Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 8 julio, 2014
A poco más de dos años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, más de seis mil mujeres y varones trans pudieron realizar el cambio registral. A pesar de que la norma representa un gran avance, sigue sin reglamentarse su artículo 11 que garantiza la salud integral del colectivo de travestis, transexuales y transgéneros. Otro de los pendientes, también urgente, es la ausencia de una política de previsión social que contemple la baja expectativa de vida, que es de 45 años en promedio.
Por Jésica Farias
COMUNICAR IGUALDAD- “Lo primero que me parece importante destacar es que tenemos que celebrar hasta el cansancio esta ley que ha traído muchos cambios para toda nuestra comunidad. Ha sido un acto reparador el acceso al cambio registral de nuestra identidad, hemos dejado de ser muertas y muertos civiles, pero aun así, en el aspecto de la salud hay una mora que se viene haciendo bastante extensa”, dijo a esta agencia la secretaria académica y coordinadora del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, Vida Morant.
LaLey de Identidad de Género (Ley 26.743) se sancionó en mayo de 2012. Dos semanas después, se reglamentó y así, la lucha por las libertades y por los derechos empezó a tener letra. Según apuntó a Comunicar Igualdad la titular de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Lohana Berkins, la norma “es la más revolucionaria del mundo”.
“Hace planteos fuertes que no están contempladas en otras leyes, por ejemplo, no se requiere el cambio de sexo y ni de adecuación genital para tener el beneficio sino que con solo presentarse y manifestando que se autopercibe de determinada manera, se puede hacer el trámite. Le arranca a la medicina el poder de abusivo de determinar qué somos, cómo somos y de qué manera”, enumera Berkins. Toma aire y sigue: “Además, se puede tramitar en todos los registros civiles del país y de manera gratuita e incluye la figura del niño. Entonces, en caso de que sus padres, tutores o responsables se nieguen a que haga el cambio registral, el niño puede pedir asistencia gratuita para poder llevar adelante su caso”.
Poco saludable
Sin embargo, la norma que garantiza el reconocimiento de la identidad de género y que estipula que toda persona pueda solicitar la corrección registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen por la autopercibida -rompiendo con la patologización de personas travestis, transexuales y transgéneros-, aún no puede hacer lo mismo con la salud. Ése es el punto en donde la aplicación completa de la ley falla. Y en donde el Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, frena el avance.
El artículo 11 de la Ley Nº 26743 refiere al derecho del libre desarrollo personal. “Todas las personas mayores de dieciocho años de edad podrán, conforme al artículo 1° de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”, indica. Y lo refuerza enfatizando que los efectores del sistema público de salud -estatales, privados o del subsistema de obras sociales- deberán responder a las demandas porque “todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación”. Pero, ¿qué pasa en la práctica?
“Formalmente, no está reglamentada la parte de la ley que establece que todas las prácticas de intervención quirúrgica y de hormonas entran al Plan Médico Obligatorio porque el Ministerio de Salud no labró la resolución”, contó a Comunicar Igualdad el activista legal de Abogadxs por los Derechos Sexuales (Abosex) y uno de los autores de la Ley de Identidad de Género, Emiliano Littardo. Y aclaró que ese escollo no termina de “obstaculizar el acceso de las personas trans al sistema de salud porque de hecho algunas obras sociales como Osecac o la del Poder Judicial de la Nación cumplen con los tratamientos hormonales y con la cobertura de las operaciones. Incluso en el sistema de pre pagas, Osde u Omint lo hacen así como también los sistemas de salud pública como el Hospital Durand y el de La Plata”.
Entonces, ¿cuándo aparecen los obstáculos para el pleno acceso a la salud? “Cuando las obras sociales y prepagas que no hacen la cobertura, finalmente, por la falta de reglamentación, dicen que no la harán porque las prácticas no están en el PMO”,respondió el abogado en tanto que sobre el sistema público contó que las personas trans tienen que esperar “como mínimo dos años” porque se necesitan “armar de políticas complementarias para que haya más formación de médicas y médicos que puedan volcarse a estos tratamientos que contempla la Ley”.
Frente a ese panorama, Berkins apuntó: “No hay razón alguna para que no se reglamente el artículo 11 por eso nos llama la atención que el ministro de Salud de la Nación vaya en contra de la propia Presidenta; de que el gobierno avance y él, retroceda”.
El acceso efectivo a la salud no apunta únicamente a las intervenciones quirúrgicas u hormonales, sino también a preparar a efectorxs que atiendan de manera responsable y respetuosa a las personas trans también “cuando a una compañera le duela la panza o la muela o tenga algún malestar en su cuerpo”, particulariza lacoordinadora de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual,espacio que se creó en el marco del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad para remover las barreras de acceso a la justicia que afectan al colectivo LGBTI y para prevenir y erradicar la discriminación.
