Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 2 octubre, 2013
Hace dos semanas obtuvo media sanción en Santa Fé un proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de violencia de género. La propuesta surgió como respuesta a la gran cantidad de femicidios que se registraron en Santa Fe: en los primeros nueve meses del año hubo 19, según un relevamiento realizado sobre casos publicados en los medios de comunicación. La directora de Políticas de Género de la provincia, y una militante de la oposición, relatan el panorama del debe y el haber en la atención de mujeres víctimas de violencia.
Por Victoria Rodriguez, desde Santa Fe
COMUNICAR IGUALDAD- La abogada Lucía Puyol milita por los derechos de las mujeres e integra Mujeres para la Victoria, una agrupación política que ha impulsado la redacción y tratamiento de un proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de violencia de género en la provincia. Se trata de una iniciativa –que hace dos semanas obtuvo la media sanción de Diputados– que apunta a brindar mayores herramientas al Poder Ejecutivo para poder implementar políticas de atención y prevención de ese tipo de violencias.
La propuesta surgió como respuesta a la gran cantidad de femicidios que se registraron en Santa Fe. En los primeros nueve meses del año hubo 19, según un relevamiento realizado, sobre casos publicados en los medios de comunicación,por Mercedes Pagnutti, integrante del equipo de trabajo de la concejala rosarina Norma López (FPV). La cifra es alta incluso para la segunda provincia, según ese mismo listado, con más crímenes machistas del país.
Al respecto, detalló que “la Ley de Emergencia es una herramienta para que el Ejecutivo pueda reasignar recursos durante dos años con el objetivo de que se ejecuten políticas y acciones tendientes a garantizar la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres”. Y, consultada sobre por qué cree que se llega a necesitar una normativa de esa índole, explicó: “Considero que llegamos a esta situación de violencia en Santa Fe porque no se atienden todas las líneas de trabajo necesarias. No alcanza con la capacitación en talleres a empleados y funcionarios públicos, es necesaria la intervención activa del Estado y esto es lo que no hay o lo que hay es insuficiente. La violencia de género no está como prioridad en la agenda pública porque si fuera así tendría recursos humanos y económicos, sin presupuesto no hay política pública”.
En ese sentido, la directora provincial de Políticas de Género, Mercedes Martorell, reconoció que “cualquier instrumento que dé la posibilidad de ampliar e implementar políticas públicas, que colabore en todas las tareas que estamos haciendo, es bienvenido”.
Aunque rechazó las críticas al trabajo que se encara en la provincia. “Más allá de la cantidad de crímenes, nosotros no queremos que haya una sola mujer que padezca esta situación. En la provincia la idea es luchar contra la violencia de género de manera transversal desde toda la gestión”, marcó e insistió en que se está implementando un Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos que abarca a todos los organismos del Estado y que apunta a generar políticas públicas con perspectiva de género y, a la vez, acompañar un proceso de transformación cultural con intervenciones en concreto en lugares no convencionales y de cercanía. Además resaltó que todas las denuncias por violencia que se informaron a la dependencia que dirige fueron atendidas y que en ninguno de esos más de 600 casos la situación empeoró, por el contrario se logró una atención integral que permitió preservar la integridad de las mujeres y promover su empoderamiento. “Para mí es importante que las mujeres se animen a denunciar, que busquen ayuda porque podemos ayudarlas”, marcó.
Las críticas de la oposición fueron muchas pero se pueden resumir en tres puntos claves: los refugios para víctimas, la línea gratuita para denunciar y los protocolos de atención de las mujeres que llegan a denunciar.
En cuanto al primer tema, la provincia cuenta con 12 casas de amparo en todo el territorio y las mismas están disponibles a partir de convenios con municipios y comunas o con ONG’s que trabajan la temática. “Es un tema complejo porque no tenemos todas las que quisiéramos. Nosotros estamos alentando que cada municipio o comuna pueda tener su espacio para la atención de esos casos”, dijo Martorell aunque agregó que el paradigma con el que se trabaja es diferente: “Nosotros aspiramos a que la mujer víctima de violencia de género sea la que se quede en la casa, que no sea ella la que cambie su vida sino que sea el agresor el que se vaya y no la moleste más. En eso estamos teniendo un diálogo muy interesante y cooperante con los jueces de familia, así que nos hemos comprometido a seguir viendo cómo articular las acciones para que los agresores no sigan molestado”.
Respecto a la habilitación de una línea telefónica gratuita de denuncia la funcionaria dijo que se están cumpliendo los plazos administrativos para poner en funciones a las personas seleccionadas mediante un concurso público.
Pero sobre los protocolos de atención la situación actual es más compleja. “Es necesario optimizar la intervención policial en la recepción de denuncias de violencia familiar. Actualmente existe una sola Comisaría de la Mujer en la ciudad, que también atiende la problemática de abuso sexual y trata de personas. Asimismo, no se realiza, como en cualquier otro delito que se denuncie, una derivación y comunicación inmediata a la fiscalía, sino que las mujeres, luego de denunciar en la comisaría deben hacerlo también en fiscalía”, remarcó Puyol. Martorell reconoció, en una reunión con diputados provinciales, que ante una denuncia la orden es que la policía se comunique directamente con ella.
