Personas trans: sin seguridad

Mientras candidatas/os a las próximas elecciones legislativas buscan votos prometiendo más seguridad, las fuerzas que deben garantizarla propinan insultos y golpes a la comunidad trans. La desprotección para el colectivo también se evidencia en comisarías, hospitales y hasta en las unidades penales. Mientras, algunos medios de comunicación se suman a la violencia y desinforman, ridiculizando a travestis, transexuales, transgéneros y mujeres trans. Entonces, las cámaras, en calles y estudios, ¿están preparadas para garantizar la vida plena de las identidades no convencionales? La seguridad, ¿es para todas, todos y todxs?

Por Jesica Farías

COMUNICAR IGUALDAD– «En 15 minutos ultrajaron todos mis derechos con un ataque feroz por mi condición de género, pero no sólo a mí me azotaron con crueldad sino también a todas las identidades no convencionales«, cuenta a esta agencia Diana Sacayán, activista travesti referente del Movimiento Antidiscriminación y Liberación.

Los golpes que un violento le propinó en un bar de la Estación Laferrere, en La Matanza, le congestionaron la voz: entre la angustia y el tabique partido sigue dando lucha, no sólo contra ese hombre que empezó insultándola y terminó atacándola, sino también contra los gendarmes que intervinieron pero que dejaron escapar al agresor que la molió a patadas –a las que se sumaron los bastonazos de los uniformados de verde militar-; contra los policías del móvil 49.722 que la abandonaron con el rostro ensangrentado en la puerta de la guardia del Hospital Germani, en donde también batalló contra la violencia.

El caso de Diana ocurrió en agosto, cuando a la Argentina llegaban noticias desde Rusia que evidenciaban el recrudecimiento de la homofobia tras la sanción de leyes contra la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales” que prohíbe el activismo LGBT, mostrar banderas del arco iris en público, marchas del orgullo gay, besos entre personas del mismo sexo en público, y una norma que niega que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. “No vamos a permitir que se perpetúe aquí ese entramado de inseguridad al que estamos expuestas porque no nos vamos a transformar en Rusia», manifestó.

Sobre el accionar policial, Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans La Plata, apunta a COMUNICAR IGUALDAD que “esa violencia es una práctica constante no sólo contra las personas trans sino también contra colectivos vulnerables de la sociedad civil. Las practicas represivas de la policía, de la Justicia y hasta de los medios conservadores o que pertenecen a la ideología dominante son las expresiones del sector más recalcitrante que tiene el país, pero además, son una respuesta frente a los avances en derechos humanos que estamos vivenciando desde 2003”. La organización civil de la capital bonaerense, que apuesta a la construcción de ciudadanía promoviendo el respeto, defensa e igualdad de derechos para todas y todos, fue inaugurada oficialmente en la ultima semana de septiembre con el acompañamiento de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y tras el impulso de la Ley de Identidad de Género (Ley Nº 26743).

El reconocimiento debido y la realidad injusta

Un año atrás, pero después de décadas de lucha, se consiguió una norma de avanzada: la iniciativa parlamentaria que garantiza el reconocimiento de la identidad de género, de esa “vivencia interna e individual tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”, tal como indica la Ley Nº 26743, que instó a que toda persona pueda solicitar la corrección registral del sexo y del cambio de nombre de pila e imagen con la identidad de género autopercibida. La norma estableció un mecanismo que no “patologiza” la condición de travestis, transexuales y transgéneros.

“Implica la seguridad  de que te nombren tal como te identificás: Yo estoy de tacos, de pollera, maquillada, entonces, si me piden el documento no me van a decir más Daniel, pero además significa que el Estado garantiza mi salud, que me respalda la elección de género”, dice a COMUNICAR IGUALDAD Daniela Ruíz, titular de la Cooperativa Ar Tv Trans Acción. Y evoca el momento, para nada feliz a pesar del avance, en que fue a realizar el cambio identitario al Registro Civil: “Cuando llegó mi turno, la funcionaria a cargo me dice Daniel, es decir, voy a realizar la modificación y me humilla la persona que está a cargo de realizar el cambio. ¡Increíble!”.  Y tuvo que darle una lección rápida para cuando otra/otro se presentara para el mismo trámite: que llame por el apellido, para no dañar la subjetividad y para conservar el respeto. La bofetada institucional vino un momento antes de la modificación registral: si la expresión de género de ella era notoria, entonces, ¿por qué el trato en masculino?.

