Pulicado por admin | Publicado el 7 septiembre, 2012
Una mujer migrante trabajadora de hogar contó su historia en el Senado. Representa el drama que viven a diario mujeres y varones migrantes en Argentina. AMUMRA -Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina- se moviliza el 20 de septiembre para que en octubre salga una nueva legislación para el sector del servicio doméstico.
Por Alejandra Waigandt
COMUNICAR IGUALDAD– «Mi nombre es Tomasa Noguera. Soy de Merlo. Hace más de 20 años que estoy acá (Argentina). Soy paraguaya. Soy madre y padre de dos nenes porque estoy sola con ellos. Me dediqué al trabajo doméstico hasta marzo de este año. Trabajé por hora. Me pagaron lo que ellos pudieron. Estoy orgullosa de ser una trabajadora doméstica, pero ahora tengo un problema de salud muy grave, sufro epilepsia a raíz de un tumor en el cerebro. Los médicos me dicen que soy discapacitada para el trabajo, no puedo viajar y no puedo estar sola. Tengo DNI, pero me robaron todo en uno de mis ataques en la calle. Lo hice de nuevo en abril y todavía no me lo dieron. No puedo hacer nada sin mi documento, me cierran todas las puertas, no tengo cobertura médica, no puedo hacerme una constancia para el colectivo ni para los medicamentos. Mi hijo mayor tiene 21 años y terminó el secundario por mi lucha, por mi trabajo. Ahora tiene que llevarme y traerme al médico y por eso no consigue un trabajo en una fábrica. Está haciendo changuitas, pero le pagan muy poco. Lo que más me duele es que el más chico tuvo que dejar la escuela para atenderme a mí, no puedo estar sola porque me caigo y en vez de ayudarme me roban todo. Estoy convulsionando 4 y 5 veces por semana, no puedo seguir trabajando, pero estoy tan mal económicamente y me duele tanto que mi hijo haya dejado el colegio que hace 15 días le dije que iba a trabajar de nuevo y que no importaba que los otros patrones me hayan dejado sin trabajo. En una vidriera decía que necesitaban empleada doméstica, llamé al teléfono que aparecía, entonces me fui hasta ahí y era para otra cosa. Estoy sin documento y enferma… intentaron hacer eso… no hacen eso con chicas nada más, lo hacen con mujeres grandes también… era una casa particular y esta persona dijo que puso el aviso pero no era para limpiar, era para tener relaciones sexuales con él y otros hombres, pero con plata… como pude le avisé a mi hijo, me buscó y me llevó a la guardia porque me puse muy mal… estoy necesitada pero no me puedo vender, soy muy orgullosa por ser limpiadora…»
Emocionada Tomasa Noguera no pudo seguir hablando, pero logró que su historia fuera escuchada ayer en el Salón Auditorio del Senado de la Nación, durante la jornada ‘Por el Derecho de Transitar, de Permanecer y de Transcurrir’, que organizó AMUMRA (Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina) por quinto año consecutivo, donde representantes del Estado y las organizaciones civiles discutieron sobre la Ley de Migraciones y el vinculo entre la migración y el delito de trata y el trabajo esclavo, y la situación de vulnerabilidad las trabajadoras de casa particulares.
La presidenta de AMUMRA Natividad Obeso dijo que la organización atiende a diario casos como el de Tomasa. Según la dirigenta peruana viven en situaciones de extrema vulnerabilidad paraguayas, peruanas, bolivianas y guatemaltecas. «Es prácticamente imposible que estas mujeres accedan a refugios en Argentina», señaló Obeso e instó a las organizaciones y al Estado a trabajar articuladamente en la generación de soluciones.
Paulina Jaureguiberry, coordinadora del Tribunal del Trabajo Doméstico de la Dirección de Relaciones Individuales del Ministerio de Trabajo -participó en el panel Pronta aprobación de la ley de Trabajadoras de Casas Particulares-, se comprometió públicamente a intervenir en la búsqueda de una solución para Tomasa Noguera.
