Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 3 febrero, 2013
Eleonor Faur y Zulma Ortiz, representantes respectivamente de UNFPA y UNICEF -organismos que participaron durante el 2011 de la realización de un informe internacional sobre mortalidad de mujeres gestantes (mortalidad materna)- opinan sobre el tratamiento que está realizando el Estado del tema. «Es uno de los indicadores más difíciles de modificar» señala Ortiz, a la vez que observa que el Plan implementado por el Ministerio no dio hasta la fecha los resultados esperados. Faur, por su parte, señala logros y deudas del abordaje por parte del Estado de la salud reproductiva.
COMUNICAR IGUALDAD-
Maternidad sin riesgos: hay mucho por hacer
Por Zulma Ortiz, Especialista en Salud de UNICEF.
La razón de mortalidad materna (RMM) es indicador que permite objetivar la magnitud del mayor daño que puede experimentar una mujer y su familia durante el embarazo, parto y puerperio. Es uno de los indicadores más difíciles de modificar porque no sólo refleja los desafíos que enfrenta el sistema de salud a la hora de asistir un embarazo y un parto seguros sino que además, está atravesado por circunstancias que exceden un nacimiento como la situación socio económica de la mujer que va a dar a luz o una pandemia como la Gripe Aque impactó fuertemente en mujeres embarazadas.
Esta multiplicidad de variables determinan la vida y la muerte de una embarazada a tal punto, que explican buena parte del incremento de la mortalidad materna en el 2001, 2006 y 2009, años en los que el indicador rompió la aparente meseta en la que se mantuvo durante las últimas tres décadas.
El Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil establecido desde 2010, bajo la coordinación del Ministerio de Salud de la Nación, partió de un diagnóstico de insuficiente articulación y coordinación entre los niveles de atención en las provincias con mayores niveles de mortalidad y entre sectores del gobierno.Identificó, además, problemas específicos en la esfera de la planificación y gestión hospitalaria, con falta de disponibilidad oportuna de recursos humanos clave en los servicios críticos que afectan la calidad y capacidad resolutiva de los servicios, especialmente en las emergencias. Con este diagnóstico y desde entonces, ha implementado una serie de acciones que no han logrado impactar y obtener el descenso deseado por todos.
La mortalidad materna es un problema que no depende de un sólo factor ni de un único responsable para lograr su descenso. Todos podemos, y por qué no debemos, hacer algo para solucionarlo y evitarlo. Claro está, que no todos podremos contratar más enfermeras u obstétricas o mejorar la situación precaria de contratación de algunos profesionales. No todos podremos promover una empatía que naturalmente debería darse entre la embarazada y el equipo de salud. Pero hay algo que todos podemos hacer, y es tomar conciencia del valor social que una mujer embarazada tiene; todavía hay madres y embarazadas que sufren privaciones y sobrecarga de responsabilidades que ponen en riesgo su vida. Prestar atención a esos derechos vulnerados y contribuir en la demanda de su cumplimiento como activistas de una maternidad sin riesgos es una agenda inconclusa, en la que la sociedad puede hacer la diferencia.
La mortalidad materna es una vulneración de los derechos humanos
Por Eleonor Faur, oficial de enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Los derechos humanos son la piedra angular de nuestros estados de derecho, enfocados en el bienestar de la población. La salud de las mujeres se enmarca en los derechos humanos y en el derecho a la integridad personal que contempla, además el derecho a la no discriminación y a la igualdad de acceso a insumos, información y servicios para vivir una vida digna.
Evitar las muertes maternas, es un objetivo que sólo puede concretarse si se aceleran los esfuerzos para facilitar el acceso a los insumos, la atención de calidad, la información científica y veraz y las sinergias requeridas para evitarlas.
Por otra parte, la efectividad de las acciones y las estrategias que componen la política pública implica además, poder contar con información confiable sobre el estado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y datos confiables sobre el alcance, criterio, disponibilidad y uso de los métodos anticonceptivos, tipo de orientación recibida e información disponible.
