Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 24 septiembre, 2013
Historias de discriminación, violencia y de muerte que se transforman en casos emblemáticos. En este relato, dos muestras de que la violencia institucional y las y los responsables de ejercerla no solo matan, sino también pretenden ocultar, olvidar y borrar toda huella de identidad en las personas en situación de cárcel.
Por Laura Salomé Canteros
COMUNICAR IGUALDAD- Entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo penitenciario IV, antes Unidad 3, de la ciudad de Ezeiza. “Mi hija fue una de ellas –resume Alfredo C.- y a pocos meses de cumplirse el primer aniversario de su muerte aun no están claras las causas pero si es clara la responsabilidad de las y los agentes del Estado que la mantenían bajo su guarda”. Reclama justicia y expresa que “es de suma importancia dar a conocer los hechos para que el Servicio Penitenciario Federal no siga actuando impunemente. La represión y las amenazas se incrementan día tras día especialmente con quienes eran compañeras de mi hija. Hay internas con fracturas, con suturas en el cuero cabelludo, con severos cuadros de neumonía y marcas sobre su cuerpo producto de las torturas”.
Ésta es la “cárcel de mujeres” con mayor nivel de conflictividad. Luego de más de una década sin registros de muertes violentas -aquellas que resultan consecuencia de un homicidio, suicidio, accidente, o cualquier causa dudosa, pero siempre traumáticas-, éstas se sucedieron replicando en gran medida características similares. Eran chicas jóvenes, atravesadas por diferentes problemáticas, sometidas a sanciones de aislamiento y al ejercicio de violencia física y abuso de poder por parte del personal penitenciario.
Alfredo C. dice que “muchas personas detenidas de diferentes prisiones del país constantemente están denunciando ante autoridades y ante el Poder Judicial, pero se encuentran frente a la inoperancia o el desinterés político y social. Se viola de esta manera por acción u omisión el derecho de la persona, sometiéndola a un trato cruel, inhumano y degradante, lo que pone en evidencia una práctica represiva. Estos hechos son típicos de la dictadura militar y siguen vigentes en plena democracia. Salvo contadas excepciones, son escasas las voces que se elevan para denunciar” y continúa, “hoy quiero sumarme a estas voces, con la clara idea de que hacer público este reclamo es una forma de sumarme a la lucha por los derechos humanos”.
Alfredo reclama la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención, sancionado en noviembre de 2012 y promulgado en enero de este año y concluye: “es importante que nos sumemos a esta lucha para así evitar que en las cárceles se sigan aplicando el método represivo de muertes, torturas y humillación”.
El calvario de Jessica: castigada por ser trans
“Dicen que soy puto y que no me pertenece estar aquí. Se vulnera mi derecho a un alojamiento digno y trato igualitario agravando de este modo mi estado de detención. Este tipo de maltrato a la población trans a la cual pertenezco es cotidiana aun en la sociedad, mucho más en el ámbito de encierro”. De esta manera relataba Jessica al Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (provincia de Buenos Aires) lo que vivía en la Unidad N° 12 de Gorina, La Plata en febrero de 2012.
Jessica G. F. padeció continuas situaciones de violencia sexual, física y psicológica fundamentalmente de parte de integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Fue violada en dos oportunidades –una en el penal de máxima seguridad de Sierra Chica y la otra en el de Florencio Varela- y contrajo VIH. Su historia de encierro visibiliza como ninguna el mal desempeño y la incomprensión de las instituciones, el abuso de poder y las condiciones inhumanas que sufren las personas trans en situación de cárcel.
Jessica padeció la discriminación y el aislamiento a causa de traslados constantes dentro de un régimen cerrado de detención durante casi un año, a pesar de que, por no existir condición digna de alojamiento, y más teniendo en cuenta su enfermedad, debiera haber gozado de un régimen abierto. No obstante, fue revictimizada con sanciones violatorias de los principios generales de derechos humanos que deben regir el trato de las personas detenidas. Por ejemplo, una de las resoluciones judiciales cita “la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”. De esta manera el Poder Judicial entendió el proceso de construcción identitaria de Jessica, como una discapacidad.
