La justicia analiza sus propias prácticas discriminatorias
Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 20 noviembre, 2013
El 60% de las personas que operan en la justicia en algunos ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires considera que lxs magistradxs están influenciadxs por estereotipos de género, y el 90% cree que la justicia debe tener un rol activo en la erradicación de las desigualdades basadas en el género y la orientación sexual. Por esta razón, dentro del Observatorio de Género en la Justicia que depende del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires –y que preside Diana Maffia- fue creada una Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, cuya responsable es Lohana Berkins.
COMUNICAR IGUALDAD- “Me gustaría mucho decir en tono épico que esta oficina fue el producto de una larga lucha. Pero la verdad es que cuando conocimos los resultados de esta encuesta, Juan Manuel Olmos, presidente del Consejo de la Magistratura, propuso él mismo que hiciéramos un trabajo específico y que Lohana Berkins estuviera cargo de él” señaló Diana Maffia la pasada semana durante la apertura de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual que se abrió dentro del Observatorio de Género en la Justicia que la misma Maffia preside en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre mayo y junio del 2013, el Observatorio realizó una encuesta cuali y cuantitativa, entre operadrxs de justicia del Consejo de la Magistratura, el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de detectar qué percepción había en estos ámbitos de la discriminación de género. Los resultados fueron que estas personas, que operan diariamente con la justicia, consideran que las prácticas de la misma son sexistas y excluyen a la población GLTTTB.
La discriminación en cifras
Según la investigación –que abarcó a 1239 personas, el 25,5% del total del staff empleado en esos ámbitos-, la orientación sexual es el sexto motivo de discriminación en la justicia (luego de la orientación política, el sexo/género, el origen social, la discapacidad y la edad). El 60% de las personas entrevistadas considera además que lxs magistradxs están influenciadxs por estereotipos de género, y el 90% cree que la justicia debe tener un rol activo en la erradicación de las desigualdades basadas en el género y la orientación sexual. Las personas homosexuales y trans fueron mencionadas además en el segundo lugar entre los grupos que sufren especial desventaja en el acceso a la justicia.
De izquierda derecha: Carolina Jacky, Aluminé Moreno, Florencia Gemetro, Esteban Litardo y Lohana Berkins.
En relación a si la justicia está preparada para la atención de las necesidades específicas de las personas homosexuales y trans, la respuesta de lxs operadorxs se encontraron divididas y un 25% no supo qué responder. La falta de confianza en el sistema de justicia y el desconocimiento de derechos y lugares donde reclamar, por un lado, y la hostilidad del propio sistema de justicia por otro, fueron señalados como los obstáculos principales para el acceso a la justicia de esta población.
Por último, la implementación de las leyes de identidad de género y matrimonio igualitario fueron visibilizadas como vehiculizadoras de transformaciones en relación a la mayor aceptación de esta población, un mayor reconocimiento de sus derechos y un mejor acceso a la justicia.
La encuesta incluyó también ocho entrevistas en profundidad a informantes clave –operadorxs de justicia pero también activistas GLTTTB- sobre los obstáculos específicos en el acceso a la justicia y las estrategias para superarlos.
En relación a los obstáculos, algunas de las cuestiones señaladas fueron la persistencia de prejuicios –al igual que en resto de la sociedad-; la hostilidad del sistema de justicia; la desconfianza de esta población hacia ese sistema; la dificultad para acreditar la condición de víctima y para realizar denuncias de violencia y abuso; la falta de institucionalidad de los termas de género; y la falta de sensibilización y capacitación en temas de género de lxs operadorxs de justicia, entre otros.
Sobre las estrategiaspara atravesar estos obstáculos, esas personas se refirieron a la necesidad de democratizar el derecho y la justicia; realizar capacitaciones sobre identidad de género, sexualidades y derechos humanos; abrir canales de participación ciudadana dentro del poder judicial; modificar las categorías de registro y producción de datos de la justicia para dar cuenta del género y la orientación sexual, entre otros.
Lo que queda por delante
La sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y de la Ley de Identidad de Género (2012) son sin duda dos hitos indudables en el avance de Argentina hacia el reconocimiento pleno de los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, travestis y transexuales. Pero aún falta mucho para que los derechos consagrados en estas normas se hagan carne en las instituciones y la sociedad y esta población sienta que efectivamente se mueve en un ámbito de mayor igualdad.
Lohana Berkins –histórica militante travesti y responsable de la flamante Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual – lo expresó con sus palabras cuando dijo: “Para nosotras y nosotros es muy importante esta oficina. No solo para quienes están dentro de la justicia, sino para quienes demandamos el acceso. Acceder a la justicia para comunidad trans y de lesbianas y homosexuales es muy difícil y muy caro”.
