Siete años de impunidad y violencia de género en el caso Lebbos

El martes 26 de febrero, en San Miguel de Tucumán, Paulina Lebbos va a ser recordada a través de una intensa jornada de lucha. La joven fue asesinada en 2006, pero no hay personas imputadas y la investigación no avanza. Alberto Lebbos, padre de Paulina, es querellante, ha denunciado a las autoridades de Tucumán por encubrimiento y espera que la presidenta Cristina Fernández intervenga en el caso. En este artículo reflexiona sobre la impunidad, y la violencia de género que muestra el caso de su hiija.

Por Alejandra Waigandt

Paulina Lebbos fue asesinada en Tucumán hace 7 años y su caso continua sin que hayan encontrado personas culpables. El 26 de febrero se realiza una jornada contra la impunidad en la Plaza Independencia de esa provincia. Desde que la joven fue secuestrada y asesinada en 2006, la familia Lebbos y la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán organizan una marcha todos los martes y los días 26 de febrero una jornada de lucha. Paulina fue estrangulada, tenía destrozada la zona genital y el curo cabelludo arrancado, pero tras siete años de investigación no hay ningún imputado y la causa se encuentra paralizada.

Alberto Lebbos, el padre de Paulina, ha denunciado en varias oportunidades que existen irregularidades que obstaculizan la investigación e involucrarían a funcionarios policiales y judiciales y al gobernador de Tucumán José Alperovich. Hace 2 semanas solicitó una audiencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y aguarda una respuesta. Cree que únicamente CFK puede revertir esta situación de impunidad. En tanto, el Ejecutivo Nacional designó como representante en este tema al abogado Bernardo Lobo Bugeau, de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El funcionario kirchnerista solicitó al fiscal tucumano Carlos Albaca, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 2, copias del expediente con la investigación del crimen de Paulina Lebbos. Hasta el cierre de este artículo, Albaca no se las había entregado y Lobo Bugeau declaraba a la prensa que “protocolos del Convenio de Ginebra establecieron el derecho que le asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros”.

Cuando Paulina Lebbos fue asesinada, estaba en pareja, tenía una hija de 5 años, 3 hermanas y 1 hermano; su madre falleció poco después de la tragedia -la familia Lebbos integra la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán, que nace con la desaparición de la joven Lebbos, pero la componen familiares y víctimas de diferentes crímenes impunes-. Paulina cursaba el tercer año de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Tucumán. Sus compañera/os y miembros del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras fueron los primeros en movilizarse para reclamar justicia por el crimen de su amiga.

“Paulinita era una chinita como muchos jóvenes de este país, estaba llena de sueños, estaba tan entusiasmada con su carrera de comunicación. Brindaba apoyo escolar a los niños de Alderete (ciudad tucumana, lindera a la Capital). Hacía mucha vida comunitaria. Se preocupaba por el desayuno de estos niños. Era muy solidaria. Le gustaba mucho escribir, escribía poesías… y estos infames asesinos, y estos encubridores que los protegen, es terrible”, se lamentó Lebbos cuando explicó a COMUNICAR IGUALDAD quién era su hija y los estragos que ha causado su homicidio en la familia Lebbos. “Fue una cosa tan dura, Victoria, la hija de Paulina, era muy chiquita, ahora vive con nosotros. Yo volví a casarme y tengo otro hijito, Pedrito. Todos estos años nos han acompañado profesionalmente. Victoria ya tiene 13 años y tratamos de preservarla. Es que nuestra lucha está en todas partes, en los afiches que colocamos en Alderete y otros lugares”.

El crimen

Según la investigación que lleva adelante Lebbos sobre el asesinato de Paulina –si bien es querellante en la causa, nunca le permitieron acceder al expediente oficial con la investigación correspondiente- el 26 de febrero de 2006 su hija y Virginia Mercado salieron de un boliche en el pueblo de Alderete y tomaron un remis que las trasladó hasta la vivienda de Mercado, donde Paulina recuperó su mochila. Luego siguió en el mismo remis hasta el hogar que compartía con su novio César Soto, quien declaró que la joven nunca llegó a destino. Alberto Lebbos denunció la desaparición de su hija ese mismo día, pero la policía señaló que seguramente se trataba de una fuga del hogar y descartó la posibilidad de un delito.

“Desde el mismo momento en que Alberto hizo la denuncia de la desaparición de Paulina, las autoridades la descalificaron, la demonizaron”, se queja el abogado de la familia Lebbos, Emilio Mrad, quien aseguró a COMUNICAR IGUALDAD que este posicionamiento machista se repite luego en la investigación judicial. “Dicen que Paulina estuvo en una fiesta con gente del poder. Esta es una manera de descalificarla. Nadie dice que era una estudiante avanzada de Ciencias de la Comunicación, que era bibliotecaria, que trabajaba en forma voluntaria en una zona rural, nadie habla de las virtudes de esta chica”, insiste el abogado.

