Se presentó en Buenos Aires Jaque a la Reina. Salud, autonomía y libertad reproductiva en Tucumán, un libro que aporta nuevos puntos de vista sobre el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción del embarazo y llama a federalizar la mirada sobre el tema. Una entrevista sin desperdicio a sus autoras: Mariana Alvarez, Alejandra Iriarte y Soledad Deza.
Por Belén Spinetta
COMUNICAR IGUALDAD- Con un fuerte tono de denuncia hacia el accionar del Poder Legislativo, la vigencia de las presiones de los sectores conservadores y la ausencia de políticas públicas que apunten a que las mujeres puedan gozar plenamente de sus derechos sexuales y reproductivos, sale a la calle Jaque a la Reina. Salud, autonomía y libertad reproductiva en Tucumán. El libro -escrito por las abogadas tucumanas, especialistas en la materia, Soledad Deza, Mariana Alvarez y Alejandra Iriarte y publicado por la Editorial Cienflores y la Universidad de Tucumán San Pablo T-aporta nuevos puntos de vista sobre el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción del embarazo, al tiempo que realiza un fuerte llamado de atención hacia la necesidad de federalizar la mirada sobre el tema. COMUNICAR IGUALDAD dialogó con las autoras.
-¿Por qué hoy un libro que aborde los debates en torno a la legalización/penalización del aborto, centrado en lo que sucede en Tucumán?
Alejandra Iriarte: Como una consecuencia más de la historia de nuestro país, profundamente centralista y con eje en la Capital, son pocas las investigaciones que se han realizado más allá de Buenos Aires, tanto sobre derechos de las mujeres, en general, como de aborto, en particular. Con este libro, pretendemos llenar este vacío de información, con el convencimiento de que esta investigación es una herramienta valiosa para la militancia por la legalización del aborto en todo el país. La criminalización y persecución de las mujeres que abortamos y la falta de acceso a la salud, no es exclusiva de nuestra provincia, sino que se da de manera similar, aunque con peculiaridades propias, a lo largo y ancho del país. Sin embargo, hay ciertas particularidades de Tucumán que la hacen una provincia especialmente hostil para los derechos de las mujeres. Baste recordar nuestra historia reciente. Es aquí donde tuvo lugar el Operativo Independencia, primer ensayo de lo que fue la más cruel y sanguinaria dictadura cívico-militar, y donde, ya en democracia, se eligió a un genocida como gobernador. Pero también es una provincia de luchas y resistencias. Es la provincia de la independencia, del Tucumanazo, de las luchas estudiantiles y obreras. Es la provincia del secuestro y desaparición de Marita Verón, y, también, de la lucha incansable de Susana Trimarco. Al centrar los debates sobre el aborto en Tucumán buscamos hacer un aporte para que el aborto salga del lugar de silencio y ocultamiento, y pase al escenario de la acción política y la militancia.
-La reina en jaque en esta obra es la mujer pobre. ¿Cuáles son los ejes fundamentales en torno a los cuáles argumentan esa posición de denuncia?
Soledad Deza: La mujer pobre está como eje en todos los capítulos porque entendemos que tanto las dificultades para el acceso al aborto como su criminalización post-aborto, son patrimonio casi exclusivo de quienes menos tienen. La selectividad del derecho penal queda al descubierto cuando se advierte que la franja de mujeres abortantes perseguida por el Estado, coincide con los sectores con escasez de recursos simbólicos y materiales. En casi el 95 % de las causas, las imputadas son las mismas mujeres que abortan en la clandestinidad y que en la búsqueda de atención post aborto el Estado les cobra la asistencia sanitaria con punitividad. Lo mismo ocurre en el sector médico, donde está claro que las mujeres que acceden allí no cuentan con medios para hacerlo en clínicas privadas, ni con recursos simbólicos para exigir el respeto de sus derechos como usuarias o pacientes. El resultado: dos realidades paralelas según posición social o económica de la mujer y la desigualdad estructural como común denominador.
