La pasada semana, varias organizaciones de la sociedad civil hicieron circular un texto en el que denunciaban el retroceso para la independencia judicial y la igualdad de género que significó la designación por parte del presidente Macri, a través de un decreto -sin el acuerdo del Senado, y por medio de nombramientos “en comisión”-, de dos nuevos integrantes varones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión del Poder Ejecutivo llegó mientras desde la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) se llevaba adelante una campaña justamente para promover la paridad de género en el Poder Judicial, particularmente en los cargos más altos, y especialmente el acceso de una nueva mujer a la Corte Suprema de Justicia luego de la muerte de Carmen Argibay.
COMUNICAR IGUALDAD– La pasada semana, el recientemente electo presidente Mauricio Macri nombró por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación CSJN). El argumento que dio el Poder Ejecutivo para saltearse el procedimiento de designación de jueces/zas habilitado por el decreto 222 del año 2003 que se venía utilizando hasta ahora, fue que la CSJN no podía funcionar con 2 integrantes nada más y que por tanto era urgente sumar a nuevxs miembros.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran Amnistía Internacional Argentina; el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA); la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas; el Área Salud del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad; y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) –entre otras-, hizo circular pocos días después un texto en el que señala que la decisión del Poder Ejecutivo de “apartarse de ese procedimiento (el Decreto 222/03) afecta la legitimidad de un órgano que ha logrado en los últimos años fortalecer su independencia e imparcialidad”.
El Decreto 222, aprobado durante el gobierno de Néstor Kirchner y aplaudido por la democratización que significaba para la designación de integrantes de la CSJN, reglamenta el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional señalando que existe un plazo de 15 días para presentar posiciones por parte de la ciudadanía en torno a las designaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. También observa, en el artículo 3, que sea considerada la diversidad de género en la selección de candidatxs.
El texto de las organizaciones señala que “la designación ‘en comisión’ afecta la garantía de estabilidad de los cargos judiciales, atento a que sus nombramientos estarán sujetos a la aprobación de los pliegos por parte del Senado a partir del inicio del próximo período ordinario de sesiones legislativas, haciéndolos vulnerables a las presiones de los demás poderes del Estado” y que “el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación respecto a la provisionalidad de los mandatos de las y los operadores judiciales ‘por generar una duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de que puedan participar de manera independiente en los procesos, sin temor a represalias’”.
Por último, y en relación a la igualdad de género, el documento señala que “preocupa especialmente que los nombramientos actuales desconocen el deber de asegurar la igualdad y no discriminación en el acceso a las funciones públicas y procurar una representación equilibrada de género. Por el contrario, la composición mayoritariamente masculina de la Corte perpetúa una larga historia de privilegio en el acceso de varones a las máximas instituciones del país. Las vacantes producidas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación brindaban la oportunidad de evitar un retroceso en un tribunal que ha demostrado un particular liderazgo en los avances necesarios en el camino hacia la igualdad de las mujeres a través de políticas activas tanto para mejorar el acceso a la justicia, como el trabajo que se hace desde la Oficina de Violencia Doméstica, como el trabajo de investigación, sensibilización y formación que se promueve desde la Oficina de la Mujer. Contar con un Poder Judicial comprometido con la igualdad de género no puede ser un objetivo deseable, es una obligación del Estado”.
La decisión del Poder Ejecutivo llegó mientras la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) impulsaba la campaña Más Mujeres más justicia,cuyo objetivo es promover el acceso de las mujeres a los puestos de decisión dentro del Poder Judicial y, particularmente, que una de las vacantes de la CSJN sea ocupada por una mujer. Hasta el año pasado, dos mujeres integraban ese organismo: Elena Highton de Nolasco, que aún lo hace; y Carmen Argibay, que falleció en el 2015.
Desde la campaña, se señala que “en una sociedad que se sustenta sobre los principios de igualdad y democracia, la participación de las mujeres en la vida pública no es algo discrecional sino constitutivo. La calidad de la democracia se ve fortalecida cuando la integración de la Justicia refleja la diversidad existente en la sociedad. Esta idea de que más mujeres deben integrar los órganos de gobierno, no es simplemente una expresión de deseo, sino que constituye un compromiso asumido por el Estado Argentino en su Constitución y en normas legales que se ha reflejado en diversos ámbitos públicos en los últimos 20 años. Sin embargo, son muy pocas las mujeres que hoy en día acceden a cargos jerárquicos dentro del Poder Judicial Argentino. Sólo el 24% de los cargos de ministras y camaristas de nuestro país son ocupados por mujeres. Asimismo, 7 Superiores Tribunales y Cortes y 7 Cámaras son integradas exclusivamente por varones. La incorporación de mujeres en puestos de máxima jerarquía judicial permite que la institución sea percibida como justa y representativa; y contribuye a desafiar el estereotipo social de que esos puestos sólo pueden ser ocupados por varones. Asimismo, se ha puesto en evidencia que la integración de las mujeres juezas al mundo del derecho ha introducido importantísimos cambios en el sistema jurídico. En Argentina, la creación de Oficinas de la Mujer y de Violencia doméstica, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el resto del país, y las políticas de género impulsadas desde estos espacios, son sólo algunos claros ejemplos de este gran avance en materia judicial”.
