Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 5 febrero, 2014
El estudio de IDPC que analiza la situación penitenciaria de las mujeres en toda la región, revela que en la Argentina el 70 % de las detenidas en cárceles federales lo está por delitos menores relacionados con las drogas. El problema más urgente a resolver en nuestro país es la reducción de las escalas penales ya que, de acuerdo a la normativa actual, una mujer que transportó en su cuerpo una pequeña carga de drogas ilegales puede estar en prisión más tiempo que quien la introdujo en el negocio.
Por Belén Spinetta
COMUNICAR IGUALDAD- La situación de las mujeres detenidas en nuestro país por delitos vinculados a la venta y distribución de drogas ilegales, no varía significativamente del resto de América Latina. El 70% está detenida por ilícitos menores.
Frente a esto, el informe de IDPC señala a la Argentina como uno de los países de la región con castigos desproporcionados. Las penas van de 4 a 15 años de prisión, y si es a través de la frontera (contrabando) pueden llegar a ser de hasta 16 años. “Esto nos lleva a la paradoja que una mujer que trasportó en su cuerpo una pequeña carga puede estar en prisión más tiempo que quien la metió en el negocio”, reflexiona Alejandro Corda, investigador de la Asociación Civil Intercambios y uno de los expertos que participó del informe.
En nuestro país se aprecia un incremento mayor de encarcelamiento de mujeres en aquellas provincias que desfederalizaron los delitos de drogas. Es decir, que asumieron su persecución en el nivel local, lo que lleva a una mayor inversión en los eslabones menores del tráfico.
Por otra parte, en países como el nuestro se prevé una suspensión a la prisión preventiva para mujeres embarazadas o en los primeros meses de lactancia. Pero cuando se trata de delitos de drogas, los beneficios se ven restringidos. En la actualidad, existen en el Congreso de la Nación varios proyectos que proponen reducir la escala penal, algunos con énfasis en la situación de las mujeres.
En diálogo con COMUNICAR IGUALDAD, Alejandro Corda destacó que en el caso argentino se repiten las causales vinculadas a las relaciones de género y feminización de la pobreza. “Muchas mujeres, en ocasiones jefas de hogar de familias numerosas, encuentran en estas actividades ilícitas una forma de obtener un ingreso económico ante un mercado laboral que las desfavorece frente a los hombres y al mismo tiempo, poder asumir el rol en el hogar que la sociedad les adjudica”. Citando el libro Mujeres en Prisión, realizado en 2010 por la Procuración Penitenciaria, el CELS y la Defensoría general de la Nación, el especialista destaca que “el incremento de las penalizaciones en torno de la tenencia, del tráfico y de la comercialización de estupefacientes significó también un proceso de criminalización diferencial entre los sexos, que impactó con mayor crudeza sobre las mujeres”.
Acerca de las condiciones de alojamiento de las mujeres en las cárceles federales argentinas, Corda remarca que, en general, se puede decir que el sistema carcelario no está pensado para las mujeres: “A los problemas propios de los sistemas carcelarios (sobrepoblación, malas condiciones, abusos, etc) se suman los propios de la situación de las mujeres; en especial vinculados al rol que le otorga la sociedad respecto de los hijos”. Y agrega que “si bien ha avanzado la tendencia (primero en la jurisprudencia y luego en reformas legislativas) a reemplazar la estadía en prisión por «prisión domiciliaria», todavía existen casos de mujeres en prisión con sus niños, situación que debería intentar erradicarse”.
Sobre cómo se expresa en nuestro país la “ceguera de género” en relación a las leyes que regulan el sistema penitenciario, el especialista opina que no se puede decir que esta ceguera se vincule sólo con las leyes. “Nuestro marco normativo permitiría interpretar la ley de forma tal de incluir una perspectiva de género. Creo que a la hora de aplicar la ley se presenta más lo que se menciona como ‘ceguera de género’.Un ejemplo de ello se puede encontrar cuando se deniega la prisión domiciliaria a estas mujeres por haber cometido el delito (ej: vender estupefacientes) en su propio domicilio, a donde volverían; cuando precisamente es la misma situación de vulnerabilidad y la imposibilidad de otras alternativas la que las llevó hacia esa elección, y ante la cual no tiene mayores opciones. O cuando se aloja a las mujeres en cárceles alejadas de sus familiares”.
También consultamos al referente de Intercambios que aspectos de las recomendaciones del informe de IDPC destacaría como más necesarios a implementar en nuestro país, a lo que respondió que, en su opinión “lo más importante es reducir la escalas penales aplicables a los actores menores en situaciones de vulnerabilidad, entre los que se encuentra este perfil de mujeres”. Por otro lado señaló la necesidad de desarrollar políticas públicas -no represivas- enfocadas en la situación de estas mujeres, para brindarles alguna alternativa a esta actividad ilícita; y también trabajar para que las agencias penales (policías, justicia, servicios penitenciarios) presten especial atención a la situación de las mujeres para no revictimizarlas con sus prácticas, pensada en principio para hombres. “Para todo ello es indispensable monitorear la situación con información confiable y permanente, aunque tal vez, por lo señalado arriba, nuestro país esté en mejores condiciones que otros, sin perjuicio de que ello se deba mejorar”, concluyó.
