Ciudades antiderechos

A comienzos de julio fue presentado en el Municipio de Roldán, a 20 km de Rosario, un proyecto de ordenanza que propone declarar a la ciudad “Promotora y Protectora de los Derechos de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer”, rechaza el aborto como opción sanitaria y prohíbe la entrega de la píldora del día después. El proyecto podría ser rechazado por sus inconsistencias legales, pero sí lograría apoyo la declaración de Roldán como ciudad “pro vida”. La ciudad santafesina se sumaría asi a las al menos 20 localidades de todo el país que en el último año recibieron esta calificación por parte de sus poderes ejecutivos y legislativos, en una potente avanzada de los sectores conservadores por contrarrestar los efectos del debate parlamentario sobre el acceso al aborto y el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia sobre abortos no punibles.

COMUNICAR IGUALDAD- Susana Abo Hamed, concejala del Frente para la Victoria y esposa del intendente de Roldán, fue quien presentó a comienzos de julio el proyecto de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer en el Concejo Deliberante. La mujer es identificada en la ciudad con las organizaciones conservadoras y es una de las responsables de que allí se realicen, desde hace dos años, eventos oficiales conmemorativos del 25 de marzo, día decretado por la administración de Carlos Menem como del “Niño por Nacer”. Si bien es probable que el proyecto sea rechazado por las restantes cinco personas que integran el Concejo Deliberante por entrar en contradicción con la normativa nacional e internacional sobre el tema, éstos sí estarían dispuestos a acompañarla en la declaración de la ciudad como “pro vida”, una estrategia que los sectores conservadores vienen desarrollando desde junio del 2011 en otras ciudades del país.   

El proyecto de Abo Hamed –que sería tratado a comienzos de agosto por el Concejo Deliberante de Roldán- incluye la declaración de la ciudad como “Promotora y Protectora de los Derechos de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer”, el rechazo a la práctica del aborto como opción sanitaria, la prohibición de la píldora del día después (Anticoncepción de Emergencia) y prevé un amplio programa de educación y salud sexual. Este último aspecto fue rechazado por el Movimiento de Mujeres Autoconvocadas de Rosario (MAR) por superponerse y contradecir normativas sobre el tema presentes en la Ley de Educación Sexual, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y leyes nacionales y tratados internacionales sobre el tema. “Se hace alusión a la ordenanza como ‘ley’, se incluyen acciones en relación a otras temáticas como el sida estableciendo derechos ya existentes que el Municipio ya está obligado a cumplir. Tanta confusión acerca de las competencias propias de un Municipio y los alcances de una ordenanza local, que nunca pueden establecer políticas públicas de orden nacional o provincial ni oponerse al ordenamiento jurídico vigente, habilita a concluir que la concejala desconoce la división de poderes y niveles de competencia del Estado” se señala en el comunicado que fue apoyado tanto por organizaciones de la sociedad civil (CLADEM -Comité de América Latina y El Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer- Argentina, MuMaLá, Marcha de las Putas Rosario, Las Safinas e INSGENAR, entre otras) como por funcionarias y funcionarios provinciales y municipales: Gabriela Sosa -directora de la Oficina Municipal de Derechos Humanos de Rosario-; Daniel Tepazz – director provincial de Políticas de Género e Interculturalidad en Salud; Marta Fassino – del Área Mujer y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Santa Fe; y la diputada provincial Alicia Gutierrez.

En relación a la prohibición de la entrega de la píldora del día después por considerarla abortiva, el comunicado de MAR señala el desconocimiento, por parte de la concejala, de la obligatoriedad del municipio de encuadrarse dentro del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva -creado por Ley Nacional 25673- “que ha incorporado la obligación para los efectores públicos de proveer los fármacos para anticoncepción de emergencia cuando se ha producido una relación sexual sin protección como por ejemplo en casos de violaciones”. La anticoncepción de emergencia fue aprobada por la  Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina (ANMAT) para su venta y la Organización Mundial de la Salud (OMS) la sugiere como “respaldo y en caso de emergencia, dentro de los primeros días posteriores a una relación sexual sin protección, con el objetivo de prevenir un embarazo no deseado”.

