a la de otros, pero entiendo que la misma sólo fortalece el debate público cuando está destinada al diálogo franco que permita articular las diferentes posturas, ideologías y cosmovisiones existentes. Sólo un canal de conversación pacífico y el poder de la palabra que fluya por el mismo, serán idóneos para propiciar la construcción de una sociedad plural en la cual las ideas de un sector no se impongan a otro por la fuerza; y sólo el respeto, entendido no como simple tolerancia de la existencia ajena, sino como consideración verdadera y respetuosa de las convicciones diferentes, nos conducirá a comprender que los derechos consagrados como fundamentales deben estar ahí para todos y todas las conciencias que viven en el seno de este Estado laico y democrático.
Pero no fue una protesta pacífica la de los grupos pro vida, fue una protesta que yo llamaría violentamente “sonora”. Una protesta que incluyó insultos a viva voz de “genocidas” proferidos médicos y médicas mientras se acreditaban para participar, golpes mecánicos y oradadores a los vidrios de las ventanas de la sala donde se llevaba a cabo la disertación y una sirena de megáfono que era “pegada” literalmente a la puerta de acceso con la única intención de evitar la disertación. O lo que es peor de obliterar cualquier diálogo y de minar por su base cualquier posibilidad de construcción de conocimiento.
Esta situación de violencia “sonora” se extendió por espacio de aproximadamente tres horas y fue ininterrumpida para la desgracia auditiva de toda la concurrencia. Y dicho sea de paso, ese ruido enloquecedor que dificultaba enormemente que médicos y médicas se capacitaran para cumplir sus obligaciones de ley y prestar así un mejor servicio de salud a quienes fueran víctimas de violencia y abuso sexual, sólo cesaba de vez en cuando, al tomar la palabra alguna de las mujeres manifestantes quienes habían sido autorizadas de buena fé a participar de la charla, ante su insistencia en “conocer” aquello de lo que se hablaba.
La protesta pro-vida terminó por dar muerte a la actualización del conocimiento médico. El ruido pro-vida dejó a solas a los médicos y médicas con sus obligaciones legales. El poder del ruido sobre la palabra, del grito sobre las razones y del insulto sobre los argumentos determinaron que, desde la cartera de salud provincial, se resolviera la suspensión de la Jornada. El grito pro-vida trajo finalmente silencio.
Pero más allá de lo lamentable que resulta en cualquier democracia el silencio que se impone a modo de status quo para evitar se hable de aquello que no resulta del agrado de algunos sectores en general conservadores o impermeable a la diversidad de opiniones, quizás lo mas grave de toda esta situación es que la violencia sexual ejercida sobre las mujeres es un flagelo que se perpetúa en el silencio y también se intenta a menudo silenciar. La violencia y el abuso sexual contra niñas y mujeres está fuertemente arraigada en nuestra realidad a consecuencia de estereotipos culturales que abonan una asimetría de poder basada en la superioridad del hombre y construida simbólicamente en base a acciones silenciadas.
También es una realidad en nuestro país que desde 1922 las mujeres que han sido y son víctimas de violencia sexual tienen derecho a interrumpir el embarazo que fuera fruto de ese terrible episodio. Y este derecho no es cualquier derecho, es un derecho humano que como derecho fundamental que es, obliga al Estado a garantizar su accesibilidad en el ámbito de la salud pública que es donde habrá de concurrir el sector más vulnerable de víctimas.
Por la ineludibilidad del derecho a reclamar un aborto no punible en los casos permitidos por la ley, es que capacitar a los operadores de salud pública para que cumplan con tal obligación se presenta como construcción de ciudadanía ya que no sólo habría de otorgar herramientas formadoras (y tranquilizadoras ) a los médicos y médicas que se ven a diario cuestionados por sectores conservadores en lo que al ejercicio de estas prácticas legales se refiere; sino que además habría de empoderar a las mujeres pobres que son las que precisan del sistema sanitario público para el goce de este derecho que implica nada más ni nada menos, no ser revictimizada con una maternidad impuesta por la fuerza y como producto de una conducta delictiva que ha tomado su cuerpo, su integridad y su honor desvastando todo atisbo de autonomía.
Impedir con gritos y violencia sonora la construcción de conocimiento implica nada más y nada menos que impedir la palabra. Impedir la palabra en materia de aborto no punible y violencia sexual equivale a legitimar la clandestinidad y las muertes del silencio. Y sobre los silencios, se tejen las peores historias.
* Abogada tucumana.