Duro debate en Mendoza por el reconocimiento de los derechos reproductivos
Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 13 noviembre, 2012
Está muy debatida en Mendoza la adhesión a la Guía Técnica de Abortos No Punibles que regula el acceso al aborto para las mujeres víctimas de violación y en otras causales, tal como indica el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ante la inacción del Ejecutivo sobre el tema luego del fallo de marzo del 2012, una diputada presentó un proyecto que fue aprobado en la Cámara Baja en septiembre, pero que está trabado en el Senado y hay rumores de que se lo dejaría caer. En su lugar, el Ejecutivo dictaría una resolución. Ayer se realizó con amplia convocatoria en el Senado un pedido para que el organismo trate la adhesión a la Guía y hoy se manifestaron los sectores conservadores.
Por Sandra Chaher
COMUNICAR IGUALDAD- El 19 de septiembre fue aprobado en la Cámara Baja de Mendoza un proyecto de una legisladora de la Unión Cívica Radical de adhesión a la Guía Técnica para la Atención de Abortos No Punibles diseñada por el Ministerio de Salud de la Nación, y en concordancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de marzo del 2012. El fallo regula el acceso al aborto en las causales previstas por el Código Penal desde 1921, es decir que no innova en la cuestión. Se suponía que hoy 13 de noviembre la Cámara de Senadores/as trataría a su vez el tema. Sin embargo, la semana pasada, las personas responsables de los bloques partidarios decidieron que esto no se haría y los rumores dicen que se dejaría caer el proyecto. En su lugar, el Ministerio de Salud sacaría en las próximas semanas una resoluciónque establecería la necesidad de examen psicofísico, denuncia penal, plazo para la práctica del aborto y seguimiento de la mujer que se realiza el aborto, requisitos no previstos en el fallo de la CSJN y que obstaculizarían el acceso al derecho en lugar de facilitarlo.
El gobernador de la provincia, Francisco Paco Pérez, fue uno de los mandatarios –junto Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta- que manifestaron su oposición al fallo de la CSJN apenas fue emitido en marzo del 2012. Dijo en ese momento Pérez: «El fallo de la Corte es para un caso particular; no se aplica y no es legislación nacional ni legislación provincial. Nosotros nos regulamos por las normas y no podemos ante cada fallo de la Corte estudiar si se aplica una modificación«. Recientemente volvió a manifestarse en la misma línea diciendo que el protocolo no comprendía a la provincia de Mendoza.
La filiación conservadora del gobernador Pérez es conocida en la provincia. Pocos días antes de las elecciones del 2011 en las que accedió al cargo había manifestado que estaba a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En la misma línea se manifiesta el ministro de Salud de la provincia, Carlos Díaz Russo, quien también en reiteradas oportunidades rechazó el fallo de la CSJN –llegó a decir que la propuesta de la provincia es dar contención a las víctimas de abusos sexuales, pero no aceptar el acceso a la interrupción del embarazo-, enfrentándose por ello con el vicegobernador y con otros/as funcionarios/as. Pocas semanas atrás, la responsable de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social, Alicia Prada, dio una entrevista en la que se mostró favorable a la adhesión de la provincia a la Guía del Ministerio de Salud de la Nación, señalando que se trata de “un protocolo de procedimientos para todos los organismos del Estado, con lo cual no se revictimizaría a las mujeres víctimas de violaciones o que enfrentan problemas de salud para continuar un embarazo, y cada institución u organismo sabría cuál es su tarea específica frente a los casos en que se requiere acceder a un aborto”.
La inacción del Poder Ejecutivo fue denunciada en diversas instancias por organizaciones de la sociedad civil.“Hicimos 5 manifestaciones desde marzo del 2012 –señala Leandro Ferrón, activista por los derechos de género-. Tres frente a la Casa de Gobierno y 2 frente a la Legislatura. Terminó tomando el tema el Poder Legislativo, que no es lo que corresponde.”