Durante la última década el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable ha cosechado avances importantes: la distribución de métodos anticonceptivos; la capacitación de agentes de salud sobre el marco legal vigente, desde un enfoque de derechos humanos; el lanzamiento de la 0800 de salud sexual, federal, confidencial y gratuita; la actualización la elaboración y revisión de la Guía Integral para la Atención de los Abortos No Punibles, así como la elaboración de un Protocolo para las Víctimas de Violencia Sexual son algunos de los logros más notorios, desde su creación. A pesar de ello, todavía falta llevar a cabo una Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, ya que los pocos datos disponibles sobre el estado de la salud de mujeres en edad reproductiva corresponden a la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2004). Llevar a cabo esa estrategia, representaría un valioso aporte de información y datos para conocer las barreras existentes que obstaculizan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, potenciar capacidades y reducir las brechas entre las políticas públicas y los contextos sociodemográficos, heterogéneos y dispares en cuyo marco el 16 % de los nacimientos en el país, resultan de partos de mujeres adolescentes.
Las metas son indicativas, pero el verdadero objetivo es la protección del derecho a la salud de las mujeres. Las mujeres adolescentes, las mujeres pobres, las que no tienen acceso a la educación formal ni a la información sobre salud sexual y reproductiva, los grupos étnicos en desventaja, las mujeres aisladas geográficamente, las que tienen acceso limitado o no tienen servicios de salud de calidad, las que afrontan embarazos no planificados, las que viven con VIH, conforman grupos con mayor vulnerabilidad cuyas razones de morbilidad y mortalidad materna pueden ser extraordinarias, muy por encima de los promedios nacionales o regionales, y requieren de la protección y promoción de sus derechos.
Desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sostenemos, la necesidad de acelerar los esfuerzos día a día para que cada niño, niña y adolescente de nuestro país tenga acceso a la educación sexual integral: una herramienta que ayuda a prevenir embarazos no planificados, infecciones de trasmisión sexual, discriminación y violencia; para que cada persona tenga acceso a la salud sexual y reproductiva para decidir si tener o no hijos/as, cuándo y cuántos tener; para que cada mujer embarazada tenga acceso a una atención perinatal de calidad; para que cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y cada persona joven pueda desarrollar su pleno potencial.
La voz de las organizaciones internacionales
Eleonor Faur y Zulma Ortiz, representantes respectivamente de UNFPA y UNICEF -organismos que participaron durante el 2011 de la realización de un informe internacional sobre mortalidad de mujeres gestantes (mortalidad materna)- opinan sobre el tratamiento que está realizando el Estado del tema. «Es uno de los indicadores más difíciles de modificar» señala Ortiz, a la vez que observa que el Plan implementado por el Ministerio no dio hasta la fecha los resultados esperados. Faur, por su parte, señala logros y deudas del abordaje por parte del Estado de la salud reproductiva.
COMUNICAR IGUALDAD-
Maternidad sin riesgos: hay mucho por hacer
Por Zulma Ortiz, Especialista en Salud de UNICEF.
La razón de mortalidad materna (RMM) es indicador que permite objetivar la magnitud del
mayor daño que puede experimentar una mujer y su familia durante el embarazo, parto y puerperio. Es uno de los indicadores más difíciles de modificar porque no sólo refleja los desafíos que enfrenta el sistema de salud a la hora de asistir un embarazo y un parto seguros sino que además, está atravesado por circunstancias que exceden un nacimiento como la situación socio económica de la mujer que va a dar a luz o una pandemia como la Gripe A que impactó fuertemente en mujeres embarazadas.
Esta multiplicidad de variables determinan la vida y la muerte de una embarazada a tal punto, que explican buena parte del incremento de la mortalidad materna en el 2001, 2006 y 2009, años en los que el indicador rompió la aparente meseta en la que se mantuvo durante las últimas tres décadas.