Si bien Argentina es un ejemplo a nivel mundial por tener una legislación migratoria igualitaria, el caso de la migrante paraguaya visibiliza una deuda pendiente en el acceso a la seguridad social, ya que para acceder a las pensiones asistenciales que otorga el Ministerio de Desarrollo Social por vejez, familia numerosa (7 hijo/as o más) e invalidez, un/a migrante además de acreditar una situación de vulnerabilidad social debe demostrar entre 15 y 40 años de residencia en el país. Es un requisito injustificado, que discrimina en razón de la nacionalidad y compromete el derecho a la vida, pues está en juego la subsistencia de la persona, explicó la presidenta de AMUMRA, organización que impulsa la derogación del decreto 432 de 1997 que exige a las y los extranjeros unos 20 años de residencia para obtener una pensión por discapacidad. La Corte Suprema se expresó en este sentido en 2007 en el caso de la migrante boliviana Daniela Reyes Aguilera, obligando al Estado a asegurarle el beneficio, sin embargo se sigue exigiendo dicho lapso de residencia.
En cuanto al empleo en el servicio doméstico, donde el 12,8 por ciento de las trabajadoras viene principalmente de un país limítrofe, según la Encuesta Permanente de Hogares de 2010 (INDEC), fue regulado en 1956 por el Decreto 326, que no contribuyó a modificar la informalidad, bajos salarios y discriminación ligado al sector. Recién en 2006 las trabajadoras de hogar accedieron a una jubilación y obra social, pero las condiciones de trabajo siguen sin ser reguladas. En 2011 la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley que propone un Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y equipara los derechos laborales de las trabajadoras de casa particulares con los derechos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo para el conjunto de los y las trabajadore/as. Esta iniciativa se alinea con lo que estableció ese mismo año el Convenio 189 de la OIT, sin embargo su sanción definitiva fue trabada en el Senado.
Las trabajadoras de hogar presentes en el Salón Auditorio informaron a COMUNICAR IGUALDAD que esta nueva legislación se aprobará en octubre. AMUMRA convocó igualmente a una movilización al Ministerio de Trabajo y al Congreso el 20 de septiembre para exigir la sanción definitiva de dicha legislación y la adhesión de Argentina al nuevo Convenio de Trabajo de la OIT. Hasta el momento se plegaron Uruguay, Filipinas y Bolivia.
«Soy muy orgullosa de ser limpiadora»
Una mujer migrante trabajadora de hogar contó su historia en el Senado. Representa el drama que viven a diario mujeres y varones migrantes en Argentina. AMUMRA -Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina- se moviliza el 20 de septiembre para que en octubre salga una nueva legislación para el sector del servicio doméstico.
Por Alejandra Waigandt
COMUNICAR IGUALDAD– «Mi nombre es Tomasa Noguera. Soy de Merlo. Hace más de 20 años que estoy acá (Argentina). Soy paraguaya. Soy madre y padre de dos nenes porque estoy sola con ellos. Me dediqué al trabajo doméstico hasta marzo de este año. Trabajé por hora. Me pagaron lo que ellos pudieron. Estoy orgullosa de ser una trabajadora doméstica, pero ahora tengo un problema de salud muy grave, sufro epilepsia a raíz de un tumor en el cerebro. Los médicos me dicen que soy discapacitada para el trabajo, no puedo viajar y no puedo estar sola. Tengo DNI, pero me robaron todo en uno de mis ataques en la calle. Lo hice de nuevo en abril y todavía no me lo dieron. No puedo hacer nada sin mi documento, me cierran todas las puertas, no tengo cobertura médica, no puedo hacerme una constancia para el colectivo ni para los medicamentos. Mi hijo mayor tiene 21 años y terminó el secundario por mi lucha, por mi trabajo. Ahora tiene que llevarme y traerme al médico y por eso no consigue un trabajo en una fábrica. Está haciendo changuitas, pero le pagan muy poco. Lo que más me duele es que el más chico tuvo que dejar la escuela para atenderme a mí, no puedo estar sola porque me caigo y en vez de ayudarme me roban todo. Estoy convulsionando 4 y 5 veces por semana, no puedo seguir trabajando, pero estoy tan mal económicamente y me duele tanto que mi hijo haya dejado el colegio que hace 15 días le dije que iba a trabajar de nuevo y que no importaba que los otros patrones me hayan dejado sin trabajo. En una vidriera decía que necesitaban empleada doméstica, llamé al teléfono que aparecía, entonces me fui hasta ahí y era para otra cosa. Estoy sin documento y enferma… intentaron hacer eso… no hacen eso con chicas nada más, lo hacen con mujeres grandes también… era una casa particular y esta persona dijo que puso el aviso pero no era para limpiar, era para tener relaciones sexuales con él y otros hombres, pero con plata… como pude le avisé a mi hijo, me buscó y me llevó a la guardia porque me puse muy mal… estoy necesitada pero no me puedo vender, soy muy orgullosa por ser limpiadora…»
Emocionada Tomasa Noguera no pudo seguir hablando, pero logró que su historia fuera escuchada ayer en el Salón Auditorio del Senado de la Nación, durante la jornada ‘Por el Derecho de Transitar, de Permanecer y de Transcurrir’, que organizó AMUMRA (Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina) por quinto año consecutivo, donde representantes del Estado y las organizaciones civiles discutieron sobre la Ley de Migraciones y el vinculo entre la migración y el delito de trata y el trabajo esclavo, y la situación de vulnerabilidad las trabajadoras de casa particulares.
