El personal empleado en casas particulares comprende mayoritariamente a mujeres y en Argentina sigue sin una protección adecuada desde el punto de vista legal. El sindicalista Carlos Brassesco da cuenta de la situación de la normativa que debe ser tratada en el Congreso, mientras que la historiadora Dora Barrancos analiza las condiciones que originaron la legislación de 1956 y el actual freno al nuevo régimen de trabajo para el sector.
COMUNICAR IGUALDAD – El Congreso sigue sin sancionar la norma que mejora las condiciones de vida y trabajo de los y las trabajadoras del servicio doméstico. En Argentina significan más de 1 millón de personas y comprende sobre todo a mujeres y niñas que se desempeñan mayoritariamente en el sector informal. Se estima que están regularizadas apenas 220 mil personas del sector, incluyendo al personal cuentapropista. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las mujeres representan más del 90 por ciento y son las principales damnificadas de la exclusión de este oficio de las legislaciones laborales en todo el mundo. En Argentina fue el Ejecutivo quien se ocupó de enviar al Parlamento un ‘régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares’ en marzo de 2011, la Cámara de Diputados lo aprobó, pero luego el proyecto de ley quedó trabado en el Senado.
Desde la Unión Personal de Casa Particulares (UPACP), el apoderado Carlos Brassesco informó a COMUNICAR IGUALDAD que ya no se hacen reuniones abiertas en el Senado, donde debería avanzar el tratamiento de la iniciativa con media sanción de la Cámara Baja. Hubo una serie de debates el año pasado, después de que la Conferencia Internacional del Trabajo aprobara en Ginebra el Convenio 189 y la Recomendación 201 que establecen una protección mínima para las y los trabajadores de hogares particulares a nivel mundial. Brasseco participó en este encuentro internacional, también lo hicieron senadores y senadoras en representación de diversas fuerzas políticas, y en esa oportunidad aseguraron que la ley saldría este mismo año, pero el tema no origina la voluntad política que se necesita para avanzar.
La iniciativa en debate limita la jornada de trabajo a 8 horas diarias o 48 semanales, estableciendo derechos como un descanso semanal de 35 horas corridas, vacaciones anuales, seguro por riesgos del trabajo, horas extras trabajadas, sueldo anual complementario; licencias por matrimonio, fallecimiento del cónyuge o familiar, para rendir examen o por maternidad, y finalmente indemnización por antigüedad o despido. Estos aspectos pueden encarecer el servicio prestado por los trabajadores y trabajadoras de hogares, constituyendo la razón del freno a la sanción de la norma, sin embargo se trata de reconocer que este sector tiene derecho a una protección mínima, al menos desde el punto de vista legal, y debe ser equiparado al resto de los sectores que componen la fuerza laboral del país.
Las y los afiliados de UPACP, en consecuencia de la Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares (OPACP), y el alumnado de la Escuela de Capacitación para el Personal del Servicio Doméstico, son conscientes de las condiciones precarias en las que trabajan y viven, dijo Brassesco. La protección del servicio doméstico argentino fue estipulada en 1956 por el gobierno militar de Eduardo Lonardi y es discriminatoria. Por ejemplo no establece un límite de horas trabajadas y tampoco garantiza el permiso de maternidad. “El trabajo decente para los trabajadores domésticos significa ofrecerles respeto y dignidad, y contribuir con su transición de la informalidad a la formalidad”, explicó el dirigente sindical.
“Sabemos que el Estado presiona para que la norma se sancione, pero hay objeciones a algunos ítems; queremos que se hagan las observaciones correspondientes abiertamente, se traten y se sancione la norma”, explicó Brasseco. Los puntos más resistidos son la indemnización y la licencia por maternidad. “De acuerdo al actual régimen, si un trabajador llega a trabajar enfermo puede se despedido sin indemnización mediante. Esto resuena a esclavitud. También es retrógrado que haya resistencia a otorgar licencias por maternidad”, criticó Brassesco. Sobre el incremento del gasto en el presupuesto del hogar explicó: “Los aportes que deberían hacer los empleadores se encuentran cristalizados en 95 pesos desde el año pasado. OSPACP recibe menos de 60 pesos por cada trabajador doméstico, mientras que cualquier organización dedicada a la salud recibe 300 pesos por un salario de 4000 pesos. Quiero decir que el costo de regularizar a un doméstico es muy bajo”.
La historia
Argentina es uno de los pocos países de la región que reguló las condiciones de trabajo del servicio doméstico –desde el año pasado Uruguay es la única nación latinoamericana que ratificó el Convenio 189–, sin embargo la legislación de 1956 fue la respuesta de la clase alta argentina al reclamo de uno de los sectores más vulnerables de la clase trabajadora, analizó la historiadora Dora Barrancos, para indicar que la ley debe aggiornarse.
