Lentitud en la justicia para adaptarse al estado laico
Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 27 noviembre, 2013
Un solo tribunal en todo el país respondió positivamente a la Campaña Nacional en favor de la Neutralidad Religiosa del Poder Judicial retirando los símbolos religiosos de la sala de audiencias. La Campaña, iniciada en septiembre de este año por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Pensamiento Penal (APP), busca que todos los tribunales retiren los símbolos religiosos de salas de audiencia y espacios públicos, como una forma de garantizar la necesaria imparcialidad de la justicia. Mientras los tribunales ralentan sus respuestas, la sociedad civil se suma al reclamo.
COMUNICAR IGUALDAD- Ayer fueron difundidos los resultados de la primera etapa de la Campaña Nacional en favor de la Neutralidad Religiosa del Poder Judicial, lanzada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Pensamiento Penal (APP) en septiembre del 2013.
El objetivo de la misma es el retiro de imágenes religiosas de los espacios públicos del Poder Judicialya que esto se contrapone, por un lado, al principio de neutralidad religiosa del Estado argentino y, por otro, al principio de no discriminación, presentes ambos tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales.
“La obligación de tratamiento igualitario, que prohíbe cualquier tipo de toma de posición estatal a favor de un credo determinado, es particularmente imperativa en el ejercicio de la magistratura, puesto que se encuentra sometido al mandato de ejercer sus funciones de manera imparcial” señalan ambas organizaciones.
La imparcialidad del Poder Judicial es urgente en todos los temas, y en los derechos vinculados a las mujeres y a las personas con identidades de género diversa se vuelve fundamental ya que la iglesia católica niega muchos de los derechos esenciales de ambos colectivos: a la diversidad familiar, al aborto, a la identidad de género, a la adopción por parte de parejas diversas, entre otros.
Los resultados de esta primera etapa de la Campaña –presentados el 25 de noviembre por tratarse del Día de la Libertad Religiosa– aún no mostraron muchos resultados positivos dentro del Poder Judicial: de los 21 tribunales provinciales a los que fue presentado el pedido, 19 aún no respondieron y dos lo rechazaron(San Luis y Salta – en este último caso fue por razones formales y con disidencia de la jueza Susana Kauffman, quien consideró que la corte salteña sí debía expedirse velando “por el irrestricto goce de los derechos fundamentales, entre ellos a la libertad de cultos y creencias y a no recibir un trato discriminatorio”-).
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde la solicitud se presentó en 24 tribunales, sólo uno accedió a retirar los símbolos religiosos: el Tribunal Oral de Menores N° 1 -integrado por la jueza María Cassará y los jueces Jorge Apolo y Roberto Durán; diez tribunales no se pronunciaron formalmente sobre el pedido; cuatro respondieron que no exhiben símbolos en sus salas de audiencia; cinco comunicaron informalmente que no responderán; dos remitieron el pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y dos rechazaron formalmente la solicitud.
Sin embargo, dentro de la sociedad civil numerosas organizaciones y personalidades se sumaron a la Campaña. Entre las organizaciones: la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Fundación Poder Ciudadano, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. También adhirieron casi 250 profesionales de distintas áreas: abogadxs, defensorxs públicxs, jueces/juezas, fiscales e investigadorxs, entre otras personas.
«Desde la ADC valoramos positivamente el movimiento que las presentaciones generaron tanto en las provincias como en la ciudad de Buenos Airesy las repercusiones que la campaña ha tenido en la prensa y en la sociedad en general» señala Felicitas Rossi, integrante de la organización. Según la abogada, la democra en las respuestas de los tribunales «puede deberse a múltiples factores como la necesidad de contar con un tiempo mayor para generar los consensos necesarios y resolver fundadamente, o la reticencia de algunos magistrados y magistradas de retirar los símbolos por sus creencias personales o la falta de acuerdo entre los/las integrantes de los tribunales. En la ciudad de Buenos Aires, más de la mitad de los tribunales seleccionados no exhiben símbolos religiosos en sus salas de audienciasy algunos de los que sí exhiben, respondieron, formal o informalmente, que carecen de las facultades de superintendencia sobre la administración de los espacios del Poder Judicial y por ello elevaron el pedido a la Cámara Federal de Casación Penal o a la Corte Suprema de Justicia. Varias suprema cortes provinciales remitieron el pedido al procurador o a gremios judiciales y asociaciones de magistrados, otras optaron por relevar la existencia de imágenes religiosas en ámbitos de acceso al público del Poder Judicial. Por estas razones las respuestas están demoradas y procuraremos obtenerlas en una segunda etapa de la campaña para poder evaluar con más elementos su impacto final y las acciones a seguir«.