El cuerpo de Paulina fue encontrado por lugareños a la vera de la ruta Nº 341 el 11 de marzo de 2006. Según la autopsia la joven fue estrangulada y falleció asfixiada. Ni bien se inició la investigación, que lleva 7 años sin ninguna persona imputada, Lebbos denunció a varios funcionarios por irregularidades como la falsificación de datos. Según el padre de Paulina, el ex jefe de policía Hugo Sánchez y ex subjefe Nicolás Barrera encubrieron este homicidio. “Encontraron el cuerpo de mi hija a las 2 de la tarde, pero notificaron el hallazgo 4 horas después. En ese tiempo prepararon la declaración falsa de los hermanos Goitia (los lugareños que hallaron el cadáver), limpiaron y desmalezaron el lugar. Las pruebas que rodeaban al cuerpo se perdieron para siempre. Se tomaron fotos que nunca aparecieron. Adulteraron las actas de procedimiento y nunca se consiguió el cruce de llamados telefónicos entre el gobernador y (Pablo) Baillo (ex ministro de Seguridad), con el jefe de Policía y el sub jefe, entre el 26 de febrero y el 11 de marzo. Baillo terminó renunciando, pero continúa trabajando para Alperovich en el cargo de asesor”, comenta indignado Lebbos. También fueron denunciados el secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella; el ex jefe de la Regional Norte, Rubén Brito, y el comisario de Roco Enrique García, quién reconoció haber ordenado la adulteración de las actas, pero con el tiempo ascendió a jefe de Logística.

Para Lebbos la figura del gobernador de Tucumán José Alperovich es la calve de la impunidad que impide avanzar en el caso de Paulina. “Estamos gobernados por una persona que hace 7 años salió a decir por todos los medios que conocía el nombre del asesino de mi hija, después nunca lo dijo y termina protegiendo a todos los encubridores”. Lebbos cuenta que en una movilización de 2011 se cruzaron con el mandatario “y se nos ríe en la cara”. Alperovich transita su tercer mandato consecutivo como gobernador de Tucumán, sin embargo Lebbos no tiene confianza en los podres Ejecutivo y Judicial, ni en la Policía tucumana, por eso reclama que CFK intervenga designando una comisión especial para encargarse de la investigación del crimen de Paulina.

La abogada feminista Soledad Deza, representante por el NOA de la Asociación Argentina de Mujeres Juristas, explica a COMUNICAR IGUALDAD que en el caso de Lebbos “llama la atención que la investigación lleve siete años sin que la misma se haya clausurado o se vaya a juicio oral”. Para la abogada es dudoso que la investigación no tenga ninguna persona imputada. El Gobierno nacional no tiene injerencia en los tribunales federales, sin embargo ha designado a Bernardo Lobbo Bougeau como veedor –el abogado se desempeñó en la Secretaría de Derechos Humanos durante la primera gestión de Alperovich y terminó renunciando. “Es una medida inédita”, señala Deza, que sin embargo entiende que el impulso debe originarse en el seno mismo del Poder Judicial de Tucumán, que tiene competencia en este caso. En ese sentido reclama la formación en género de la/os magistrada/os que intervienen en casos de violencia de género.

El machismo

“En todos los casos aberrantes en los que he actuado como querellante y las víctimas han sido mujeres, siempre las autoridades encargadas de la investigación, desde el Ministerio de Gobierno, hasta la Policía, la Fiscalía y la Justicia, siempre han tratado de demonizar a las víctimas. Tratan de justificar lo ocurrido en el comportamiento de las víctimas”, describe el abogado Emilio Mrad, quien confia en que casos como el de Lebbos lo desgastan mucho. “No hay forma de no involucrarse, son crímenes terribles, sufren familias enteras y las autoridades terminan atormentando a estas familias. Esta situación describe a nuestra sociedad, donde la seguridad es manejada por la generación que participó activamente en delitos de lesa humanidad”.

Mrad se refiere en parte a la cultura machista que revictimiza a la mujer, la discrimina y descalifica, la trata como un objeto, la desecha, tan extendida entre jueces y fiscales y funcionarios políticos en las provincias. Un caso emblemático en este sentido fue el de María Soledad Morales en Catamarca en 1990, donde la movilización de la ciudadanía logró el encarcelamiento de Guillermo Luque y Luis Tula, que ya cumplieron su condena y ahora están en libertad. No obstante, el caso de María Soledad modificó la distribución del poder en dicha provincia, que hasta la década del 90’ fue hegemonía de la familia Sadi.

El machismo también se impone entre quienes pierden seres queridos debido a la violencia de género; esta cultura con consecuencias nefasta para las mujeres se evidencia por ejemplo en la composición de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán, mayoritariamente femenina, pese a que también son padres, hermanos e hijos quienes resultan afectados por estos crímenes de odio. Alberto Lebbos ha reflexionado sobre este tema y explica que “estos crímenes impactan mucho al hombre, se trata del macho que no ha podido proteger. En nuestra sociedad, los padres tenemos el rol de proveer y proteger, y frente a estos casos el hombre queda muy golpeado. Esto ocurre en otras provincias también, donde los papás quedan muy afectados. Personalmente tengo un gran apoyo de mi familia, de la familia de mi primera esposa y de la familia de mi esposa actual. Es muy importante que en estas luchas se involucren todos los papás, las familias y la sociedad. Lamentablemente en nuestras provincias, donde el poder está muy concentrado, hay mucha insensibilidad. La única manera de transformar esta realidad es una profunda lucha”.

Por su parte, el abogado Emilio Mrad agrega que además de la lucha por el esclarecimiento de los crímenes aberrantes de mujeres tucumanas, hay que incorporar el enfoque de género en la educación. Se puede avanzar en legislaciones, opina el letrado, por ejemplo castigando el femicidio, pero difícilmente haya una transformación si la misma no se origina desde la educación.

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