Emergencia y políticas
Hace dos semanas obtuvo media sanción en Santa Fé un proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de violencia de género. La propuesta surgió como respuesta a la gran cantidad de femicidios que se registraron en Santa Fe: en los primeros nueve meses del año hubo 19, según un relevamiento realizado sobre casos publicados en los medios de comunicación. La directora de Políticas de Género de la provincia, y una militante de la oposición, relatan el panorama del debe y el haber en la atención de mujeres víctimas de violencia.
Por Victoria Rodriguez, desde Santa Fe
COMUNICAR IGUALDAD- La abogada Lucía Puyol milita por los derechos de las mujeres e integra Mujeres parala Victoria , una agrupación política que ha impulsado la redacción y tratamiento de un proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de violencia de género en la provincia. Se trata de una iniciativa –que hace dos semanas obtuvo la media sanción de Diputados– que apunta a brindar mayores herramientas al Poder Ejecutivo para poder implementar políticas de atención y prevención de ese tipo de violencias.
La propuesta surgió como respuesta a la gran cantidad de femicidios que se registraron en Santa Fe. En los primeros nueve meses del año hubo 19, según un relevamiento realizado, sobre casos publicados en los medios de comunicación, por Mercedes Pagnutti, integrante del equipo de trabajo de la concejala rosarina Norma López (FPV). La cifra es alta incluso para la segunda provincia, según ese mismo listado, con más crímenes machistas del país.
Al respecto, detalló que “la Ley de Emergencia es una herramienta para que el Ejecutivo pueda reasignar recursos durante dos años con el objetivo de que se ejecuten políticas y acciones tendientes a garantizar la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres”. Y, consultada sobre por qué cree que se llega a necesitar una normativa de esa índole, explicó: “Considero que llegamos a esta situación de violencia en Santa Fe porque no se atienden todas las líneas de trabajo necesarias. No alcanza con la capacitación en talleres a empleados y funcionarios públicos, es necesaria la intervención activa del Estado y esto es lo que no hay o lo que hay es insuficiente. La violencia de género no está como prioridad en la agenda pública porque si fuera así tendría recursos humanos y económicos, sin presupuesto no hay política pública”.
En ese sentido, la directora provincial de Políticas de Género, Mercedes Martorell, reconoció que “cualquier instrumento que dé la posibilidad de ampliar e implementar políticas públicas, que colabore en todas las tareas que estamos haciendo, es bienvenido”.
Aunque rechazó las críticas al trabajo que se encara en la provincia. “Más allá de la cantidad de crímenes, nosotros no queremos que haya una sola mujer que padezca esta situación. En la provincia la idea es luchar contra la violencia de género de manera transversal desde toda la gestión”, marcó e insistió en que se está implementando un Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos que abarca a todos los organismos del Estado y que apunta a generar políticas públicas con perspectiva de género y, a la vez, acompañar un proceso de transformación cultural con intervenciones en concreto en lugares no convencionales y de cercanía. Además resaltó que todas las denuncias por violencia que se informaron a la dependencia que dirige fueron atendidas y que en ninguno de esos más de 600 casos la situación empeoró, por el contrario se logró una atención integral que permitió preservar la integridad de las mujeres y promover su empoderamiento. “Para mí es importante que las mujeres se animen a denunciar, que busquen ayuda porque podemos ayudarlas”, marcó.
Las críticas de la oposición fueron muchas pero se pueden resumir en tres puntos claves: los refugios para víctimas, la línea gratuita para denunciar y los protocolos de atención de las mujeres que llegan a denunciar.
En cuanto al primer tema, la provincia cuenta con 12 casas de amparo en todo el territorio y las mismas están disponibles a partir de convenios con municipios y comunas o con ONG’s que trabajan la temática. “Es un tema complejo porque no tenemos todas las que quisiéramos. Nosotros estamos alentando que cada municipio o comuna pueda tener su espacio para la atención de esos casos”, dijo Martorell aunque agregó que el paradigma con el que se trabaja es diferente: “Nosotros aspiramos a que la mujer víctima de violencia de género sea la que se quede en la casa, que no sea ella la que cambie su vida sino que sea el agresor el que se vaya y no la moleste más. En eso estamos teniendo un diálogo muy interesante y cooperante con los jueces de familia, así que nos hemos comprometido a seguir viendo cómo articular las acciones para que los agresores no sigan molestado”.
Respecto a la habilitación de una línea telefónica gratuita de denuncia la funcionaria dijo que se están cumpliendo los plazos administrativos para poner en funciones a las personas seleccionadas mediante un concurso público.
Pero sobre los protocolos de atención la situación actual es más compleja. “Es necesario optimizar la intervención policial en la recepción de denuncias de violencia familiar. Actualmente existe una sola Comisaría dela Mujer en la ciudad, que también atiende la problemática de abuso sexual y trata de personas. Asimismo, no se realiza, como en cualquier otro delito que se denuncie, una derivación y comunicación inmediata a la fiscalía, sino que las mujeres, luego de denunciar en la comisaría deben hacerlo también en fiscalía”, remarcó Puyol. Martorell reconoció, en una reunión con diputados provinciales, que ante una denuncia la orden es que la policía se comunique directamente con ella.
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