Con los objetivos de visibilizar las demandas y hacia la construcción de una agenda de trabajo para un Plan Nacional Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, el 25 de noviembre pasado más de 100 representantes de organizaciones de la sociedad civil, militantes y activistas debatieron sobre los puntos centrales para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué se discutió y cuáles son los acuerdos alcanzados en un espacio que surgió al calor de las demandas a los candidatos presidenciales? Estos acuerdos serán presentados hoy a Fabiana Túñez, presienta del Consejo Nacional de las Mujeres.
Por Laura Salomé Canteros
COMUNICAR IGUALDAD- “Interpelamos a candidatas y candidatos, en especial quienes aspiran a la presidencia, a que respondan públicamente: ¿Cuáles son sus propuestas para abordar el problema de la violencia contra las mujeres y qué recursos financieros e institucionales se comprometen a involucrar?”Con esta frase, y en plena campaña electoral, más de 20 organizaciones de la sociedad civil y miles de activistas interpelaron, instando a actuar, al Estado argentino y al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), a dos meses del Ni una menos (la convocatoria masiva y federal del 3 de junio de 2015 que reunió sólo en inmediaciones al Congreso de la Nación a 200 mil personas contra la violencia machista).
“La ausencia de un Plan Nacional provoca la superposición de esfuerzos y falta de eficacia de las iniciativas creadas para dar algún tipo de respuesta a la violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias fatales se comprueban con alarmante cotidianeidad”, sostuvieron en ese documento, de agosto del 2015, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional Argentina, la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, Fundeps, Mujeres en Lucha (MPLD-MTK), Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), Cladem Argentina y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Antes, estas organizaciones, que trabajan en la promoción de los derechos humanos, habían dirigido una carta a la entonces presidenta del CNM, Mariana Gras para “requerir la inmediata y amplia difusión pública del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, cuya elaboración, implementación y monitoreo ha sido -de conformidad con el texto del artículo 9(a) de la ley N° 26.485- asignada al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM)”.
Y el reclamo pareció ser escuchado. Pocos días después, el CNM público a través de su web, el “Plan nacional de acción 2014- 2016”, en el que retoma los mandatos de la Ley 26.485 (“fruto de la lucha de los movimientos de mujeres, legisladoras, académicas, funcionarias”) y como “órgano rector” llama a ejecutar de forma federal y coordinada los paradigmas de equidad de género en los ejes de trabajo sobre educación, salud, vivienda y participación política; un sistema de protección integral en los ejes de prevención y asistencia de las violencias, acceso a la justicia; estableciendo objetivos, acciones, metas y logros o avances.
Sin embargo, ante la publicación y difusión del Plan de parte del CNM, las mismas organizaciones que reclamaban al Estado su reacción replicaron, a través de un comunicado conjunto, que “no sólo llega con años de demora en relación con la obligación que establece la Ley 26.485 de Protección Integral contra todas las formas de violencia contra las mujeres, y cuando quedan menos de dos meses de gestión por delante, sino que también presenta una serie de aspectos que deberán ser revisados”.
Y enumeran que el Plan “no cumple con el principio de integralidad”enfocándose principalmente sobre la violencia doméstica en detrimento de las otras formas; que “no incluye ninguna referencia a los recursos financieros” que permitan la concreción de las acciones ni a su crítica dentro del presupuesto nacional; que evidencia la “ausencia de un diagnóstico inicial o línea de base” fundamentado en encuestas e investigaciones; y que demuestra la “ausencia de planificación integrada de las acciones”, su ejecución y las responsabilidades de las diversas instituciones involucradas.
Organizar una agenda común
En ocasión del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, y ante la asunción del gobierno de Mauricio Macri, el mismo espacio de organizaciones y activistas -y también multiplicado- que interpeló al Estado y al CNM durante la gestión kirchnerista, publicó un documento con la intención de acordar algunos “puntos centrales que debe contener una agenda de trabajo para la construcción de un Plan Nacional Integral contra la violencia hacia las mujeres”.
A continuación repasamos los cinco puntos principales consensuados por aproximadamente 100 representantes de organizaciones y activistas. Estos acuerdos serán presentados hoy a Fabiana Túñez, presidenta del CNM, en una reunión amplia que se realizará las 17 horas con las organizaciones de mujeres.
Contar con mejores herramientas para un diagnóstico de la situación. Contar con diversas fuentes de información como encuestas nacionales, registros administrativos unificados y/o comparables que permitan conocer el alcance de los servicios que se prestan desde diversas reparticiones del Estado nacional y provinciales (de salud, justicia, prevención, seguridad, servicios sociales, etc.);
Impulsar un proceso participativo para elaborar un Plan Integral. Para alcanzar un consenso amplio, garantizar la participación plural de las organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicas y comprometer la participación de los diversos poderes y organismos del Estado argentino en un abordaje interinstitucional;
Un Plan Nacional debe seguir ciertos lineamientos para un abordaje integral. Ante la falta de coordinación entre las diferentes estructuras estatales a cargo de un organismo especializado y jerarquizado (CNM) al que se lo debería dotar de todo tipo de recursos, considerando la dimensión estructural de las violencias que se manifiestan por ejemplo en la negación del derecho al aborto, alcanzado de forma federal las decisiones políticas y los programas de acción, garantizando el acceso a la justicia y el efectivo reconocimiento de los derechos que se protegen dentro de las normativas vigentes, estableciendo acciones concretas que tiendan a la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres.
