La provincia de Salta sigue dejando en evidencia cada vez que se presenta la oportunidad que es una de las regiones más conservadoras del país y que hacer cumplir allí los derechos de las mujeres será un arduo camino.
COMUNICAR IGUALDAD– Luego del fallo sobre el aborto no punible de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en marzo pasado, se agudizó en Salta el reclamo de las organizaciones sociales frente a la posición conservadora de las autoridades provinciales. El próximo viernes 8 se realizará una marcha solicitando la renuncia de la ministra de Derechos Humanos, María Pace, luego de que el gobierno difundiera una guía oficial para la realización de abortos no punibles en la que se pide una autorización judicial para acceder a la práctica, algo que el fallo de la Corte estableció expresamente que no era necesario.
A los pocos días de conocerse en marzo el fallo de la Corte Suprema, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dió marchas y contramarchas evidenciando las trabas que pondría la provincia en el cumplimiento de los derechos de las mujeres garantizados por el fallo. Primero dijo que en los hospitales de la provincia no se acataría el fallo y al día siguienteinstruyó por decreto al poder Ejecutivo para que se aprobaran las guias de cumplimiento del mismo pero con la exigencia de la autorización judicial.
La actitud conservadora del Poder Ejecutivo se condice con el fuerte poder de los sectores conservadores católicos de la provincia. En Salta la educación religiosa es una materia obligatoria en las escuelas públicas primarias, lo cual fue el origen, en febrero del 2012, de un fallo que limitó esta práctica por un amparo colectivo de un grupo de madres, acompañadas por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). El fallo, sin embargo,no se cumple.
A la vez, fue denunciada en diferente oportunidades la no implementación en la provincia de la Ley de Educación Sexual, una herramienta central para del bate sobre los roles de género.
Salta la conservadora
La provincia de Salta sigue dejando en evidencia cada vez que se presenta la oportunidad que es una de las regiones más conservadoras del país y que hacer cumplir allí los derechos de las mujeres será un arduo camino.
COMUNICAR IGUALDAD– Luego del fallo sobre el aborto no punible de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en marzo pasado, se agudizó en Salta el reclamo de las organizaciones sociales frente a la posición conservadora de las autoridades provinciales. El próximo viernes 8 se realizará una marcha solicitando la renuncia de la ministra de Derechos Humanos, María Pace, luego de que el gobierno difundiera una guía oficial para la realización de abortos no punibles en la que se pide una autorización judicial para acceder a la práctica, algo que el fallo de la Corte estableció expresamente que no era necesario.
A los pocos días de conocerse en marzo el fallo de la Corte Suprema, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dió marchas y contramarchas evidenciando las trabas que pondría la provincia en el cumplimiento de los derechos de las mujeres garantizados por el fallo. Primero dijo que en los hospitales de la provincia no se acataría el fallo y al día siguiente instruyó por decreto al poder Ejecutivo para que se aprobaran las guias de cumplimiento del mismo pero con la exigencia de la autorización judicial.
La actitud conservadora del Poder Ejecutivo se condice con el fuerte poder de los sectores conservadores católicos de la provincia. En Salta la educación religiosa es una materia obligatoria en las escuelas públicas primarias, lo cual fue el origen, en febrero del 2012, de un fallo que limitó esta práctica por un amparo colectivo de un grupo de madres, acompañadas por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). El fallo, sin embargo, no se cumple.
A la vez, fue denunciada en diferente oportunidades la no implementación en la provincia de la Ley de Educación Sexual, una herramienta central para del bate sobre los roles de género.