El comunicado de MAR será presentado el 2 de agosto en el Concejo Deliberante de Roldán con las firmas de adhesión que se están recolectando en estos días con el objetivo de frenar la posible aprobación del proyecto o de otro similar.

El inicio de la ofensiva antiaborto

La iniciativa de Abo Hamed es novedosa por lo ambiciosa y por el desconocimiento de la normativa pertinente. Pero hace rato que los sectores conservadores militan desde las provincias la ofensiva tanto al debate parlamentario por la legalización del aborto –a partir del proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito- como al cumplimiento del fallo de marzo del 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice que las mujeres que queden embarazadas como producto de una violación deberán poder acceder a un aborto en cualquier institución de salud con la sola presentación de una declaración jurada.

Esta estrategia tampoco es original de los grupos antiderechos de Argentina. En México, donde en el año 2008 fue legalizada la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el DF (ciudad capital), los sectores conservadores -en alianzas que incluyeron a los partidos mayoritarios Partido de Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI)- lograron que más de la mitad de las constituciones provinciales incluyeran cláusulas que hablaran del «derecho a la vida desde la concepción» como una estrategia para «blindarlas» frente a posibles reformas similares a las del DF. 

En Argentina, desde junio del 2011, diferentes ciudades del país comenzaron a ser declaradas “pro vida”, o antiderechos, a instancias de los poderes ejecutivos y legislativos locales. Senillosa (en Neuquén) y San Luis (capital de la provincia del mismo nombre) se disputan el primer puesto, una como ciudad y la otra como capital de provincia, en junio del 2011. Les siguieron: Libertador General San Martín (Jujuy); Santa Rosa de Conlara (San Luis); Diamante y Rosario de Tala (Entre Ríos); Resistencia y Barranqueras (Chaco); Añatuya (Santiago del Estero); Monteros y Aguilares (Tucumán); Lavalle, Bella Vista, La Cruz, Gobernador Virasoro, Alvear y Yapeyú  (Corrientes). Las y los funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo que lideran estas avanzadas contra los derechos de las mujeres no pertenecen a un solo partido político. Son integrantes en general de los partidos tradicionales de Argentina que en las provincias tienen fuertes alianzas con los poderes religiosos.

Corrientes es hasta ahora la única provincia que, por decreto del gobernador Ricardo Colombí, se autodenominó “pro vida” en diciembre del 2011; además, la Cámara de Diputados local, y la de Senadoras/es de Salta sancionaron proyectos que instan a las y los legisladores nacionales de esas provincias a oponerse a proyectos de legalización del aborto. Juan Manuel Urtubey (gobernador de Salta) y Jorge Capitanich (de Chaco) son, a su vez, junto a Colombí, los mandatarios que se pusieron al frente de la ofensiva contra el acceso de las mujeres el aborto en las provincias. 

En Tucumán, el Colegio Médico publicó una solicitada en septiembre del 2011 en la que fijan «comprometida posición a favor de la vida» y el Colegio de Abogados elaboró también en el 2011 un documento en la misma línea, aunque desde el punto de vista jurídico, llamado El derecho a la vida- El aborto . El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de esa provincia, por su parte, emitió un comunicado en el que se señala que «esta institución apuesta a la vida humana como valor supremo sin la cual cualquier otro derecho, valor o privilegio, resulta secundario». Y durante el 2012, organizaciones de la sociedad civil de esa provincia (entre ellas CLADEM, ADN -Acción por los Derechos del Noroeste-, Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales, y  la Campaña Interamericana por una Convención por los Derechos Sexuales y Reproductivos) denunciaron la existencia en el parlamento local de proyectos de ley limitantes del acceso de las mujeres al aborto no punible, observando en el mismo la vulneración de derechos de las mujeres en la provincia ya que ésta no adhirió a la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva ni a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral.