Un mes atrás publicamos la denuncia de la filósofa Julieta Arosteguy por haber sido desvinculada de la Tecnicatura Universitaria de Puericultura y Crianza de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) -que se dicta en conjunto con la Fundación Lactancia y Maternidad (FUNDALAM)- acusada de “atea, feminista y abortista”. El hecho generó muchísimas manifestaciones de repudio desde la sociedad civil, además de un Proyecto de Declaración presentado en la Cámara Baja por 15 diputadxs oficialistas. El rector de la UNSAM, Carlos Ruta, se comprometió con la damnificada a revisar el acuerdo de esa universidad con FUNDALAM y a promover el próximo año, un ciclo de charlas sobre el derecho al aborto.
COMUNICAR IGUALDAD– “Yo me siento confiada en que la investigación llevará su curso y que el rector tomará las decisiones correctas, que no continuará la cátedra paralela que crearon cuando me dejaron afuera de la materia y que se revise, y espero termine, el convenio de la UNSAM con FUNDALAM, en beneficio de la educación pública y de las y los profesionales de la salud que están cursando la carrera. El rector me dijo que en la UNSAM valoraban la diversidad y la tolerancia y yo confío en su palabra” señala la filósofa Julieta Arosteguy luego de un mes complicado en el que se hizo público que las autoridades de la Tecnicatura Universitaria de Puericultura y Crianza de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) -que se dicta en conjunto con la Fundación Lactancia y Maternidad (FUNDALAM)- la desvincularon de su cargo por “atea, feminista y abortista”.
El hecho se produjo a comienzos del segundo cuatrimestre del año, y fue creada una cátedra paralela de Bioética para reemplazar a Arosteguy. El argumento esgrimido por las autoridades de FUNDALAM (María Soledad Martín -directora de la carrera-, Marta Maglio de Martin –directora de la fundación- y Pilar Ramognini y Alberto Peragallo –integrantes de la comisión directiva de la misma-) -que son las mismas que las autoridades de la carrera-, fue que su postura laica y crítica fomentaba en clase el debate sobre temas tales como el aborto, la objeción de conciencia, la violencia obstétrica, la autonomía reproductiva, el embarazo en la adolescencia y la equidad de género.
Ante los reclamos de Arosteguy, la UNSAM inició una investigación interna (expediente 8868/2014) que estaría a punto de concluir, y la misma damnificada presentó también una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) – expediente CUDAP:ACTU-S04:0090613/2014-. El rector de la UNSAM, Carlos Ruta, convocó a la vez a Arosteguy a un encuentro en el que se comprometió a discontinuar la cátedra paralela, a revisar el acuerdo con FUNDALAM y a promover durante el 2015 un ciclo de charlas sobre el derecho al aborto dentro de esa universidad pública.
Por otra parte, desde que el hecho se hizo público, numerosas organizaciones le manifestaron su apoyo y 15 legisladorxs nacionales de diferentes partidos presentaron un Proyecto de Declaración en la Cámara Baja en el que señalan: “Nos preocupa que en una Universidad Pública en donde permanentemente se debe aspirar a la defensa de los valores democráticos, entendiendo que la libertad de expresión y pensamiento crítico es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática, se sancione a una docente por manifestar su propio pensamiento. Y no sólo eso, nos preocupa que al imponer desde una institución del Estado una visión única sobre un tema, se cercena también el derecho de las alumnas a recibir información y a conocer la expresión de una mirada distinta, de una opinión diferente, que se comparta o no, sin lugar a duda tiende a crear una espacio de reflexión, de dialogo, de debate, y ayuda al educando a alcanzar una visión cada vez más crítica de su realidad que enriquece la formación. La libertad de expresión y de pensamiento incluyen la libertad de buscar y recibir información y ambos derechos tienen jerarquía constitucional en nuestra República”. El proyecto fue firmado por 15 legisladorxs del oficialismo: Carolina Gaillard, Carlos Heller, Carlos Raimundi, Eduardo Seminara, Araceli Ferrerya, Leonardo Grosso, Liliana Rios, María Ester Balcedo, Remo Carlotto, Osvaldo Elorriaga, Juan Carlos junio, Verónica Gonzalez, Lautaro Gervasoni, Adela Segarra y Mara Brawer.
La Coalición por un Estado Laico (CAEL), a su vez, envió a la UNSAM dos cartas, con la firma de más de 300 organizaciones y personas individuales, en la que señala: “Hemos sido notificados que debido a que la docente, en su primera y única clase de este cuatrimestre, encuadró la bioética en una disciplina secular, que debe ser superadora de todo dogmatismo religioso y costumbre atávica, hoy su situación laboral se encuentra en condiciones precarias. (…)La CAEL además también desea manifestar su preocupación respecto a la intromisión de organizaciones clericales en la educación superior pública, especialmente en las áreas de género, para introducir conceptos dogmáticos ajenos al espíritu de las Universidades Nacionales, que a partir de 1918 iniciaron un duro camino de emancipación, sólo interrumpido en periodos de dictadura”.
Entre otras organizaciones, firmaron la Cátedra Abierta de Género de la Universidad Nacional de la Patagonia; el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Junta Interna de ATE-CNEA Bs As; el Centro de Estudios de Estado y Sociedad; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad.
1 Comentario
En países demócratas y laicos, esta situación termina dando la razón a la libertad de creencias y restituyendo al/la docente. Además los estados deben dejar de apoyar económicamente estas «empresas privadas», o apoyar a cualquier empresa privada que lo solicite. Además por supuesto que si «educan» a los hijos de la sociedad, deben hacerlo bajo criterios estatales.