Un buen remedio
En dialogo con esta agencia, uno de los fundadores y referentes de la Red de Intersexuales, Transgéneros y Transexuales de Argentina (Ritta), Kalym Soria, sintetizó:“Tenemos una ley de máxima porque no patologiza, porque sale rápido el DNI, pero tenemos el artículo 11 que no se reglamenta y si no tenés calidad en salud, es como no tener nada. Por eso todavía seguimos construyendo los espacios de salud desde las organizaciones”.
Fue la red de la que forma parte la que, luego de charlas con una médica amigable, armó un espacio de atención para el colectivo en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad. “Pero no es el ideal, porque si vivís en alguna provincia del país todavía no tenés salud”, señaló el primer varón trans porteño que recibió el Documento Nacional de Identidad con el cambio registral y que el año pasado se realizó una mastectomía en el Hospital Gutiérrez de La Plata.
Y en esa dirección también argumentaronla Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) y la Asociación de Travestis, Transexuales, Transgéneros de Argentina (Attta).
“Además, (la falta de reglamentación del artículo 11) profundiza las desigualdades geográficas y sociales que en la mayor parte del país experimentan mujeres y varones trans ante este derecho consagrado por la ley, pero de difícil ejercicio”, remarcaron las organizaciones el 8 de mayo cuando celebraron los dos años de la ley y destacaron los aspectos en los cuales aún falta mucho por hacer: “El más grave sin dudas tiene que ver con la negativa del Ministro de Salud de la Nación Juan Manzur”. Una semana después, el 15 de mayo pasado, presentaron en el Congreso de la Nación una iniciativa para crear un Programa Nacional de Salud Integral Trans.
En esa jornada, que se realizó en el marco del mes de la Diversidad Sexual que comenzó el 17 de mayo, Día internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, hasta el 28 de junio, del Orgullo LGBT; la presidenta de Attta, Marcela Romero, volvió a exigirle a Manzur que “garantice el derecho a la salud integral en todo el país, y no como ocurre hoy sólo en algunas provincias y municipios”. Consultada por Comunicar Igualdad, María Rachid, legisladora porteña e integrante de la comisión directiva de la Falgbt describió que “en la provincia de Buenos Aires, en algún grado en CABA y en Rosario, hubo avances en materia de salud integral. En la ciudad santafesina, por ejemplo, se están realizando hormonizaciones aunque aún no se hicieron cirugías”. Y añadió: “La falta de reglamentación no debería ser impedimento para que se cumpla” aunque si se regulara, “ayudaría”.
Por la plena ciudadanía trans
A poco más de dos años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, más de seis mil mujeres y varones trans pudieron realizar el cambio registral. A pesar de que la norma representa un gran avance, sigue sin reglamentarse su artículo 11 que garantiza la salud integral del colectivo de travestis, transexuales y transgéneros. Otro de los pendientes, también urgente, es la ausencia de una política de previsión social que contemple la baja expectativa de vida, que es de 45 años en promedio.
COMUNICAR IGUALDAD- “Lo primero que me parece importante destacar es que tenemos que celebrar hasta el cansancio esta ley que ha traído muchos cambios para toda nuestra comunidad. Ha sido un acto reparador el acceso al cambio registral de nuestra identidad, hemos dejado de ser muertas y muertos civiles, pero aun así, en el aspecto de la salud hay una mora que se viene haciendo bastante extensa”, dijo a esta agencia la secretaria académica y coordinadora del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, Vida Morant.
La Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) se sancionó en mayo de 2012. Dos semanas después, se reglamentó y así, la lucha por las libertades y por los derechos empezó a tener letra. Según apuntó a Comunicar Igualdad la titular de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Lohana Berkins, la norma “es la más revolucionaria del mundo”.
“Hace planteos fuertes que no están contempladas en otras leyes, por ejemplo, no se requiere el cambio de sexo y ni de adecuación genital para tener el beneficio sino que con solo presentarse y manifestando que se autopercibe de determinada manera, se puede hacer el trámite. Le arranca a la medicina el poder de abusivo de determinar qué somos, cómo somos y de qué manera”, enumera Berkins. Toma aire y sigue: “Además, se puede tramitar en todos los registros civiles del país y de manera gratuita e incluye la figura del niño. Entonces, en caso de que sus padres, tutores o responsables se nieguen a que haga el cambio registral, el niño puede pedir asistencia gratuita para poder llevar adelante su caso”.
Poco saludable
Sin embargo, la norma que garantiza el reconocimiento de la identidad de género y que estipula que toda persona pueda solicitar la corrección registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen por la autopercibida -rompiendo con la patologización de personas travestis, transexuales y transgéneros-, aún no puede hacer lo mismo con la salud. Ése es el punto en donde la aplicación completa de la ley falla. Y en donde el Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, frena el avance.