-El libro pone en especial foco la responsabilidad de la justicia en la negación de los derechos reproductivos y no reproductivos de las mujeres. ¿Cómo se entrelaza esto con el debate en torno a la democratización de la justicia?
Alejandra Iriarte: En los últimos tiempos el Poder Judicial de Tucumán ha sido tristemente conocido por su misoginia. Solo a modo de ejemplo podemos recordar las declaraciones machistas de uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, cuando responsabilizó de la lentitud de las decisiones judiciales a las mujeres que trabajan medio tiempo, y el vergonzoso fallo de primera instancia en la causa por la desaparición y secuestro de Marita Verón. Es este mismo Poder Judicial el que persigue y criminaliza a las mujeres que abortamos, que persigue penalmente el “aborto espontaneo” y que, ha llegado al absurdo, de ordenar la inscripción de fetos NN en el registro civil. Todo esto es consecuencia de los viejos paradigmas imperantes en un poder del Estado que, históricamente, se ha presentado como alejado del pueblo y, sobre todo, de las mujeres. Se trata del poder elitista por excelencia, al que solo han accedido quienes pertenecen a la “familia judicial”. Esto se agrava en una provincia caracterizada por la ausencia de vigencia de principios democráticos, no sólo en el Poder Judicial, sino en los restantes poderes del Estado. Sólo una verdadera democratización del Poder Judicial permitirá que jueces y juezas dejen de ser los garantes del status quo y de los intereses de los sectores privilegiados, y comiencen a respetar y garantizar los derechos de las mujeres, y del pueblo en general.
-Exponen una gran cantidad de instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, que hoy protegen los derechos de las mujeres. ¿Cuál es el diagnóstico sobre su aplicación en nuestro país?
Mariana Alvarez: Marcos normativos nos sobran, e inclusive es inédita la ampliación de derechos de la que hemos sido testigos en una década. Sin embargo, el problema sigue siendo la efectivización y aplicación de las leyes en el interior del país las cuales necesitan federalizarse de manera urgente. Hay un doble estándar en el goce de derechos apenas se sale de la jurisdicción nacional, y esto puede verse, por ejemplo, en el caso de que a pesar de que existe una Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Tucumán decidió no adherir, y entonces cientos de ciudadanas ven que el acceso a su derecho queda sujeto a la “disponibilidad” de quién este frente al programa nacional a nivel local, sólo porque la provincia no tiene una política pública al respecto. Y, valga aclarar, carece de ella con absoluta intencionalidad, porque el marco normativo existe, tanto internacional como nacional, hay facultades concurrentes tanto de Nación como de las provincias para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. La falta de voluntad política y el laicismo en Tucumán es la principal responsable de esta “precariedad”, que en los casos de mujeres más vulnerables se va a traducir directamente en la denegación del derecho.
-Quizás uno de los debates más polémicos que abordan en el libro es la llamada “objeción de conciencia” como herramienta de las mayorías. ¿Cuál es la lectura/propuesta en líneas generales que realizan en torno a este tema?
Soledad Deza: La Corte en el fallo F.A.L habla de objeción sin que nadie se lo pida y llamándola “derecho”. Así ha convertido una excepción en una regla y ha promovido en provincias como la nuestra, que una niña violada tenga que ser “deportada” a Buenos Aires para poner fin a su embarazo por no haber ningún profesional dispuesto a cumplir con el trabajo para el que el Estado lo ha contratado y por el cual se le paga. Esta posición “reglamentarista” de la Corte no tiene coherencia con el trato que hasta el momento venía dándole a la objeción y entendemos que ese cambio es político, dado el interés que sectores conservadores y clericales manifiestan frente al tema. De hecho, la objeción nació como una herramienta para proteger minorías atribuladas y sin embargo en temas que involucran reproducción, es una herramienta de mayorías de poder. Reconocer la objeción indiscriminadamente sólo porque se está frente al aborto, supone que nuestro Estado valora la libertad de conciencia por sobre la libertad reproductiva y la autonomía de las mujeres, lo cual no parece justo en términos de género. Y mucho menos justo parece, si se considera la desigualdad estructural y la asimetría que rodea a la “Paciente del Hospital”.