“Antes del derrocamiento del Partido Peronista en 1955, (Juan Domingo) Perón implementó numerosas medidas de protección para los y las trabajadoras, que impactaron positivamente en el servicio doméstico, pero generaron una reacción negativa en la oligarquía. En esa época crecieron las historias negras sobre la aniquilación de niños por parte de los y las empleadas domésticas. La oligarquía creía que en el servicio doméstico se vivía una verdadera subversión”, explicó la directora del CONICET.
-¿Por qué no se legislaron las condiciones de trabajo del servicio doméstico durante los gobiernos peronistas?
-Tengo una hipótesis. Perón no se animó a ir más allá. No quiso meter mano en un área sensible para las clases medias. Hay significados estructurales y viejos respecto de que el servicio doméstico es una solución a un orden antiguo. No avanza el peronismo, pero sí lo hace la Libertadora, justamente para resolver una supuesta subversión.
-¿Por qué no se ha mejorado la Ley de 1956, que es fuertemente restrictiva?
-No quiere sumarse un gravamen más a la familia de clase media dándole mayores derechos al servicio doméstico. La desregulación de esta actividad es un auxilio para la clase media, un auxilio que va a favor de la sustentabilidad de dicha clase. Hay negligencia con las condiciones laborales precarias en las que trabajan las empleadas domésticas, pero ellas son una mano de obra necesaria. ¿Cómo va a gravarse esa necesidad? Si se aumentan los derechos de este sector, de alguna manera se grava a la familia.
Hasta la década del 60 las trabajadoras del servicio doméstico residían en el hogar para el cual trabajaban. Esta modalidad empezó a cambiar cuando las mujeres ingresaron masivamente a la universidad, lo cual fue visible en los años ’70. En este proceso aparece la trabajadora libre, que se desempeña en una casa particular durante el día, pero por la noche vuelve a su hogar. También crece el trabajo por hora o por jornada.
-¿Influye en la desregulación del trabajo doméstico la cultura de no intervención en la esfera privada?
-Sí, y llama la atención que Estados interventores como los nuestros no intervengan en este tema. Hay viejas fuerzas culturales que colocan en situación precaria a las trabajadoras del servicio domestico respecto de otras y otros trabajadores. El Estado compensa de alguna manera a la clase media, justamente permitiendo que exista un sector de baja ciudadanía.
Empleo en casas particulares: miles de trabajadoras sin protección adecuada
El personal empleado en casas particulares comprende mayoritariamente a mujeres y en Argentina sigue sin una protección adecuada desde el punto de vista legal. El sindicalista Carlos Brassesco da cuenta de la situación de la normativa que debe ser tratada en el Congreso, mientras que la historiadora Dora Barrancos analiza las condiciones que originaron la legislación de 1956 y el actual freno al nuevo régimen de trabajo para el sector.
Por Alejandra Waigandt
COMUNICAR IGUALDAD – El Congreso sigue sin sancionar la norma que mejora las condiciones de vida y trabajo de los y las trabajadoras del servicio doméstico. En Argentina significan más de 1 millón de personas y comprende sobre todo a mujeres y niñas que se desempeñan mayoritariamente en el sector informal. Se estima que están regularizadas apenas 220 mil personas del sector, incluyendo al personal cuentapropista. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las mujeres representan más del 90 por ciento y son las principales damnificadas de la exclusión de este oficio de las legislaciones laborales en todo el mundo. En Argentina fue el Ejecutivo quien se ocupó de enviar al Parlamento un ‘régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares’ en marzo de 2011, la Cámara de Diputados lo aprobó, pero luego el proyecto de ley quedó trabado en el Senado.
Desde la Unión Personal de Casa Particulares (UPACP), el apoderado Carlos Brassesco informó a COMUNICAR IGUALDAD que ya no se hacen reuniones abiertas en el Senado, donde debería avanzar el tratamiento de la iniciativa con media sanción de la Cámara Baja. Hubo una serie de debates el año pasado, después de que la Conferencia Internacional del Trabajo aprobara en Ginebra el Convenio 189 y la Recomendación 201 que establecen una protección mínima para las y los trabajadores de hogares particulares a nivel mundial. Brasseco participó en este encuentro internacional, también lo hicieron senadores y senadoras en representación de diversas fuerzas políticas, y en esa oportunidad aseguraron que la ley saldría este mismo año, pero el tema no origina la voluntad política que se necesita para avanzar.