Además de las manifestaciones, un grupo de mujeres presentaron a fines de octubre una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Nación para exigir al gobierno provincial la adhesión al artículo 86 del Código Penal. Y otro grupo presentó un amparo judicial solicitando que se le ordenara al gobernador adherir a la Guía Nacional. Ninguna de las dos acciones tuvo aún resolución, pero el gobierno ya hizo su descargo en el amparo en sintonía con las posiciones expresadas por Pérez y Díaz Russo. En un escrito presentado en la causa por el asesor de Gobierno, César Antonio Mosso Giannini, se rechaza el fallo de la CSJN señalando que: «Contrariamente a lo que resulta del contenido de la Guía de la acción y del fallo de la Corte, en los que se considera que el Código Penal autoriza el aborto en sus incisos 1° y 2° del artículo 86, cabe destacar que dichas normas no lo autorizan en absoluto, sino que lo consideran una excusa absolutoria» .
Contradicciones
El rechazo del gobernador al fallo de la CSJN se da al mismo tiempo que su defensa de la reforma constitucional de la provincia, por la que semanas atrás dijoestar dispuesto a “dar la vida”. El proyecto de reforma del Ejecutivo incluye, entre otros temas, la posibilidad de relección del gobernador por un período, posibilidad que actualmente no existe en Mendoza.
Pero también incluye una concepción amplia de los derechos sexuales y reproductivos que es contradictoria con el rechazo planteado al fallo de la CSJN. Si bien no hay mención específica al aborto, ya que las constituciones suelen esbozar principios amplios, tampoco hay referencias al derecho de las personas por nacer, que sí sería coincidente con una postura restrictiva. En su lugar, el apartado correspondiente a derechos sexuales y reproductivos señala: “El también llamado “derecho a la salud reproductiva” es abarcativo de la esfera sexual y reproductiva de toda persona en su concepción integral, comprendiendo el derecho de hombres y mujeres a la información, orientación y prestación de servicios referidos a la salud sexual, la procreación responsable y la protección de la mujer embarazada, reconociendo especial protección y atención a las niñas y adolescentes embarazadas. Su inclusión a nivel constitucional es un paso fundamental en el reconocimiento de la sexualidad como una dimensión fundamental de la dignidad humana y la libertad plena en su desarrollo y realización exige la efectiva protección estatal”.
“Se trata de las contradicciones internas del poder–analiza Ferrón-. Mientras el Poder Ejecutivo busca la reforma constitucional bregando fundamentalmente por la relección, los otros sectores políticos aprovechan para instalar ampliaciones de derechos”.
Conferencia de prensa en la Legislatura de Mendoza instando al Senado a aprobar la adhesión a la Guía Técnica de Abortos No Punibles
Poder Legislativo
Ante la negativa del Poder Ejecutivo para avanzar en sintonía con el fallo de la CSJN, la diputada radical Liliana Vietti presentó un proyecto de adhesión a la Guía elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación –y que está en sintonía con el fallo- que fue aprobado en septiembre en la Cámara Baja. En la Cámara de Senadoras/es, la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista y el Partido Demócrata habían acordado que el 13 de noviembre tratarían el proyecto con media sanción, e incluso habían adelantado que probablemente sería aprobado con la única modificación de pedirle a las mujeres la denuncia que indique que fueron abusadas sexualmente (lo cual incumpliría el fallo de la CSJN que dice que con la sola declaración jurada de la mujer alcanza como prueba de la violación). Sin embargo, la semana pasada el oficialismo pidió dar marcha atrás –presuntamente por presión de los sectores más conservadores dentro del mismo- y que el proyecto siga debatiéndose en las comisiones de Salud y de Legislación y Asuntos Constitucionales hasta que tenga un despacho definitivo.
“En este tema no hay definición del Poder Ejecutivo ni del Legislativo – señaló a COMUNICAR IGUALDAD el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical Armando Camerucci-. Han sido tan cobardes que no dijeron que no con todas las letras. Desde la UCR queremos tratarlo con o sin despacho de comisión. La mayoría de nosotros acuerda con el proyecto que viene de la Cámara Baja. Lo que no queremos es que muera. Hace casi 60 dias que está en la Comisión de Salud, se recibió a todo el mundo, pero aún no hay despacho, y luego le quedaría la comisión de Legislación.”