Para profundizar sobre la situación de las mujeres y el delito de drogas en nuestro país, recomendamos los siguientes informes:
Argentina: delitos menores, penas desproporcionadas
El estudio de IDPC que analiza la situación penitenciaria de las mujeres en toda la región, revela que en la Argentina el 70 % de las detenidas en cárceles federales lo está por delitos menores relacionados con las drogas. El problema más urgente a resolver en nuestro país es la reducción de las escalas penales ya que, de acuerdo a la normativa actual, una mujer que transportó en su cuerpo una pequeña carga de drogas ilegales puede estar en prisión más tiempo que quien la introdujo en el negocio.
Por Belén Spinetta
COMUNICAR IGUALDAD- La situación de las mujeres detenidas en nuestro país por delitos vinculados a la venta y distribución de drogas ilegales, no varía significativamente del resto de América Latina. El 70% está detenida por ilícitos menores.
Frente a esto, el informe de IDPC señala a la Argentina como uno de los países de la región con castigos desproporcionados. Las penas van de 4 a 15 años de prisión, y si es a través de la frontera (contrabando) pueden llegar a ser de hasta 16 años. “Esto nos lleva a la paradoja que una mujer que trasportó en su cuerpo una pequeña carga puede estar en prisión más tiempo que quien la metió en el negocio”, reflexiona Alejandro Corda, investigador de la Asociación Civil Intercambios y uno de los expertos que participó del informe.
En nuestro país se aprecia un incremento mayor de encarcelamiento de mujeres en aquellas provincias que desfederalizaron los delitos de drogas. Es decir, que asumieron su persecución en el nivel local, lo que lleva a una mayor inversión en los eslabones menores del tráfico.
Por otra parte, en países como el nuestro se prevé una suspensión a la prisión preventiva para mujeres embarazadas o en los primeros meses de lactancia. Pero cuando se trata de delitos de drogas, los beneficios se ven restringidos. En la actualidad, existen en el Congreso de la Nación varios proyectos que proponen reducir la escala penal, algunos con énfasis en la situación de las mujeres.
Acerca de las condiciones de alojamiento de las mujeres en las cárceles federales argentinas, Corda remarca que, en general, se puede decir que el sistema carcelario no está pensado para las mujeres: “A los problemas propios de los sistemas carcelarios (sobrepoblación, malas condiciones, abusos, etc) se suman los propios de la situación de las mujeres; en especial vinculados al rol que le otorga la sociedad respecto de los hijos”. Y agrega que “si bien ha avanzado la tendencia (primero en la jurisprudencia y luego en reformas legislativas) a reemplazar la estadía en prisión por «prisión domiciliaria», todavía existen casos de mujeres en prisión con sus niños, situación que debería intentar erradicarse”.
Sobre cómo se expresa en nuestro país la “ceguera de género” en relación a las leyes que regulan el sistema penitenciario, el especialista opina que no se puede decir que esta ceguera se vincule sólo con las leyes. “Nuestro marco normativo permitiría interpretar la ley de forma tal de incluir una perspectiva de género. Creo que a la hora de aplicar la ley se presenta más lo que se menciona como ‘ceguera de género’. Un ejemplo de ello se puede encontrar cuando se deniega la prisión domiciliaria a estas mujeres por haber cometido el delito (ej: vender estupefacientes) en su propio domicilio, a donde volverían; cuando precisamente es la misma situación de vulnerabilidad y la imposibilidad de otras alternativas la que las llevó hacia esa elección, y ante la cual no tiene mayores opciones. O cuando se aloja a las mujeres en cárceles alejadas de sus familiares”.
También consultamos al referente de Intercambios que aspectos de las recomendaciones del informe de IDPC destacaría como más necesarios a
implementar en nuestro país, a lo que respondió que, en su opinión “lo más importante es reducir la escalas penales aplicables a los actores menores en situaciones de vulnerabilidad, entre los que se encuentra este perfil de mujeres”. Por otro lado señaló la necesidad de desarrollar políticas públicas -no represivas- enfocadas en la situación de estas mujeres, para brindarles alguna alternativa a esta actividad ilícita; y también trabajar para que las agencias penales (policías, justicia, servicios penitenciarios) presten especial atención a la situación de las mujeres para no revictimizarlas con sus prácticas, pensada en principio para hombres. “Para todo ello es indispensable monitorear la situación con información confiable y permanente, aunque tal vez, por lo señalado arriba, nuestro país esté en mejores condiciones que otros, sin perjuicio de que ello se deba mejorar”, concluyó.
Para profundizar sobre la situación de las mujeres y el delito de drogas en nuestro país, recomendamos los siguientes informes:
– Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en Argentina
– Mujeres en prisión en argentina: causas, condiciones y consecuencias
Nota central:
«Mulas»: entre la pobreza y los roles de género