La presidenta de AMUMRA Natividad Obeso dijo que la organización atiende a diario casos como el de Tomasa. Según la dirigenta peruana viven en situaciones de extrema vulnerabilidad paraguayas, peruanas, bolivianas y guatemaltecas. «Es prácticamente imposible que estas mujeres accedan a refugios en Argentina», señaló Obeso e instó a las organizaciones y al Estado a trabajar articuladamente en la generación de soluciones.
Paulina Jaureguiberry, coordinadora del Tribunal del Trabajo Doméstico de la Dirección de Relaciones Individuales del Ministerio de Trabajo -participó en el panel Pronta aprobación de la ley de Trabajadoras de Casas Particulares-, se comprometió públicamente a intervenir en la búsqueda de una solución para Tomasa Noguera.
Si bien Argentina es un ejemplo a nivel mundial por tener una legislación migratoria igualitaria, el caso de la migrante paraguaya visibiliza una deuda pendiente en el acceso a la seguridad social, ya que para acceder a las pensiones asistenciales que otorga el Ministerio de Desarrollo Social por vejez, familia numerosa (7 hijo/as o más) e invalidez, un/a migrante además de acreditar una situación de vulnerabilidad social debe demostrar entre 15 y 40 años de residencia en el país. Es un requisito injustificado, que discrimina en razón de la nacionalidad y compromete el derecho a la vida, pues está en juego la subsistencia de la persona, explicó la presidenta de AMUMRA, organización que impulsa la derogación del decreto 432 de 1997 que exige a las y los extranjeros unos 20 años de residencia para obtener una pensión por discapacidad. La Corte Suprema se expresó en este sentido en 2007 en el caso de la migrante boliviana Daniela Reyes Aguilera, obligando al Estado a asegurarle el beneficio, sin embargo se sigue exigiendo dicho lapso de residencia.
En cuanto al empleo en el servicio doméstico, donde el 12,8 por ciento de las trabajadoras viene principalmente de un país limítrofe, según la Encuesta Permanente de Hogares de 2010 (INDEC), fue regulado en 1956 por el Decreto 326, que no contribuyó a modificar la informalidad, bajos salarios y discriminación ligado al sector. Recién en 2006 las trabajadoras de hogar accedieron a una jubilación y obra social, pero las condiciones de trabajo siguen sin ser reguladas. En 2011 la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley que propone un Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y equipara los derechos laborales de las trabajadoras de casa particulares con los derechos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo para el conjunto de los y las trabajadore/as. Esta iniciativa se alinea con lo que estableció ese mismo año el Convenio 189 de la OIT, sin embargo su sanción definitiva fue trabada en el Senado.
Las trabajadoras de hogar presentes en el Salón Auditorio informaron a COMUNICAR IGUALDAD que esta nueva legislación se aprobará en octubre. AMUMRA convocó igualmente a una movilización al Ministerio de Trabajo y al Congreso el 20 de septiembre para exigir la sanción definitiva de dicha legislación y la adhesión de Argentina al nuevo Convenio de Trabajo de la OIT. Hasta el momento se plegaron Uruguay, Filipinas y Bolivia.