El Plan Nacional de Reducción dela Mortalidad Materna e Infantil establecido desde 2010, bajo la coordinación del Ministerio de Salud de la Nación , partió de un diagnóstico de insuficiente articulación y coordinación entre los niveles de atención en las provincias con mayores niveles de mortalidad y entre sectores del gobierno. Identificó, además, problemas específicos en la esfera de la planificación y gestión hospitalaria, con falta de disponibilidad oportuna de recursos humanos clave en los servicios críticos que afectan la calidad y capacidad resolutiva de los servicios, especialmente en las emergencias. Con este diagnóstico y desde entonces, ha implementado una serie de acciones que no han logrado impactar y obtener el descenso deseado por todos.
La mortalidad materna es un problema que no depende de un sólo factor ni de un único responsable para lograr su descenso. Todos podemos, y por qué no debemos, hacer algo para solucionarlo y evitarlo. Claro está, que no todos podremos contratar más enfermeras u obstétricas o mejorar la situación precaria de contratación de algunos profesionales. No todos podremos promover una empatía que naturalmente debería darse entre la embarazada y el equipo de salud. Pero hay algo que todos podemos hacer, y es tomar conciencia del valor social que una mujer embarazada tiene; todavía hay madres y embarazadas que sufren privaciones y sobrecarga de responsabilidades que ponen en riesgo su vida. Prestar atención a esos derechos vulnerados y contribuir en la demanda de su cumplimiento como activistas de una maternidad sin riesgos es una agenda inconclusa, en la que la sociedad puede hacer la diferencia.
La mortalidad materna es una vulneración de los derechos humanos
Por Eleonor Faur, oficial de enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Evitar las muertes maternas, es un objetivo que sólo puede concretarse si se aceleran los esfuerzos para facilitar el acceso a los insumos, la atención de calidad, la información científica y veraz y las sinergias requeridas para evitarlas.
Por otra parte, la efectividad de las acciones y las estrategias que componen la política pública implica además, poder contar con información confiable sobre el estado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y datos confiables sobre el alcance, criterio, disponibilidad y uso de los métodos anticonceptivos, tipo de orientación recibida e información disponible.
Durante la última década el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
ha cosechado avances importantes: la distribución de métodos anticonceptivos; la capacitación de agentes de salud sobre el marco legal vigente, desde un enfoque de derechos humanos; el lanzamiento de la 0800 de salud sexual, federal, confidencial y gratuita; la actualización la elaboración y revisión de la Guía Integral para la Atención de los Abortos No Punibles, así como la elaboración de un Protocolo para las Víctimas de Violencia Sexual son algunos de los logros más notorios, desde su creación. A pesar de ello, todavía falta llevar a cabo una Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, ya que los pocos datos disponibles sobre el estado de la salud de mujeres en edad reproductiva corresponden a la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2004). Llevar a cabo esa estrategia, representaría un valioso aporte de información y datos para conocer las barreras existentes que obstaculizan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, potenciar capacidades y reducir las brechas entre las políticas públicas y los contextos sociodemográficos, heterogéneos y dispares en cuyo marco el 16 % de los nacimientos en el país, resultan de partos de mujeres adolescentes.
Las metas son indicativas, pero el verdadero objetivo es la protección del derecho a la salud de las mujeres. Las mujeres adolescentes, las mujeres pobres, las que no tienen acceso a la educación formal ni a la información sobre salud sexual y reproductiva, los grupos étnicos en desventaja, las mujeres aisladas geográficamente, las que tienen acceso limitado o no tienen servicios de salud de calidad, las que afrontan embarazos no planificados, las que viven con VIH, conforman grupos con mayor vulnerabilidad cuyas razones de morbilidad y mortalidad materna pueden ser extraordinarias, muy por encima de los promedios nacionales o regionales, y requieren de la protección y promoción de sus derechos.
Desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sostenemos, la necesidad de acelerar los esfuerzos día a día para que cada niño, niña y adolescente de nuestro país tenga acceso a la educación sexual integral: una herramienta que ayuda a prevenir embarazos no planificados, infecciones de trasmisión sexual, discriminación y violencia; para que cada persona tenga acceso a la salud sexual y reproductiva para decidir si tener o no hijos/as, cuándo y cuántos tener; para que cada mujer embarazada tenga acceso a una atención perinatal de calidad; para que cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y cada persona joven pueda desarrollar su pleno potencial.
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