Discriminación de género en la justicia de Salta

La Comisión de Justicia de la Cámara Baja de Salta archivó un pedido de informes para que 5 integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia explicaran cuáles fueron las razones por las que impidieron a Susana Kauffman, también “miembra” de esa Corte, designar a una asesora de su confianza. El acto discriminatorio fue encuadrado como “violencia institucional” por la CONSAVIG.

COMUNICAR IGUALDAD- Susana Kauffman fue designada en marzo de este año como integrante del Superior Tribunal de Justicia de Salta. Se trata de la tercera jueza mujer que llega a ese puesto, luego de María Cristina Garros Martínez (1999-2005) y María Rosa Ayala (2005-2011), y de una fuerte presión del movimiento de mujeres para que el organismo mantenga al menos a una mujer entre sus integrantes.

El acto discriminatorio por parte de sus colegas varones se produjo cuando la jueza decidió nombrar como asesora letrada a María Victoria Mossman, una abogada con trayectoria en el Poder Judicial y defensora de los derechos humanos de las mujeres (colaboró entre otros casos en la redacción de un amparo judicial que presentaron un grupo de madres y padres para que la educación católica no sea obligatoria en los contenidos de la escuela pública). Los argumentos expuestos por los magistrados para el rechazo –manifestados a Kauffman en una reunión privada de la que no quedaron registros escritos- fueron que Mossman era la esposa de Sebastián Lloret, otro abogado que había firmado en el 2008 un amparo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta  contra la designación de Gustavo Ferraris como juez del Superior Tribunal. Ferraris es justamente uno de los seis jueces que actualmente integra el Superior Tribunal de Justicia de Salta y que como tal cuestionó la designación de Mossman.

La designación de Ferraris no fue cuestionada en su momento sólo por el Colegio de Abogados y Procuradores, sino por amplios sectores sociales  incluido el actual gobernador Juan Manual Urtubey que recibió la designación de su predecesor Juan Carlos Romero apenas diez dias antes del traspaso de mando en diciembre del 2007. La lectura que se hizo en ese momento en la provincia fue que Ferraris era designado en el Superior Tribunal para cubrir las espaldas económicas e institucionales del gobierno saliente ya que no acreditaba antecedentes para el cargo. Era un hombre muy joven que la mayor cantidad de tiempo profesional lo había pasado como funcionario público en el área de seguridad en la que lideró varias represiones  a protestas sociales.

Informada del rechazo a la designación de Mossman, la jueza Kauffman envío cartas a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Cámara Baja de su provincia denunciando la situación. En la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema derivaron el caso al área de la jueza Highton de Nolasco, ya que Carmen Argibay –quien preside la Oficina de la Mujer- está con licencia, y ésta aún no se pronunció, aunque fuentes cercanas a la Corte señalaron que es improbable que lo haga en razón de las autonomías de los diversos poderes judiciales provinciales. En la Cámara Baja de Salta, en cambio, el tema fue tomado por la Comisión de Justicia que luego de analizarlo en dos oportunidades esta semana decidió por mayoría archivarlo. Guillermo Durand Cornejo, presidente de la Comisión de Justicia que junto a otra/os 15 legisladoras/es hizo una presentación ante la Corte para que se les informe lo sucedido, explicó a COMUNICAR IGUALDAD la decisión de la comisión en el contexto de la mayoría oficialista del parlamento provincial que impide que progrese ninguna propuesta que no cuente con apoyo político. La diputada Virginia Cornejo, por su parte, que fue una de las que lideró en la Cámara el pedido de informes y que firmó el mismo pedido al Tribunal Superior que Durand Cornejo, dice estar dispuesta a “ir hasta las últimas consecuencias para aclarar el caso. Se debe saber qué evaluaciones de idoneidad de Victoria Mossman hicieron los integrantes de la Corte, por qué que normativas se guiaron para su rechazo. Sabemos justamente que esto no existe, que se hizo bajo cuerda”. Según señala la legisladora, según la acordada 1092, del 2003, del Supremo Tribunal de Salta, cada integrante de esa Corte está en su completo derecho de nombrar como asesor o asesora a la persona que desee, sin injerencia de las demás personas que integran el Tribunal. La jueza Kauffman lo confirma: “No debo pedir permiso para nombrar a una persona de mi confianza”.

Fuera de la Cámara Baja, la situación de discriminación que atraviesan tanto la jueza Kauffman como María Victoria Mossman fue denunciada también por el movimiento de mujeres de Salta, Diana Maffia y la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG). Este organismo, coordinado por Perla Prigoshin, señaló en un comunicado que la situación atravesada por la jueza Kauffman se puede configurar como “violencia institucional” en el marco de la Ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales “en tanto son funcionarios de una institución pública que intentan impedirle a la magistrada que despliegue su derecho a desempeñarse como Ministra de la Corte en igualdad de condiciones a como vienen ejercitándola quienes le cuestionan lo que ellos han podido hacer: designar libremente a la persona de su confianza que oficiaría como secretario/a letrado/a”. Diana Maffia –ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente Consejera Académica del Consejo de la Magistratura y Directora del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad- envió una nota a los presidentes de la Corte Suprema y de la Cámara de Diputadas/os en su carácter de investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la que señala que “desde un análisis de género incluso superficial, este episodio resultaría preocupante y contrario a derecho. El alto Tribunal de la provincia de Salta contaba en su anterior composición con dos Juezas mujeres, la Dra. María Cristina Garros Martínez y la Dra. María Rosa Ayala, mientras en la actualidad sólo cuenta con una. Esta pérdida proporcional, de por sí lesiva para los acuerdos constitucionales de promover la participación de mujeres en todos los órganos colegiados,  hace aún más relevante la identificación de la Dra. Kauffman con los espacios que la justicia reserva para ampliar los derechos de las mujeres”.

Algunos medios de comunicación de Salta dieron en los últimos días una interpretación de los hechos ligada a un conflicto político más que a una situación de discriminación de género, en el contexto de las internas de la provincia. El Nuevo Diario publicó el martes, por ejemplo, el testimonio de otro integrante del Superior Tribunal, Abel Cornejo, quien habla del caso como una “embestida institucional” contra el Superior Tribunal. Y el mismo Ferraris denunció un ataque contra la Corte. En la misma línea, El Tribuno argumentó en contra de que se tratase de un tema de género invocando en una nota llamada Una mayoría de mujeres que existen 9 secretarias letradas sobre doce puestos para ese sector. Justamente, desde un enfoque de género, se sabe que en la pirámide del Poder Judicial, suelen ser las mujeres las que ocupan los cargos se secretarias de juzgado que es el que demanda la mayor cantidad de tarea en la redacción de las sentencias. A medida que se asciende hacia las jefaturas de los juzgados, en cambio, las mujeres son cada vez menos.

Para Violeta Carrique, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta e integrante de la Multisectorial de Mujeres de la provincia, el conflicto central no es político sino que es un “claro tutelaje de la mujer en el ámbito de la Corte, que hasta ahora no lo habíamos visto porque las juezas anteriores se sometían a las negociaciones del cuerpo. Lo que sucedió con esta jueza es que no se dejó amedrentar, no negoció y sacó a la luz un mecanismo que no era público”.

Foto: La jueza Susana Kauffman cuando juró en el Supremo Tribunal.

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