Foto destacada: presentación del libro en Tucumán semanas atrás.
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COMUNICAR IGUALDAD- Con un fuerte tono de denuncia hacia el accionar del Poder Legislativo, la vigencia de las presiones de los sectores conservadores y la ausencia de políticas públicas que apunten a que las mujeres puedan gozar plenamente de sus derechos sexuales y reproductivos, sale a la calle Jaque a la Reina. Salud, autonomía y libertad reproductiva en Tucumán. El libro -escrito por las abogadas tucumanas, especialistas en la materia, Soledad Deza, Mariana Alvarez y Alejandra Iriarte y publicado por la Editorial Cienflores y la Universidad de Tucumán San Pablo T-aporta nuevos puntos de vista sobre el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción del embarazo, al tiempo que realiza un fuerte llamado de atención hacia la necesidad de federalizar la mirada sobre el tema. COMUNICAR IGUALDAD dialogó con las autoras.
-¿Por qué hoy un libro que aborde los debates en torno a la legalización/penalización del aborto, centrado en lo que sucede en Tucumán?
Alejandra Iriarte: Como una consecuencia más de la historia de nuestro país, profundamente centralista y con eje en la Capital, son pocas las investigaciones que se han realizado más allá de Buenos Aires, tanto sobre derechos de las mujeres, en general, como de aborto, en particular. Con este libro, pretendemos llenar este vacío de información, con el convencimiento de que esta investigación es una herramienta valiosa para la militancia por la legalización del aborto en todo el país. La criminalización y persecución de las mujeres que abortamos y la falta de acceso a la salud, no es exclusiva de nuestra provincia, sino que se da de manera similar, aunque con peculiaridades propias, a lo largo y ancho del país. Sin embargo, hay ciertas particularidades de Tucumán que la hacen una provincia especialmente hostil para los derechos de las mujeres. Baste recordar nuestra historia reciente. Es aquí donde tuvo lugar el Operativo Independencia, primer ensayo de lo que fue la más cruel y sanguinaria dictadura cívico-militar, y donde, ya en democracia, se eligió a un genocida como gobernador. Pero también es una provincia de luchas y resistencias. Es la provincia de la independencia, del Tucumanazo, de las luchas estudiantiles y obreras. Es la provincia del secuestro y desaparición de Marita Verón, y, también, de la lucha incansable de Susana Trimarco. Al centrar los debates sobre el aborto en Tucumán buscamos hacer un aporte para que el aborto salga del lugar de silencio y ocultamiento, y pase al escenario de la acción política y la militancia.
-La reina en jaque en esta obra es la mujer pobre. ¿Cuáles son los ejes fundamentales en torno a los cuáles argumentan esa posición de denuncia?
Soledad Deza: La mujer pobre está como eje en todos los capítulos porque entendemos que tanto las dificultades para el acceso al aborto como su criminalización post-aborto, son patrimonio casi exclusivo de quienes menos tienen. La selectividad del derecho penal queda al descubierto cuando se advierte que la franja de mujeres abortantes perseguida por el Estado, coincide con los sectores con escasez de recursos simbólicos y materiales. En casi el 95 % de las causas, las imputadas son las mismas mujeres que abortan en la clandestinidad y que en la búsqueda de atención post aborto el Estado les cobra la asistencia sanitaria con punitividad. Lo mismo ocurre en el sector médico, donde está claro que las mujeres que acceden allí no cuentan con medios para hacerlo en clínicas privadas, ni con recursos simbólicos para exigir el respeto de sus derechos como usuarias o pacientes. El resultado: dos realidades paralelas según posición social o económica de la mujer y la desigualdad estructural como común denominador.