La ausencia de perspectiva de género en las designaciones para la Corte Suprema
La pasada semana, varias organizaciones de la sociedad civil hicieron circular un texto en el que denunciaban el retroceso para la independencia judicial y la igualdad de género que significó la designación por parte del presidente Macri, a través de un decreto -sin el acuerdo del Senado, y por medio de nombramientos “en comisión”-, de dos nuevos integrantes varones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión del Poder Ejecutivo llegó mientras desde la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) se llevaba adelante una campaña justamente para promover la paridad de género en el Poder Judicial, particularmente en los cargos más altos, y especialmente el acceso de una nueva mujer a la Corte Suprema de Justicia luego de la muerte de Carmen Argibay.
COMUNICAR IGUALDAD– La pasada semana, el recientemente electo presidente Mauricio Macri nombró por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación CSJN). El argumento que dio el Poder Ejecutivo para saltearse el procedimiento de designación de jueces/zas habilitado por el decreto 222 del año 2003 que se venía utilizando hasta ahora, fue que la CSJN no podía funcionar con 2 integrantes nada más y que por tanto era urgente sumar a nuevxs miembros.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran Amnistía Internacional Argentina; el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA); la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas; el Área Salud del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad; y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) –entre otras-, hizo circular pocos días después un texto en el que señala que la decisión del Poder Ejecutivo de “apartarse de ese procedimiento (el Decreto 222/03) afecta la legitimidad de un órgano que ha logrado en los últimos años fortalecer su independencia e imparcialidad”.
El Decreto 222, aprobado durante el gobierno de Néstor Kirchner y aplaudido por la democratización que significaba para la designación de integrantes de la CSJN, reglamenta el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional señalando que existe un plazo de 15 días para presentar posiciones por parte de la ciudadanía en torno a las designaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. También observa, en el artículo 3, que sea considerada la diversidad de género en la selección de candidatxs.
El texto de las organizaciones señala que “la designación ‘en comisión’ afecta la garantía de estabilidad de los cargos judiciales, atento a que sus nombramientos estarán sujetos a la aprobación de los pliegos por parte del Senado a partir del inicio del próximo período ordinario de sesiones legislativas, haciéndolos vulnerables a las presiones de los demás poderes del Estado” y que “el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación respecto a la provisionalidad de los mandatos de las y los operadores judiciales ‘por generar una duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de que puedan participar de manera independiente en los procesos, sin temor a represalias’”.
Por último, y en relación a la igualdad de género, el documento señala que “preocupa especialmente que los nombramientos actuales desconocen el deber de asegurar la igualdad y no discriminación en el acceso a las funciones públicas y procurar una representación equilibrada de género. Por el contrario, la composición mayoritariamente masculina de la Corte perpetúa una larga historia de privilegio en el acceso de varones a las máximas instituciones del país. Las vacantes producidas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación brindaban la oportunidad de evitar un retroceso en un tribunal que ha demostrado un particular liderazgo en los avances necesarios en el camino hacia la igualdad de las mujeres a través de políticas activas tanto para mejorar el acceso a la justicia, como el trabajo que se hace desde la Oficina de Violencia Doméstica, como el trabajo de investigación, sensibilización y formación que se promueve desde la Oficina de la Mujer. Contar con un Poder Judicial comprometido con la igualdad de género no puede ser un objetivo deseable, es una obligación del Estado”.
La decisión del Poder Ejecutivo llegó mientras la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) impulsaba la campaña Más Mujeres más justicia, cuyo objetivo es promover el acceso de las mujeres a los puestos de decisión dentro del Poder Judicial y, particularmente, que una de las vacantes de la CSJN sea ocupada por una mujer. Hasta el año pasado, dos mujeres integraban ese organismo: Elena Highton de Nolasco, que aún lo hace; y Carmen Argibay, que falleció en el 2015.
Desde la campaña, se señala que “en una sociedad que se sustenta sobre los principios de igualdad y democracia, la participación de las mujeres en la vida pública no es algo discrecional sino constitutivo. La calidad de la democracia se ve fortalecida cuando la integración de la Justicia refleja la diversidad existente en la sociedad. Esta idea de que más mujeres deben integrar los órganos de gobierno, no es simplemente una expresión de deseo, sino que constituye un compromiso asumido por el Estado Argentino en su Constitución y en normas legales que se ha reflejado en diversos ámbitos públicos en los últimos 20 años. Sin embargo, son muy pocas las mujeres que hoy en día acceden a cargos jerárquicos dentro del Poder Judicial Argentino. Sólo el 24% de los cargos de ministras y camaristas de nuestro país son ocupados por mujeres. Asimismo, 7 Superiores Tribunales y Cortes y 7 Cámaras son integradas exclusivamente por varones. La incorporación de mujeres en puestos de máxima jerarquía judicial permite que la institución sea percibida como justa y representativa; y contribuye a desafiar el estereotipo social de que esos puestos sólo pueden ser ocupados por varones. Asimismo, se ha puesto en evidencia que la integración de las mujeres juezas al mundo del derecho ha introducido importantísimos cambios en el sistema jurídico. En Argentina, la creación de Oficinas de la Mujer y de Violencia doméstica, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el resto del país, y las políticas de género impulsadas desde estos espacios, son sólo algunos claros ejemplos de este gran avance en materia judicial”.
Nota central:
¿Qué podemos esperar en temas de género del gobierno que lidera Macri?