Colegio de Abogad@s de Tucumán: ¿no cupo el cupo?

Un grupo de abogadas y abogados de Tucumán impugnaron las tres listas de candidatas/os a las elecciones que se llevarán a cabo el 19 de noviembre en el Colegio de Abogados de la provincia por no respetar un mínimo del 30% de candidaturas femeninas. Soledad Deza, una de las abogadas impugnantes, analiza en este artículo la discriminación de género de la institución de su provincia.

Por Soledad Deza, desde Tucumán

Soledad Deza

Históricamente la profesión de la abogacía ha sido una profesión nucleada por varones donde la mujer se ha insertado paulatinamente cumpliendo idénticas obligaciones que las del género masculino. Es más, en Tucumán hay paridad entre abogadas y abogados con matrícula, si no es que superan en número las primeras a los segundos. Sin embargo, el ejercicio de poder y gobierno sobre todas las cuestiones atinentes al ejercicio profesional persiste en cabeza de los varones por ser éstos quienes históricamente han conformado los organismos de poder.

Se observa, casi con zozobra que ni siquiera los nombres de los Colegios Profesionales que nuclean abogados y abogadas respetan un lenguaje género sensitivo, razón por la cual se advierte desde lo simbólico la persistencia de una exclusión de la mujer de estos espacios de poder. Y no se diga que el género masculino reviste el carácter de sujeto universal, toda vez que esa construcción de tipo cultural responde también a una conducta andrógina arraigada fuertemente en el imaginario social a consecuencia de la detentación de poder que ha nacido y ha permanecido en manos del hombre.  

El 19 de noviembre de este año se llevarán a cabo en Tucumán las elecciones del Colegio de Abogad@s, renovándose parcialmente todos sus órganos de poder. Esta situación llevó a que un grupo de abogados y abogadas solicitáramos, en momentos de lanzarse la campaña proselitista, un pedido de que se considere la representación femenina en espacios de poder mediante el respeto al cupo femenino que fue acompañada por la firma de más de 30 abogad@s, entre ellos el presidente saliente de la institución, un ex juez federal subrogante, varios candidatos actuales, y el secretario actual del Colegio, entre otros y otras. Dato de color (negro por supuesto): solo tres abogadas de la “comisión de género” firmamos.

Grande fue la sorpresa cuando al lanzar oficialmente la conformación de las listas de candidatura, se observó que ninguna de las tres listas que compiten tenía representación de mujeres que alcanzara el mínimo que establece la ley en vigencia. Ni qué pensar de la paridad a la que se obligó nuestro país en el Consenso de Quito de 2007 y la ley de cupo sindical en vigencia.

Esto motivó la impugnación formal de todas las listas y la demanda concreta por un espacio de poder para la representación de los intereses de género.

Y cuando se habla del cumplimiento de la ley de cupo no se persigue la inclusión de la mujer en aquellos mecanismos que exclusivamente se refieren a cuestiones culturalmente asociadas al rol femenino como podría ser la “comisión de arreglos florales”, “comité de bienvenida” o un lugar de “suplente” con pocas o nulas posibilidades de ser elegida. Por el contrario, una representación política fidedigna con los paradigmas de igualdad que informan la necesidad de cupo o cuotas para mujeres, habrá de otorgar lugar en aquellos espacios estratégicos de poder que hacen al gobierno verdadero de la institución, que son en consecuencia los que habrán de empoderar  a las mujeres, como son los cargos directivos, Consejo, Comité de Etica  y en general cualquier órgano que detente en los hechos (con apoyo en el derecho) la acción política y de gobierno de quienes se encuentran matriculados/as.

Circunscribir la participación femenina en cuestiones institucionales casi exclusivamente atinentes al derecho de familia, la niñez, la vejez, violencia o cuestiones de género en general, implica abonar la reproducción de estereotipos naturales de “cuidadora” y “madre” que configuran violencia simbólica, a la vez que contribuyen a encasillar a la mujer en  los mismos parámetros y roles sociales que limitan su participación política y que la han acotado desde los inicios de la humanidad para la arena pública.

Esta violencia simbólica sin lugar a dudas obstaculiza el ejercicio de una ciudadanía plena y relega su participación a lo que podría denominarse “una presencia estética” en los espacios de poder masculinos, que lejos de empoderarla, la colocan en un lugar de cómplice o gran corroboradora de una acción política androcéntrica que carece de perspectiva de género.

El Colegio de Abogad@s de Tucumán es un sujeto público de derecho y, como tal, es operador jurídico y dota de contenido (construyendo, reconstruyendo o destruyendo) toda la práctica social discursiva que rodea al derecho como sistema. La biopolítica a nivel micro y a nivel macro que impregna todos los espacios que entretejen este conglomerado social que subyace al derecho, impone redistribuir los espacios de poder y requiere la representación auténtica de los intereses de género. Y cuando se habla de autenticidad se quiere notar que sabemos desde el feminismo que un cuerpo de mujer no garantiza un enfoque de género, por cuanto “la hija de…”, “la socia de…” o “la novia de…” la mujer de…”,  son recursos harto conocidos en la política a nivel macro que reproducen de la forma más perversa que el patriarcado permite, la reserva feudal de lugares de poder bajo la máscara de alternancia e igualdad. Esa será otra lucha.

La Junta Electoral del Colegio de Abogad@s de Tucumán asiste en la actualidad al momento histórico de concretar en hechos sus promesas de democracia, democratizando puntualmente la participación política de sus órganos de poder para las elecciones próximas y redistribuyendo, entre abogadas y abogados, un poder inequitativamente reservado para éstos últimos desde siempre.

Reducir desde lo institucional la presencia femenina a un lugar “decorativo” dentro de los mecanismos de poder,  reservándose todos los cargos de decisión para los hombres, repugna no sólo los derechos a la igualdad y a la no discriminación que la CEDAW  manda respetar, sino que además implica complicidad con todo aquello que induce a la marginalidad de la ley.

No se presenta como lógica en un Colegio de Abogad@s la ignorancia de derechos fundamentales. Mucho menos, la necesidad de militar la igualdad.