La iniciativa en debate limita la jornada de trabajo a 8 horas diarias o 48 semanales, estableciendo derechos como un descanso semanal de 35 horas corridas, vacaciones anuales, seguro por riesgos del trabajo, horas extras trabajadas, sueldo anual complementario; licencias por matrimonio, fallecimiento del cónyuge o familiar, para rendir examen o por maternidad, y finalmente indemnización por antigüedad o despido. Estos aspectos pueden encarecer el servicio prestado por los trabajadores y trabajadoras de hogares, constituyendo la razón del freno a la sanción de la norma, sin embargo se trata de reconocer que este sector tiene derecho a una protección mínima, al menos desde el punto de vista legal, y debe ser equiparado al resto de los sectores que componen la fuerza laboral del país.
Las y los afiliados de UPACP, en consecuencia de la Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares (OPACP), y el alumnado de la Escuela de Capacitación para el Personal del Servicio Doméstico, son conscientes de las condiciones precarias en las que trabajan y viven, dijo Brassesco. La protección del servicio doméstico argentino fue estipulada en 1956 por el gobierno militar de Eduardo Lonardi y es discriminatoria. Por ejemplo no establece un límite de horas trabajadas y tampoco garantiza el permiso de maternidad. “El trabajo decente para los trabajadores domésticos significa ofrecerles respeto y dignidad, y contribuir con su transición de la informalidad a la formalidad”, explicó el dirigente sindical.
“Sabemos que el Estado presiona para que la norma se sancione, pero hay objeciones a algunos ítems; queremos que se hagan las observaciones correspondientes abiertamente, se traten y se sancione la norma”, explicó Brasseco. Los puntos más resistidos son la indemnización y la licencia por maternidad. “De acuerdo al actual régimen, si un trabajador llega a trabajar enfermo puede se despedido sin indemnización mediante. Esto resuena a esclavitud. También es retrógrado que haya resistencia a otorgar licencias por maternidad”, criticó Brassesco. Sobre el incremento del gasto en el presupuesto del hogar explicó: “Los aportes que deberían hacer los empleadores se encuentran cristalizados en 95 pesos desde el año pasado. OSPACP recibe menos de 60 pesos por cada trabajador doméstico, mientras que cualquier organización dedicada a la salud recibe 300 pesos por un salario de 4000 pesos. Quiero decir que el costo de regularizar a un doméstico es muy bajo”.
La historia
Argentina es uno de los pocos países de la región que reguló las condiciones de trabajo del servicio doméstico –desde el año pasado Uruguay es la única nación latinoamericana que ratificó el Convenio 189–, sin embargo la legislación de 1956 fue la respuesta de la clase alta argentina al reclamo de uno de los sectores más vulnerables de la clase trabajadora, analizó la historiadora Dora Barrancos, para indicar que la ley debe aggiornarse.
“Antes del derrocamiento del Partido Peronista en 1955, (Juan Domingo) Perón implementó numerosas medidas de protección para los y las trabajadoras, que impactaron positivamente en el servicio doméstico, pero generaron una reacción negativa en la oligarquía. En esa época crecieron las historias negras sobre la aniquilación de niños por parte de los y las empleadas domésticas. La oligarquía creía que en el servicio doméstico se vivía una verdadera subversión”, explicó la directora del CONICET.
-¿Por qué no se legislaron las condiciones de trabajo del servicio doméstico durante los gobiernos peronistas?
-Tengo una hipótesis. Perón no se animó a ir más allá. No quiso meter mano en un área sensible para las clases medias. Hay significados estructurales y viejos respecto de que el servicio doméstico es una solución a un orden antiguo. No avanza el peronismo, pero sí lo hace la Libertadora, justamente para resolver una supuesta subversión.
-¿Por qué no se ha mejorado la Ley de 1956, que es fuertemente restrictiva?
-No quiere sumarse un gravamen más a la familia de clase media dándole mayores derechos al servicio doméstico. La desregulación de esta actividad es un auxilio para la clase media, un auxilio que va a favor de la sustentabilidad de dicha clase. Hay negligencia con las condiciones laborales precarias en las que trabajan las empleadas domésticas, pero ellas son una mano de obra necesaria. ¿Cómo va a gravarse esa necesidad? Si se aumentan los derechos de este sector, de alguna manera se grava a la familia.
Hasta la década del 60 las trabajadoras del servicio doméstico residían en el hogar para el cual trabajaban. Esta modalidad empezó a cambiar cuando las mujeres ingresaron masivamente a la universidad, lo cual fue visible en los años ’70. En este proceso aparece la trabajadora libre, que se desempeña en una casa particular durante el día, pero por la noche vuelve a su hogar. También crece el trabajo por hora o por jornada.
-¿Influye en la desregulación del trabajo doméstico la cultura de no intervención en la esfera privada?
-Sí, y llama la atención que Estados interventores como los nuestros no intervengan en este tema. Hay viejas fuerzas culturales que colocan en situación precaria a las trabajadoras del servicio domestico respecto de otras y otros trabajadores. El Estado compensa de alguna manera a la clase media, justamente permitiendo que exista un sector de baja ciudadanía.