Alejandra Naman, senadora por Nuevo Encuentro, ve muy difícil la posibilidad de que el proyecto salga. Mientras habla por teléfono, se escucha de fondo una manifestación que se está haciendo hoy 13 de noviembre frente a la Legislatura para impedir que el proyecto se convierta en ley. “Hay muchas resistencias transversales, en todos los partidos, tanto en relación a la denuncia penal como a la posibilidad de que accedan al aborto no punible las chicas menores de edad. Hay muchas presiones sobre el Senado. Yo recibí cartas de todo tipo, como si estuviera a favor de la muerte. El tema es abordado por los sectores conservadores y por los medios de comunicación como si la adhesión a la Guía del Ministerio de Salud de la Nación implicara la legalización del aborto. Hemos tenido 5 audiencias en las que el 80% de las personas que vinieron de la sociedad civil pertenecían a estos sectores, el expediente que llegó al Senado con un cuerpo ahora tiene tres. Yo creo que falta explicar mejor a la ciudadanía que la adhesión a la Guía no es la legalización, pero también falta que los medios consulten a todas las personas, porque no lo están haciendo. Y también que los legisladores sean menos permeables a las presiones; había algunas personas que estaban dudosas y con estas manifestaciones se van a inclinar por el no.”
Reclamo ante el Senado
En este contexto, fue presentada ayer en el Senado una carta solicitando audiencia con los presidentes de todos los bloques para abordar la demora en el tratamiento del proyecto. La carta fue firmada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas muchas que se sumaron por primera vez al reclamo –y con el acompañamiento de legisladoras y referentes académicas y sindicales-: Colectiva feminista Las Juanas y las Otras, CLADEM, Fundación Ecuménica de Cuyo, Colectiva feminista Ultravioletas, La Otredad, Varones Antipatriarcales, Sociedad Humanista-Ética Argentina Deodoro Roca, La Minga, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, MUMALA: Mujeres de la Matria Latinoamericana, Casa por la Memoria y la Cultura Popular, Acción Ciudadana para la Integración de la Diversidad Sexual, Comité editorial Revista “… y aparte”, Agrupación 15 de Julio, Mendocinxs por la igualdad, Corriente Nacional de la Militancia Mendoza, Movimiento de Mujeres en Acción, Raquel Blas (secretaria general de ATE Mendoza), Consejo Directivo provincial ATE, Secretaria de Género de la CTA, Pan y Rosas, Mujeres en Movimiento, y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – MEDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH-.
En la justificación del pedido de audiencia, las personas firmantes señalan: “Obstaculizar el acceso al aborto no punible afecta con mayor profundidad y crudeza a algunas mujeres y niñas de acuerdo al género, a la clase social, a la edad, a la procedencia étnica. Concretamente a las mujeres y niñas pertenecientes a sectores populares, las pobres, las que acceden a la salud en el subsistema público y las que ven disminuidas sus posibilidades de acceso a la justicia. La suma de todas estas violencias tiene nombre y apellido en nuestro país: Ana María Acevedo”.
“En esta presentación ampliamos la convocatoria –explica Mariana Hellin, integrante de la Asociación de Abogados/as por los Derechos Humanos de las Mujeres, una de las organizaciones que sostuvo la lucha por los no punibles desde marzo- y tuvimos la sorpresa de que se sumaran muchos sectores que antes no se habían manifestado sobre el tema, como ATE. Estamos frente a la necesidad de sumar fuerzas para que el tema salga pero también en la calle, donde los sectores fundamentalistas son muchos y están muy organizados.Nos acompañaron también dos senadoras, la diputada Vietti, y mandaron su adhesión diputados de La Cámpora, lo cual es muy bueno porque es el PJ el que está frenando el tema dentro del Senado. Los senadores no están viendo el enorme consenso que tiene el tema.”