Durante la apertura de la Oficina, Maffia y Berkins estuvieron acompañadas por activistas GLTTTB: Carolina Jacky, abogada trans de Mendoza; Florencia Gemetro, abogada y referente de la agrupación Les Madres; y Emiliano Litardo, abogado y fuerte impulsor de la Ley de Identidad de Género a través del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género (FNLIG).
Durante su exposición, Jacky planteó la necesidad de que ambas normas se hagan carne en el sistema judicial y que “haya magistrados con olor a oveja que defiendan los derechos de la gente. En general lo que yo noto en mi práctica judicial es un desconocimiento de las autoridades sobre cómo manejar los temas que tienen que ver la identidad de género. Estuve colaborando recientemente en Mendoza con el Ministerio de Seguridad en el caso de una chica travesti a la que una banda que se dedica al narcotráfico y a la trata prendió fuego y hay mucho desconocimiento, no hay protocolos de actuación”.
Gemetro analizó positivamente el nuevo marco normativo para identidad de género y, relacionado con él, “el vínculo entre el movimiento GLTTTB y el Estado, que pasó de ser una relación de persecución y violencia en los ’90 a la situación actual donde podemos hablar de políticas públicas que se impulsan desde ese mismo Estado”. Y luego señaló los dos temas pendientes desde su punto de vista y que fueron otra forma de acercarse a la misma discriminación relatada en la encuesta por lxs operadorxs de justicia: “Por un lado observo la dimensión burocrática que obstaculiza el acceso a derechos. Cuesta implementar leyes en las provincias y que nuestras poblaciones accedan a ellas. Nuestras familias tienen desde el año pasado un reconocimiento legal, se accedió a derechos previsionales y manutención conjunta; pero para lograrlo tuvimos que acompañar casi todas las inscripciones en todo el país. Y otro obstáculo es ver cómo logramos que la sociedad se involucre y acompañe este cambio cultural. Nos preocupa mucho el crecimiento de propuestas electorales y candidatos que basan sus agendas en seguridad, que fue siempre un caballito de persecución del movimiento GLTTTB y de todos los movimientos sociales”.
Por último, Litardo analizó el rol del derecho en la protección de derechos de este colectivo desde su práctica en la promoción de la Ley de Identidad de Género y en el acompañamiento ante la justicia, previo a la ley, de personas que deseaban modificar su identidad. “Hay ciertos cuerpos que son habilitados y otros rechazados y abyectados de la justicia. En esta dinámica el derecho se aleja de la posición liberal, es un emergente de las posiciones de poder y saber. ¿Qué cuerpos inaugura, celebra y bautiza el derecho?” se preguntó.
La Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual se ocupa de producir, sistematizar y difundir información que promueva el acceso a la justicia. No hace atención de quejas y denuncias. Contacto: 4014-6894/ lberkins@jusbaires.gov.ar
La justicia analiza sus propias prácticas discriminatorias
El 60% de las personas que operan en la justicia en algunos ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires considera que lxs magistradxs están influenciadxs por estereotipos de género, y el 90% cree que la justicia debe tener un rol activo en la erradicación de las desigualdades basadas en el género y la orientación sexual. Por esta razón, dentro del Observatorio de Género en la Justicia que depende del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires –y que preside Diana Maffia- fue creada una Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, cuya responsable es Lohana Berkins.
COMUNICAR IGUALDAD- “Me gustaría mucho decir en tono épico que esta oficina fue el producto de una larga lucha. Pero la verdad es que cuando
conocimos los resultados de esta encuesta, Juan Manuel Olmos, presidente del Consejo de la Magistratura, propuso él mismo que hiciéramos un trabajo específico y que Lohana Berkins estuviera cargo de él” señaló Diana Maffia la pasada semana durante la apertura de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual que se abrió dentro del Observatorio de Género en la Justicia que la misma Maffia preside en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre mayo y junio del 2013, el Observatorio realizó una encuesta cuali y cuantitativa, entre operadrxs de justicia del Consejo de la Magistratura, el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de detectar qué percepción había en estos ámbitos de la discriminación de género. Los resultados fueron que estas personas, que operan diariamente con la justicia, consideran que las prácticas de la misma son sexistas y excluyen a la población GLTTTB.
La discriminación en cifras
Según la investigación –que abarcó a 1239 personas, el 25,5% del total del staff empleado en esos ámbitos-, la orientación sexual es el sexto motivo de discriminación en la justicia (luego de la orientación política, el sexo/género, el origen social, la discapacidad y la edad). El 60% de las personas entrevistadas considera además que lxs magistradxs están influenciadxs por estereotipos de género, y el 90% cree que la justicia debe tener un rol activo en la erradicación de las desigualdades basadas en el género y la orientación sexual. Las personas homosexuales y trans fueron mencionadas además en el segundo lugar entre los grupos que sufren especial desventaja en el acceso a la justicia.
De izquierda derecha: Carolina Jacky, Aluminé Moreno, Florencia Gemetro, Esteban Litardo y Lohana Berkins.