Saber la verdad. Respetar la identidad
Historias de discriminación, violencia y de muerte que se transforman en casos emblemáticos. En este relato, dos muestras de que la violencia institucional y las y los responsables de ejercerla no solo matan, sino también pretenden ocultar, olvidar y borrar toda huella de identidad en las personas en situación de cárcel.
Por Laura Salomé Canteros
COMUNICAR IGUALDAD- Entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo penitenciario IV, antes Unidad 3, de la ciudad de Ezeiza. “Mi hija fue una de ellas –resume Alfredo C.- y a pocos meses de cumplirse el primer aniversario de su muerte aun no están claras las causas pero si es clara la responsabilidad de las y los agentes del Estado que la mantenían bajo su guarda”. Reclama justicia y expresa que “es de suma importancia dar a conocer los hechos para que el Servicio Penitenciario Federal no siga actuando impunemente. La represión y las amenazas se incrementan día tras día especialmente con quienes eran compañeras de mi hija. Hay internas con fracturas, con suturas en el cuero cabelludo, con severos cuadros de neumonía y marcas sobre su cuerpo producto de las torturas”.
Ésta es la “cárcel de mujeres” con mayor nivel de conflictividad. Luego de más de una década sin registros de muertes violentas -aquellas que resultan consecuencia de un homicidio, suicidio, accidente, o cualquier causa dudosa, pero siempre traumáticas-, éstas se sucedieron replicando en gran medida características similares. Eran chicas jóvenes, atravesadas por diferentes problemáticas, sometidas a sanciones de aislamiento y al ejercicio de violencia física y abuso de poder por parte del personal penitenciario.
Alfredo C. dice que “muchas personas detenidas de diferentes prisiones del país constantemente están denunciando ante autoridades y ante el Poder Judicial, pero se encuentran frente a la inoperancia o el desinterés político y social. Se viola de esta manera por acción u omisión el derecho de la persona, sometiéndola a un trato cruel, inhumano y degradante, lo que pone en evidencia una práctica represiva. Estos hechos son típicos de la dictadura militar y siguen vigentes en plena democracia. Salvo contadas excepciones, son escasas las voces que se elevan para denunciar” y continúa, “hoy quiero sumarme a estas voces, con la clara idea de que hacer público este reclamo es una forma de sumarme a la lucha por los derechos humanos”.
Alfredo reclama la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención, sancionado en noviembre de 2012 y promulgado en enero de este año y concluye: “es importante que nos sumemos a esta lucha para así evitar que en las cárceles se sigan aplicando el método represivo de muertes, torturas y humillación”.
El calvario de Jessica: castigada por ser trans
“Dicen que soy puto y que no me pertenece estar aquí. Se vulnera mi derecho a un alojamiento digno y trato igualitario agravando de este modo mi estado de detención. Este tipo de maltrato a la población trans a la cual pertenezco es cotidiana aun en la sociedad, mucho más en el ámbito de encierro”. De esta manera relataba Jessica al Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (provincia de Buenos Aires) lo que vivía en la Unidad N° 12 de Gorina, La Plata en febrero de 2012.
Jessica G. F. padeció continuas situaciones de violencia sexual, física y psicológica fundamentalmente de parte de integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Fue violada en dos oportunidades –una en el penal de máxima seguridad de Sierra Chica y la otra en el de Florencio Varela- y contrajo VIH. Su historia de encierro visibiliza como ninguna el mal desempeño y la incomprensión de las instituciones, el abuso de poder y las condiciones inhumanas que sufren las personas trans en situación de cárcel.
Jessica padeció la discriminación y el aislamiento a causa de traslados constantes dentro de un régimen cerrado de detención durante casi un año, a pesar de que, por no existir condición digna de alojamiento, y más teniendo en cuenta su enfermedad, debiera haber gozado de un régimen abierto. No obstante, fue revictimizada con sanciones violatorias de los principios generales de derechos humanos que deben regir el trato de las personas detenidas. Por ejemplo, una de las resoluciones judiciales cita “la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”. De esta manera el Poder Judicial entendió el proceso de construcción identitaria de Jessica, como una discapacidad.
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