Políticas dirigidas a abordar las distintas manifestaciones de las violencias y su impacto en relación con discriminaciones múltiples. Diseñar e implementar políticas públicas que identifiquen y accionen sobre el impacto en mujeres con opciones sexuales diversas, en personas trans y travestis, a lo largo de las distintas etapas, si tienen discapacidad, si son migrantes, indígenas o mujeres rurales. Incluyendo la limitación de los derechos sexuales y reproductivos y la falta de acceso al aborto legal como una forma más de violencia.
Garantizar la asignación y ejecución de presupuesto, monitoreo y evaluación de las diversas políticas implementadas. Implementar mecanismos participativos para la asignación de presupuesto, destinar recursos suficientes, medir el impacto de las políticas públicas así como el desempeño y los resultados de los servicios encargados de atender, asesorar y prevenir, los ministerios públicos (fiscalías y defensorías) y el poder judicial.
Contra las violencias, una agenda de trabajo común
Con los objetivos de visibilizar las demandas y hacia la construcción de una agenda de trabajo para un Plan Nacional Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, el 25 de noviembre pasado más de 100 representantes de organizaciones de la sociedad civil, militantes y activistas debatieron sobre los puntos centrales para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué se discutió y cuáles son los acuerdos alcanzados en un espacio que surgió al calor de las demandas a los candidatos presidenciales? Estos acuerdos serán presentados hoy a Fabiana Túñez, presienta del Consejo Nacional de las Mujeres.
Por Laura Salomé Canteros
COMUNICAR IGUALDAD- “Interpelamos a candidatas y candidatos, en especial quienes aspiran a la presidencia, a que respondan públicamente: ¿Cuáles son sus propuestas para abordar el problema de la violencia contra las mujeres y qué recursos financieros e institucionales se comprometen a involucrar?”Con esta frase, y en plena campaña electoral, más de 20 organizaciones de la sociedad civil y miles de activistas interpelaron, instando a actuar, al Estado argentino y al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), a dos meses del Ni una menos (la convocatoria masiva y federal del 3 de junio de 2015 que reunió sólo en inmediaciones al Congreso de la Nación a 200 mil personas contra la violencia machista).
“La ausencia de un Plan Nacional provoca la superposición de esfuerzos y falta de eficacia de las iniciativas creadas para dar algún tipo de respuesta a la violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias fatales se comprueban con alarmante cotidianeidad”, sostuvieron en ese documento, de agosto del 2015, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional Argentina, la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, Fundeps, Mujeres en Lucha (MPLD-MTK), Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), Cladem Argentina y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Antes, estas organizaciones, que trabajan en la promoción de los derechos humanos, habían dirigido una carta a la entonces presidenta del CNM, Mariana Gras para “requerir la inmediata y amplia difusión pública del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, cuya elaboración, implementación y monitoreo ha sido -de conformidad con el texto del artículo 9(a) de la ley N° 26.485- asignada al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM)”.
Y el reclamo pareció ser escuchado. Pocos días después, el CNM público a través de su web, el “Plan nacional de acción 2014- 2016”, en el que retoma los mandatos de la Ley 26.485 (“fruto de la lucha de los movimientos de mujeres, legisladoras, académicas, funcionarias”) y como “órgano rector” llama a ejecutar de forma federal y coordinada los paradigmas de equidad de género en los ejes de trabajo sobre educación, salud, vivienda y participación política; un sistema de protección integral en los ejes de prevención y asistencia de las violencias, acceso a la justicia; estableciendo objetivos, acciones, metas y logros o avances.
Sin embargo, ante la publicación y difusión del Plan de parte del CNM, las mismas organizaciones que reclamaban al Estado su reacción replicaron, a través de un comunicado conjunto, que “no sólo llega con años de demora en relación con la obligación que establece la Ley 26.485 de Protección Integral contra todas las formas de violencia contra las mujeres, y cuando quedan menos de dos meses de gestión por delante, sino que también presenta una serie de aspectos que deberán ser revisados”.
Y enumeran que el Plan “no cumple con el principio de integralidad” enfocándose principalmente sobre la violencia doméstica en detrimento de las otras formas; que “no incluye ninguna referencia a los recursos financieros” que permitan la concreción de las acciones ni a su crítica dentro del presupuesto nacional; que evidencia la “ausencia de un diagnóstico inicial o línea de base” fundamentado en encuestas e investigaciones; y que demuestra la “ausencia de planificación integrada de las acciones”, su ejecución y las responsabilidades de las diversas instituciones involucradas.
Organizar una agenda común
En ocasión del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, y ante la asunción del gobierno de Mauricio Macri, el mismo espacio de organizaciones y activistas -y también multiplicado- que interpeló al Estado y al CNM durante la gestión kirchnerista, publicó un documento con la intención de acordar algunos “puntos centrales que debe contener una agenda de trabajo para la construcción de un Plan Nacional Integral contra la violencia hacia las mujeres”.
A continuación repasamos los cinco puntos principales consensuados por aproximadamente 100 representantes de organizaciones y activistas. Estos acuerdos serán presentados hoy a Fabiana Túñez, presidenta del CNM, en una reunión amplia que se realizará las 17 horas con las organizaciones de mujeres.
Contar con mejores herramientas para un diagnóstico de la situación. Contar con diversas fuentes de información como encuestas nacionales, registros administrativos unificados y/o comparables que permitan conocer el alcance de los servicios que se prestan desde diversas reparticiones del Estado nacional y provinciales (de salud, justicia, prevención, seguridad, servicios sociales, etc.);
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Nota central:
¿Qué podemos esperar en temas de género del gobierno que lidera Macri?