Lentitud en la justicia para adaptarse al estado laico
Un solo tribunal en todo el país respondió positivamente a la Campaña Nacional en favor de la Neutralidad Religiosa del Poder Judicial retirando los símbolos religiosos de la sala de audiencias. La Campaña, iniciada en septiembre de este año por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Pensamiento Penal (APP), busca que todos los tribunales retiren los símbolos religiosos de salas de audiencia y espacios públicos, como una forma de garantizar la necesaria imparcialidad de la justicia. Mientras los tribunales ralentan sus respuestas, la sociedad civil se suma al reclamo.
COMUNICAR IGUALDAD- Ayer fueron difundidos los resultados de la primera etapa de la Campaña Nacional en favor de la Neutralidad Religiosa del Poder Judicial, lanzada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Pensamiento Penal (APP) en septiembre del 2013.
El objetivo de la misma es el retiro de imágenes religiosas de los espacios públicos del Poder Judicial ya que esto se contrapone, por un lado, al principio de neutralidad religiosa del Estado argentino y, por otro, al principio de no discriminación, presentes ambos tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales.
“La obligación de tratamiento igualitario, que prohíbe cualquier tipo de toma de posición estatal a favor de un credo determinado, es particularmente imperativa en el ejercicio de la magistratura, puesto que se encuentra sometido al mandato de ejercer sus funciones de manera imparcial” señalan ambas organizaciones.
La imparcialidad del Poder Judicial es urgente en todos los temas, y en los derechos vinculados a las mujeres y a las personas con identidades de género diversa se vuelve fundamental ya que la iglesia católica niega muchos de los derechos esenciales de ambos colectivos: a la diversidad familiar, al aborto, a la identidad de género, a la adopción por parte de parejas diversas, entre otros.
Los resultados de esta primera etapa de la Campaña –presentados el 25 de noviembre por tratarse del Día de la Libertad Religiosa– aún no mostraron muchos resultados positivos dentro del Poder Judicial: de los 21 tribunales provinciales a los que fue presentado el pedido, 19 aún no respondieron y dos lo rechazaron (San Luis y Salta – en este último caso fue por razones formales y con disidencia de la jueza Susana Kauffman, quien consideró que la corte salteña sí debía expedirse velando “por el irrestricto goce de los derechos fundamentales, entre ellos a la libertad de cultos y creencias y a no recibir un trato discriminatorio”-).
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde la solicitud se presentó en 24 tribunales, sólo uno accedió a retirar los símbolos religiosos: el Tribunal Oral de Menores N° 1 -integrado por la jueza María Cassará y los jueces Jorge Apolo y Roberto Durán; diez tribunales no se pronunciaron formalmente sobre el pedido; cuatro respondieron que no exhiben símbolos en sus salas de audiencia; cinco comunicaron informalmente que no responderán; dos remitieron el pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y dos rechazaron formalmente la solicitud.
Sin embargo, dentro de la sociedad civil numerosas organizaciones y personalidades se sumaron a la Campaña. Entre las organizaciones: la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Fundación Poder Ciudadano, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. También adhirieron casi 250 profesionales de distintas áreas: abogadxs, defensorxs públicxs, jueces/juezas, fiscales e investigadorxs, entre otras personas.
«Desde la ADC valoramos positivamente el movimiento que las presentaciones generaron tanto en las provincias como en la ciudad de Buenos Aires y las repercusiones que la campaña ha tenido en la prensa y en la sociedad en general» señala Felicitas Rossi, integrante de la organización. Según la abogada, la democra en las respuestas de los tribunales «puede deberse a múltiples factores como la necesidad de contar con un tiempo mayor para generar los consensos necesarios y resolver fundadamente, o la reticencia de algunos magistrados y magistradas de retirar los símbolos por sus creencias personales o la falta de acuerdo entre los/las integrantes de los tribunales. En la ciudad de Buenos Aires, más de la mitad de los tribunales seleccionados no exhiben símbolos religiosos en sus salas de audiencias y algunos de los que sí exhiben, respondieron, formal o informalmente, que carecen de las facultades de superintendencia sobre la administración de los espacios del Poder Judicial y por ello elevaron el pedido a la Cámara Federal de Casación Penal o a la Corte Suprema de Justicia. Varias suprema cortes provinciales remitieron el pedido al procurador o a gremios judiciales y asociaciones de magistrados, otras optaron por relevar la existencia de imágenes religiosas en ámbitos de acceso al público del Poder Judicial. Por estas razones las respuestas están demoradas y procuraremos obtenerlas en una segunda etapa de la campaña para poder evaluar con más elementos su impacto final y las acciones a seguir«.
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