El artículo 11 de la Ley Nº 26743 refiere al derecho del libre desarrollo personal. “Todas las personas mayores de dieciocho años de edad podrán, conforme al artículo 1° de la
presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”, indica. Y lo refuerza enfatizando que los efectores del sistema público de salud -estatales, privados o del subsistema de obras sociales- deberán responder a las demandas porque “todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación”. Pero, ¿qué pasa en la práctica?
“Formalmente, no está reglamentada la parte de la ley que establece que todas las prácticas de intervención quirúrgica y de hormonas entran al Plan Médico Obligatorio porque el Ministerio de Salud no labró la resolución”, contó a Comunicar Igualdad el activista legal de Abogadxs por los Derechos Sexuales (Abosex) y uno de los autores de la Ley de Identidad de Género, Emiliano Littardo. Y aclaró que ese escollo no termina de “obstaculizar el acceso de las personas trans al sistema de salud porque de hecho algunas obras sociales como Osecac o la del Poder Judicial de la Nación cumplen con los tratamientos hormonales y con la cobertura de las operaciones. Incluso en el sistema de pre pagas, Osde u Omint lo hacen así como también los sistemas de salud pública como el Hospital Durand y el de La Plata”.
Entonces, ¿cuándo aparecen los obstáculos para el pleno acceso a la salud? “Cuando las obras sociales y prepagas que no hacen la cobertura, finalmente, por la falta de reglamentación, dicen que no la harán porque las prácticas no están en el PMO”, respondió el abogado en tanto que sobre el sistema público contó que las personas trans tienen que esperar “como mínimo dos años” porque se necesitan “armar de políticas complementarias para que haya más formación de médicas y médicos que puedan volcarse a estos tratamientos que contempla la Ley”.
Frente a ese panorama, Berkins apuntó: “No hay razón alguna para que no se reglamente el artículo 11 por eso nos llama la atención que el ministro de Salud de la Nación vaya en contra de la propia Presidenta; de que el gobierno avance y él, retroceda”.
El acceso efectivo a la salud no apunta únicamente a las intervenciones quirúrgicas u hormonales, sino también a preparar a efectorxs que atiendan de manera responsable y respetuosa a las personas trans también “cuando a una compañera le duela la panza o la muela o tenga algún malestar en su cuerpo”, particulariza la coordinadora de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, espacio que se creó en el marco del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad para remover las barreras de acceso a la justicia que afectan al colectivo LGBTI y para prevenir y erradicar la discriminación.
En dialogo con esta agencia, uno de los fundadores y referentes de la Red de Intersexuales, Transgéneros y Transexuales de Argentina (Ritta), Kalym Soria, sintetizó: “Tenemos una ley de máxima porque no patologiza, porque sale rápido el DNI, pero tenemos el artículo 11 que no se reglamenta y si no tenés calidad en salud, es como no tener nada. Por eso todavía seguimos construyendo los espacios de salud desde las organizaciones”.
Fue la red de la que forma parte la que, luego de charlas con una médica amigable, armó un espacio de atención para el colectivo en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad. “Pero no es el ideal, porque si vivís en alguna provincia del país todavía no tenés salud”, señaló el primer varón trans porteño que recibió el Documento Nacional de Identidad con el cambio registral y que el año pasado se realizó una mastectomía en el Hospital Gutiérrez de La Plata.
Y en esa dirección también argumentaron la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) y la Asociación de Travestis, Transexuales, Transgéneros de Argentina (Attta).
“Además, (la falta de reglamentación del artículo 11) profundiza las desigualdades geográficas y sociales que en la mayor parte del país experimentan mujeres y varones trans ante este derecho consagrado por la ley, pero de difícil ejercicio”, remarcaron las organizaciones el 8 de mayo cuando celebraron los dos años de la ley y destacaron los aspectos en los cuales aún falta mucho por hacer: “El más grave sin dudas tiene que ver con la negativa del Ministro de Salud de la Nación Juan Manzur”. Una semana después, el 15 de mayo pasado, presentaron en el Congreso de la Nación una iniciativa para crear un Programa Nacional de Salud Integral Trans.
En esa jornada, que se realizó en el marco del mes de la Diversidad Sexual que comenzó el 17 de mayo, Día internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, hasta el 28 de junio, del Orgullo LGBT; la presidenta de Attta, Marcela Romero, volvió a exigirle a Manzur que “garantice el derecho a la salud integral en todo el país, y no como ocurre hoy sólo en algunas provincias y municipios”. Consultada por Comunicar Igualdad, María Rachid, legisladora porteña e integrante de la comisión directiva de la Falgbt describió que “en la provincia de Buenos Aires, en algún grado en CABA y en Rosario, hubo avances en materia de salud integral. En la ciudad santafesina, por ejemplo, se están realizando hormonizaciones aunque aún no se hicieron cirugías”. Y añadió: “La falta de reglamentación no debería ser impedimento para que se cumpla” aunque si se regulara, “ayudaría”.
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