En relación a si la justicia está preparada para la atención de las necesidades específicas de las personas homosexuales y trans, la respuesta de lxs operadorxs se encontraron divididas y un 25% no supo qué responder. La falta de confianza en el sistema de justicia y el desconocimiento de derechos y lugares donde reclamar, por un lado, y la hostilidad del propio sistema de justicia por otro, fueron señalados como los obstáculos principales para el acceso a la justicia de esta población.
Por último, la implementación de las leyes de identidad de género y matrimonio igualitario fueron visibilizadas como vehiculizadoras de transformaciones en relación a la mayor aceptación de esta población, un mayor reconocimiento de sus derechos y un mejor acceso a la justicia.
La encuesta incluyó también ocho entrevistas en profundidad a informantes clave –operadorxs de justicia pero también activistas GLTTTB- sobre los obstáculos específicos en el acceso a la justicia y las estrategias para superarlos.
Sobre las estrategias para atravesar estos obstáculos, esas personas se refirieron a la necesidad de democratizar el derecho y la justicia; realizar capacitaciones sobre identidad de género, sexualidades y derechos humanos; abrir canales de participación ciudadana dentro del poder judicial; modificar las categorías de registro y producción de datos de la justicia para dar cuenta del género y la orientación sexual, entre otros.
Lo que queda por delante
La sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y de la Ley de Identidad de Género (2012) son sin duda dos hitos indudables en el avance de Argentina hacia el reconocimiento pleno de los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, travestis y transexuales. Pero aún falta mucho para que los derechos consagrados en estas normas se hagan carne en las instituciones y la sociedad y esta población sienta que efectivamente se mueve en un ámbito de mayor igualdad.
Lohana Berkins –histórica militante travesti y responsable de la flamante Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual – lo expresó con sus palabras cuando dijo: “Para nosotras y nosotros es muy importante esta oficina. No solo para quienes están dentro de la justicia, sino para quienes demandamos el acceso. Acceder a la justicia para comunidad trans y de lesbianas y homosexuales es muy difícil y muy caro”.
Durante la apertura de la Oficina, Maffia y Berkins estuvieron acompañadas por activistas GLTTTB: Carolina Jacky, abogada trans de Mendoza; Florencia Gemetro, abogada y referente de la agrupación Les Madres; y Emiliano Litardo, abogado y fuerte impulsor de la Ley de Identidad de Género a través del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género (FNLIG).
Durante su exposición, Jacky planteó la necesidad de que ambas normas se hagan carne en el sistema judicial y que “haya magistrados con olor a oveja
que defiendan los derechos de la gente. En general lo que yo noto en mi práctica judicial es un desconocimiento de las autoridades sobre cómo manejar los temas que tienen que ver la identidad de género. Estuve colaborando recientemente en Mendoza con el Ministerio de Seguridad en el caso de una chica travesti a la que una banda que se dedica al narcotráfico y a la trata prendió fuego y hay mucho desconocimiento, no hay protocolos de actuación”.
Gemetro analizó positivamente el nuevo marco normativo para identidad de género y, relacionado con él, “el vínculo entre el movimiento GLTTTB y el Estado, que pasó de ser una relación de persecución y violencia en los ’90 a la situación actual donde podemos hablar de políticas públicas que se impulsan desde ese mismo Estado”. Y luego señaló los dos temas pendientes desde su punto de vista y que fueron otra forma de acercarse a la misma discriminación relatada en la encuesta por lxs operadorxs de justicia: “Por un lado observo la dimensión burocrática que obstaculiza el acceso a derechos. Cuesta implementar leyes en las provincias y que nuestras poblaciones accedan a ellas. Nuestras familias tienen desde el año pasado un reconocimiento legal, se accedió a derechos previsionales y manutención conjunta; pero para lograrlo tuvimos que acompañar casi todas las inscripciones en todo el país. Y otro obstáculo es ver cómo logramos que la sociedad se involucre y acompañe este cambio cultural. Nos preocupa mucho el crecimiento de propuestas electorales y candidatos que basan sus agendas en seguridad, que fue siempre un caballito de persecución del movimiento GLTTTB y de todos los movimientos sociales”.
Por último, Litardo analizó el rol del derecho en la protección de derechos de este colectivo desde su práctica en la promoción de la Ley de Identidad de Género y en el acompañamiento ante la justicia, previo a la ley, de personas que deseaban modificar su identidad. “Hay ciertos cuerpos que son habilitados y otros rechazados y abyectados de la justicia. En esta dinámica el derecho se aleja de la posición liberal, es un emergente de las posiciones de poder y saber. ¿Qué cuerpos inaugura, celebra y bautiza el derecho?” se preguntó.
La Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual se ocupa de producir, sistematizar y difundir información que promueva el acceso a la justicia. No hace atención de quejas y denuncias. Contacto: 4014-6894/ lberkins@jusbaires.gov.ar