Duro debate en Mendoza por el reconocimiento de los derechos reproductivos
Está muy debatida en Mendoza la adhesión a la Guía Técnica de Abortos No Punibles que regula el acceso al aborto para las mujeres víctimas de violación y en otras causales, tal como indica el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ante la inacción del Ejecutivo sobre el tema luego del fallo de marzo del 2012, una diputada presentó un proyecto que fue aprobado en la Cámara Baja en septiembre, pero que está trabado en el Senado y hay rumores de que se lo dejaría caer. En su lugar, el Ejecutivo dictaría una resolución. Ayer se realizó con amplia convocatoria en el Senado un pedido para que el organismo trate la adhesión a la Guía y hoy se manifestaron los sectores conservadores.
Por Sandra Chaher
COMUNICAR IGUALDAD- El 19 de septiembre fue aprobado en la Cámara Baja de Mendoza un proyecto de una legisladora de la Unión Cívica Radical de adhesión a la Guía Técnica para la Atención de Abortos No Punibles diseñada por el Ministerio de Salud de la Nación, y en concordancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de marzo del 2012. El fallo regula el acceso al aborto en las causales previstas por el Código Penal desde 1921, es decir que no innova en la cuestión. Se suponía que hoy 13 de noviembre la Cámara de Senadores/as trataría a su vez el tema. Sin embargo, la semana pasada, las personas responsables de los bloques partidarios decidieron que esto no se haría y los rumores dicen que se dejaría caer el proyecto. En su lugar, el Ministerio de Salud sacaría en las próximas semanas una resolución que establecería la necesidad de examen psicofísico, denuncia penal, plazo para la práctica del aborto y seguimiento de la mujer que se realiza el aborto, requisitos no previstos en el fallo de la CSJN y que obstaculizarían el acceso al derecho en lugar de facilitarlo.
El gobernador de la provincia, Francisco Paco Pérez, fue uno de los mandatarios –junto Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta- que manifestaron su oposición al fallo de la CSJN apenas fue emitido en marzo del 2012. Dijo en ese momento Pérez: «El fallo de la Corte es para un caso particular; no se aplica y no es legislación nacional ni legislación provincial. Nosotros nos regulamos por las normas y no podemos ante cada fallo de la Corte estudiar si se aplica una modificación«. Recientemente volvió a manifestarse en la misma línea diciendo que el protocolo no comprendía a la provincia de Mendoza.
La filiación conservadora del gobernador Pérez es conocida en la provincia. Pocos días antes de las elecciones del 2011 en las que accedió al cargo había manifestado que estaba a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En la misma línea se manifiesta el ministro de Salud de la provincia, Carlos Díaz Russo, quien también en reiteradas oportunidades rechazó el fallo de la CSJN –llegó a decir que la propuesta de la provincia es dar contención a las víctimas de abusos sexuales, pero no aceptar el acceso a la interrupción del embarazo-, enfrentándose por ello con el vicegobernador y con otros/as funcionarios/as. Pocas semanas atrás, la responsable de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social, Alicia Prada, dio una entrevista en la que se mostró favorable a la adhesión de la provincia a la Guía del Ministerio de Salud de la Nación, señalando que se trata de “un protocolo de procedimientos para todos los organismos del Estado, con lo cual no se revictimizaría a las mujeres víctimas de violaciones o que enfrentan problemas de salud para continuar un embarazo, y cada institución u organismo sabría cuál es su tarea específica frente a los casos en que se requiere acceder a un aborto”.
La inacción del Poder Ejecutivo fue denunciada en diversas instancias por organizaciones de la sociedad civil. “Hicimos 5 manifestaciones desde marzo del 2012 –señala Leandro Ferrón, activista por los derechos de género-. Tres frente a la Casa de Gobierno y 2 frente a la Legislatura. Terminó tomando el tema el Poder Legislativo, que no es lo que corresponde.”