Alejandra Iriarte: En los últimos tiempos el Poder Judicial de Tucumán ha sido tristemente conocido por su misoginia. Solo a modo de ejemplo podemos recordar las declaraciones machistas de uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, cuando responsabilizó de la lentitud de las decisiones judiciales a las mujeres que trabajan medio tiempo, y el vergonzoso fallo de primera instancia en la causa por la desaparición y secuestro de Marita Verón. Es este mismo Poder Judicial el que persigue y criminaliza a las mujeres que abortamos, que persigue penalmente el “aborto espontaneo” y que, ha llegado al absurdo, de ordenar la inscripción de fetos NN en el registro civil. Todo esto es consecuencia de los viejos paradigmas imperantes en un poder del Estado que, históricamente, se ha presentado como alejado del pueblo y, sobre todo, de las mujeres. Se trata del poder elitista por excelencia, al que solo han accedido quienes pertenecen a la “familia judicial”. Esto se agrava en una provincia caracterizada por la ausencia de vigencia de principios democráticos, no sólo en el Poder Judicial, sino en los restantes poderes del Estado. Sólo una verdadera democratización del Poder Judicial permitirá que jueces y juezas dejen de ser los garantes del status quo y de los intereses de los sectores privilegiados, y comiencen a respetar y garantizar los derechos de las mujeres, y del pueblo en general.
-Exponen una gran cantidad de instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, que hoy protegen los derechos de las mujeres. ¿Cuál es el diagnóstico sobre su aplicación en nuestro país?
Mariana Alvarez: Marcos normativos nos sobran, e inclusive es inédita la ampliación de derechos de la que hemos sido testigos en una década. Sin embargo, el problema sigue siendo la efectivización y aplicación de las leyes en el interior del país las cuales necesitan federalizarse de manera urgente. Hay un doble estándar en el goce de derechos apenas se sale de la jurisdicción nacional, y esto puede verse, por ejemplo, en el caso de que a pesar de que existe una Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Tucumán decidió no adherir, y entonces cientos de ciudadanas ven que el acceso a su derecho queda sujeto a la “disponibilidad” de quién este frente al programa nacional a nivel local, sólo porque la provincia no tiene una política pública al respecto. Y, valga aclarar, carece de ella con absoluta intencionalidad, porque el marco normativo existe, tanto internacional como nacional, hay facultades concurrentes tanto de Nación como de las provincias para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. La falta de voluntad política y el laicismo en Tucumán es la principal responsable de esta “precariedad”, que en los casos de mujeres más vulnerables se va a traducir directamente en la denegación del derecho.
-Quizás uno de los debates más polémicos que abordan en el libro es la llamada “objeción de conciencia” como herramienta de las mayorías. ¿Cuál es la
lectura/propuesta en líneas generales que realizan en torno a este tema?
Soledad Deza: La Corte en el fallo F.A.L habla de objeción sin que nadie se lo pida y llamándola “derecho”. Así ha convertido una excepción en una regla y ha promovido en provincias como la nuestra, que una niña violada tenga que ser “deportada” a Buenos Aires para poner fin a su embarazo por no haber ningún profesional dispuesto a cumplir con el trabajo para el que el Estado lo ha contratado y por el cual se le paga. Esta posición “reglamentarista” de la Corte no tiene coherencia con el trato que hasta el momento venía dándole a la objeción y entendemos que ese cambio es político, dado el interés que sectores conservadores y clericales manifiestan frente al tema. De hecho, la objeción nació como una herramienta para proteger minorías atribuladas y sin embargo en temas que involucran reproducción, es una herramienta de mayorías de poder. Reconocer la objeción indiscriminadamente sólo porque se está frente al aborto, supone que nuestro Estado valora la libertad de conciencia por sobre la libertad reproductiva y la autonomía de las mujeres, lo cual no parece justo en términos de género. Y mucho menos justo parece, si se considera la desigualdad estructural y la asimetría que rodea a la “Paciente del Hospital”.
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