Y las instituciones siguen golpeando. Lo hacen fuerte adentro de las cárceles, o antes de llegar a las prisiones, cuando las trans son detenidas. En agosto, Otrans La Plata denunció: “El jueves 22 de agosto, Ximena y Daniela fueron detenidas por personal policial masculino mientras eran prostituidas en la ciudad de La Plata.  Desde ese momento, y en las sucesivas instancias policiales y judiciales, se las nombró y trató como hombres, desconociendo el respeto por la identidad de género e incumpliendo con lo que indica la legislación nacional al respecto”.

Aquello fue una muestra de la generalización de una práctica abrumadora que la sanción de la Ley de Identidad repele en su Artículo 12, el que promueve el trato digno en circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público. En esas instancias, el personal deberá utilizar únicamente el nombre de pila de elección.

Y sobre violencia, más violencia: “Más de un 50 por ciento de las detenidas provienen del Nororiente Peruano, este dato no es menor, sino que sirve de un doble marcaje que justifica y da paso al racismo y la xenofobia”, señaló la asociación platense a principios de agosto cuando demostró que en menos de una semana detuvieron a mas de 20 mujeres trans, además de allanar pensiones en donde viven “de donde se han llevado pertenencias como también dinero”.

Una vez en las unidades penitenciarias, la realidad se endurece. Las privadas  de la libertad que no realizaron cambios en su Certificado de Nacimiento ni en su DNI son alojadas “en lugares transitorios, pero  muchas veces con varones lo cual es violatorio de los derechos humanos pero también de lo físico y psicológico”, apunta Claudia.

Según el Informe Anual 2012 El sistema de la crueldad VII elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria, “la ausencia de criterios responsables y la falta de capacitación de los operadores da lugar a todo tipo de prejuicios y de delitos que desprecian la dignidad de las personas”. Ante el Comité Contra la Tortura (CCT) – área de la comisión-, las detenidas trans revelaron que dentro de los muros se les impide el acceso a tratamientos hormonales así como a la escuela “dado que las autoridades argumentan que no pueden compartir espacios con otros hombres no homosexuales”. Las visitas intimas, que son regulares para la población carcelaria, no lo son para ellas.

Si el panorama es tan angustioso para el colectivo, imaginar que la adquisición de productos de limpieza o de belleza fuera fácil es un imposible: deben solicitarlo al jefe del penal, quien las expone a situaciones de abusos de poder y las fuerza, incluso, “a realizar favores sexuales, a cualquier miembro del SPB”.

Al mismo tiempo, el informe, por demás ilustrativo de una realidad que tapan las paredes y los barrotes, sostiene que “la población trans es sometida a vejatorias requisas, que incluyen desnudos totales, realizadas por personal masculino”. Y como si no las ampararan las normas, cuando las detenidas exigen que la acción sea realizada por femeninas, la respuesta es otro golpe: “La alternativa propuesta por el personal penitenciario a cargo fue que se realizaría con personal masculino de la cintura para abajo y con personal femenino de la cintura para arriba, argumentando que se encontraban en la disyuntiva de no saber cómo tratarla, no saber si es hombre, mujer, o qué era”.

Yhajaira, la que reclamó que se respete su nombre

La detuvieron en abril pasado, después de que un taxista la culpara sin pruebas de quererlo despojar de la recaudación. Venezolana y afrodescendiente, Yhajaira Falcón fue inculpada por el chofer pero también por un policía de la Comisaría 18 del barrio porteño de Constitución. El agente, que no presenció el supuesto robo, la incriminó tal como el encargado de un hotel en donde ella quiso resguardarse de un grupo de varones que la persiguió, cual inquisidores, arrojándole piedras. Cuando en el otoño comenzó a ser juzgada en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9, exigió que en el debate se respetase el nombre de pila que responde a su identidad. Y así se hizo.

La activista trans estuvo acompañada por militantes afrodescendientes y de las organizaciones Las Paquitos, Putos Peronistas, Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto y el Colectivo para la Diversidad (COPADI), quienes remarcaron que “su primer acto de defensa fue exigir ser llamada por su nombre”. Se lo demandó primero a quien fuera su primera defensora oficial, quien le negó el derecho y por lo tanto fue desplazada. A fines de agosto vino la absolución, tras cuatro meses en el penal de Ezeiza.

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