Además de las manifestaciones, un grupo de mujeres presentaron a fines de octubre una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Nación para exigir al gobierno provincial la adhesión al artículo 86 del Código Penal. Y otro grupo presentó un amparo judicial solicitando que se le ordenara al gobernador adherir a la Guía Nacional. Ninguna de las dos acciones tuvo aún resolución, pero el gobierno ya hizo su descargo en el amparo en sintonía con las posiciones expresadas por Pérez y Díaz Russo. En un escrito presentado en la causa por el asesor de Gobierno, César Antonio Mosso Giannini, se rechaza el fallo de la CSJN señalando que: «Contrariamente a lo que resulta del contenido de la Guía de la acción y del fallo de la Corte, en los que se considera que el Código Penal autoriza el aborto en sus incisos 1° y 2° del artículo 86, cabe destacar que dichas normas no lo autorizan en absoluto, sino que lo consideran una excusa absolutoria» .
Contradicciones
El rechazo del gobernador al fallo de la CSJN se da al mismo tiempo que su defensa de la reforma constitucional de la provincia, por la que semanas atrás dijo estar dispuesto a “dar la vida”. El proyecto de reforma del Ejecutivo incluye, entre otros temas, la posibilidad de relección del gobernador por un período, posibilidad que actualmente no existe en Mendoza.
Pero también incluye una concepción amplia de los derechos sexuales y reproductivos que es contradictoria con el rechazo planteado al fallo de la CSJN. Si bien no hay mención específica al aborto, ya que las constituciones suelen esbozar principios amplios, tampoco hay referencias al derecho de las personas por nacer, que sí sería coincidente con una postura restrictiva. En su lugar, el apartado correspondiente a derechos sexuales y reproductivos señala: “El también llamado “derecho a la salud reproductiva” es abarcativo de la esfera sexual y reproductiva de toda persona en su concepción integral, comprendiendo el derecho de hombres y mujeres a la información, orientación y prestación de servicios referidos a la salud sexual, la procreación responsable y la protección de la mujer embarazada, reconociendo especial protección y atención a las niñas y adolescentes embarazadas. Su inclusión a nivel constitucional es un paso fundamental en el reconocimiento de la sexualidad como una dimensión fundamental de la dignidad humana y la libertad plena en su desarrollo y realización exige la efectiva protección estatal”.
“Se trata de las contradicciones internas del poder –analiza Ferrón-. Mientras el Poder Ejecutivo busca la reforma constitucional bregando fundamentalmente por la relección, los otros sectores políticos aprovechan para instalar ampliaciones de derechos”.
Conferencia de prensa en la Legislatura de Mendoza instando al Senado a aprobar la adhesión a la Guía Técnica de Abortos No Punibles
Poder Legislativo
Ante la negativa del Poder Ejecutivo para avanzar en sintonía con el fallo de la CSJN, la diputada radical Liliana Vietti presentó un proyecto de adhesión a la Guía elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación –y que está en sintonía con el fallo- que fue aprobado en septiembre en la Cámara Baja. En la Cámara de Senadoras/es, la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista y el Partido Demócrata habían acordado que el 13 de noviembre tratarían el proyecto con media sanción, e incluso habían adelantado que probablemente sería aprobado con la única modificación de pedirle a las mujeres la denuncia que indique que fueron abusadas sexualmente (lo cual incumpliría el fallo de la CSJN que dice que con la sola declaración jurada de la mujer alcanza como prueba de la violación). Sin embargo, la semana pasada el oficialismo pidió dar marcha atrás –presuntamente por presión de los sectores más conservadores dentro del mismo- y que el proyecto siga debatiéndose en las comisiones de Salud y de Legislación y Asuntos Constitucionales hasta que tenga un despacho definitivo.
“En este tema no hay definición del Poder Ejecutivo ni del Legislativo – señaló a COMUNICAR IGUALDAD el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical Armando Camerucci-. Han sido tan cobardes que no dijeron que no con todas las letras. Desde la UCR queremos tratarlo con o sin despacho de comisión. La mayoría de nosotros acuerda con el proyecto que viene de la Cámara Baja. Lo que no queremos es que muera. Hace casi 60 dias que está en la Comisión de Salud, se recibió a todo el mundo, pero aún no hay despacho, y luego le quedaría la comisión de Legislación.”
Alejandra Naman, senadora por Nuevo Encuentro, ve muy difícil la posibilidad de que el proyecto salga. Mientras habla por teléfono, se escucha de fondo una manifestación que se está haciendo hoy 13 de noviembre frente a la Legislatura para impedir que el proyecto se convierta en ley. “Hay muchas resistencias transversales, en todos los partidos, tanto en relación a la denuncia penal como a la posibilidad de que accedan al aborto no punible las chicas menores de edad. Hay muchas presiones sobre el Senado. Yo recibí cartas de todo tipo, como si estuviera a favor de la muerte. El tema es abordado por los sectores conservadores y por los medios de comunicación como si la adhesión a la Guía del Ministerio de Salud de la Nación implicara la legalización del aborto. Hemos tenido 5 audiencias en las que el 80% de las personas que vinieron de la sociedad civil pertenecían a estos sectores, el expediente que llegó al Senado con un cuerpo ahora tiene tres. Yo creo que falta explicar mejor a la ciudadanía que la adhesión a la Guía no es la legalización, pero también falta que los medios consulten a todas las personas, porque no lo están haciendo. Y también que los legisladores sean menos permeables a las presiones; había algunas personas que estaban dudosas y con estas manifestaciones se van a inclinar por el no.”
Reclamo ante el Senado
En este contexto, fue presentada ayer en el Senado una carta solicitando audiencia con los presidentes de todos los bloques para abordar la demora en el tratamiento del proyecto. La carta fue firmada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas muchas que se sumaron por primera vez al reclamo –y con el acompañamiento de legisladoras y referentes académicas y sindicales-: Colectiva feminista Las Juanas y las Otras, CLADEM, Fundación Ecuménica de Cuyo, Colectiva feminista Ultravioletas, La Otredad, Varones Antipatriarcales, Sociedad Humanista-Ética Argentina Deodoro Roca, La Minga, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, MUMALA: Mujeres de la Matria Latinoamericana, Casa por la Memoria y la Cultura Popular, Acción Ciudadana para la Integración de la Diversidad Sexual, Comité editorial Revista “… y aparte”, Agrupación 15 de Julio, Mendocinxs por la igualdad, Corriente Nacional de la Militancia Mendoza, Movimiento de Mujeres en Acción, Raquel Blas (secretaria general de ATE Mendoza), Consejo Directivo provincial ATE, Secretaria de Género de la CTA, Pan y Rosas, Mujeres en Movimiento, y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – MEDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH-.
En la justificación del pedido de audiencia, las personas firmantes señalan: “Obstaculizar el acceso al aborto no punible afecta con mayor profundidad y crudeza a algunas mujeres y niñas de acuerdo al género, a la clase social, a la edad, a la procedencia étnica. Concretamente a las mujeres y niñas pertenecientes a sectores populares, las pobres, las que acceden a la salud en el subsistema público y las que ven disminuidas sus posibilidades de acceso a la justicia. La suma de todas estas violencias tiene nombre y apellido en nuestro país: Ana María Acevedo”.
“En esta presentación ampliamos la convocatoria –explica Mariana Hellin, integrante de la Asociación de Abogados/as por los Derechos Humanos de las Mujeres, una de las organizaciones que sostuvo la lucha por los no punibles desde marzo- y tuvimos la sorpresa de que se sumaran muchos sectores que antes no se habían manifestado sobre el tema, como ATE. Estamos frente a la necesidad de sumar fuerzas para que el tema salga pero también en la calle, donde los sectores fundamentalistas son muchos y están muy organizados. Nos acompañaron también dos senadoras, la diputada Vietti, y mandaron su adhesión diputados de La Cámpora, lo cual es muy bueno porque es el PJ el que está frenando el tema dentro del Senado. Los senadores no están viendo el enorme consenso que tiene el tema.”
Foto: FEIM